+ Concertacesiones en tiempos de crisis; van al abismo

Es poco probable que los priistas oaxaqueños piensen en una “tercera vía” para elegir a sus candidatos al Senado. Y es así, porque en la tradición tricolor, en realidad no existen las mismas prioridades que pudieran explicar la búsqueda de cuadros ganadores, independientemente de su origen o pertenencia grupal. Como su lógica es otra, entonces los procesos internos para definir sus candidaturas, están regidos por reglas distintas a las que cualquier otra persona —incluso inmersos en la vida política— pudiera concebir. El problema, al menos en Oaxaca, es que hoy, a diferencia del pasado, los priistas ya no son gobierno.
En efecto, hoy la carrera por el Senado en Oaxaca, entre los priistas, es feroz. Y esa ferocidad se ve alimentada no sólo por el hecho de que hay tantos aspirantes como un puño de arena, sino sobre todo porque hoy el priismo local carece de Jefe Político; porque los equilibrios nacionales se rompieron con la salida del dirigente nacional tricolor, Humberto Moreira Valdés; porque todos los factores internos de poder en el priismo pretenden inclinar la balanza a su favor. Y porque hay quienes, incluso frente a todo eso, pretenden hacer valer linajes, lazos políticos o débitos con la dirigencia estatal, con la nacional, con el candidato presidencial, o con su equipo de trabajo.
Todo eso, apenas si alcanza a explicar la anarquía que prevalece en el priismo oaxaqueño. Por un lado, el aún dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña, pretende seguir haciendo creer a unos cuantos incrédulos, que la unidad del priismo oaxaqueño existe y que, además, gira en torno a él; frente a esto, se encuentran los factores internos (léase, los ex gobernadores) que pretenden influir en una decisión que finalmente tomará el CEN, aunque no sólo en base a sus recomendaciones, a sus bendiciones, o a sus imposiciones. Y finalmente se encuentran algunos que decidieron jugar “por la libre” sus aspiraciones, y que, seguros de que de todos modos serán “algo importante” ante al triunfo de Enrique Peña Nieto en la contienda presidencial, decidieron jugar el todo por el todo, para ver si finalmente pueden regresar, dentro de algunos años, como candidato a Gobernador del Estado.
Como puede verse, todo esto tiene mucha “lógica” dentro de un partido como el PRI, pero muy poca si se ve de cara a las formas tradicionales —que se supone debían imperar— para hacer política. ¿Por qué? Porque en el tricolor todo pretende hacerse valer a través de influencias que no necesariamente son ni el mejor proyecto, ni la mejor representación, ni la mayor competitividad, y tampoco las mejores condiciones para ganar unos comicios.
Y es que esa ha sido siempre su tradición. Si revisamos todos los “procesos de elección interna de candidatos” del pasado, encontraremos que siempre fueron otros factores, y no los que se supone que son democrática y políticamente determinantes, los que decidieron la imposición de candidatos a todos los cargos —desde los más encumbrados, hasta las más modestas concejalías.
El problema es que los priistas no conocen en realidad la democracia, y saben poco de competitividad real. Por eso, en un escenario limpio —como el de Oaxaca: sin Jefe Político, con un gobierno que todos los días les regala banderas electorales para explotar, y con la efervescencia de quienes quieren remontar la derrota de 2010—, en el que se supone que no debiera haber dados cargados para nadie, todos buscan destruirse en aras de salir avante a partir de patentes de corso por padrinazgos, y no de demostraciones fehacientes de que la cuota democrática —la real, que se cuenta en votos, en confianza, en causas y en aceptación— se encuentra a su favor.

ARREGLOS BAJO LA MESA
En todo esto, queda claro que el PRI oaxaqueño no ha entendido que ya no son gobierno, ni tienen las garantías que éste otorga; y que como no son gobierno, y que como sus pesadas estructuras electorales se encuentran abandonadas y carentes de combustible económico, tampoco son prioridad para el CEN de su partido. Aún en esas condiciones, sin embargo, todo pretenden resolverlo según las reglas del pasado, y no en relación a las condiciones actuales, como se supone que deberían intentarlo.
A un partido en las condiciones actuales, el que sea, lo menos que le conviene es que aún con la pena de la derrota, se le sume el dolor de la pulverización. La conjunción, pues, de la pena con la tristeza, siempre dan un mal resultado. Y eso es exactamente lo que le pasa al priismo. Y eso es, exactamente, lo que no terminan de entender. Por eso, pareciera que por el intento de jugarse chueco entre ellos mismos, van a conseguir algo distinto de lo que hasta ahora han logrado.
Y cómo no. Reza el refrán que entre gitanos no se leen la mano. Pero eso es lo que intentan hacer hoy los tricolores respecto a sus candidaturas. La estructura formal del priismo pretende leerle la mano a todos los demás, asegurando que como ellos tienen la bendición del CEN co-mo-di-ri-gen-cia-es-ta-tal, también la tienen como potenciales candidatos a cargos de elección popular. Los ex gobernadores, por su parte, han tratado de generar la idea de que, cada uno de ellos, tiene la mejor ascendencia con el dirigente Pedro Joaquín Coldwell, y que por eso serán el fiel de la balanza. E incluso, el diputado federal Héctor Pablo Ramírez, hoy se asume como seguro candidato a Senador, a partir de su clara cercanía con el equipo del Precandidato Presidencial de su Partido.
No obstante todo lo anterior, ¿qué garantías de triunfo, objetivas, ofrece cada uno de los aspirantes oaxaqueños a la Cámara alta? ¿Qué causas institucionales, de Estado, puede demostrar cada uno de ellos que tiene, y que irá a defender en el Senado? ¿Qué antecedentes y compromisos claros haría distinto a alguno de ellos de los demás? Esas son las preguntas a las que ninguno ha podido dar respuesta. Y no pueden porque siguen inmersos en sus soñados “arreglos en todo lo alto”, cuando en Oaxaca todo está a ras de suelo. En fin.

HORRORES ELECTORALES
¿Usted votaría por una candidata que, en sus espectaculares y en su cuenta de Twitter, escribe su propio nombre con faltas de ortografía? ¿Usted confiaría en alguien que descuida esas formas mínimas? Eso es que debería poner a pensar a la diputada Margarita García García, que al parecer desconoce que en su apellido (doble) la letra “i” va acentuada, y que en nombres propios la primera letra se escribe en mayúsculas. Es cierto, son formas. Pero eso, para el elector sensible, también cuenta.

+ Peña Nieto ¿preveía que redes lo golpearían?

