Primer año de gobierno en Oaxaca: ¿Ahora sí ya entendieron el pragmatismo del Gobernador?

El pasado viernes se cumplió el primer año de gestión del Gobernador Alejandro Murat, y si algo ha quedado claro es que tiene los hilos de la gobernabilidad en el Estado, y que además ha demostrado con hechos su estilo personal de gobernar. Personaje con enorme determinación y capacidad de adaptación a los ambientes que se le presentan, el Gobernador de Oaxaca hoy se enfrenta a nuevos retos que toda su administración —los que se queden, y los que se vayan— deberá entender a cabalidad, si es que logra estar a la altura de las circunstancias y de las demandas del propio Mandatario.

En efecto, desde el primer momento de su gestión Alejandro Murat dejó ver su capacidad de apropiación a las circunstancias que se le presentan, y su estilo particular de gobierno en el que todos caben, pero en el que sólo logran sobrevivir los mejor adaptados. Su administración fue, desde el primer momento, una suma de consensos pero también una determinación propia del Mandatario, que estableció imperativos específicos para que los sumados a su gobierno pudieran mantenerse en él.

Esa es la circunstancia que explica, por ejemplo, la salida de diversos funcionarios en el primer año de su administración. En la tradición de gobierno —y más en la priista— parecía quedar siempre claro aquel adagio de que cuando el que tiene el poder se equivoca, simplemente vuelve a mandar. Esta había sido una máxima seguida por todos los gobernadores hasta que Alejandro Murat estableció parámetros distintos. Es la primera vez en varias gestiones consecutivas, en la que un Gobernador decide hacer cambios tan a corto plazo, ponderando más las circunstancias propias de cada hecho, que las apariencias sobre el ejercicio del poder.

En la tradición del poder en la entidad, los gobernadores demostraban su poder no sólo ejerciendo el mando sino también sosteniendo a los que aún cuando gozaban de la gracia del gobierno en turno, se equivocaban. Mantenerlos en sus cargos, y convalidarlos, era la forma de demostrar que el poder estaba concentrado en un solo espacio, y que quien detentaba ese poder era capaz de eso —y quizá más—, con tal de no ceder ante sus críticos ni ante aquellos que quisieran ver al Gobernador respondiendo ante una circunstancia en concreto.

Alejandro Murat dijo desde el inicio de su gestión, que su gobierno sería distinto (ver Al Margen 07.12.2016) y anticipó que sus formas se verían conforme avanzara la administración. Esto estaba anticipado y sólo no lo entendió quien apostó a que el actual Mandatario mantendría las formas de sus antecesores.

En este espacio lo anticipamos, cuando establecimos, muy al inicio de su administración, que el gobernador Alejandro Murat ha tomado varias decisiones cargadas de pragmatismo, como parte de lo que él mismo ha denominado como un nuevo estilo de gobernar. La primera decisión fue la de la toma de protesta, pero no ha sido la única. Desde el arranque del gobierni, por ejemplo, dio el banderazo de salida de las Unidades Móviles, que habían funcionado hace dos administraciones y que, por ese solo hecho, habrían sido impensables para otro gobernante que pensara más en los mensajes políticos, que en las demandas y necesidades de la ciudadanía.

PESAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Algunas de esas decisiones consistieron en las circunstancias de la toma de protesta, o la de la reimplementación del esquema de las Unidades Móviles para el Desarrollo —ahora sólo denominadas como Unidades Móviles, y sectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano— que desde el inicio dejaron ver que el Gobernador asumía su legitimidad no a la vieja usanza de tomar decisiones independientemente de la magnitud de su costo político, sino que más bien había buscado demostrar que su legitimidad le permite tomar decisiones que no pasan por hacer ningún tipo de demostración de fuerza.

Parece un juego de palabras —apuntamos aquel siete de diciembre del año pasado—, pero mientras otros gobernantes se atrevieron a decidir voluntariamente mal sólo para demostrar poder, para después —a la vieja usanza— “volver a mandar”, Murat Hinojosa está decidiendo no demostrar su poder con caprichos, sino con decisiones de gobierno. Esas decisiones pragmáticas se demostraron a través de una toma de protesta austera y concreta, que sólo buscó cumplir con las formalidades que establece la Constitución independientemente de lo que pensaran u opinaran sus opositores, panegiristas o detractores.

