PRI: las disputas son alentadas por la dirigencia estatal

+ Grupos antagónicos se disputarán el esqueleto

Por lo menos desde hace un par de meses, ronda por los círculos políticos la amenaza abierta de que tan pronto el Partido Revolucionario Institucional abandone el poder estatal en Oaxaca, comenzará una revuelta que tendrá como objetivo derrocar al actual dirigente Eviel Pérez Magaña, para luego tratar de reinstaurar a otros personajes que en el pasado ya fueron preponderantes para ese partido, pero que ahora se encuentran en una posición de franca rebeldía. Si bien este es el resultado de todo un largo proceso de descomposición y confrontaciones que se combinan con la derrota, también lo es que esta revuelta interna ha sido alimentada por la parsimonia, el inmovilismo y el silencio del grupo que aún encabeza el Comité Estatal de ese Instituto Político.

Habría que comenzar a explicarse racionalmente la debilidad que ha afectado no sólo a la actual, sino a las últimas cinco o siete dirigencias del tricolor en los años recientes. Proviniendo de uno de los regímenes de gobierno más verticales y “tradicionalistas” del priismo, en el último lustro predominó por completo la figura del Gobernador del Estado como Jefe Político, total, del tricolor. Era lo menos que podía esperarse, de un grupo de personajes que estaban acostumbrados a detentar el poder a plenitud, y a hacerlo valer independientemente de la opinión o la democracia que no cupiera en sus intereses o pretensiones.

Así, el resultado de ese proceso fue el de una serie de nombramientos sucesivos (desde Héctor Mafud, desde antes del inicio del actual sexenio, hasta el diputado con licencia Pérez al finalizarlo) en los que hubo una mayor preocupación por la colocación de figuras en perfiles estratégicos, que la de generar dirigencias con un sustento legal y político sólido, basado también en el cuidado de las formas y los formalismos políticos y estatutarios.

De este modo, todos los dirigentes del tricolor habidos en dicho periodo, fueron fuertes en la medida que el Jefe Político los legitimó y les permitió utilizar el poder, pero no porque alguno de ellos hubiera emanado de un proceso más o menos democrático en el que verdaderamente la militancia se pronunciara a favor suyo.

Aunque parezca extraño, o ilógico, esto último tampoco podría ocurrir, porque más que nunca se desalentó la simpatía ciudadana por el tricolor, y paralelamente se construyó una estructura partidista que, cumpliendo con ciertos requisitos que tenían que ver con dinero y prebendas, podía funcionar a la perfección, y hacer ganar elecciones, independientemente de quién fuera el candidato, cuál fuera el interés, o cómo estuviera conformada la coalición a la que se les enviaba a apoyar.

Así, lo que hubo fueron meras dirigencias políticas, pero —en prácticamente todos los casos— desprovistas de todos los demás elementos de verdadera legitimación, que deberían dar verdadero sustento a algo que se jactara de ser una auténtica dirigencia partidista.

El poder y el peso específico que detentó cada uno de los dirigentes —razón por las cuales nunca fueron cuestionadas sus respectivas dirigencias, que ni cumplían con los estatutos ni tenían el respaldo absoluto de la ley por haber emanado de procesos regulares y verdaderamente comprobables—, tuvo siempre que ver con la conminación política (desde el priismo y desde el gobierno) de ser objeto de espacios y beneficios si se asumía una actitud de disciplina, o el total relegamiento y castigo si se tenía la osadía de cuestionar ya no la legitimidad de un dirigente político, sino una decisión u opinión que emanara desde los altos círculos del poder.

Todos los dirigentes, hasta ahora, gozaron a plenitud del poder que se les permitió ejercer. Aunque la verdadera dirigencia, la fáctica pero efectiva, siempre estuvo en poder del Jefe Político, que nunca dejó de ver por los intereses de su partido, aún cuando sus tareas formales fueran otras. Así fue como, en una sucesión imparable de líderes, llegaron a los comicios cruciales de 2010.

PASIVIDAD Y PUGNAS

Era obvio que la detentación de un poder así, resulta avasallante mientras se tiene el respaldo suficiente como para no ser cuestionado; pero una vez que el poder comienza a agotarse, la debilidad de esas estructuras sale a la luz e, independientemente de la calidad moral o política de quién los cuestione, las fisuras comienzan a convertirse en auténticos factores de crisis.