¿Es síntoma de buena salud de una sociedad, el hecho de que se creen normas sobre normas, sólo para tratar de contener conductas que de todos modos ocurren? Tal parece que no. Y ese es el problema esencial que tiene hoy la legislación electoral en México. Porque el Instituto Federal Electoral ya dejó de ser un árbitro para convertirse en un auténtico policía electoral, encargado vigilar que nadie traspase los límites que debían ser consecuencia de la moral y de la ética política, y de amenazar con la aplicación de sanciones a quienes quebranten ese delicado orden que, se supone, debe prevalecer en los procesos electorales.
Por ejemplo, ayer mismo circulaba en la prensa del distrito federal, una nota en la que el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, que sus adversarios políticos (partidos y aspirantes presidenciales) utilizan las redes sociales para atacarlo. Sin embargo, Peña Nieto se dijo respetuoso de lo que se diga de él en esos espacios.
En ese sentido, ayer mismo El Instituto Federal Electoral anunció que investigará los casos de calumnias o difamación que se registren a través de las redes sociales o internet durante las campañas electorales, siempre que se presente la queja correspondiente, ya que la ley no prevé que las autoridades efectúen monitoreos a estas plataformas de información para detectar irregularidades, indicó el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.  Respecto a las campañas en México y el uso cada vez más frecuente de las redes sociales con fines proselitistas, Valdés Zurita señaló que el IFE no puede monitorear estas plataformas. “El Legislador no estableció ningún limite a la libertad de expresión en las redes sociales, de tal suerte que el IFE no monitorea redes sociales, no tiene ninguna actividad en ese terreno”, indicó. El consejero presidente destacó sin embargo que “el único aspecto que podría ser de conocimiento del IFE es que el legislador estableció que está prohibida la calumnia y la difamación en la propaganda de los partidos políticos. Si el IFE recibiera alguna queja en el sentido de que la propaganda de algún partido político en algún medio de internet o de redes sociales es calumnioso, el IFE realizará las investigaciones correspondientes”.
¿De verdad necesitamos un IFE con esas características? Porque no se trata de tener una autoridad de adorno, como tampoco es posible tener un órgano regulador que se erija en un auténtico censor de toda la actividad que pudiera desarrollarse alrededor de unas campañas políticas fundamentales para un país, como son las presidenciales. ¿De verdad deben evitar cualquier situación de ese tipo? ¿De verdad tienen capacidad para conseguirlo?
Lo que vemos actualmente es a todas luces un exceso. En aras de mantener la equidad en la contienda presidencial, la ley impuso que el IFE fuera un megarregulador de la actividad electoral, y además le dio elementos para evitar que las campañas de difamación se llevaran a cabo a través de los medios electrónicos.
No obstante, ni es sano que todos los actores políticos estén permanentemente con la boca cerrada y los brazos atados, como tampoco es sano que en el intento de mantener la equidad y el orden en el proceso electoral, pueda llegarse a estos extremos.
Porque tan malos son los excesos en la difamación y la calumnia, como también lo es una campaña en la que los espacios discursivos se encuentren de tal modo acotados que nadie pueda plantear algo más que “propuestas” —que nadie sabe si realmente sean eso u otra cosa. ¿El IFE tendrá mecanismos para evitar la demagogia y la falsa propuesta? Eso, aunque pudieran evitar todas las calumnias, podría dañar tanto o más no sólo al proceso electoral, sino al futuro de la nación.

REDES, INCONTROLABLES
¿Cómo poder controlar algo que en esencia es libre? Porque lo bueno y lo malo de las redes sociales, radica en que éstas son redes accesibles a todas las personas, en las que cada quien puede decir lo que se le pegue la gana, en la que existen públicos interesados en cada tema —desde los más inocentes, hasta los más nefastos—, y en los que esencialmente no existen límites ni muchas posibilidades de control.
En ese sentido, Twitter es paradigmático. Porque la red social de los 140 caracteres no sólo ha demostrado en México su amplio potencial como difuminador de noticias, ideas y debates, sino que también se ha aparecido como la red social en la que participan personas de mayor nivel intelectual, económico, social y cultural. Si de por sí una red es difícil de contener, al estar ésta integrada por personas de esas características el nivel de dificultad se incrementa exponencialmente.
Quizá eso es lo que han entendido algunos políticos que, como el ex gobernador Peña Nieto, ven en Twitter más una herramienta de golpeteo, que de veras un espacio en el que pueden ganar adeptos y hacer una difusión de sus ideas, plataforma, propuestas y razones por las que los ciudadanos deben preferir a ellos como opción electoral.
El problema, para ellos, es que una red como Twitter deja al descubierto todo el potencial y/o insuficiencias de cada persona. A pesar de ser cuentas personales o institucionales, casi nadie, nunca, está exento de equivocaciones o dislates, que van desde los “errores de dedo” o las faltas de ortografía o sintaxis, hasta las afirmaciones desafortunadas, discriminadoras o degradantes para ciertos sectores sociales o instituciones que son también parte de la vida pública.
El caso Peña Nieto fue particularmente llamativo. Éste cometió un error en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero fue objeto de un escarnio brutal en las redes sociales. Independientemente de que él asegure que las redes sociales se utilizan para atacarlo, lo cierto es que nada de todo lo que tuvo como contenido el tema “Librería Peña Nieto” —es decir, toda la serie de críticas que se llevó por confundir y no recordar nombres de autores de libros— hubiera ocurrido si no fuera él quien hubiera dado pie a toda la crítica.

TWITTER, UN PARADIGMA
Finalmente, una red como Twitter es incontrolable para efectos de una campaña política, y casi para cualquier otro, porque esa red explota al máximo el potencial crítico de la mayoría de las personas. Ni al mejor creativo se le pudieran ocurrir todos los temas, chistes, y críticas mordaces que todos los días se dejan ver en las redes sociales. Ese es el menudo reto del “control” que pretende hacer el IFE.

