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AL MARGEN || Avilés y los ‘chalanes’ que se cansaron de militar en el PRI

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Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Ante las recientes renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, el excandidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez soltó una frase que dibuja perfectamente una de las razones de fondo de la debacle priista entre sus militantes. En la red social Twitter, Avilés espetó: “El que es chalán es chalán… aquí o allá… sea rojo o sea verde…”. Instalado en la arrogancia y quizá sin querer, el también diputado local dibujó exactamente la razón por la que su partido perdió estrepitosamente no sólo los comicios, sino también gran parte de su base social y su militancia en la entidad. 

En efecto, la semana pasada se realizó una reunión entre militantes y representantes populares emanados del Partido Verde con el gobernador Salomón Jara. Ahí aparecieron dos personajes que hasta entonces se habían considerado priistas, los cuales se sumaron a otros más que también han dejado las filas tricolores en el pasado reciente para integrarse a esa fuerza política aliada a Morena. Las reacciones no se hicieron esperar, desde aquellos que lamentaron la decisión de sus ex compañeros de partido, hasta aquellas que rayaron en el franco insulto. Pero de entre todas ellas resaltó la postura Avilés, quien tildó de “chalanes” a los que se fueron. 

En esto, habría que preguntarse si no en medio de la ira Avilés fue traicionado por sus propias emociones. ¿Por qué llamar “chalán” a alguien? Un chalán, todos los sabemos en México, es un ayudante. En la albañilería, un chalán es el peón, que se encarga de las tareas más pesadas y menos relevantes; en prácticamente todos los demás oficios se les denomina así a las personas que son aprendices o que no poseen ninguna categoría dentro del escalafón técnico. 

En lo político y en lo partidista, igual que en todos los demás trabajos, se supone que esos rangos son de formación y de entrenamiento. Así, si el término chalán se equiparara a lo político entonces estos serían quienes llevarían a cabo las tareas básicas: activismo, propaganda, rutas y promoción del voto. Y, paradójicamente, se supone que esa fue una de las razones de mayor peso por las que fue designado Alejandro Avilés como candidato a la gubernatura: porque al haber sido un militante de base, se supone que había “chalaneado” lo suficiente como para conocer todos los estratos de la estructura electoral y ser aceptado por todos. 

La memoria es muy corta, pero cuando fue anunciada su candidatura, propios y extraños dentro del PRI reconocieron que Avilés era un elemento aglutinador de todas las corrientes internas, por haber sido alguien que recorrió todas las estructuras y todas las responsabilidades dentro del partido. Así lo dijeron prácticamente todos los militantes distinguidos del priismo en la entidad. Y lo expresaron además porque Avilés representaba la contracorriente al sentido cupular y patrimonialista con el que se había manejado el partido en el sexenio que concluía: mientras el gobierno estaba en manos de una sola familia que se sentía con una especie de derecho de sangre para gobernar, él representaba el encumbramiento de las bases a través de su candidatura. 

Avilés no podía sustraerse de la inercia de su partido, y parecía ser el dique de contención a ello: durante la administración de Alejandro Murat, un puñado de familias —sí, de familias— se encumbraron en el poder y establecieron las prioridades del partido: todos debían trabajar para que los integrantes de esas familias siguieran ocupando los cargos relevantes. En algunos casos por la vía de los cargos en la administración pública; otros, por la vía de los procesos electorales, y los más encumbrados a través de la vía plurinominal. 

Todos debían trabajar para que esas familias ocuparan los cargos, como si éstos fueran los tiempos de la España borbónica que distinguía entre criollos y peninsulares como referente esencial para el reparto de las responsabilidades públicas, y como si unos fueran los designados para las tareas públicas a partir del linaje y no del trabajo de campo, y los “chalanes estuvieran exclusivamente destinados a ser los ejecutantes de las tareas esclavizantes para que los elegidos de arriba gozaran de los ya conocidos privilegios.

¿QUE SE VAYAN…?

Quizá no lo pensó demasiado y Avilés lo soltó como una más de las puntadas de creatividad que ha demostrado tener para enviar mensajes en las redes sociales. El problema es que el arrebato venía cargado de una verdad que les está explotando en la cara. Es hoy imposible explicar por qué los únicos espacios con los que cuenta el PRI en Oaxaca —y ni se diga en la anterior administración— son ocupados por los hijos, los hermanos, las esposas y los socios de la cúpula priista, y no por militantes de base. 