Hasta hoy, un reducido grupo de personajes han cuestionado públicamente en al menos un par de ocasiones la dirigencia del diputado federal con licencia, Pérez Magaña. La intención de éstos inconformes es clara: están comenzando a calentar el terreno, para que una vez que el priismo abandone el poder gubernamental estatal, sean otros personajes, más poderosos y con mayor conocimiento del medio al que pretenden acceder, quienes terminen de ejecutar la labor que ellos ya iniciaron. Para nutrir las descalificaciones, acusan a la dirigencia estatal de todo tipo de cuestiones, que van desde la ilegalidad de su nombramiento, hasta su ilegitimidad como dirigencia partidista.

Algo es cierto en todo esto: ninguno de los últimos seis dirigentes tricolores anteriores (Mafud, Jorge González, Héctor Pablo Ramírez, Heliodoro Díaz, Jorge Franco, y Adolfo Toledo) tuvo ni un tercio de la legitimidad que tiene el diputado Pérez frente a los militantes, simpatizantes y estructura priista. Ninguno de ellos pudo, ni podrá jamás, obtener 600 mil votos en unos comicios tan competidos como los de julio pasado.

RIESGO REAL

Si esa legitimidad es real y comprobable, ¿entonces por qué la validez del cuestionamiento y, sobre todo, por qué el riesgo real de que, en efecto, pueda ser tambaleado y eventualmente derrocado? La debilidad del diputado Pérez Magaña, radica justamente en su ánimo por no moverse, ni hacer algo por desmarcarse de quienes lo tienen copado, y le han dado una imagen repugnante a su partido y al gobierno del que emanaron. Esa es la misma razón por la que perdió los comicios. Al no moverse, ni dar golpes de timón, ni demostrar que él no es parte —porque quizá sí lo sea— de las prácticas inconfesables y antidemocráticas que los detractores de su liderazgo le achacan a sus hombres cercanos, es el propio ex Candidato a Gobernador quien da las pautas para ser golpeado, cuestionado y señalado políticamente. Por si algo faltara, quienes tratan de defenestrarlo, no entienden que, derrocándolo, remediarían nada menos que una “ilegalidad”… con otra.

 

Bicentenario: temor por narco ¿y por guerrilla?

­+ Ciclos históricos, más mito que tema sustentado

Quienes dentro del periodismo están acostumbrados a los lugares comunes y las especulaciones, aseguraban desde hace tiempo que 2010 habría marcar el inicio de una nueva revuelta social que rompiera con el régimen político actual, en busca de la justicia social que, es cierto, no ha llegado a la mayoría de los mexicanos. Para sustentar sus dichos, se basaban en aquella vieja teoría de que ciertos hechos se encontraban determinados por delicados ciclos históricos que, irremediablemente, habrían de repetirse. Era, decían, el momento inminente de una tercera gran rebelión en nuestro país.

Objetivamente, no existe comprobación alguna de que los ciclos históricos existen, y mucho menos que éstos tienen una reincidencia en momentos y lugares previamente establecidos. Creer en lo anterior, sería tanto como reducir el conjunto de fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso ideológicos, a un mero factor cronológico que los determinara.

No obstante lo anterior, las recientes conmemoraciones masivas del Bicentenario de la Independencia nacional, se realizaron con niveles de seguridad y vigilancia policiaca nunca antes vistos en la historia. Parecía que en el gobierno federal tenían temores fundados de que “algo” pudiera ocurrir durante las festividades. Y, para variar, esto parecía dar la razón a quienes defienden las teorías cíclicas, o los que, por otras razones, aseguraban que 2010 sería el momento de una nueva ruptura del orden institucional, a través de una revuelta armada.

La razón fundamental de los temores federales, se encontraba en un posible ataque de características terroristas por parte del crimen organizado. Desde hace ya algunos años, los grupos ligados a la delincuencia organizada han venido ensayando una serie de mecanismos a través de los cuales han buscado dañar al gobierno a través de las acciones intimidatorias a la sociedad. El fin que buscan, golpeando a la ciudadanía, es que ésta deje de confiar en sus instituciones y, al contrario, las cuestione por sus incapacidades para brindarle seguridad, a tal grado que las coloque en una auténtica situación de descrédito.

Ensayos ha habido varios. Hace tres años, en Morelia, Michoacán, dos individuos hicieron detonar granadas de fragmentación durante la conmemoración del grito de Independencia, que en ese momento encabezaba en la plaza central de aquella ciudad el gobernador Leonel Godoy Rangel. Producto de ese abominable ataque, falleció más de una docena de personas víctima de las esquirlas, y un centenar más tuvieron lesiones de consideración.