+ Oaxaca, mal referente para normalistas de Guerrero

La impunidad se construye, y se reitera, a partir de la negación de la autoridad para aplicar la ley, y para cumplir con las atribuciones que ella le establece. Cuando un ciudadano, o grupo de ciudadanos, ve que ante cierta conducta prohibida por la ley, no hay respuesta de la autoridad, entonces asume que, cuando sea y donde sea, puede volver a realizar el acto sin que ocurra la consecuencia coercitiva prevista por la misma ley.
Eso es lo que ocurre en el caso de la toma de radiodifusoras por parte de grupos inconformes con alguna acción oficial, que inició en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006, y que se convirtió no sólo en un mal precedente, sino en el punto de referencia para que ese tipo de acciones se reiteren.
Apenas el pasado martes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa —que fyeron objeto de un acto de represión ante un bloqueo en la Autopista del Sol, que culminó con el asesinato a tiros de dos normalistas que protestaban— irrumpieron en varias estaciones radiofónicas de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para insistir en su demanda de juicio político contra del gobernador de aquella entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y en el esclarecimiento del crimen de dos de sus compañeros.
Según los reportes de la Agencia Proceso, alrededor de las 12:40 horas del pasado 3 de enero, los normalistas tomaron de manera simultánea las cabinas radiofónicas de las empresas ABC y Radiorama, así como las instalaciones de Radio Universidad. Para llevar a cabo esas acciones, quedó perfectamente claro que los estudiantes contaron con el apoyo de normalistas de Chihuahua, Saltillo y Oaxaca, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y, en su mensaje, los normalistas exigieron justicia para las tres víctimas del fatal desalojo y criticaron que el gobernador guerrerense haga uso político de la muerte de Rivas Cámara para deslindar su responsabilidad en la ejecución de los dos estudiantes.
Todo esto, en términos generales, es una casi exacta reproducción de lo que ocurrió en Oaxaca hace casi seis años, cuando profesores y normalistas de la Sección 22 del SNTE, en diversos momentos tomaron instalaciones de diversas radiodifusoras locales para difundir sus consignas. Sin embargo, el caso de Oaxaca fue aún más grave porque en la última toma de instalaciones éstos se apoderaron de la mayoría de las estaciones radiofónicas y de la televisora del gobierno estatal, durante más de tres meses, y las utilizaron de forma permanentemente no sólo para emitir sus proclamas, sino también para incitar a la población a participar en la revuelta social que entonces ocurría.
Tanto las características de estas tomas, como la consecuencia legal que esto ha tenido, es inédita no sólo para México, sino bien podría serlo para el mundo. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros aquí podríamos ver como algo relativamente “normal” que grupos inconformes se apoderaran de señales de telecomunicación propiedad del Estado (por eso las estaciones de radio operan a partir de concesiones o permisos) para difundir cierta información, lo cierto es que ello además de constituir un delito es una de esas acciones que difícilmente un Estado sólido podría darse el lujo de permitir a sus ciudadanos.
¿Por qué? Porque digan lo que digan, de un factor como ese puede depender una parte importantísima de la gobernabilidad y el orden social. Y la consecuencia de permitir libremente que una señal radiofónica permanezca en manos de personas que no buscan una transmisión responsable, es la que vimos en Oaxaca durante el conflicto magisterial, y es la misma que podríamos ver en cualquier otro momento, si aquí mismo, o en otra entidad, se recrudece la inconformidad social y la autoridad insiste en minimizar el problema para no enfrentarlo ni aplicar la ley.

DATOS DUROS
A propósito de este tema, rescatamos algunos datos publicados en la edición 73, del mes de noviembre de 2006, en la revista etcétera, a propósito de cómo se veía —desde entonces y desde otras sociedades en la que habían vivido álgidos conflictos armados en años recientes—, el inédito caso de la toma deliberada de instalaciones radiofónicas por grupos de manifestantes.
Para Carlos Chamorro —asentábamos en aquel reporte titulado “Oaxaca, la suma de todos los males”—, director del semanario Confidencial, con sede en Managua, Nicaragua, la situación que prevalece en Oaxaca en relación con la toma de estaciones radiofónicas es inédita. En entrevista vía telefónica aseguró que durante los más de diez años que duró la guerrilla en ese país, jamás se retuvo una estación radiofónica por más de una hora.
“‘A lo mucho eran entre 30 o 40 minutos los que los rebeldes ocupaban la señal para lanzar sus proclamas, y luego las liberaban. Además –dijo– jamás hubo enfrentamientos con los directivos, la policía o las autoridades. Lo que comentas que sucede en tu ciudad es algo que no tiene comparación en todo el mundo. Ni en el caso de El Salvador ni en mi país ocurrió algo así’.
“Francisco Valencia, director del diario Co Latino, considerado un decano de la prensa salvadoreña, se mostró sorprendido después de enterarse que dos meses después de haber sido ocupadas, al menos una radiodifusora sigue en poder de los inconformes, y sobre todo porque no se trata de un conflicto bélico, sino que sólo es un “movimiento social”. “Es increíble que las autoridades no hayan intervenido para recuperar las instalaciones de radio. Hasta donde sé, el conflicto empezó con los mentores y luego se creó la famosa APPO; pero creía que, como aquí en El Salvador, la o las estaciones se tomaban sólo para emitir mensajes y luego liberarlas.
“Sin embargo, según lo que comentas, en Oaxaca transmiten las 24 horas del día desde la estación que mantienen ocupada como instrumento de instrucción, comunicación e incitación a la revuelta, a la violencia por medio de arengas y consigas en contra de la administración pública. Es inconcebible que las autoridades no hayan hecho algo… también son culpables por complicidad u omisión”, sentencia el periodista salvadoreño.
ANTECEDENTES DE IMPUNIDAD
Aquí en Oaxaca, y en Guerrero, se transmitió libremente todo lo que se quiso, sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo. En ese escenario, es innecesaria la violencia. El problema es que el Estado se resiste a actuar como es su obligación.

+ Desempeño pobre como legislador; ¿se acuerda?

El ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano se aprovecha de la desinformación y la falta de memoria ciudadana, para tratar de postularse nuevamente como candidato a legislador federal. Más allá de su desempeño como Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el periodo 1992-1998, es evidente que lo que hasta ahora ha hecho como representante popular es mucho menos de lo que cualquier ciudadano promedio esperaría de quien presume de tener vasta experiencia y conocimiento de los asuntos de interés público.

En efecto, desde hace meses el ex gobernador Carrasco dejó ver su decisión de contender por una senaduría. Primero, por su cercana relación con la precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, deslizó la posibilidad de buscar una candidatura a la Cámara alta a través de la vía de la representación proporcional. Pero, ya aterrizando en los hechos, asumió que sólo podría regresar a la Cámara alta (porque ya había sido Senador, antes de ser Gobernador de Oaxaca) postulado por el Partido Acción Nacional por la vía de la mayoría relativa. ¿Por qué no a través de las llamadas “listas plurinominales”?

La respuesta es muy sencilla: porque si bien tiene el apoyo del “josefinismo” dentro del partido blanquiazul, lo cierto es que para ser candidato a Senador por la vía de representación proporcional debiera tener mucho más que el apoyo de una precandidata. Esto es, que debiera ser respaldado tanto por la cúpula estatal, como por la dirigencia nacional del panismo, y además por el Consejo Nacional del que son integrantes nada menos que el Presidente de la República, los Gobernadores panistas, los dirigentes estatales del panismo en el país, y la auténtica cúpula de hombres y mujeres notables de ese mismo partido.

De hecho, el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular que rige a Acción Nacional establece, en su Sección Tercera, relativa a la Elección de Candidatos a Senadores por la vía de representación proporcional, que el proceso respectivo consta de tres fases que, a simple vista puede verse, serían simplemente insuperables para cualquier panista adherente —no militante— que además tiene un pasado “impuro”, como es el caso del pasado priista del ex gobernador Carrasco.

¿En qué consiste dicho proceso? Al respecto, el reglamento señala que la selección de candidatos a Senadores de representación proporcional se hará por fórmula, propietario y suplente; y que las tres fases son las siguientes:

Primera: Elección por el Consejo Estatal o Regional del Distrito Federal para definir en su entidad una fórmula de precandidatos a participar en la Segunda Fase; segunda: Elección por el Consejo Nacional para elegir y ordenar, de entre las fórmulas electas en la Primera Fase, la lista de candidatos que se integrarán a la que registrará el Partido; y tercera: Elección por el Comité Ejecutivo Nacional de hasta tres propuestas de fórmulas de candidatos, que ocuparán los lugares 1, 4 y 7 de la lista nacional de candidatos a Senadores de Representación Proporcional que registrará el Partido ante el IFE.