Evidentemente, eso es algo que les está haciendo mucho daño. Más allá de si Rafael Vichido fue o no un militante priista relevante, si hizo o no trabajo político para su ex partido —que sí lo hizo— y que si son intereses económicos lo que hoy lo están moviendo a cambiarse de partido, lo cierto es que el diagnóstico va mucho más allá de él. 

Implícitamente, es lo que está demostrando el gobernador Salomón Jara al incluir en la administración pública a toda una pléyade de personajes que nunca habían tenido un espacio más allá del chalaneo de los partidos: silenciosamente, está haciendo la reivindicación con sus aliados de abajo, que el PRI nunca supo hacer. Ahí pesaron siempre más los apellidos, los linajes y el ius sanguinis, que la militancia real que se forma en la fila para acceder algún día a las responsabilidades públicas. Por eso el gobierno de Alejandro Murat fue como fue —lleno de frivolidades—, y terminó como terminó —en la derrota.

Quizá en este punto el PRI debía de ser más modesto en la autocrítica y reconocer los errores, no de la dirigencia actual, sino de sus manejadores del pasado. Hoy Avilés, Javier Villacaña y demás están recogiendo un desastre que ellos no provocaron, pero del que sí están conociendo las consecuencias. Debían preguntarse con seriedad cuál sería su postura si a ellos les llamaran ligeramente “chalanes” cuando han entregado su vida y sus convicciones políticas a una causa que ha encumbrado inmerecidamente a muchos, pero que al mismo tiempo ha despreciado reiteradamente a mujeres y hombres que han dado todo para ver ganar a su partido, aunque al final los dejen en las mismas. 

Este tendría que ser el punto de abandonar la soberbia y reconocer que ellos son lo que son, y están donde están, gracias al trabajo de los chalanes y de todos los militantes y simpatizantes de su partido. A ellos no habría que despreciarlos sino reconocerlos, máxime hoy que enfrentan un acelerado proceso de desmantelamiento orquestado desde el poder. Asumir la postura fácil de “no te necesito” y apartarse de cualquier forma de autocrítica, simplemente revela el estupor que silenciosamente les provoca no que los abandonen sus militantes distinguidos, sino los elementos a los que incluso en la devastación continúan menospreciando. 

Avilés no debía olvidar su origen. Es justo lo que lo hace ser ese personaje querido y aceptado por sus propios militantes. Chalanear no es indigno. Lo indigno es servirse del trabajo de los demás y ni siquiera tener pudor para reconocerlo. En fin… 

EPITAFIO 

Más allá de los arranques y las poses políticamente correctas, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial deberían establecer con precisión cuáles fueron las razones por las que le cambiaron la medida cautelar a Juan Vera Carrizal y, sobre todo, qué están haciendo para garantizar que no se sustraiga de la justicia. El derecho penal no se aplica por mayoría de razón. No bastan posturas ni indignaciones, sino acciones para dar certidumbre de que el juicio continuará hasta resolver las cuestiones de fondo.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Impulsan Poder Judicial de Oaxaca y 
ASILEGAL programa de profesionalización

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Comunicado

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 22 de enero de 2023.- Los Poderes Judiciales de Oaxaca y Nayarit, en colaboración con la Asociación Civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), organizaron el curso “Modelos Penitenciarios: Enfoque de Género, Intercultural e Interseccional”, en el cual se inscribieron más de mil 600 participantes que resultaron seleccionados entre dos mil 200 solicitudes y quienes actualmente reciben la capacitación en la modalidad en línea.  

Dirigida a juezas, jueces, defensores, operadores del sistema de justicia, miembros de organizaciones civiles y servidores públicos que deseen fortalecer sus conocimientos y práctica profesional en la materia, la actividad académica tendrá una duración de 30 horas, divididas en 15 días de trabajo, que concluirán el próximo 30 de enero. 

El programa tiene como principales contenidos los temas: Modelos penitenciarios desde 1917 a 2008; Los beneficios preliberacionales a la luz de la Ley Nacional de Ejecución Penal, LNEP, en la que se estableció como uno de sus ejes el respeto y promoción de los derechos humanos y Las peticiones administrativas y sus posibles efectos generales.

