AL MARGEN || Pueblos indígenas oaxaqueños: ¿El siguiente gobierno sólo continuará con la política de dádivas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.

En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.

Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.

¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.

¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.

¿UNA MINORÍA?

En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas, aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas. 

Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.

Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.

El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.

EPITAFIO 

Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.

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Imagen: Heriberto Paredes / Gatopardo

AL MARGEN || Alejandro Murat: la ruta posible después del 30 de noviembre

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Más que para ser candidato presidencial, Alejandro Murat Hinojosa tiene marcada la ruta rumbo a la dirigencia nacional del PRI, una vez que termine su periodo como Gobernador de Oaxaca. Las circunstancias políticas nacionales, las de su partido y las del oficialismo morenista, parecen estarle generando un panorama favorable para consolidarse como un impulsor del diálogo nacional que, hoy, está ávido de consensos pero que está inundado de polarización y señalamientos. El Mandatario tendrá que jugar sus cartas con habilidad e inteligencia para no terminar avasallado por las discordias que hoy empantanan a la política en México.

En efecto, Murat Hinojosa terminará su periodo como Gobernador el 30 de noviembre, pero entre el domingo próximo —día de la jornada electoral— y esa fecha pueden ocurrir muchas cosas. En el escenario local, la elección de su sucesor marcará la recta final de su administración. Gane quien gane, Murat tendrá que comenzar formalmente el proceso de desincorporarse del poder público en la entidad, y de preparar la entrega de la administración estatal. Lo que aquí en Oaxaca pueda ocurrir en términos electorales ha sido largamente previsto, y por eso un resultado electoral atípico sería casi imposible. Más bien, lo que Murat no parece dejar de ver es el escenario nacional, que cada vez luce más enrarecido y con menos posibilidades de consensos entre los actores actuales.

En ese sentido vale la pena revisar lo que pasa no sólo en el priismo nacional, sino también en las principales fuerzas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Morena mismo. Vayamos por partes. Pues en el lado del tricolor, es evidente que el escenario se le descompone cada día más al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. No sólo por el hecho de que no parece posible que gane una sola de las seis gubernaturas que estarán en juego el domingo próximo, sino porque si alguna vez tuvo algún acuerdo con el presidente López Obrador, éste quedó atrás. 

Hoy, además de no tener un escenario electoral halagüeño —y recordemos que siempre las evaluaciones de los líderes partidistas son los resultados electorales—, Moreno Cárdenas sufre una metralla sostenida de ataques y filtraciones provenientes de su natal Campeche pero que tienen como evidente origen el gobierno federal. La gobernadora Layda Sansores se ha dedicado a lo largo de las últimas semanas a exhibir grabaciones de conversaciones —obtenidas ilegalmente— entre Moreno Cárdenas y diversos personajes, en donde habla de extorsiones a proveedores, de cómo obtener financiamiento ilegal para campañas electorales e incluso de “cómo se debe tratar” a los periodistas.

La razón es evidente, igual que la ya conocida venganza presidencial: Moreno Cárdenas encabezó la oposición tajante que mandó al basurero la iniciativa de reforma constitucional relativa a la industria eléctrica, y ante la presión lopezobradorista endureció sus posiciones. El todavía Dirigente Nacional del PRI dejó la postura tradicional de centro izquierda del PRI y en los últimos meses ha venido coincidiendo y transitando al lado de las posiciones más intransigentes de la ultraderecha mexicana, que son las que se encuentran en la posición exactamente contraria a los ultramorenistas que cada día ganan más presencia e influencia política en el ánimo presidencial.

A ese polo de la ultraderecha se tuvo que ceñir Alejandro Moreno para hacerse fuerte en su oposición a las reformas del Presidente. No queda claro si al hacerlo verdaderamente rompió algún pacto previo con López Obrador; o si en el afán de generarse una imagen de líder opositor terminó perdiendo la posición intermedia que siempre había tenido el priismo respecto a todas sus fuerzas políticas contrarias. 

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la razón, hoy Moreno Cárdenas se ve más cerca de la oposición más pertinaz a la que, valga decirlo, el Presidente ubica no en el PRI sino en el PAN, y a la que está decidido a no darle tregua. Y a la par de eso, perdió toda capacidad de interlocución con todas las demás fuerzas y posiciones que no están en los extremos de la polarización nacional.

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Es muy probable que Movimiento Ciudadano transite solo hasta la elección presidencial. Tratará de cultivar la imagen del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas para convertirlo en candidato presidencial; y justamente intentará ser la fuerza política que aglutine a todos sectores de la política y de la población en general, los que no están ni a favor de las posiciones radicales del Presidente, pero que tampoco coinciden con la ultraderecha, que hoy parece estarle ganando la partida a las posiciones moderadas dentro del PAN. 

Ese mismo es el reto que tendrá Alejandro Murat, pero desde la sede priista, si finalmente Moreno Cárdenas no pasa la aduana del 5 de junio como dirigente, y termina de perderse entre la ira presidencial y su descrédito como interlocutor con todas las fuerzas políticas y no sólo con el PAN. A diferencia de Moreno Cárdenas, Murat ha sido constante y cuidadoso en el llamado permanente al diálogo entre todas las fuerzas políticas. No se cerró ante la posibilidad de dialogar respecto a la iniciativa de reforma eléctrica y ha evitado chocar frontalmente con el Presidente incluso cuando han tenido posiciones discordantes. Sabe que vale más como interlocutor y como ente dialogante, que asumiendo una posición como la que hoy tiene al país sumergido en el desencuentro permanente.

A Murat se le va a combinar el escenario catastrófico de su partido —que quedará sólo con dos gobernadores priistas— con la posibilidad de pervivir en la política para los próximos años como dirigente nacional. No quedan tantas cartas al interior del priismo como para pensar en un abanico de posibles sucesores. Y en la política activa no quedan muchos priistas que puedan devolver a ese partido al centro izquierda del que inopinadamente lo sacó Moreno, para tratar de sortear —fallidamente— la turbulencia a la que está siendo sometida su dirigencia, y a los malos resultados electorales que se le auguran.

Por eso, casi por exclusión, el destino más asequible para Murat Hinojosa será el de asumir la presidencia nacional de su partido, quién sabe si después del 30 de noviembre, o antes. Es un priista que, al igual que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, mantiene una interlocución sana con el Presidente; es un personaje al que la edad —46 años— le juega a favor; y que está llegando al final de su periodo como Gobernador en una coyuntura que muy probablemente le permita seguir activo en la vida política. Tendrá que cuidar el final de su administración, y orientar sus posiciones políticas hacia un diálogo alejado de los extremos y los ultras que tanto enrarecen día a día el panorama político nacional.

EPITAFIO 

Ayer le gritaron “Presidente”. Y lo será, pero de su partido, para construir desde ahí la ruta priista hacia el 2024… porque Roberto Madrazo legó al priismo en 2006 el imperativo de que nunca más una candidatura presidencial fuera construida desde la presidencia nacional del Partido. 

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