Además, para el caso de los aspirantes a una candidatura a senador por el principio de representación proporcional, cada uno de ellos debe comparecer y ganar la votación respectiva en el Consejo Estatal del PAN respectivo, para después superar un proceso más o menos similar pero ante el Consejo Nacional de ese partido. Y solamente después de haber pasado por todas esas etapas, es que la Comisión Nacional de Elecciones puede integrar una lista definitiva de fórmulas de candidatos a la Cámara alta, y asignar el lugar que corresponde a cada uno de ellos en la preeminencia, para finalmente ser registrada ante el Instituto Federal Electoral y surtir los efectos correspondientes.

El ex gobernador Carrasco sabía que no difícilmente podría superar todas estas etapas. Por eso decidió ir a intentar “jugarse” la senaduría por el principio de mayoría relativa.

DIPUTADO IMPRODUCTIVO

Sin embargo, más allá de la compleja grilla interna del panismo nacional, es claro que el ex gobernador Carrasco no tiene en realidad otros méritos para aspirar nuevamente a una Senaduría, que los relativos con la urgencia por ocupar nuevas posiciones políticas, y las ansias no sólo de ser de nuevo un hombre influyente en la política local, sino de hacerlo desde la cámara alta.

Sin embargo, el primer referente que debiéramos buscar es el relativo a su desempeño como diputado federal, cargo de representación popular que ostentó apenas en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, entre los años 2006 y 2009. ¿Qué de importante hizo el ex gobernador Carrasco, además de presidir la Comisión de Gobernación? Sin exagerar, podríamos decir que nada.

Y es que, de nuevo, más allá de las grillas internas del Partido Acción Nacional, y de la fuerza con la que él reingresó a la política nacional a través del grupo zedillista que al inicio de su gobierno adoptó el presidente Felipe Calderón, lo cierto es que en datos duros su desempeño como legislador es bastante pobre.

Al menos así lo deja ver su propio record de actividades legislativas realizadas durante dicho periodo —que aún aparece en la página de internet de la Cámara baja—, en el que aparece que sólo propuso dos iniciativas de reforma, y suscribió menos de una decena de proyectos de reforma y puntos de acuerdo impulsados por integrantes de su partido. Es decir, que si hubiera forma de evaluarlo objetivamente como diputado, de acuerdo a sus resultados, tendría todo para ser reprobado por la ciudadanía por haber sido un diputado improductivo y poco propositivo.

UNA APUESTA

A LA DESMEMORIA

¿Para eso quiere ser de nueva cuenta Senador? Porque a él le cabe perfectamente la misma pregunta que en innumerables ocasiones hemos hecho en este espacio a los aspirantes priistas —y que, valga decirlo, ninguno de ellos se ha animado a responder. ¿Qué proyecto tiene para Oaxaca? ¿Qué causas defiende? ¿Cuál es su proyecto para hacer algo mejor, como legislador en la Cámara alta, de lo que hasta hoy ha hecho desde los privilegiados espacios del sector público en los que le ha tocado participar? Eso no queda claro. Lo único visible, es su animada incidencia en la vida panista, y en las arcaicas formas, propias del pasado, por las que quiere ser un Senador respaldado por el “régimen del cambio”. Qué barbaridad.

+ Todos: centren debate y reconozcan sus fallas

Qué mal que hoy, desde el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, se intente “partidizar” una cuestión sencilla, pero trascendente, como lo es la obra que se construye en el Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso” y la porción de vía pública en la que se ejecuta la ampliación de la sala de espera para familiares de pacientes. En realidad, entre funcionarios y ciudadanos responsables, esta debiera ser una discusión respecto a cómo se dispone la utilización de la vía pública, y no de cómo se utilizan banderas para darse golpes mediáticos con tintes partidistas.

En la víspera, el regidor del Ayuntamiento citadino, Mario Arturo Mendoza Flores, salió al paso a la serie de declaraciones vertidas en los días previos entre vecinos inconformes y funcionarios municipales, para aclarar que la obra que se realiza en el Hospital Civil no es ejecutada por el Municipio de Oaxaca de Juárez, y que tampoco se desincorpora ninguna calle.

Sin embargo, el Concejal por Movimiento Ciudadano no perdió la oportunidad de dejar ver una supuesta motivación partidista de quienes encabezan la inconformidad. Y es que de acuerdo con una entrevista publicada ayer por el portal electrónico RiOaxaca, Mendoza Flores aseguró que algunos vecinos de la zona “están siendo mal informados por parte de algunos personajes de la política ligados al PRI, como es el caso de Celestino Gómez Soto, con quien se habló y se canalizó con el regidor de Desarrollo Urbano, Enrique Cortés Guzmán.”

Y remató diciendo lo siguiente: “En primer término no es obra pública municipal, se está mal informando al decir que se está desincorporando una calle, es falso; no existe esta figura como sucedió en su momento con el caso de la empresa ADO, se va adecentando esta vialidad para dar oportunidad para que las personas que por necesidad tienen que llegar al hospital Civil tengan mayor espacio y comodidad, es una iniciativa que de alguna manera toma la Secretaría de Salud…”

Ante todo esto, es claramente posible que el Concejal tenga razón en lo relativo a “adecentar” la vialidad a favor de quienes tienen pacientes internados en el citado centro hospitalario. Porque, como ya lo señalábamos en nuestra entrega del pasado 30 de diciembre, nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se mejoraran las condiciones en que esas personas están al pendiente de sus pacientes, y tampoco porque el Hospital Civil mejorara su infraestructura y la forma en cómo brinda las formas mínimas a esos hombres y mujeres que, si bien no son pacientes, tampoco se encuentran ahí por gusto o por decisión propia, sino con motivo de un problema de salud.

Sin embargo, lo cierto es que el regidor Mario Mendoza Flores confunde gravemente la necesidad no sólo de cumplir la ley, sino de cumplirla de cara a la ciudadanía, con el posible hecho de que toda esta protesta e inconformidad —que tampoco es mucha, ni ha sido más estruendosa o trascendental que lo dicho en algunos espacios noticiosos y de prensa escrita— tuviere, en el fondo, una motivación de tipo partidista, ligada a “algunos personajes de la política ligados al PRI, como es el caso de Celestino Gómez Soto”. ¿De verdad es posible reducir a eso, un asunto que, por su propia naturaleza, es —y debiera siempre ser, en todo tiempo y circunstancia— del interés de toda la ciudadanía?

ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA

El edil citadino Luis Ugartechea Begué, sus regidores, y todos los funcionarios municipales, debieran recordar que más allá de los partidismos, las intrigas y las confabulaciones entre grupos de poder, se encuentra la ciudadanía, y que al menos en Oaxaca, ésta ha dado muestras eficaces y contundentes de saber movilizarse y protestar y exigir, cuando tiene dudas respecto a una obra, o cuando no está de acuerdo con alguna decisión tomada por la autoridad —así sea por razones “humanitarias”, o por cualquier otra en la que incluso la lógica y la razón debieran estar a favor de lo decidido por los funcionarios municipales o del Estado.