En su administración, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, estableció lazos de colaboración con ASILEGAL, principalmente con el objetivo de fortalecer la capacitación, análisis e investigación que contribuya al acceso a la justicia para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y conflicto con la ley.  

Por ello, para seguir consolidando acciones conjuntas, recientemente el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura. Jesús Ezequiel García López y la directora de Derechos Humanos, Nidia Martínez Esteva sostuvieron una reunión de trabajo con el director de la Asociación Civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, maestro José Luis Gutiérrez Román, donde dieron seguimiento a diferentes proyectos. 

Reciben alcaldes municipales capacitación 
especializada del Poder Judicial del Estado 

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Comunicado

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 20 de enero de 2023.- El Poder Judicial del Estado, a través de la Escuela Judicial, puso en marcha una jornada de capacitación sobre el “Manual del Alcalde”, que dio inicio con la participación de 21 autoridades municipales de San Pedro Ixtlahuaca y Soledad Etla, quienes se actualizaron sobre los conocimientos jurídicos básicos, facultades y obligaciones que les corresponden como auxiliares de los órganos jurisdiccionales estatales para el mejoramiento de la administración de justicia. 

El Alcalde es una autoridad de actuación en la justicia municipal y por tal motivo tiene atribuciones que le otorgan las leyes del Estado de Oaxaca o las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, para desempeñar la labor jurisdiccional, ya sea en coordinación con el Poder Judicial del Estado o como servidor público de justicia en su municipio. 

De acuerdo con el artículo 145, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el alcalde solo podrá conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y aquellos no contenciosos de su competencia, que soliciten las partes, con excepción de las de información de dominio; por lo cual es necesario que conozcan de los procedimientos generales. 

Para acompañar los procesos de justicia comunitaria de localidades indígenas de las ocho regiones de la entidad, el Poder Judicial del Estado, a través de la Escuela Judicial, elaboró el Manual del Alcalde, en base al cual se imparte la capacitación en temas como la División de Poderes en el Estado Mexicano; el Sistema de Justicia Indígena; funciones del Alcalde, información sobre el Sistema Acusatorio Penal y Justicia para Adolescentes, así como la Legalidad en los actos emitidos por esta autoridad.

Durante el 2022 el Manual fue entregado a 500 alcaldes municipales; para ello fueron capacitadas un total de 298 personas que asistieron a las actividades en diferentes sedes de las ocho regiones del estado de Oaxaca e integrantes de cabildos. 

Litigio Estratégico promueve amparo para crear la Ley de Traductores e Intérpretes de Oaxaca

Carlos Morales Sánchez

Hace algunos años, en una cárcel de la Mixteca oaxaqueña encontré a Atanasio. Al director del reclusorio, amigo mío, le preocupaba la situación del indígena monolingüe: no recibía visitas y no se comunicaba con nadie. Me llamó y fui a verlo. Otro amigo mixteco me auxilió en la comunicación. Su historia era común a la de las personas indígenas que enfrentan un proceso penal: no había contado con intérprete ni defensa especializada.

Ni siquiera sabía por qué estaba preso. Le pregunté si había apelado la sentencia de doce años y no tenía idea. La partida jurídica permitió apreciar que ya llevaba seis recluido en prisión. Obtuvo la libertad con beneficios preliberacionales y se fue de nuevo a las montañas.

Uno de los grandes reclamos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal, es que en los juicios ante la jurisdicción del Estado no cuentan con intérpretes de la lengua indígena de su comunidad al castellano. 

Desde el año 2008, Nuvia Mayorga, entonces directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (hoy INPI), informaba que existían ocho mil personas indígenas privadas de la libertad por falta de traductores e intérpretes.

El artículo 2º de la Constitución Federal, establece generosamente que todas las personas indígenas ante la jurisdicción estatal deberán contar con un intérprete. Sin embargo, nuestra ley fundamental no establece qué órgano del Estado Mexicano deberá garantizar ese derecho humano. 

Ni el INPI ni el INALI, instancias encargadas de la atención de asuntos indígenas, dicen esta boca es mía. Por el contrario, estos organismos abiertamente manifiestan que la ley no les autoriza a proporcionar intérpretes. Se escudan en el principio de legalidad para no garantizar el derecho humano de los pueblos indígenas que dicen defender.

Algunos jueces resuelven el “problema” como pueden: a veces piden la intervención de elementos policiales originarios de la comunidad del detenido. O con personas privadas de la libertad hablantes de la lengua de la comunidad. Y así “cumplen” el derecho humano.

