+ Diputados: “comisiones especiales” con más apremios
Justo cuando el pasado lunes el suplemento Política de TIEMPO puso sobre la mesa de la discusión en Oaxaca, la necesidad de legislar y terminar con la manipulación de que están siendo objeto las organizaciones populares de ahorro y crédito, la financiera InverOax cerró silenciosamente sus puertas y canceló sus operaciones.
Este hecho no debe tomarse a la ligera: InverOax es una de las cajas de ahorro más grandes de la entidad, por lo que el número de ahorradores defraudados habrá de multiplicarse, y sumarse a los quebrantados por otras organizaciones que recientemente se han ido a la bancarrota. Y mientras todo eso ocurre, ni en el gobierno estatal ni en el Congreso del Estado, parecen comprender la apremiante lógica de este asunto o mucho menos plantear una solución eficaz a este problema que crece casi cotidianamente.
Es claro que hoy, el problema de las cajas de ahorro se ha vuelto redituable políticamente. En este y otros espacios, hemos dado cuenta de cómo la inestabilidad de esas organizaciones se ha convertido en un botín político lo mismo para quienes siembran las dudas y especulaciones entre los ahorradores, como en los que se convierten en sus manipuladores una vez que éstos adquieren la calidad de “defraudados”. Mientras miles de oaxaqueños pierden sus ahorros, unos y otros están obteniendo ganancias económicas y políticas de tales desgracias.
Repasemos algunos números que, según información interna del Congreso del Estado a la que tuvo acceso este espacio, dan cuenta del tamaño del problema: hay en Oaxaca más de 300 cajas de ahorro; sólo una de esas 300 se ha sometido a las certificaciones y revisiones de la CNBV. Las demás, se encuentran al margen de esa regulación, lo mismo porque les es imposible cumplir con los requisitos que exige la autoridad federal, que por preferir mantener en la discrecionalidad su funcionamiento (lo cual les permite amplias posibilidades de realizar operaciones ilegales).
Mientras todo eso ocurre, se calcula que alrededor de un millón de oaxaqueños son socios de alguna organización popular de ahorro y crédito, en el que se encuentran invertidas cantidades exorbitantes de dinero que —por la misma discrecionalidad en su manejo— ni siquiera pueden ser cuantificadas por la autoridad gubernamental o el Congreso. Así, el tamaño de este problema es, según esas apreciaciones, de alrededor del millón de ahorradores que potencialmente pueden convertirse en defraudados.
¿Cómo resolver este problema? La primera solución, y la más cómoda para la autoridad estatal, es la de exigir la intervención de las autoridades bancarias federales en todo esto. El problema está en que esas organizaciones nacieron precisamente como una “alternativa” —es decir, gracias a los huecos que existen en las normas federales— al ahorro y préstamo que les estaba vedado a los estratos sociales y económicos más bajos. Por eso, hasta ahora las leyes y autoridades federales sólo pueden intervenir en las cajas populares cuando éstas se someten a sus revisiones. Y, al menos en lo que se puede ver, al gobierno federal no le provoca mucha inquietud intervenir en organizaciones de crédito relativamente pequeñas en las que, comparados los capitales con los de las instituciones bancarias, los montos de dinero que están en juego son mínimos.
PROBLEMA LOCAL
Así, es evidente que todo este problema ni será atendido por el gobierno federal, pero tampoco parece terminar de entenderse en el Gobierno del Estado, a pesar de que desde hace tiempo tienen antecedentes de este problema. Fue en 2008, cuando un primer lío de esta naturaleza le explotó en las manos al entonces secretario de Economía, Enrique Sada Fernández, con los ahorradores defraudados de Caja Sacriputla.
Si bien se recuerda, dicha instancia tuvo puntual conocimiento de cómo los ahorradores de esa organización se convirtieron en defraudados. La solución dada fue meramente dilatoria y, actualmente ante la magnitud del problema, inviable: se creó un fondo de resarcimiento —con dinero proveniente de las arcas públicas—, para tratar de reponer al menos parcialmente los montos con los que Caja Sacriputla había defraudado a sus ahorradores.
Al haber incumplimientos, ineptitud por parte de esa Secretaría para manejar ese problema y cumplir con los ofrecimientos hechos, el problema se convirtió en una disputa política que luego derivó en toma de oficinas, cierre de calles y manifestaciones por parte de los ahorradores defraudados, que ya para entonces lo mismo eran víctimas de defraudación que de incumplimientos, y también de manipulación por quienes les “recomendaron” hacer de todo esto un asunto de orden político.
Hoy, la quiebra de cajas de ahorro se ha multiplicado aceleradamente. Ante el tamaño del problema, pronto será imposible que el Gobierno del Estado pueda seguir destinando montos de dinero público para resarcir los fraudes que perpetran particulares. Sin embargo, eso no significa que el gobierno estatal tenga que desentenderse: al contrario. En el mejor de los casos, debería estarse trabajando con toda urgencia por la creación de mecanismos legales que generaran cierta certidumbre respecto a las organizaciones populares de crédito, regularlas obligatoriamente, y frenar la especulación y la manipulación de orden político que hoy las invade.
Eso mismo debería estar ocurriendo en el Congreso para actuar con inteligencia ante este problema. En nada ayudan “recomendaciones” como la dada ayer en el periódico El Imparcial por la diputada Carmelina Cruz Silva, en el sentido de que los ahorradores deben sacar sus inversiones de las cajas de ahorro. Esto, por sí solo, lo único que hará es acelerar el proceso de descapitalización de esas organizaciones y, por tanto, el cierre anticipado de varias de esas instituciones que todavía podrían tener cierta viabilidad financiera.
SOLUCIONES DE FONDO
Es cierto que los ahorradores de las cajas populares deben, en el mejor de los casos, recuperar sus inversiones con premura. Sin embargo, por ahí podría comenzar la Comisión Especial creada para ese efecto en el Congreso del Estado. No sirve de nada que ese grupo de diputados se haya constituido “para exigir justicia”, cuando podrían estarse dedicando a tareas más trascendentales. No deben seguir postergando la presentación de proyectos legislativos que propongan soluciones de fondo al problema. Si siguen simulando trabajo, pronto este asunto será incontrolable.