En ese sentido, sería un insulto equiparar a una disputa de fondo partidista, las valientes defensas que han hecho de sus espacios, vecinos de distintas zonas de la capital oaxaqueña en diversos momentos. Sería artero, por ejemplo, suponer que la defensa de la vía pública en el Barrio de Jalatlaco, por vecinos que, en dos bandos, estaban a favor y en contra de la construcción de la terminal de autobuses ADO, fue motivada por simples partidismos.

En esa misma lógica, sería insultante creer por ejemplo que la inconformidad de los vecinos de la colonia Reforma por la autorización de la construcción de la Tienda Chedraui en el llamado “Predio Sarmiento”, fue también producto de una confabulación partidista para desacreditar a un gobierno que, como el municipal actual, tomó una decisión sin tomar en consideración a la ciudadanía.

Antes hubieron otras acciones ciudadanas al respecto. Como las hechas por vecinos también de la colonia Reforma hace unos años, en contra de la posible construcción de una gasolinera en el predio aledaño a la antigua agencia automotriz VolksWagen, en esa zona.

Así podrían hacerse repasos interminables de las ocasiones en que la ciudadanía de la capital oaxaqueña se pronuncia en contra de ciertas decisiones de la autoridad, y lo hace por una razón legítima, y no por la defensa de un partidismo que, en términos reales, tampoco llevaría a nada a sus protagonistas. ¿A poco al arquitecto Gómez Soto, por ejemplo, le redituaría mucho andar de gritón oficioso para una causa partidista en la que hace años ni siquiera es tomado en cuenta?

Finalmente, lo que el Ayuntamiento citadino debe entender y asumir, es que las decisiones de un go-bier-no-de-mo-crá-ti-co no sólo deben ser legales, sino también legítimas. Y que incluso cubriendo estos dos prerrequisitos, la autoridad debe también tener la capacidad de tolerar, entender, explicar e incluso consensar esas decisiones, cuando existan expresiones de inconformidad por las mismas.

EDIL ¿QUE ESCUCHA?

Si el edil Ugartechea se ufana de encabezar un gobierno cercano a la gente, debe hacer más que simplemente “canalizar” a uno de tantos inconformes con uno de sus funcionarios, para que le aclare sus dudas. Debiera hacerlo de frente a la ciudadanía, sin enojos ni soberbia, y sin anteponer justificaciones insuficientes como la de la intriga partidista. Mario Mendoza es un hombre honesto, y un excelente amigo. Pero en este caso equivoca gravemente las razones por las que dice que el municipio citadino actúa correctamente.

+ No es “inocentada”: en Oaxaca urge seguridad

En menos de una semana, ocurrieron en Oaxaca dos crímenes de personajes representativos de la vida pública de la entidad: el pasado 24 de diciembre por la madrugada, fue asesinado a tiros el ex dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez; y dos días después, fue ultimado de forma similar el ex regidor y ex diputado local suplente por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Reyes Mota. Aunque en ambos casos se han pretendido ver los crímenes desde ópticas cargadas de cuestiones políticas, lo cierto es que las autoridades estatales se encuentran ante un problema mucho más simple, pero también mucho mayor, denominado “impunidad”.
Por un lado, el profesor Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, fue asesinado con armas de fuego por sujetos desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. De acuerdo con información difundida los días previos por medios locales, el actual secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) sufrió el ataque alrededor de las 3:30 horas, cuando se encontraba en las afueras de las oficinas de esa organización, situada en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, en la colonia del Bosque Sur, después de acudir a la celebración de 15 años de una sobrina, en un salón de fiestas cercano.
Según los reportes, el profesor —que era integrante de la APPO—, fue atacado por sus victimarios mientras esperaba en los alrededores de su vehículo a su hermano y cuñada, quienes se habían introducido a la sede del FACMEO para guardar la comida sobrante del festejo. Fue atacado con dos disparos de arma de fuego en el rostro, y murió mientras era trasladado a un hospital privado por sus mismos familiares.
Ahora bien, ¿qué pasó con el ex regidor Reyes Mota? Él, que era bien conocido en el ámbito de la política local por haber sido un firme activista político del PRI, y eterno aspirante a mejores responsabilidades que la de las suplencias, fue asesinado la tarde de del pasado domingo 25 de diciembre, en su natal San Agustín Amatengo, en Ejutla de Crespo. Según los reportes de prensa, el homicidio ocurrió en medio de una riña personal, en la que también habría resultado herido el hermano de José Luis, Omar Reyes Mota, actual presidente municipal de esa localidad.
Incluso, en este caso, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, dio a conocer un día después de los hechos, que el presunto asesino está plenamente identificado y responde al nombre de Jaciel Ramírez Juárez quien, según afirmaba, ya era buscado por la policía. En ese sentido, la Procuraduría detallaba que el supuesto homicida llegó hasta donde se encontraban los hermanos Reyes Mota para molestarlos, por lo que Omar se lió a golpes con él, pero éste sacó su pistola e hizo varios disparos sobre José Luis, quien murió en el acto.

POLITIZACIÓN…
¿DE LA IMPUNIDAD?
El profesor Erangelio Mendoza González, compañero de lucha y líder máximo de la Sección 22 en el tiempo en el que el malogrado profesor Rodríguez Enríquez fungió como secretario de Organización del gremio magisterial, no perdió la ocasión para hacer un posicionamiento político relacionado no con el homicidio del mentor, sino con el movimiento magisterial.
Esto porque, ante el féretro de su compañero de lucha y de trabajo, el ex Dirigente de la Sección 22, dijo lo siguiente: “Le exigimos a este movimiento que debemos llegar a acuerdos, debemos llegar a pactos para darle rumbo, está perdida la dirección seccional que me disculpe Chepi (Azael Santiago Chepi, actual secretario general del magisterio oaxaqueño), tenemos que encontrar el rumbo de este movimiento”.
Por otro lado, en las redes sociales hubo un intento claro por asumir que el crimen de Reyes Mota ocurrió por su militancia partidista o por su participación en la política local, antes que por un conflicto de cualquier otro tipo. Y lo cierto es que son muchas más las posibilidades de que ese crimen haya ocurrido por conflictos no relacionados con su actividad política, que con el hecho de que lo hayan ultimado particularmente por ser priista. Y lo mismo ocurre con el caso del profesor Rodríguez Enríquez: es mucho más posible que haya sido un crimen motivado por cualquier otro asunto, que por su pertenencia a la Sección 22 del SNTE.
¿Qué queda en el fondo de todo esto? Que el gobierno estatal se enfrenta a un asunto gravísimo. Porque en este caso no parece ser la política o el sindicalismo el causante de los crímenes, sino la pérdida del sentido y el temor a la autoridad por parte de persones comunes, que por la razón que sea, decidieron tomar un arma para cometer estos delitos, particularmente en contra de personajes sobre los cuales, sabían de antemano que sí pesaba alguna carga o identificación política, y que por tanto había mayores posibilidades de que hubiese una investigación que derivara en su detención.
En este sentido, ¿cómo asegurar que existe autoridad, cuando las personas no le temen ni a la investigación ni al “largo brazo” de la ley? ¿Cómo decir que las cosas caminan en el rumbo correcto en el terreno de la procuración de justicia, cuando cualquiera es capaz de cometer un delito, al tener casi la certeza de que a las autoridades no les alcanzará el tiempo, el talento o los recursos, para tener la seguridad de quién fue el homicida y detenerlo?
El problema, evidentemente, es mucho más grave de lo que parece. Porque es evidente que la impunidad está rebasando de forma abierta a cualquier otro factor para cometer crímenes. Y es claro que eso es mucho más peligroso, porque entonces cualquier persona es susceptible de cometer cualquier delito, siempre que tenga como premisa que la autoridad no podrá identificarla, e incluso si es así, detenerla.