Lo cierto es que el derecho al intérprete es un derecho humano que el Estado deberá garantizar. No los particulares ni las asociaciones civiles. Y el intérprete deberá ser un profesional certificado y capacitado en las normas jurídicas y en la lengua indígena. Con honorarios y seguridad social. Sin embargo, hay una gran laguna de ambigüedades en el tema: ninguna institución se asume garante del derecho.

Por eso, Litigio Estratégico Indígena A.C. decidió promover un juicio de amparo para obligar al Congreso de Oaxaca a construir la Ley de Intérpretes y Traductores del Estado de Oaxaca. Esta ley deberá definir y explicar, entre otras cosas, quien es la instancia del Estado que deberá proporcionar intérpretes a las personas indígenas que se encuentran frente a la jurisdicción del Estado. Y los montos de los honorarios, la seguridad social de los intérpretes y las medidas de protección, entre otras cosas.

Litigio Estratégico Indígena, conjuntamente con una joven abogada indígena e intérprete de la lengua zapoteca de Quiatoni, promovió un amparo contra la omisión legislativa del Congreso de Oaxaca de construir la ley que reglamente el derecho de la persona indígena al intérprete. 

El Congreso de Oaxaca, tan proclive a crear normas innecesarias, deberá establecer en la ley cual es la instancia del Poder Ejecutivo que tiene el deber de proporcionar el servicio de intérpretes, sus honorarios, la seguridad social y su protección. Por eso hemos promovido este juicio de amparo.

Este juicio de amparo se suma a los juicios de amparo que contra omisiones legislativas ha promovido Litigio Estratégico Indígena A.C. y que han generado experiencias exitosas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Twitter:

@carlomorales

Por fin, se voltea a ver a la ciberseguridad en México

Pongamos todo en perspectiva 

Carlos Villalobos

Es innegable que, actualmente en el mundo, la vida en entornos digitales es una realidad. Por ello, impulsar contextos seguros, tanto en el plano físico como en el digital, es la diferencia entre la mejora de las condiciones de vida y el retroceso.

México, en la historia reciente, no había volteado a ver qué sucedía en los entornos digitales para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Sin embargo, hemos visto un especial énfasis desde la Presidencia de la República por apuntalar el sector tecnológico de la nación.

Derivado del aumento del Presupuesto de Egresos para 2023, el cual marca que el gobierno federal gaste alrededor de 33 mil 643 millones de pesos en tecnologías de la información y comunicaciones, hasta la implementación de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la seguridad de la información, al menos tenemos un avance.

Desde la creación de la Comisión antes mencionada de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, tendrá como funciones “participar en la implementación de estrategias y acciones interinstitucionales para el uso de las TIC y de la seguridad de la información; impulsar entre los diferentes sectores el desarrollo de estudios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de las TIC y de la ciberseguridad”.

En este espacio, hemos expuesto, en su momento, la inacción al respecto. Sin embargo, es plausible el esfuerzo que se está realizando, no solo porque se están generando instituciones para atender y estudiar el sector, sino que además se ha tomado la decisión de inyectar recursos, cosa que al principio del sexenio parecía que nunca cambiaría.

México ha comenzado a tomar medidas para mejorar la ciberseguridad en el país. Últimamente se ha visto un mayor énfasis en el sector tecnológico de la nación, con el aumento del presupuesto para tecnologías de la información y comunicaciones en 2023 y la creación de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la seguridad de la información.

Estas medidas buscan impulsar la implementación de estrategias y acciones interinstitucionales para el uso de las TIC y la seguridad de la información, así como fomentar el desarrollo de estudios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de las TIC y la ciberseguridad. Aunque anteriormente se había criticado la falta de acción en este ámbito, ahora es evidente el esfuerzo que se está realizando para mejorar la ciberseguridad en México. 

A pesar de que aún no es suficiente, es un avance sustancial que debe ser continuado y fortalecido en el futuro.

Sígueme en twitter como @carlosavm_

carlosavme@gmail.com

https://carlosvillalobos.substack.com

Moderniza Poder Judicial del Estado
 infraestructura tecnológica 

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Comunicado

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 18 de enero de 2023.- Como resultado de una estrategia integral en la mejora de servicios y brindar una justicia moderna, ágil y eficiente, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en una acción sin precedentes, realiza la renovación de la infraestructura tecnológica en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. 