En otros momentos, el crimen organizado ha también ensayado la detonación de coches bomba; ha disparado indiscriminadamente en contra de personas inocentes o, lo peor, ha buscado sembrar el terror entre la población a través de asesinatos “ejemplares” de personas prominentes de la región, empresarios, e incluso autoridades políticas, como candidatos a cargos de elección popular, diputados y presidentes municipales. Lo que buscan, con esas acciones, es que la mayoría de las personas incremente su nivel de temor y eso les permita actuar con mayor libertad, frente a un gobierno que además de incapaz, hoy carga con serios cuestionamientos.

¿Y LA GUERRILLA?

El gobierno federal, por la situación actual, tiene puesta toda su atención en lo relacionado a la amenaza a la seguridad pública y nacional por parte del crimen organizado. No obstante, junto a esa posibilidad existe otra, igualmente real, de potencializar una revuelta armada y, ésta sí, con sólidas motivaciones políticas y de ruptura con el régimen y el orden jurídico existentes. Hablamos, en efecto, de la guerrilla.

Habría que evitar, en este sentido, caer en confusiones. Si bien el crimen organizado y los grupos guerrilleros comparten el ejercicio de la violencia, las motivaciones que tienen uno y otro son de naturaleza totalmente distinta. Los grupos criminales, por un lado, tienen como única finalidad la defensa violenta de un negocio determinado que esencialmente es ilícito. Éste bien puede ser el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la comercialización de artículos de contrabando, etcétera. La guerrilla, por su parte, tiene una motivación eminentemente ideológica y política. Su finalidad es el establecimiento de una organización política distinta a la existente, con bases ideológicas sociales, económicas y sociales diversas a las existentes. Todo eso, utilizando la vía violenta como forma de acceso al poder y del logro de sus objetivos.

Si el crimen organizado no ejerciera los niveles de violencia actuales, seguramente en esta celebración del Bicentenario el gobierno federal se estaría cuidando más de la guerrilla que de la delincuencia. Sus temores se basarían en la galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que prevalecen, e incluso tendrían sus precauciones respecto a los llamados “ciclos históricos” que para algunos tienen validez en nuestro país.

No obstante, las principales organizaciones armadas del país se han pronunciado sistemáticamente, por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional. Para ellos, aún no están dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia.

Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos han intentado sublevarse, han manifestado que en las condiciones actuales sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta. En ese sentido, han denunciado sistemáticamente que la llamada guerra contra el crimen organizado ha servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscan, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos que se cometen desde el poder público.

ASUNTO IGNORADO

Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda.

Eviel a dirigencia priista: tras él, consolidación de lo peor

+ Tricolores no entienden el fondo del castigo de ciudadanos

Acostumbrados a torcer y manipular sus estatutos y normas internas, ahora mismo un grupo de priistas va tras una nueva empresa cuestionable en Oaxaca. Un sector del PRI —importante pero descalificado por los resultados de la elección del 4 de julio pasado— pretende imponer al ex candidato a Gobernador como nuevo dirigente estatal del tricolor. Esto, independientemente de las cuestiones estatutarias, se convierte en un verdadero problema cuando se calcula el futuro desalentador que le esperaría a un tricolor convertido en partido opositor y sin gobierno.

En efecto, durante a lo largo de la semana anterior creció la versión, en los más altos círculos del poder, que una vez concluido formalmente el proceso electoral, el aún Jefe Político de los priistas buscaría consolidar un enroque importante en las estructuras partidistas, para que el senador Adolfo Toledo Infanzón abandonara la dirigencia estatal del tricolor y le entregara la estafeta al diputado federal con licencia, Pérez Magaña. La justificación sería sencilla: si éste fue respaldado en las urnas por un importante número de oaxaqueños, aún en la derrota, tendría la legitimidad suficiente como para asumir el liderazgo tricolor y encabezar los trabajos para reestructurar el partido y organizar los procesos electorales siguientes.

Esa decisión, a simple vista, parecería hasta positiva. No así que, en primer término, los priistas de nuevo tuvieran que torcer sus estatutos y forzar la toma de decisiones internas que se basan en cálculos infundados y caprichos; y que, en segundo término, fueran los grupos y “líderes políticos” más descalificados y cuestionados —y que en gran medida son los responsables de la desgracia priista— quienes estuvieran prestos para tomar el control del partido.