¿”INOCENTADA”?
Y no. Esto no es cosa del día de los inocentes, ni mucho menos. Es un asunto muy serio que hoy deben estar valorando todos aquellos que se asumen como dueños de la verdad en cuanto a los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 2011 fue otro año negro —ya llevamos varios al hilo en los que ocurre lo mismo— en cuanto a crímenes coronados por la impunidad. Y el problema no es sólo que haya personas decididas a matar, robar o violar. Lo grave es que eso ocurra y que la autoridad dé excusas en lugar de resultados.

+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Qué decisión más ilógica y visceral, fue la del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.
La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.
Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.
La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.
Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.
El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA
Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.
La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.
Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.
Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?
Para eso justamente podría servir esa demanda ante la Corte Penal Internacional, o ante otros tribunales. Esto podría servir para realizar investigaciones verdaderamente exhaustivas que pudieran darnos cuenta de lo que verdaderamente ocurrió, y de los alcances que todo eso tiene para nuestro contexto nacional. Además de la justicia dada a sus familiares directos, el resultado de una investigación como la de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, nos sirve a todos los mexicanos para constatar que, en efecto, el Estado sí cometió esos delitos, y no fueron sólo denuncias “de oídas” como habían sido hasta ahora.
Es inadmisible que finalmente, por la sinrazón de un personaje, los mexicanos nos quedemos sin la posibilidad de conocer esta parte de nuestra historia, y sin poder entender lo que somos, y producto de qué es esa realidad que nos tocará vivir en el futuro, a nosotros y a nuestros hijos.

DERECHO AL VOTO
El consejero Electoral Suplente, Salvador Avendaño, señala a esta columna que más de 2 mil vecinos de fraccionamientos pertenecientes a San Pablo Etla, no tendrán la oportunidad de votar, toda vez que la cabecera municipal se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia. Por ello, señala, solicitarán al Consejo Local del IFE, que preside Roberto Cardiel Soto, que instale una casilla extraordinaria que sea accesible a todos los ciudadanos el próximo 1 de julio de 2012.

+ Cambios mínimos son sinónimo de mal diagnóstico

Ayer el gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que iniciará el año próximo en la administración estatal, rodeado del mismo gabinete que funciona hasta ahora. Con eso, de algún modo atajó las versiones que habían corrido en los días previos —dichos provenientes, en muchos casos, de funcionarios estatales de primera línea—, pero también deja ver que la administración estatal no alcanza aún a tener un diagnóstico completo de qué problemas son los que están causando más conflicto en la administración estatal.
Fundamentalmente, desde el primer día de la presente administración, el Gobierno del Estado se ha enfrentado a dos problemas específicos: por un lado, el gabinete estatal fue conformado en base a un criterio de pago de cuotas —característico de los gobiernos entrantes, y más en uno conformado por una coalición de partidos, como el actual— y no de eficacia; y que esos funcionarios se toparon con una interminable lista de inercias que se seguían en la administración estatal, y respecto de las cuales, en la gran mayoría de los casos los nuevos funcionarios no tuvieron la capacidad o la experiencia para modificarlas.
Eso explica mucho de las fallas de la administración en este primer año de gobierno. Y es que, en éste, se combinaron la inexperiencia de muchos funcionarios, con la ventaja que tomaron muchos de quienes ya sabían perfectamente cómo funcionaban ciertos problemas, ciertos chantajes o ciertas inercias.
En base a ello, muchas organizaciones sociales, sindicatos, grupos de lucha social y comunidades indígenas, no sólo no dejaron de protestar (en aras de “la paz y el progreso”), sino que incrementaron el nivel de las manifestaciones, y la intensidad de las mismas. Buscaban, como se dice coloquialmente, “novatear” a los funcionarios que recién habían asumido, y en la gran mayoría de los casos consiguieron no sólo lo que pretendían, sino que en un sinnúmero de ocasiones lograron incluso más de lo que habían pedido.
Eso provocó que la llamada “curva de aprendizaje” de los funcionarios estatales fuera más dolorosa de lo común. El problema, en todo esto, es que hoy se supone que esa curva de aprendizaje ya se encuentra más a favor de los responsables de cada área del Gobierno del Estado. También se supone que a estas alturas ya están bien detectados los problemas que necesitan correcciones de fondo. Y también podría creerse que ya se tiene claro qué puntos deben abordarse de forma preventiva, para evitar los choques violentos que generen problemas y molestias a la ciudadanía.
Por ejemplo, es deseable que ya se tenga cierta previsión sobre los problemas “comunes” a los que se enfrentará el gobierno estatal en la primera mitad del próximo año. Uno de ellos, fundamental, es el relacionado con las respuestas que habrá de dar el Gobierno de Oaxaca al pliego que presente la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; a los problemas que se susciten por la elección de autoridades en los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres; al estiaje durante el periodo en la mayoría del territorio estatal, y a las previsiones que asimismo deben tomarse respecto a la temporada de lluvias, entre muchos otros temas.
Estos problemas, que integran una lista enorme de temas, son cuestiones que ocurren cada año y que ya debían ser una previsión para cualquier gobierno que se dice responsable. El problema es que aquí parece que a los funcionarios estatales, siempre les ha gustado redescubrir —y probar soluciones distintas— cada año los mismos asuntos que todo el mundo ya sabe que van a ocurrir.

MAL DIAGNÓSTICO
¿De verdad creerá la administración estatal que con los cambios habidos hasta el momento, es suficiente para “relanzar” la administración estatal? Porque queda claro que si se trata de seguir preservando los mismos equilibrios e intereses que lo llevaron a la gubernatura, entonces sí hay razón para asegurar que los anunciados recientemente, son todos los cambios que habrá en la administración estatal. Pero si de lo que se trata es de reforzar las tareas de gobierno y administración, entonces sí por necesidad debiera haber ajustes urgentes.
El criterio de las cuotas y de la infalibilidad de éstas debía comenzar a desecharse. Quedó claro que no sirvió de mucho que al integrar el gabinete de gobierno estatal, se incluyera a representantes de tribus perredistas, del Partido del Trabajo, de Convergencia, líderes sociales, profesores de la Sección 22 y de diversas organizaciones que tradicionalmente eran de presión al sector oficial, si de todos modos éstos no perdieron su altivez tradicional, y tampoco se manifestaron dispuestos a asumir que, por sus cargos, habían dejado de ser opositores y habían pasado a ser del sector gubernamental.
En el presente año, ¿cuántas manifestaciones, actos de presión, toma de oficinas y demás, no fueron encabezadas por organizaciones cuyos principales representantes se encuentran incluidos como funcionarios de primer nivel en la administración estatal? El cuotismo, como bien puede verse, no sirvió de mucho, si es que de preservar la gobernabilidad se trataba.
Por eso, ahora de lo que debiera tratarse cualquier replanteamiento natural de la administración estatal, es justamente de buscar mejores esquemas para hacer un trabajo más eficiente. Quedó claro que el gabinete es mucho más falible, y por tanto mucho más perfeccionable, de lo que hasta ahora se ha hecho. Ojalá haya pragmatismo y no se impongan los compromisos… o los caprichos.