Luego, todo eso se convalidó cuando —sin miramientos— decidió remover funcionarios que rápidamente se habían convertido en un problema para su administración. Lo hizo con el mismo Secretario General de Gobierno y con los titulares de otras dependencias, e incluso con los integrantes de su propio staff en la gubernatura, y qué decir con los titulares de diversas delegaciones federales que tronaron en el contexto de la atención a las consecuencias de los sismos del mes de septiembre pasado. En todos los casos, los cambios no obedecieron a favores políticos ni a débitos partidistas, sino exclusivamente a decisiones de gobierno tomadas a partir de resultados, fallas y determinaciones en concreto.

A estas alturas, ya no se espera un resultado tan distinto al hasta ahora visto. De hecho, es inminente que ocurran cambios en la administración, pero estos sólo tendrán dos orígenes perfectamente delineados: los que se vayan directamente a buscar un cargo de elección popular en la elección concurrente de 2018; y los que sean cesados por sus resultados y por no haber estado a la altura de las circunstancias. En ambos casos, queda claro que las decisiones se toman con parámetros muy concretos y que en ellas nada tienen que ver los criterios tradicionales de los débitos o la pertenencia a grupos.

¿Qué necesita hoy el Gobernador? Necesita, por un lado, a un grupo de políticos consistentes que le permitan tener el control tanto del Congreso del Estado como de los municipios más importantes de la entidad; y por el otro, necesita a gente comprometida con Oaxaca para que represente a la entidad en las cámaras legislativas federales. Además de esas necesidades eminentemente políticas, necesita un equipo de gobierno eficiente y responsable que demuestre su capacidad para enfrentar los retos de 2018, que van desde las complejas circunstancias de la elección presidencial, hasta los temas finos de la reconstrucción que irremediablemente tendrá que avanzar en la región del Istmo de Tehuantepec, además de todos los problemas cotidianos a los que se enfrenta la administración.

PRAGMATISMO

A estas alturas todos deberían haber entendido que el gobierno actual se basa en resultados, y que quien no esté a la altura tendrá como destino la destitución. Es una ecuación simple en apariencia, pero compleja en su cumplimiento. A pesar de ello, se está cumpliendo a la letra. Por eso, como en la teoría de Darwin, aquí sólo lograrán sobrevivir los más aptos para tal efecto.

Era imposible el cogobierno con la 22; hoy se pagan las consecuencias

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+ Alto costo, haber propuesto relación de bilateralidad; ¿Y la federación?


Las protestas de la Sección 22 del SNTE no son parte de la tradición de Oaxaca, y tampoco son hechos aislados como para simplemente negar su existencia y efectos, al sólo afirmar que “la entidad está en paz”. Las protestas del magisterio —que ahora exigen el cumplimiento de la relación de bilateralidad que el propio gobierno les prometió— tiene razones perfectamente explicables, que ahora deberían ser revisadas con todo detalle porque nadie, ni el gobierno ni la sociedad ni los sectores productivos, pueden seguir dándose el lujo de cometer errores tan costosos como estos.

En efecto, en los últimos días la Sección 22 del SNTE estableció como una de sus principales prioridades, la del cumplimiento del planteamiento hecho por el propio gobierno en febrero pasado, de establecer una relación de “bilateralidad”. Quizá él gobierno asumió que esa bilateralidad significaba una forma más democrática de conducir las relaciones educativas o políticas con el magisterio —incluso en un plano de equilibrio— lo cierto es que para la Sección 22 eso significa simple y llanamente cogobierno.

De hecho, quién sabe qué haya querido plantear el gobierno al proponer esa nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, pero lo que sí es seguro es que el magisterio vio en esa afirmación, la puerta de entrada posible hacia la recuperación del control administrativo y político del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lo cual ha sido uno de sus mayores anhelos desde que éste les fue expropiado justamente en julio de hace dos años gracias al acuerdo establecido por el entonces gobernador Gabino Cué y el gobierno federal.