En este contexto, el magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, realizó la entrega de un lote de equipos nuevos de cómputo, escáneres y multifuncionales a diferentes áreas, lo cual les permitirá desarrollar sus funciones en condiciones apropiadas, para hacer frente a las exigencias de la sociedad. 

Acompañado de directores, jueces, juezas y personal de la Visitaduría General, expresó que esta acción se realiza con el objetivo de que la administración de justicia no se vea limitada por la falta de equipo y de esta manera, se brinden con mayor facilidad los servicios de la institución a la ciudadanía.

Cabe señalar que durante 2022, se adquirieron e instalaron 111 multifuncionales, 120 escáneres, 593 equipos de cómputo, 1 monitor táctil, así como un equipo menor de respaldo que, sumado a la inversión de mobiliario y equipos de oficina, era indispensable para avanzar en la modernización del Poder Judicial.

Asimismo, en los primeros tres meses del año pasado, se distribuyeron un total de 724 equipos tecnológicos entre los que destacan: 433 computadoras portátiles de última generación y 53 de escritorio, 126 multifuncionales láser, ocho escáneres verticales, 23 impresoras láser, una impresora de credenciales y 80 computadoras de escritorio donadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Ratifica Gobernador del Estado, la alianza legislativa y municipal con el Partido Verde en Oaxaca

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El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó este día un encuentro de trabajo con legisladores federales y locales, así como con autoridades municipales del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca. Ahí, el Ejecutivo estatal refrendó su compromiso de trabajar codo a codo con las y los representantes populares emanados de este partido, para hacer realidad en Oaxaca los principios y metas de la Cuarta Transformación y del proyecto de gobierno que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y por el Diputado Federal José Antonio Estefan Gillessen, las y los diputados locales integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca manifestaron su respaldo a las iniciativas y propuestas presentadas por el Titular del Ejecutivo ante el Congreso, ya que éstas representan la ruta política y legislativa por la que el pueblo de Oaxaca votó en los comicios del año pasado.

Por su parte, el Mandatario estatal hizo patente el compromiso de trabajar con las y los concejales oaxaqueños emanados del Partido Verde, ya que dijo que sólo con una ruta conjunta de trabajo y esfuerzos podrá cambiarse el panorama desde las propias comunidades. Recalcó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades municipales pues dijo que ese es un factor esencial en la construcción de una auténtica gobernabilidad y desarrollo para las comunidades oaxaqueñas.

En el encuentro el Gobernador Jara Cruz reconoció la importancia y solidez de la alianza política con el Partido Verde, y celebró el marco de unidad y acuerdos en el que las autoridades municipales y representantes populares del PVEM trabajan día a día a favor de Oaxaca. Esto garantiza, dijo, un trabajo conjunto perdurable y consistente para lograr la transformación que tanto anhela el pueblo de Oaxaca.

Plagio sin escrúpulos

Carlos R. Aguilar Jiménez

Desde que existen los políticos que es bien sabido mienten para ser populares, cuando obtienen el poder, “inexplicablemente” se enriquecen y todos sabemos que así ha sido, es y será, considerando normal que cada nuevo gobernante al margen de su estipendio, al dejar el cargo tienen riquezas que no corresponden con su sueldo, sin que se les pueda culpar porque casi siempre escamotean bien, siendo difícil demostrar el robo cometido, por lo que después construyen mansiones y vuelven a ocupar cargos públicos, considerándose normal esta situación de hurto, no así el plagio, piratería o engaño académico respecto del perfil profesional del político o funcionario hasta la dizque 4T, que ahora lo considera admisible.