Ambas vertientes, que son las que se tratarían de satisfacer con ese cambio, no harían más que minar al tricolor más de lo que ya está. Porque para efectos prácticos del grupo gobernante, la cuestión estatutaria es lo de menos. A lo largo del presente sexenio, cuando menos en siete ocasiones hemos visto cómo, más que reglas que deben cumplirse, los estatutos partidistas han sido un traje a la medida de las decisiones del Jefe Político, lo mismo que la voluntad de los emisarios que han fungido como dirigentes del PRI en los términos, ritmos y circunstancias que la decisión de una sola persona ha marcado.

Así, ninguna de las dirigencias priistas en los últimos años, ha satisfecho a cabalidad los requisitos y métodos que marcan los documentos básicos del tricolor, para renovar la dirigencia estatal. Las elecciones, y prelaciones, no han sido más que una grosera pantomima, en la que todos han jugado a una democracia de pésimo calado.

En estas circunstancias, lo que realmente minaría al priismo sería el nuevo acto de avasallamiento. El senador Toledo Infanzón asumió la dirigencia priista como parte de los arreglos posteriores a la designación del candidato a Gobernador; a pesar de ser el más aventajado en las encuestas, fue marginado y desacreditado en dicho proceso, y sólo aceptó la dirigencia priista para, hasta ahora, cargar con las peores prácticas y los peores resultados que se han visto en el priismo.

Independientemente de su voluntad, decisión e intereses, él como dirigente permitió y legitimó innumerables imposiciones y decisiones erróneas en cuanto a la definición de candidatos a diputados y presidentes municipales; permitió que dichas postulaciones se “jinetearan”, se negociaran, y se comercializaran, para ser entregadas —como en el caso de la propia candidatura a gobernador— no al mejor prospecto, sino a quien mejor respondía a los intereses del grupo, aún siendo el peor candidato.

Hoy, las nuevas circunstancias (es decir, la derrota electoral y el fin del sexenio) paulatinamente harán disminuir la influencia avasalladora del Jefe Político. No obstante, éste continúa tratando de imponer implacablemente sus decisiones. Pero será decisión del senador Toledo permitir o no que, en menos de cinco meses, lo dobleguen de nuevo para imponer a un nuevo líder priista.

IMPONER LO PEOR

Si Toledo Infanzón se resiste a abandonar su cargo partidista actual, y lo doblegan, eso podría provocar la ruptura que no ocurrió en febrero pasado, cuando le pasaron por encima, y luego él lo legitimó, para imponer al candidato a Gobernador. Lo acepten o no, moral y políticamente eso sería fatal para un PRI que hoy de por sí se encuentra cuestionado y debilitado.

Pero si, independientemente de que Toledo ceda o lo dobleguen, llega el diputado Pérez Magaña a la dirigencia priista, con él arribará a la estructura formal de ese partido, un grupo de personajes que, al ser perfectamente conocidos, se sabe que aportaron muy poco a la edificación de un PRI fuerte, pero mucho a la desacreditación profunda de las prácticas y la fama pública del tricolor entre los electores oaxaqueños.

En efecto, el plan inmediato de lo que se conoce como “la burbuja”, consiste en colonizar y adueñarse del priismo local y sus sectores. Por eso, estarían buscando que el ex candidato Pérez asumiera la dirigencia priista: para que sus principales operadores, consejeros y manejadores, asimismo asumieran las respectivas dirigencias de los sectores y organizaciones del tricolor, y desde ahí continuaran “teniendo presencia” en la escena política, ejerciendo los recursos económicos que se les transfirieran desde alguna otra entidad priista, y controlando “los destinos” de ese partido.

Esos personajes son, en buena medida, los que con su soberbia, corrupción e ineptitud, llevaron al PRI a la debacle actual. Son los mismos que “coordinaron” sin eficacia alguna la campaña proselitista, los que se impusieron como caciques regionales para imponer a sus incondicionales en candidaturas; los mismos que por unos meses se creyeron faraones y dueños del futuro de Oaxaca… y que fueron regresados a su disminuido tamaño real, al calor de la voluntad popular y los resultados electorales. En esas manos quedaría el priismo. Ese es su plan.

EJERCER LIDERAZGO

Eviel Pérez Magaña, y sus principales incondicionales, tienen un compromiso importante en la diputación federal oaxaqueña. Que demuestren ahí su arraigo con Oaxaca y su liderazgo político. Lo mismo el senador Toledo en sus funciones legislativas. Ninguno tiene sustento suficiente como para asumirse como “salvador” del priismo oaxaqueño.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

Diputados federales del PRI: ahora sí deben ver por Oaxaca

+ La elección terminó; a demostrar capacidades no electorales

El resultado de la elección del pasado 4 de julio, debía servirle a los 14 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional por Oaxaca, para entender que el trabajo legislativo no se reduce a las peleas partidistas y al uso de la tribuna legislativa para dirimir disputas con sus adversarios políticos. La derrota debe también hacerlos entender que este es el momento de reordenar sus prioridades en el Poder Legislativo Federal, de asumir sus responsabilidades formales, y de demostrar que tienen más intereses, aparte de los electorales, en la labor pública.