Incluso, desde el mes de febrero pasado, cuando se dio a conocer la intención de establecer esa relación de bilateralidad, en este espacio advertimos el enorme riesgo que ello representaba, tanto en la parte sustantiva, como respecto a las señales poco claras que ofrecía el propio gobierno respecto a sus intenciones.

El gobierno estatal —dijimos aquí el 13 de febrero pasado— entabló una nueva relación con la Sección 22 que, según parece, ha enviado señales poco claras tanto de sus derroteros como de las condiciones en que ésta ocurrirá. ¿De qué hablamos? De que por un lado el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de entablar una nueva dinámica democrática con el magisterio, aunque al mismo tiempo ha dejado ver —o ha cuidado poco su discurso— la intención de generar una especie de cogobierno con la Coordinadora.

Esto, en general, ha sido muy mal recibido tanto por la opinión pública como por las voces especializadas —señalamos desde entonces—. Es perfectamente conocido en Oaxaca, y en el gobierno federal, lo engañosa que resulta la idea de que se puede cogobernar con la Sección 22, y aún más de que ese cogobierno puede darse cediendo espacios de privilegio para el magisterio. La larga experiencia oaxaqueña en el tratamiento del conflicto educativo, como una condicionante permanente para la gobernabilidad, ha demostrado reiteradamente que no es posible cogobernar con ellos; que las únicas dos relaciones posibles, excluyentes entre sí, entre el gobierno y la 22, es la del sometimiento, o la de la disputa abierta.

RELACIÓN AVENTURADA

Esa intención del cogobierno no es nueva. De hecho, el previsible fracaso de esa política se ha venido reiterando, y quedó perfectamente delineado en la administración pasada: durante los cuatro primeros años de gobierno, Gabino Cué no cogobernó ,sino que se sometió al mandato de la Sección 22; y el 21 de julio de 2015 decidió que la nueva relación con el magisterio —respaldado por el gobierno federal— sería la de la disputa abierta. Si bien ninguna de las dos es una fórmula perfecta, sí queda claro que la única forma que tuvieron los gobiernos estatal y federal de que la reforma educativa diera sus primeros pasos fue sólo a través del escenario de la confrontación abierta.

Eso explica por qué, cuando en febrero pasado el gobierno de Alejandro Murat habló de la posibilidad de generar una nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, la generalidad de las voces que analizan cotidianamente el conflicto educativo consideraron que eso se trataba de una capitulación —es decir, una rendición— disfrazada del gobierno ante el magisterio.

Incluso, desde entonces se decía que no ayudaba el hecho de que el gobierno estatal fuera tan poco cuidadoso en la construcción de la narrativa de esta nueva relación, y que la Sección 22 —que sí entiende a la perfección este nuevo contexto— estuviera desde el inicio completamente desbordada aprovechando su posición de fuerza y la percepción a su favor, contribuyendo a la idea de que el diálogo con el gobierno de Oaxaca no es más que la formalización de un nuevo periodo —o la recuperación— de supremacía magisterial sobre el Gobierno del Estado.

En todo esto, las expresiones del gobierno federal respecto a la situación que prevalece en el sector educativo de Oaxaca no ha sido muy consistente. Ellos se han limitado a señalar que la implementación de la reforma educativa continúa con normalidad y que no hay ningún cambio en las condiciones en que se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. Fuera de eso, han evitado involucrarse en las suspicacias que generan las nuevas sinergias gobierno-magisterio en Oaxaca, quizá porque saben que volver a formalizar la relación de los temas educativos con la gobernabilidad, es algo así como jugar con fuego. Y como eso es justamente lo que hoy están haciendo en Oaxaca, parece que por eso están optando por el silencio.

Lamentablemente, esa opacidad en las posiciones tanto del gobierno estatal como del federal, sí están permeando de manera negativa en la percepción que se tiene de la nueva relación que están construyendo con el magisterio oaxaqueño. Esa percepción, básicamente, radica en asegurar que alguien miente: quizá mienta la Sección 22 que ahora está exigiendo el cumplimiento del compromiso de la relación de bilateralidad que dicen que tienen con el gobierno de Oaxaca. En exigencia de eso, incluso, llevaron a cabo sus movilizaciones de todos estos días, que trataron de equilibrar con su añeja —y ya cumplida— demanda de la contratación automática de los egresados de las escuelas normales de la entidad.