En el mundo de los políticos es bien aceptado ocupen cargos públicos profesionales con título y cedula y lo mismo si no están licenciados o graduados, reconociéndose en todo lo que vale no tener un título profesional, como hay muchos políticos porque con sentido común, entendimiento o razón se puede gobernar o inventar leyes que sean para beneficio común o no, no obstante, lo que es inaceptable  e inadmisible es el robo descarado, contrabando, piratería y especialmente el plagio de obras artísticas o académicas porque existen leyes de derechos de autor, marcas registradas, denominaciones de origen y hasta consejos reguladores, para que nadie imite, remede o copie lo autentico y legítimo, existiendo  sanciones y prisión para quienes roben, copien sin permiso, falsifiquen o plagien, como se ha comprobado con una dizque licenciada y ministra de la Tremenda Corte, quien se fusiló, pirateó, plagió, una tesis profesional, la investigación de otro pasante de licenciatura, quien si realizo la investigación y estudios correspondientes para obtener legal y éticamente su título profesional, no así la supuesta licenciada, quien sin escrúpulos y vergüenza la calcó y plagió, violando todo principio de ética, respeto y conducta legal, y  quien sin vergüenza o pena alguna, sabiéndose defendida por el presidente y sin que los ministros actúen en consecuencia, sigue en su puesto y ni por dignidad o decencia renuncia, configurándose así en ejemplo de extrema corrupción del gobierno e impunidad.

La UNAM deberá invalidar el título y su dizque licenciatura, si no lo hace será ejemplo para universitarios y profesionistas del país, abriendo la posibilidad de titularse en la UNAM pirateando, falseando o plagiando, porque si la rectoría evade su responsabilidad, será cómplice de plagio, encubridora de robo, y por la raza ya no hablará su espíritu.    

AL MARGEN || En Oaxaca no serán los nombramientos, sino la voluntad y el presupuesto, lo que sí cambiaría el panorama de la procuración e impartición de justicia

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

En Oaxaca estamos próximos a renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y tres magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Debe quedarnos claro que eso no será suficiente para cambiar el panorama actual de la procuración y la impartición de justicia en la entidad. Aunque siempre la renovación en la composición de las instituciones genera expectativa, debemos tener bien claro en dónde están los puntos medulares de ese posible cambio. Mientras esos aspectos sigan intactos, entonces los nombramientos serán francamente intrascendentes frente a la necesidad de verdaderos cambios.

En efecto, desde los primeros días del año fueron emitidas sendas convocatorias tanto para la elección de Fiscal General como para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Superior de Justicia. En el primero de los casos la Constitución del Estado establece la posibilidad de que se inscriba como aspirante cualquier ciudadano que cubra los requisitos constitucionales, y que luego de un proceso de interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo se pueda establecer una terna de entre la que deba electa la persona a ocupar ese cargo. 

Y es que más allá de los nombres y los currículums de las diez personas que fueron seleccionadas por el Congreso del Estado para que de ahí el Ejecutivo elija una terna, la contundente realidad revela que la Fiscalía General lleva una inercia muy lamentable de insuficiencias y carencias presupuestales, que son las que verdaderamente impiden que la procuración de justicia pueda tener un mejor panorama. 

En ese sentido, podemos hacer un contraste muy claro entre dos personajes diametralmente opuestos en formación académica, atención a sus funciones e incluso experiencia en tareas jurídicas o de gobierno, que en Oaxaca sucesivamente ocuparon el cargo de Fiscal General: Rubén Vasconcelos Méndez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo. El primero, más allá de cualquier cuestión política, es un abogado de inmejorables credenciales profesionales y académicas, que durante su periodo como Fiscal estuvo dedicado de tiempo completo a atender sus funciones, y que incluso se hizo de enemistades en el propio gobierno por intentar cumplir con sus obligaciones. 

En el lado opuesto, se encuentra Peimbert, que podrá gozar de relaciones políticas, pero no de respeto académico (su cédula profesional de licenciado en derecho la obtuvo apenas en el año de 2013, cuando ya ocupaba el cargo de ombudsman estatal), que además nunca estuvo presente ni atento a sus funciones como Fiscal, y que durante su corto periodo como titular del Ministerio Público no logró resolver ninguno de los asuntos relevantes que le tocó conocer.

¿El común denominador? Que ambos se enfrentaron a los problemas estructurales de la Fiscalía, que más tienen que ver con el presupuesto y con la verdadera intención del Estado oaxaqueño porque se procure justicia al público tanto en los casos de alto impacto como en los de la justicia cotidiana, que con la persona titular del órgano. Tendría que existir un verdadero consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar a quien sea el nuevo titular de la Fiscalía, tanto del presupuesto como de las funciones que necesita para poder tener un mejor panorama en el desempeño de sus funciones. 