Hasta ahora, la bancada tricolor de Oaxaca en la Cámara baja federal, ha tenido un solo éxito, que podría ser asimismo cuestionable: el logro del presupuesto para el presente año, que hasta ahora ha sido el más alto que la federación ha asignado para la entidad. Es un éxito, sin duda, por la cantidad de recursos que habrán de ser invertidos durante 2010 a rubros como el carretero o el de la generación de infraestructuras.

Sin embargo, ese presupuesto se logró a partir de una propuesta impulsada a nivel nacional por el priismo, de elevar impuestos a cambio de recibir más altos márgenes de gasto público. Es decir, que comenzando por el cuestionamiento de tener un gobierno rico en medio de un pueblo pobre —que paga más impuestos para que, en tiempos de crisis, haya más gasto—, no parecía ser tan magnánimo el logro de un presupuesto sin precedentes para la entidad.

Y en todo esto, hay más. Al ser del mismo color partidista, y del mismo grupo, el gobierno de Oaxaca y la mayoría de legisladores que obtuvieron aquel presupuesto, unos y otros olvidaron establecer reglas más precisas en cuanto a la fiscalización de ese gasto, para garantizar no sólo que se eliminara cualquier posibilidad de desvío, sino que además esos recursos fueran ejercidos en tiempo y forma para evitar dispendios o subejercicios que alteraran las finalidades para las cuales dichos recursos fueron etiquetados. A pesar de lo que digan, la militancia partidista determinó que los recursos extraordinarios se entregaran sin reforzar los mecanismos de control, que a todo gobierno se le deben aplicar.

Así, con esa primera gran bandera que tiene algunos puntos oscuros, los diputados federales del PRI por Oaxaca se han caracterizado por todo, menos por una eficiente labor legislativa. Salvo algunos destellos interesantes de propuestas legislativas y trabajo en comisiones, que ha sido lo menos, la diputación tricolor oaxaqueña ha sido protagonista en la defensa de todo tipo de intereses y posicionamientos, que nada tienen que ver con su responsabilidad formal.

En los últimos meses, han sido constantes las apariciones de diputados oaxaqueños haciendo defensas partidistas, defendiendo intereses electorales, dirimiendo ataques de sus pares en la tribuna legislativa, e incluso atacándose a manotazos e insultos en los pasillos de San Lázaro. De eso pueden dar cuenta puntual los diputados Héctor Pablo Ramírez Leyva, y las diputadas Sofía Castro y Margarita Liborio. Si algo han aportado a los trabajos formales de la Cámara de Diputados, ha sido mínima su notoriedad. Y menos si se compara con el tiempo y la atención que les ha ocupado, en ese recinto, el proceso electoral que apenas hace unos días llegó a su cúspide y en el que, valga decirlo, perdieron.

CAMBIO DE PRIORIDAD

La mayoría de los diputados federales priistas por Oaxaca ocupan espacios en comisiones y encargos que serán fundamentales para los próximos dos años. Ahora que el interés electoral quedó atrás, sería benéfico para ellos, para la entidad que representan, y para el país, que se abocaran a retomar las riendas del trabajo que realizan. Es lamentable corroborar que, al menos en sus respectivos registros de participación, asistencia y propuestas que están asentados en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados, la mayoría de ellos tenga una productividad que, cuando mucho, puede considerarse como regular.

Más allá de su conocimiento de la política electoral, y de las grillas partidistas de Oaxaca, a los 14 diputados federales del tricolor debería, a partir de ahora, preocuparles escrupulosamente el estar enterados a fondo de los temas que les ocupan en las comisiones legislativas, en desahogar los deberes que tienen rezagados, y en convertir su presencia en el Congreso en una participación activa y protagónica en los temas y en las causas que benefician al país. Por mantener su propia dignidad y decoro, ninguno de ellos debía permitirse la posibilidad de asumirse como ignorantes, cuando se les cuestiona sobre asuntos relacionados con las comisiones que integran, o con los problemas de los sectores a los que, se supone, están dedicados a investigar, proponer y resolver.

