+ Gabino: con todas las armas para gobernar
Más allá de las razones legales, es claro que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó por tierra la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en la que se legisló la creación de Junta de Coordinación Política (JCP), tuvo dos efectos políticos de corto plazo: el primero de ellos, es el de la eliminación momentánea del último reducto de poder que el priismo tendría en sus manos; y el segundo, que si es lo suficientemente hábil, el gobernador Gabino Cué ahora sí tendrá posibilidades para intervenir en esa discusión. ¿De qué hablamos?
Aunque digan lo contrario, el fallo de la Corte constituye un duro revés al priismo, no sólo porque la resolución exhibió a la actual Legislatura en el intento de avasallamiento que realizaron sobre las demás bancadas, y por no apegarse a los requisitos mínimos del proceso legislativo en la aprobación de dicha reforma.
Pero sobre todo, el golpe lo recibieron viendo hacia el futuro, porque la creación de la JCP, en los términos que se habían establecido, contenía ciertos aspectos que le darían ventaja a los tricolores en cuanto a la administración de los recursos económicos del Poder Legislativo, y las tareas de fiscalización que les confiere la ley.
Es decir, que si la Ley Orgánica hubiera quedado de acuerdo a la reforma realizada en julio pasado, el grupo parlamentario del PRI tendría la posibilidad no sólo de encabezar la Mesa Directiva de la Cámara durante el primer año, sino también de nombrar a los principales funcionarios administrativos de dicho poder, y por lo tanto acumular mayor incidencia sobre el presupuesto de la Cámara de Diputados.
Todo esto, por el momento, quedó eliminado. Y aseguramos que esta derrota es sólo momentánea porque, en términos estrictos, el Tribunal Constitucional echó por tierra la reforma debido a que sólo determinó la existencia de vicios y errores en el procedimiento. Esto significa que respecto al fondo de la reforma —es decir, su contenido—, ésta pudiera haber pasado sin ningún por el tamiz del órgano jurisdiccional de control constitucional. La Corte no se refirió a los aspectos sustantivos de la reforma, precisamente porque en las cuestiones adjetivas (es decir, de procedimiento) encontró los elementos suficientes para invalidarla.
¿Qué significa esto? Que, evidentemente, el Congreso del Estado puede reiterar, sin ningún problema, la reforma que ya le fue invalidada. Es decir, que antes de que culmine la LX Legislatura, la fracción parlamentaria del PRI puede presentar de nuevo el mismo proyecto de modificación a la Ley Orgánica, y de nuevo puede ser votado y aprobado por la “aplanadora priista”.
Técnica y legalmente no existe impedimento alguno para llevar a cabo esa acción, siempre que de nuevo no se vulneren los requisitos de forma. Sin embargo, políticamente eso equivaldría a reiterar una reforma en la que no fueron incluidos, ni llamados a participar por lo menos testimonialmente, los diputados de las fracciones de oposición.
Y por tanto, sería el punto de partida para el reinicio de las hostilidades no sólo entre quienes se dicen marginados y acusan un posible “agandalle” de la bancada tricolor, contra los que defienden la reforma por considerar que, supuestamente, es lo más benéfico para la estabilidad del Congreso, y para la gobernabilidad del Estado. En ese frente de batalla, irremediablemente, también estarían incluidos los próximos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, así como, políticamente, el gobernador Cué Monteagudo, por ser los directamente afectados o beneficiados con la reforma.
MENOS OBSTÁCULOS
Como en política las casualidades no existen, esta decisión de la Suprema Corte bien parecería estar encaminada a someter nuevamente a escrutinio, una decisión en la que, por las debilidades propias del momento, el gobernador electo Cué fue rebasado y avasallado.
En efecto, si bien se recuerda, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, ocurrió a finales de julio en medio de una agria discusión habida entre los gobiernos saliente y entrante, primero por la entrega recepción, luego por el reconocimiento del resultado electoral (el Gobernador del Estado se negaba a reconocer la calidad de Gobernador Electo de su contraparte), y finalmente por la forma en cómo el resultado de la votación había repartido los espacios de poder.
Hoy, aquella situación de confrontación ya no parece ser tan intensa. Después de más de un mes de dimes y diretes luego de los comicios, se supo de la primera de varias reuniones sostenidas entre los gobernantes, y aparecieron los primeros visos de entendimiento. Poco a poco, el gobierno de Cué se ha ido quitando algunos de los obstáculos que sus adversarios políticos le fueron poniendo. Y éste de la JCP, en el que no permitieron la participación de nadie más que del PRI, parece ser otro de ellos.
De este modo, lo menos que debe lograr políticamente el gobierno y los diputados afines al gobernador Cué, es que los tomen en cuenta para la discusión y consenso de la nueva legislación sobre la JCP. Este ya no será, pues, un asunto de legalismos, sino un trabajo de comunicación, fuerza y habilidades políticas. Si de algún modo la Corte dio la pauta para enmendarles la plana, y les ayudó echando por tierra una reforma que les era perjudicial, es ahora momento de que ellos hagan la otra mitad de la tarea, logrando intervenir en el análisis y acuerdo sobre la reforma que irremediablemente ocurrirá.
A partir de ello, puede afirmarse que al gobierno de Cué se le están terminando, antes incluso de comenzar su gobierno, las justificaciones para un posible fracaso. Parecía un dique difícil de sobrellevar, el que el PRI tuviera cierto control del Poder Legislativo. Hoy tiene la perspectiva de aminorar tal situación, contribuyendo en el replanteamiento de los equilibrios legislativos. Si lo logra, su margen de acción y decisión se verá ensanchado. Y entonces, tendrá menos pretextos para decir que, por intransigencia o falta de acuerdos de sus adversarios políticos, no puede llegar a las metas que se propuso.
ANGUSTIADOS
Los empleados de confianza de diversas dependencias del gobierno estatal, ven con preocupación la posibilidad de que, por motivo del fin de la administración, se les cancele su bono anual. Dicen, con razón, que por pura justicia laboral, los titulares de las dependencias deberían ser más sensibles y autorizarles esa ayuda final que, como parece, de todos modos alguien se va a embolsar.