Si no miente la 22, entonces miente el gobierno. Hasta ahora, la administración estatal ha optado únicamente por esconder el rostro y negar todo. Incluso, no sólo han negado la posibilidad de esos acuerdos —que estarían generando las consecuencias que hemos visto por las protestas magisteriales en el marco de las fiestas de julio—, sino que incluso han negado la propia inestabilidad política argumentando que todo es fiesta, paz y colorido por la Guelaguetza.

Al final, si no mienten ni la 22 ni el gobierno de Oaxaca, entonces estaría mintiendo el gobierno federal. Casi todos los días, el titular de la SEP, Aurelio Nuño sale a algún noticiero nacional para hablar de los avances en la implementación de la reforma educativa. Dice que Oaxaca es parte de ese éxito. ¿Entonces esa relación de “bilateralidad” que pretenden construir la 22 y el gobierno de Oaxaca, está ocurriendo a sus espaldas? ¿O la SEP lo avala pero le miente a la ciudadanía al no reconocerlo?

Evidentemente, tantas contradicciones sólo revelan que en realidad sí se está intentando establecer nuevamente el cogobierno con la Sección 22. Los oaxaqueños ya sabemos que eso no sólo no funciona, sino que arrodilla y postra al Estado de Derecho frente a los caprichos magisteriales. ¿Entonces?

“TAXIS GRATIS”

¿Cuánto le va a costar a la ciudadanía, al orden público y al Estado de Derecho, que nuevamente el gobierno se haya recargado en un poder fáctico como la CTM —esos mismos que se enfrentan violentamente con sus adversarios, que cierran calles, que intimidan personas, y que ‘echan bala’ cuando se necesita— para “garantizar” la fiesta de los Lunes del Cerro? Los taxis gratis son todo menos gratis. La contraprestación quizá sea económica, desde las arcas públicas. Pero muy seguramente lo que buscan son prebendas, impunidad y todo lo que necesitan para operar. Pobre Oaxaca.

La capital de Oaxaca sigue sufriendo por la apatía y los enconos políticos

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+ La Ciudad paga por afanes y desavenencias políticas de quienes gobiernan


 

Parece hasta una maldición que a pesar de las alternancias de partidos tanto en el gobierno estatal, como en el municipal de Oaxaca de Juárez, la capital oaxaqueña siga padeciendo permanentemente por los enconos políticos de sus respectivos gobernantes. Desde hace veinte años, la ciudad ha sido rehén casi permanente de las desavenencias, los cálculos y los enconos. Y aunque pudiera pensarse que éste es un nuevo periodo de florecimiento —por la coincidencia de gobernantes en los dos ámbitos—, es evidente que la realidad está muy lejos de esa suposición.

En efecto, para mal de los habitantes, y de la propia ciudad, desde hace dos décadas, Oaxaca de Juárez no ha tenido un gobierno municipal que se jacte de estar verdaderamente preocupado por las demandas y problemas de las personas, y el espacio físico al que se deben. Si volteamos al pasado reciente, podremos darnos cuenta que ninguna de las últimas ocho administraciones municipales consecutivas, se ha centrado verdaderamente en la labor administrativa, y más bien han ocupado al Ayuntamiento citadino como caja chica, como agencia de colocación para desempleados, como trampolín político; y, ahora también, como uno de los espacios favoritos para los ajustes de cuentas políticos.

Veamos si no. El gobierno del entonces panista Alberto Rodríguez González, fue un auténtico desastre, que comenzó marcado por la ineficiencia y la falta de sentido sobre las necesidades de la capital, y terminó marcado por los excesos, las pifias del Munícipe, y los frentes de guerra que entonces se abrieron, entre los grupos políticos, con el gobierno del estado. Éste fue el primero, sin embargo, de una larga lista de gobernantes que independientemente de la razón, no concluyeron el periodo para el que fueron electos.

