Gibrán Ramírez Reyes
Lo que pasó en el estadio Corregidora es apenas la intensificación de lógicas sociales dominantes en diversas regiones de la economía, la política y otros entramados sociales del país en el terreno del futbol comercial. Diríamos que, más que ser una anomalía, se dejó entrar a la sociedad al estadio, de modo que se presenciaron arreglos por desgracia hoy normales en nuestro país en sitios que suelen mantenerlos contenidos y estar a salvo de sus actos más violentos. Desde siempre, las elites contratan grupos precarizados y considerados liminales marginales, que ocupan un lugar intermedio entre las actividades legales e ilegales, para utilizar su fuerza física en situaciones determinadas. Las directivas de equipos de futbol los utilizan para abultar la venta boletajes (para beneficiarse de patrocinadores y quizá para lavar dinero); grupos partidistas, para concertar acarreos hacia mítines políticos, activismo de campañas, o bien, para la intimidación de adversarios, para vetar su entrada a territorios por la fuerza; grupos de poder universitario, para reprimir el activismo estudiantil. Un circuito que comenzó con un modelo centralista y que incluyó elementos fácilmente discernibles (porrismo universitario de la UNAM y el politécnico, grupos de choque del PRI y narcomenudeo de la Ciudad de México), se convirtió cada vez más en una compleja realidad nacional. Como puede verse, se trataba de grupos que, aun actuando desde las sombras, respondían en última instancia a poderes públicos o legitimados constitucionalmente. Los jefes eran claros: estaban en la policía, en el partido, o en la dirección o en la rectoría de la universidad.
En lo que va del siglo, hubo cambios que llevaron a este tipo de grupos a tener una dimensión mucho mayor y al poder público a tener una menor capacidad de control sobre ellos. Al porrismo universitario, a los grupos de choque priistas, y al narcomenudeo citadino, se sumaron el porrismo alentado por universidades estatales con muchos recursos, el modelo argentino de barras bravas, los grupos de choque asociados al PAN, al PRD y a grupos políticos sin una clara adscripción partidista, la explosión del narcomenudeo y su cartelización, y la diversificación de actividades de los agentes de fuerza ilegal que configuraron nuevos actores para diversas actividades económicas como los “sicarios” y los “halcones”. Ese proceso no ha sido secreto y podría documentarse con base en las publicaciones mismas que hacen esos grupos en sus diversos espacios de internet. Aunque algunos clubes lograron tomar control de las barras en los eventos deportivos (un control ahora privatizado), no es extraño encontrar entre ellas acusaciones de violación y homicidio, de actos de violencia que han llevado a pérdidas de ojos —y el narcomenudeo es desde luego una costumbre. Los jefes de estos grupos ahora son menos claros.
La violencia suele mantenerse a raya con protocolos de seguridad, con elementos antidisturbios que separen áreas de los estadios, con controles de cupo y con frágiles códigos de comportamiento (como programar los choques entre barras afuera del estadio, antes o después del partido). Quién sabe hasta dónde el crecimiento del régimen de violencia ha sobrepasado las respuestas anteriores a sus problemas potenciales —y urge entenderlo. Envenenan la conversación ideas que resultan impertinentes, en este contexto incluso estúpidas: por ahí un caricaturista de la ultraderecha insinúa que se trata de un regalo del crimen organizado al gobierno de la república para distraer; por allá otro personaje habla del calentamiento social para un golpe blando contra el gobierno. Por otro sitio muy lejano la violencia sigue su curso.
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