CAMBIO NECESARIO
De los movimientos que el gobernador Cué realizó en su Gabinete, un cambio que trasciende es el del subsecretario de Egresos Hugo Félix Clímaco, quien parece una pieza clave para el Gobernador. Quienes lo conocen, saben que cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de dos décadas. Su desempeño ha sido equilibrado en los sectores público y privado. Hasta el año pasado, antes de integrarse al equipo de Gabino Cué, en la Secretaría de Hacienda, era responsable de estudiar y aprobar las asignaciones presupuestales de la Federación en el Sector Educativo, cuyo principal componente es el presupuesto de recursos humanos. No tiene el típico perfil de los tecnócratas financieros, pues además de su experiencia hacendaria estatal y federal ha creado y dirigido empresas en la economía real y lo caracteriza un excelente trato personal.

+ Cambios, para dar equilibrio a próximo gran ajuste

No siempre se ve que un gobierno ya en marcha, tome la decisión de replantear por completo su esquema de operación. Aunque son naturales los cambios de funcionarios, y más después del primer año de gestión, lo cierto es que los ajustes que está en vías de sufrir la administración estatal van más allá de la sola liquidación de compromisos y la consolidación del grupo gobernante en la toma de las riendas del gobierno. Esta que está por venir, parece ser una auténtica cirugía mayor, de la que hoy apenas si hemos visto sus primeros rasgos.
Ayer, el nuevo jefe de la Oficina de la Gubernatura, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, hizo pública la decisión del Gobernador del Estado, de hacer alrededor de 20 cambios en su equipo de trabajo, que hasta hoy sólo afectaron a algunos directores, coordinadores y subsecretarios.
Por los nombres y las instancias en las que se anunciaron los ajustes, quedó claro que éstos tuvieron dos propósitos claros: por un lado, el Gobernador decidió liquidar intereses y tomar el control de ciertas áreas que parecían estar sujetas no a criterios de especialización o eficiencia, sino a compromisos políticos; y por el otro, decidió hacer cambios para fortalecer las estructuras administrativas que formalmente habrán de ser modificadas a partir del próximo año.
Novedades en los cambios, en realidad, hubo pocas. En realidad, los cambios más llamativos resultan ser los ocurridos justamente en las áreas de vocería y comunicación social del Poder Ejecutivo. Por un lado, la vocería que estaba a cargo de la ex candidata a Gobernadora, María de los Ángeles Abad Santibáñez, pasó a ser responsabilidad del nuevo Jefe de la Oficina de la Gubernatura, mientras que la Dirección de Comunicación Social fue asumida por Miguel Ángel Muñoz, otro de los colaboradores cercanos del Mandatario, y se entiende que incluido en la Secretaría Técnica del Ejecutivo (que, administrativamente, es el área “mano derecha” del Gobernador) por cuestiones de eficiencia y especialización, y no por algún tipo de compromiso político.
Esas áreas eran, hasta ayer, particularmente ruidosas. Porque por un lado, claramente se vio que el nombramiento de Abad Santibáñez como vocera del Gobierno del Estado, fue únicamente como una forma de aparentar la imagen de un gobierno incluyente que no sólo no veía como enemigos a los adversarios políticos del ahora Mandatario, sino que en el proyecto democrático también cabían en posiciones de relevancia.
El problema para Abad Santibáñez fue que su posición “importante” sólo le duró la primera semana de la administración, en la que sí fue tomada en cuenta para salir a hacer anuncios a nombre del gobierno estatal. Después de eso se convirtió en un fantasma, que se limitaba a hacer análisis del manejo mediático de las dependencias estatales y sus funcionarios, y a formular recomendaciones que francamente ni ella sabe si en alguna ocasión fueron tomadas en cuenta.
El área de Comunicación Social, por su parte, siempre estuvo dominada por las percepciones —y filias y fobias— personales del ahora ex funcionario, Ernesto Reyes. Esa dirección le fue encomendada como recompensa a su lealtad y trabajo durante los largos años en los que el proyecto del gobernador Cué trabajó a contracorriente, pero también quedó claro que ésta fue una inclusión motivada por el origen periodístico y político de Reyes (el diario Noticias, su propietario y el grupo político que lo respalda), con quienes el Mandatario tiene un natural compromiso y lazos políticos que bien parecen imposibles de diluir.
¿Para qué los cambios en dichas áreas? Primero para asumir el control pleno de las mismas que, al parecer, hasta ahora no se tenía. Y segundo, para darles a esos temas la importancia que ameritan, y para alejar de esas responsabilidades las cargas políticas que posiblemente obstaculizaban la posibilidad de tener mejores equilibrios y dar resultados más trascendentes.

AJUSTES ESTRATÉGICOS
La gran mayoría de los funcionarios designados para nuevas tareas hace dos días, son personajes que en realidad tienen pocas referencias en cuanto al manejo político del gobierno estatal, y que por eso mismo figurarán poco en temas polémicos o de aspiraciones partidistas. Lo que queda claro, pues, es que esos nombramientos ocurren en el marco de una especie de “preparación del terreno” para los ajustes mayores que seguramente ocurrirán en las primeras semanas del año próximo.
Y es que lo que ocurrirá, decíamos líneas arriba, es una verdadera cirugía mayor a la administración estatal. Porque el hecho de que el Ejecutivo haya decidido enviar al Congreso un nuevo proyecto de Ley Orgánica, en realidad denota un verdadero replanteamiento de varios de los principales esquemas administrativos actuales, en los que de nuevo tendrá que buscar los equilibrios políticos necesarios entre los grupos que lo ayudaron a llegar al poder, pero en el que también necesita dar viabilidad técnica y operativa a las áreas, para evitar que éstas sigan siendo utilizadas a partir de otros criterios que no sean los fines específicos para que los que fueron creados.
En todo esto, lo que parece es que al haber cambios a nivel de secretarías del gobierno estatal, éstos serán para cumplir con los pactos y compromisos políticos que aún hacen falta por satisfacer a ciertos sectores, pero también que el Gobernador no dejará las dependencias completamente en manos de quienes las desean como trampolín para otros cargos o ambiciones de poder. Y por eso desde ahora está poniendo las “cuñas” con las que habrá de tratar de que, por los afanes políticos, no se pierda el rumbo.
Y por eso, lo que vimos es apenas una parte de todo el movimiento que habrá, porque según parece, sí existe una preocupación genuina por el poco movimiento del gobierno estatal, y por la urgencia de hacer más operativa la administración estatal para dar mejores resultados.