Porque lamentablemente, quien sea electo por el Congreso como nuevo Fiscal General se enfrentará a las mismas situaciones que sus antecesores, y ni sus méritos académicos ni el respaldo político con que pueda contar para su elección, será suficiente para lograr que haya más insumos, que el personal gane mejor, que trabaje en condiciones más dignas o que haya la suficiencia de recursos humanos, económicos, técnicos y materiales para brindar un verdadero servicio de calidad a la ciudadanía.

NUEVOS MAGISTRADOS 

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendría que haber un mejor equilibrio entre los nombramientos de naturaleza política y los de personal especializado y de carrera. ¿Por qué? Porque las magistraturas deben dejar de verse como premios políticos para personas afines al régimen en turno, y debía prevalecer una visión cada vez más enfocada a una justicia especializada. Si propios y extraños se quejan todos los días de las deficiencias en la impartición de justicia en el fuero común, entonces debía comenzar a verse la función judicial más como una labor especializada que como un espacio para premios de orden político.

Y es que existe una visión engañosa de que los magistrados impulsados por un gobernante en realidad podrían protegerlo después de terminar su periodo. En términos estrictos de justicia, la gran mayoría de los asuntos judiciales que normalmente persiguen a un ex servidor público (desde un gobernador hasta un modesto jefe de departamento) por omisiones o excesos en el desempeño de sus funciones, no pasan por el Poder Judicial del Estado sino que, más bien, se dirimen en otras arenas jurisdiccionales, salvo que sean casos extraordinarios (el caso Tenorio es ejemplo de ello) o que las faltas administrativas que hubieran cometido también configurasen delitos del orden estatal. 

Por esa razón, debía impulsarse con mayor ahínco no sólo la integración de las salas del Tribunal con personal especializado y de carrera, sino que además debe seguirse privilegiando la paridad de géneros (el respeto irrestricto a este principio, que lamentablemente no siempre ocurre), para que con esa fuerza puedan irse implementando mejoras sustantivas en la forma en cómo los juzgadores conciben, fundamentan y plasman sus criterios en las resoluciones que emiten. 

Por una razón propia de la naturaleza del federalismo, en México los poderes judiciales nunca terminarán de alejarse de la política. Pero en los hechos, y a contrapelo de la inercia política actual en el marco de la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado muestras sustantivas del sentido de independencia y legitimidad que reclama la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho en México, y que también debía replicarse en los poderes judiciales locales.

EPITAFIO

No debió caer nada bien en la nueva administración que uno de los fiats otorgados en pleno ocaso de la gestión del gobernador Alejandro Murat, haya sido para la esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se le regatean méritos a la nueva notaria. El problema son las formas. Aparentemente nada impactó en lo político, porque la renovación de la titularidad del Poder Judicial corresponde por ley para enero de 2024. Ahí se verá la verdadera consecuencia de esa situación.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Difunde Poder Judicial de Oaxaca más 
de 13 mil versiones públicas de sentencias 

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Comunicado

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 16 de enero de 2023.- El Poder Judicial del Estado de Oaxaca cuenta con un acervo de más de 13 mil 100 versiones públicas de sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, las cuales se pueden consultar en el portal web institucional, en la sección de Transparencia, a través de un sistema de fácil acceso. 

Como lo establece el principio de máxima publicidad prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en su similar a nivel estatal, en las resoluciones se garantiza la protección de datos personales, reservados, sensibles y confidenciales de las partes involucradas en cada uno de los asuntos. 

Para consultar las versiones públicas de las sentencias que en su mayoría corresponden a delitos como lesiones, violencia intrafamiliar, violación, abuso sexual y homicidio, las y los usuarios deben acceder al enlace www.tribunaloaxaca.gob.mx/y en el apartado Información de interés público, opción Versiones públicas de la sentencias, encontrarán la información.

El sistema que se utiliza desde la página web institucional permite que las personas puedan ubicar con mayor facilidad el documento que sea de su interés, además de que se cuenta con una opción de búsqueda que puede ser desde el número de expediente o Toca; Juzgado o Sala; delito; juicio o vía, entre otros.

Favorecer el acceso a las sentencias emanadas del Poder Judicial del Estado coadyuva a que la ciudadanía conozca la forma en que se garantiza la justicia y la aplicación de las leyes en la entidad; además de impulsar una justicia abierta, como parte de los ejes prioritarios que promueve la administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. 

El Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su fracción II indica que los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de las sentencias emitidas, a lo cual ha dado cumplimiento la institución responsable de administrar justicia en la entidad.