Esto, al final de cuentas, y aunque parezca un idealismo, habrá de legitimarlos como legisladores y habrá de darles las herramientas de acción política que ahora no tienen, y que les hará mucha falta ahora que, en Oaxaca, pasarán a integrar la oposición. Si su trabajo apunta a lo que ayer aseguraba a Quadratin el diputado Emilio Mendoza Kaplan, en el sentido de que se alejarán de la mezquindad y trabajarán con el gobierno opositor como si fuera de su partido, siempre que sea en beneficio de Oaxaca, ahora sí tendrán que saber cómo se utilizan las herramientas de control y fiscalización, y cómo ellos tendrán una participación directa en esas tareas para garantizar que los recursos se apliquen correctamente.

Si la diputación federal actúa con responsabilidad, sabrá convertir esta adversidad política en la que quedó su partido, en una oportunidad inmejorable para dignificar su trabajo, su imagen, su presencia en el Congreso, y la representación legislativa que recibieron de los oaxaqueños. Sólo así podrían asegurar que actuaron acorde a su circunstancia, y que lo hicieron no en base a una militancia recalcitrante, sino a la noción de lo que requiere Oaxaca y el país.

DIPUTADOS INVISIBLES

Más allá de los diputados que en los últimos meses han tenido una participación “importante” en el Congreso federal, hay varios otros de los que no se sabe nada ni en de gestión legislativa ni tampoco de su peso partidista. ¿Alguien sabe a qué se dedica, por ejemplo, Manuel de Esesarte, Heliodoro Díaz, Heriberto Ambrosio y casi toda la bancada tricolor? Por vegetar, como ellos, es que los diputados tienen una pésima fama pública entre los mexicanos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

Resultado electoral, a pesar de todo no tiene credibilidad

+ Competitividad: paradójico lastre para nuestra democracia

Más que el resultado de la jornada electoral —del cual, en las primeras horas del lunes ya deben existir referencias claras—, a los oaxaqueños debía causarnos preocupación el nivel tan bajo al que hemos llevado el ejercicio más básico de la democracia, que es el sufragio. Prácticamente todos los elementos que, en otro escenario democrático, harían de una competencia electoral un ejercicio altamente perfeccionado, en nuestro medio resultan ser lastres. En cada jornada electoral, corroboramos los vicios del sistema político, pero no valoramos los avances democráticos que se minimizan, se vulneran y se soslayan.

En general, la jornada electoral de ayer podría ser considerada como un ejercicio de alto perfeccionamiento, si es que se toman en cuenta sólo los elementos objetivos. Es decir, que en esta contienda hubo pluralidad de opciones políticas; que las campañas se realizaron conforme a normas electorales modernas y consensadas; que las instancias encargadas de regular y organizar los comicios pudieron lograrlo sin mayores contratiempos; y que en el desarrollo de la jornada, los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y observadores, tuvieron un papel determinante para constatar la limpieza y respeto habido a la decisión ciudadana expresada en votos. Al sólo tomarse en cuenta estos elementos, es que se asegura que la democracia electoral mexicana es de las más avanzadas del mundo.

Sin embargo, es necesario considerar también los elementos subjetivos. Es decir, todas las cuestiones de hecho que menguan la limpieza, independencia y certeza en la realización de la jornada electoral, y que menoscaban el derecho de los ciudadanos a emitir su voto con entera libertad, secrecía y universalidad. Es claro que frente a cada uno de los avances logrados en nuestro sistema electoral, se ha creado una antítesis basada en mañas, prácticas indebidas y transgresiones a la ley, que son las que siguen haciendo cuestionable cualquier resultado electoral, que sea distinto al triunfo aplastante de una fuerza política sobre otra.

En una democracia civilizada y moderna, alejada de los vicios electorales que aquejan a nuestro país, sería un signo claro de “salud política” que frente a la elección de nuevos representantes populares, hubiera un alto nivel de competencia; que entre las fuerzas políticas que luchan por el poder, en el poder o contra el poder, hubiera alianzas sólidas que plantearan esquemas de gobierno unificados, y que como opción de gobierno brindaran desarrollo y gobernabilidad a los electores.

Sería, además, un signo indiscutible de civilidad que, como ocurre en México, la jornada electoral fuera organizada por ciudadanos: es decir, que éstos fueran quienes encabezaran las casillas, recibieran y contaran los votos, y que fueran los encargados de vigilar que éstos se sumaran con claridad al conteo final de sufragios, para garantizar la efectiva participación ciudadana. E incluso, no tendría que ser dañino que la decisión final fuese revisada por tribunales jurisdiccionales especializados en materia electoral, para corroborar no sólo un correcto procesamiento y conteo de los votos, sino que también pudieran verificar el cumplimiento de los principios mínimos de legalidad que se deben cumplir en el proceso electoral.