Luego de él, llegó Gabino Cué Monteagudo. Éste, independientemente de las acciones favorables o no para la ciudad que emprendió su administración, ocupó al Ayuntamiento citadino como un escaparate para las aspiraciones que ya abrevaba de gobernar la entidad. Así, en 2004, siendo presidente Municipal, consiguió una postulación conjunta de las fuerzas de oposición como candidato a Gobernador, y dejó encargada la administración municipal a dos concejales (Alicia Pesqueira Olea de Esesarte, y luego María Luisa Acevedo Conde) que hicieron exactamente eso: administrar, pero no resolver —por falta de tiempo y recursos, además de la guerra política que desató la disputa por dicho cargo edilicio— los problemas más apremiantes de la capital.

En octubre 2004 el PRI recuperó la alcaldía citadina. Jesús Ángel Díaz Ortega se alzó con la victoria en los comicios municipales, arrastrado por el triunfo que dos meses antes había conseguido el entonces candidato a la gubernatura por ese partido, Ulises Ruiz Ortiz. Su gestión estuvo marcada por importantes decisiones impopulares —como la de la instalación de los parquímetros—, pero determinada por la ausencia del munícipe, y el abandono total de sus funciones, durante el conflicto magisterial y popular de 2006. La gestión la concluyó Manuel de Esesarte, quien no hizo un mejor gobierno que quien le legó el cargo.

DOS VECES FRAGUAS

En 2007, sin embargo, el PRI repitió su triunfo en las manos de José Antonio Hernández Fraguas. Éste, también aspirando ya desde entonces a la gubernatura del Estado, se sintió ofendido ante el cuestionamiento sobre si concluiría su gestión. Expresamente manifestó que su gobierno sería de tres años, y que se dedicaría a ser Presidente Municipal, y no precandidato a otros cargos.

Hernández Fraguas mintió, y de la peor forma: ni siquiera obtuvo la candidatura a Gobernador (que hubiera sido un argumento irrefutable para justificar su separación del Ayuntamiento), y sí abandonó sin ningún pudor su labor como munícipe, para ir a realizar una gris labor como “coordinador” de la campaña priista en los Valles Centrales, y engancharse en una diputación local plurinominal.

Luego vino a la capital Luis Ugartechea Begué, que pareció llegar de la mano de entonces nuevo régimen gobernante pero que terminó en una confrontación casi campal con el gobierno de Gabino Cué. Inexperto e insensible, Ugartechea no fue capaz de conciliar los intereses de su propio grupo político y rápidamente fue reducido y arrinconado en un complicado proceso de ahorcamiento financiero que dejó a la capital casi colapsada.

Después de él vino Javier Villacaña Jiménez, que durante casi toda su gestión fue el único que demostró tener la capacidad política necesaria para conciliar sus propios intereses políticos con los del grupo que tenía el control del gobierno estatal, sin hacer padecer de más a la capital oaxaqueña por la falta de servicios o condiciones de estabilidad. En gran medida, la repetición del triunfo electoral del año pasado fue resultado de esas condiciones, además de la inercia electoral que traía el hecho de ser una elección concurrente a la de Gobernador del Estado.

El elegido para suceder a Villacaña fue Fraguas, a pesar de la tormenta política que había generado en la víspera de la unción del candidato a Gobernador. Fraguas se pronunció abiertamente en contra de la candidatura de Alejandro Murat, y respaldó las aspiraciones de Eviel Pérez Magaña. Su cálculo, en el fondo, se centraba en su eterna forma de negociación, que parte de golpear al adversario para luego obligarlo a pactar. Así ocurrió su reintegración al priismo en 2016, y luego su unción como candidato a la alcaldía citadina como una especie de “pago” por recular en su repudio a quien ya era el candidato a Gobernador.

El problema es que Fraguas no consideró que no es lo mismo ser un civil que ser una autoridad, y que tampoco sería lo mismo criticar desde la oposición partidista que enfrentar la indisposición del Gobernador para respaldar a quienes antes lo señalaron. ¿Qué ocurre? Que las acciones soberbias de Fraguas, combinadas con el enfrentamiento casi patológico que sostiene con Javier Villacaña, no encontraron un punto de equilibrio y de avenencia en la figura del Ejecutivo estatal, que claramente está dejando correr las diferencias municipales como una forma de demostrar que todo lo que se hace, irremediablemente se paga.