TRANSPORTE
Luego de un año de seguir administrando un problema heredado de gobiernos anteriores, parece que ahora sí hay interés por comenzar a poner remedios de fondo a la problemática del transporte público, que está atomizada por todo el territorio estatal, y que es tan anárquica como lo es el funcionamiento de miles de vehículos en condiciones que nadie sabe si son del todo regulares o no. Habrá que seguir de cerca el proyecto de creación de la Secretaría del Transporte. Será un elemento de gobernabilidad indiscutible para Oaxaca.

+ Gobierno sin estrategias… un año después

Hace un año, la bomba de la transmigración de centroamericanos por territorio estatal —y los abusos de que éstos son objetos—le explotó en las manos a un novato gobierno de Oaxaca, que apenas si supo cómo reaccionar ante los ojos del país. En aquel entonces, quedó claro no sólo que era en la entidad donde se cometían más abusos contra transmigrantes, sino también que el gobierno estatal se había resistido a tomar cualquier medida para reconocer y frenar esos abusos. Ante el ruido mediático y la exigencia de respuestas, el gobierno estatal aseguró que emprendería acciones. Pero tal parece que están esperando una nueva masacre, o un nuevo escándalo —nacional o internacional— para verdaderamente asumir el problema no como una molestia, sino como un auténtico asunto de Estado.
En efecto, desde hace décadas el flujo migratorio desde el sur del continente americano es simplemente imparable. Todas las estrategias que han tomado tanto Estados Unidos de Norteamérica, como los países centroamericanos, para frenar la migración de sus nacionales hacia nuestro vecino del norte, han fracasado en la misma medida que no se ha podido entender que, a estas alturas, la migración ya no es sólo un asunto de necesidad económica o de supervivencia, sino un auténtico tema cultural y de costumbre. En varios países centroamericanos, los jóvenes no conciben otro futuro, ni un motivo de mayor orgullo, que el de tomar la ruta del norte y superar con éxito el cruce tanto del territorio mexicano, como de la frontera que divide a éste con los Estados Unidos.
En este sentido, México para los centroamericanos es un reto pero también un infierno. Históricamente, aquí han sido objeto de todo tipo de abusos, que se han ido acentuando en la misma medida que el crimen organizado ha tomado control de territorios, zonas de tráfico de estupefacientes, o de los mercados ilegales en los que ellos intervienen —entre ellos la prostitución, el narcomenudeo, la trata de personas, y la conformación de grupos de sicarios—. Sin embargo, antes los transmigrantes que pasaban por nuestro territorio, ya eran objeto de abusos por parte de corporaciones policiacas, del Ejército y de las autoridades federales encargadas del control migratorio.
Todo eso ocurría, hace años, desde la frontera sur ubicada en Chiapas. No obstante, el gobierno de aquella entidad federativa lleva por lo menos una década atendiendo el problema y atajando los rubros en los que se abusaba de los transmigrantes.
En ese sentido, hoy el gobierno chiapaneco tiene al asunto como uno de los de más alta prioridad, y para ello ha tomado diversas medidas para proteger el paso de los transmigrantes, e impedir que éstos sean objeto de abusos por parte de autoridades policiacas y civiles; para que el Ejército actúe en el marco de sus atribuciones; y también para atajar las posibilidades de que los transmigrantes sean objeto de criminales organizados.
Paulatinamente, han venido disminuyendo el índice de abusos denunciados en territorio chiapaneco. El problema es que esto en ningún sentido significa que los abusos dejen de cometerse. Lo único que en realidad ocurre, es que la presencia de criminales, de policías y autoridades migratorias abusivas, y de personas que con toda impunidad vejan, roban, secuestran, violan, extorsionan y matan a transmigrantes, se trasladó hacia la siguiente entidad federativa. Y esa entidad federativa, se llama Oaxaca.

INFIERNO OAXAQUEÑO
Recapitulemos un poco: ¿Por qué explotó el problema transmigratorio el año pasado en Oaxaca? Haciendo memoria rápida, podemos traer a la memoria de que, en diciembre del 2010, el padre Alejandro Solalinde Guerra, director de la Casa del Migrante “Hermanos en el camino”, denunció que integrantes de un grupo criminal habían perpetrado un secuestro masivo de centroamericanos, a los cuales habían bajado del tren denominado “La Bestia” en la comunidad de Chahuites, en territorio oaxaqueño.
El presbítero, además de denunciar públicamente los hechos, dio protección a algunos transmigrantes que lograron escapar del secuestro. A los pocos días de ocurrido ese primer hecho, denunció que integrantes de ese grupo criminal hacían actos de hostigamiento en contra de su albergue, y luego denunció que uno de sus principales colaboradores había sido retenido y brutalmente golpeado por quienes lo hostigaban. Todos esos hechos, por su misma naturaleza y gravedad, llamaron la atención de la prensa nacional e internacional. Y entonces todo se combinó con otros hechos como la matanza de San Fernando (Tamaulipas) y otras, en las que migrantes habían sido masacrados con toda impunidad por criminales.
Todo esto le generó a Oaxaca un cuestionamiento por su marcado desdén y olvido del tema transmigratorio. Hasta entonces, el gobierno de nuestra entidad no había tomado acciones concretas y, al contrario, elementos estatales y municipales de varias comunidades de la región istmeña eran constantemente denunciados por extorsionar a los transmigrantes. Cuando todo ello ocurrió, el entonces recién asumido gobierno de Gabino Cué prometió tomar acciones concretas, y dar la más alta prioridad al asunto.
Sin embargo, lo que hoy puede verse es que el problema fue dejado de lado tan pronto la atención viró hacia otros temas. Es decir, independientemente de los operativos y acciones que tomaron en aquellos momentos, hoy no se aprecia que existan medidas o instancias concretas encargadas de atender el asunto o de elevar el nivel de atención del gobierno estatal, a su sola idea —bastante demagógica, por no ser concreta— de “preservar” el Estado de Derecho.

TEMA A LA DERIVA
Por eso, ojalá que el gobierno estatal dejara de ver el tema como un asunto federal, que no es de su competencia, y le diera la importancia y prioridad que merece. ¿Apoco querrán esperar a que haya otra denuncia como la de diciembre pasado, o hechos aún más grave —porque con los transmigrantes a la deriva, todo puede pasar— para tomar cartas en el asunto? Si no pueden atender temas como estos, ¿entonces para qué existen ya, y se plantean crear nuevas instancias de protección a los derechos humanos? ¿Sólo para hacer declaraciones y armar cursitos que sólo sirven para justificar el gasto y la existencia misma de las “coordinaciones”, pero que, objetivamente, no sirven casi para nada? Ojalá ya dejen de simular y tomen medidas concretas.
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