Toda esta enumeración sería, en otra democracia, una garantía de perfeccionamiento, civilidad y certeza. En la nuestra, más bien parece un lastre del que no hemos encontrado la fórmula para superar.

SIGNOS PREOCUPANTES

Veamos el caso de Oaxaca. Aquí, en la jornada electoral de ayer, se cumplieron prácticamente con todos los requisitos democráticos antes enumerados. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde, diversos grupos políticos —como algunos grupos radicales de la Sección 22— discutían a nivel interno la posibilidad de iniciar protestas por un posible fraude electoral, a pesar de que no se había reportado aún ninguna cifra preliminar confiable sobre las tendencias del voto.

Antes de que eso ocurriera, ya se había puesto en duda la confiabilidad del Instituto Estatal Electoral; se había cuestionado el funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares; emergieron acusaciones sobre el uso de recursos públicos para cooptar o condicionar el voto; se denunció la presencia de operadores dispuestos a comprar o coaccionar los sufragios; se descubrió a grupos de personas que, presuntamente, trataban de generar violencia, robar urnas, quemar boletas, o simplemente encender los ánimos de una población que fácilmente se puede tornar enardecida.

Incluso, era previsible que ante cualquier imperfección, se acusara nuevamente el relleno de urnas, el “mapacheo” de casillas, o aquel fatídico lugar común relacionado con el fraude a través de “la caída del sistema”, como solía ocurrir cuando regían reglas electorales anticuadas, que en nada se parecen a las actuales.

Además, para mal de esta maltrecha democracia, todas las tendencias recogidas hasta las primeras horas de la tarde de ayer, apuntaban a que estos comicios estatales que fueron competidos, participativos, ríspidos y trepidantes, posiblemente terminarían en lo que comúnmente se conoce como un “empate técnico”; es decir, en una diferencia de votos tan mínima, que sería necesario contar todos los sufragios antes de saber quién obtuvo el triunfo.

Si este vaticinio se cumple, ¿cuál será el escenario? Seguramente, de inconformidades, protestas, posibles acciones de resistencia civil, e incluso de confrontación violenta. Ninguna de las garantías de certeza en estos comicios cumple con su cometido, porque han sido los propios partidos y sus operadores, quienes han creado un vicio a partir de cada virtud, y porque somos las personas quienes no parecemos estar preparados para afrontar civilizadamente los resultados de una contienda altamente compleja y competitiva.

¿DEMOCRACIA APLASTANTE?

Para tener certeza de los resultados, se supone comúnmente, la votación tendría que ser aplastante a favor de un candidato. Esto no ocurrirá en Oaxaca. Y como no será así, lo tenemos enfrente es un escenario seguro de más convulsión. Será la constatación de que somos las personas, y no el sistema, lo que resulta un lastre para nuestra democracia electoral.

Twitter: @aortizromero

Blog: almargenoaxaca.wordpress.com

Transición a la democracia: 10 años después, sigue pendiente

+ Fox y Calderón, incapaces de comprender el reto democrático

Hace exactamente diez años, el 2 de julio del año 2000, el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, ganó aventajadamente los comicios federales, para convertirse en el primer Presidente de la República emanado de un partido distinto al Revolucionario Institucional, desde 1929. Su victoria fue asumida como un sinónimo de cambio en el ejercicio del poder público, pero también como un parte aguas para una posible transición a la democracia.

A pesar de que la mayoría de las condiciones políticas en aquel momento estaban dadas, una serie de traspiés, que se replicaron en el siguiente sexenio, tienen hoy al país sumido en una importante crisis política en la que la discusión de fondo, y pendiente, sigue siendo precisamente la de los cambios democráticos que faltan.

Vicente Fox llegó a la Presidencia en un contexto inmejorable. Contrario a todos los cambios sustanciales de régimen habidos en México a lo largo de su historia, éste fue uno de esos casos no comunes en la que la transmisión del poder entre bloques se dio en un contexto de paz, de legalidad y de institucionalidad. Ni siquiera los sectores más recalcitrantes del Revolucionario Institucional, fueron capaces de esgrimir razones para pensar que los comicios habían sido fraudulentos, o que no se había respetado la voluntad popular. Si no abrumadoramente, Fox sí ganó los comicios del año 2000 en un marco de holgura, que hizo constatar su legitimidad incluso frente a los adversarios.

Por si fuera poco, en la Cámara de Diputados el Partido Acción Nacional también tuvo una bancada importante que, sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta. El Senado de la República fue la única de las cámaras federales en las que el priismo mantuvo su hegemonía. Y el otrora poder presidencial —en el que no se distinguían diferencias entre las facultades constitucionales del Titular del Ejecutivo y las del Jefe Político del PRI— se decantó respecto a los gobernadores de las entidades federativas, en las que el tricolor seguía teniendo mayoría.

Aún frente a esa composición de las fuerzas políticas en los principales núcleos del poder público, parecía que a partir del año 2000 estarían puestas todas las condiciones para comenzar un proceso de transición a la democracia. Si el primer paso era el de la alternancia de partidos en el poder federal, el segundo tendría que ser el de la desincorporación del mando y la decisión avasalladora que tenía el Presidente sobre todos los demás actores y grupos políticos del país, para dar paso a formas más democráticas, equilibradas y transparentes en el ejercicio del poder. Eso era lo que se esperaba de Vicente Fox como Primer Mandatario.

Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que la alternancia se quedó en eso. Fox como Presidente, fue incapaz de ver y asumir que el poder tenía que cambiar. Actuó como un gobernante más, pero no como un estadista. A pesar de no tener la mayoría legislativa, pudo haber encauzado reformas importantes —en lo político, económico, y demás— si en lugar de valerse de las posiciones políticamente correctas, hubiera emprendido verdaderas acciones de consenso con las demás fuerzas políticas. Lejos de hacer eso, emprendió una persecución a ciertos actores priistas que terminó en nada, entabló un diálogo lejano, provocador y estridente con el Congreso, y desaprovechó gravemente el bono de legitimidad y credibilidad que, por lo menos en los dos primeros años de su gobierno, le entregó casi incondicionalmente el pueblo mexicano.

El final de ese gobierno lo sabemos todos: la pluralidad política se convirtió en un sinónimo de falta de entendimiento y confrontación no sólo entre el PRI y el PAN, sino entre todas las fuerzas políticas del país. El primer gobierno federal emanado del PAN se negó a reformar el poder para democratizarlo y, lejos de eso, se convirtió en una mala copia del priismo, al disponerse a gobernar con la misma estructura, con los mismos poderes avasalladores y las mismas prácticas antidemocráticas que sus antecesores, para finalmente entregarlo a otro integrante de su partido que tampoco ha podido lograr prácticamente nada de la tan anhelada transición democrática.

PLURALIDAD, ¿DAÑINA?

Hay quienes aseguran que buena parte de la inmovilidad institucional que existe desde hace una década en el país, tiene que ver con el planteamiento constitucional actual de la pluralidad política. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo más cerca que ha estado de recuperarla, es en la actual Legislatura federal, en la que tiene 237 diputados. El problema es que en todo ese periodo, ninguna fuerza política ha conseguido esa ansiada mayoría absoluta en las cámaras federales.

¿Por qué es un problema? Porque en 1997 el gobierno federal era priista, y las fuerzas de oposición tomaron el control de la Cámara de Diputados, oponiéndose por primera vez a algunas decisiones trascendentales del Presidente de la República, que en otro momento se habrían convertido en ley gracias a su mayoría de legisladores. En 2000, el gobierno federal pasó a manos del PAN, pero éste no tuvo la posibilidad ni de interactuar estratégicamente con el Congreso, y tampoco de conseguir la mayoría de diputados y senadores, como para poder consolidar más rápidamente el proyecto democrático —si es que existía— del foxismo.

Esa pluralidad ha sido constante desde entonces, como también lo ha sido la falta de acuerdos. Esto ha sido, en buena medida, gracias no sólo a las torpezas del Presidente en turno, sino también a la visión que tanto critica ahora el PRI al gobierno federal, pero de la que también se ha valido. Los tricolores, como en otro momento los perredistas, han antepuesto el interés de sus grupos al nacional. Por eso, más allá de las discusiones de corto plazo, hoy podemos ver que México no ha resuelto (del modo que sea) la gran mayoría de sus reformas estructurales, y mucho menos lo relativo a la transición democrática.

CASO OAXACA

Hoy que los oaxaqueños estamos en el umbral del proceso electoral para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, debemos reflexionar sobre las promesas de cambio y las posibilidades reales de que esto ocurra. Gane quien gane, si no existe voluntad para transformar y democratizar el poder, esto no ocurrirá. Es lamentable lo que ocurre con el país; lo sería más que se replicara, de nuevo, en Oaxaca.

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