Pues, iracundo, al día siguiente de que se canceló la sesión de Cabildo por falta de quórum, Fraguas salió a decir que esto era consecuencia de una acción política concertada, y de un estado de emergencia financiero por el que atraviesa el Ayuntamiento. El problema es que aún teniendo razón, a propios y extraños les queda claro que la base de su crisis política se centra en su incapacidad para generar gobernabilidad al interior del órgano colegiado —el Cabildo— que él encabeza; y en la falta del respaldo político que en otro momento le habrían brindado desde el Ejecutivo estatal para no permitir que esta situación escalara hasta sus niveles actuales, en los que más que los grupos políticos o los gobernantes, quienes sufren son los habitantes de la capital.

ESPACIO DE LAS AMBICIONES

Fraguas, evidentemente, está siendo sometido a las presiones naturales de cualquier lucha de fuerzas. Él quiere reelegirse y hay muchas personas interesadas en que eso no se consume. ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? Obstaculizándolo, como lo harían con cualquier otra persona. El problema es que él, con su ya conocida actitud poco conciliadora al interior de su cabildo, y teniendo ante sí a un gobierno estatal que le desconfía todo, ha contribuido de manera importante a generar esta nueva crisis —enésima crisis— que ahoga a la capital oaxaqueña.

¿El PRI va a terminar siendo cómplice de Cué al protegerlo vs juicio político?

 

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+ El juicio político sólo puede desahogarse en el año siguiente de dejar el cargo


Es una paradoja, pero parece que algunos diputados de la Fracción Parlamentaria del PRI fungirán ahora como aliados y encubridores del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. Los últimos movimientos en el Congreso del Estado, respecto al procedimiento de juicio político que ahí se desahoga en contra del ex Mandatario, así lo confirman. Parece que el priismo está dilatando el proceso para finalmente terminar excluyendo de responsabilidad política a Cué por el simple paso del tiempo y por la inacción legislativa.

En efecto, en el Congreso del Estado se desahoga ahora mismo un procedimiento de juicio político, promovido ante la Comisión Instructora por cercanos al senador y ex aspirante a la gubernatura, Benjamín Robles Montoya. Dicha Comisión es encabezada por la diputada de Morena María de Jesús Melgar Vásquez, y dentro del trabajo técnico ha venido dando seguimiento a la solicitud de juicio que presentaron tres personas.

En el punto en el que se encuentra el trámite del procedimiento, ahora se le debe dar vista al acusado —el ex gobernador Cué— para que éste tenga oportunidad de presentar sus alegatos y defensas, y una vez ocurrido esto, el Pleno del Congreso se erija en jurado de sentencia para resolver el asunto y decida si lo encuentra responsable y qué sanción podría aplicarle —que en este caso tendría que ser la inhabilitación para ocupar comisiones o cargos públicos, y de representación popular, hasta por un periodo de 12 años.

Frente a esto, la diputada del PRI Mercedes Rojas Saldaña salió al paso para defender, quién sabe si por voluntad o inopinadamente, al ex gobernador Cué. Mediante un comunicado, la Legisladora sostuvo que la fracción parlamentaria del PRI “considera que el inicio de juicio político en contra del ex gobernador coalicionista, Gabino Cué Monteagudo, es un acto mediático”.

La legisladora —dice el comunicado— justificó que el no haber firmado el inicio del procedimiento del juicio político, es debido a que como fracción buscan un juicio serio, con todas las pruebas suficientes que permitan sancionar al ex mandatario de manera contundente. En ese contexto, reveló que la actual Comisión Instructora solo cuenta con copias simples de auditorías realizadas hace un año, y sin especificar cuántas observaciones se realizaron a la administración del ex gobernador Gabino Cué.

“Por eso indicó que es importante se recaben pruebas claras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se inicie un proceso serio en contra del ex mandatario estatal. Dijo ser respetuosa de la Comisión Instructora, pero ella no firmó el documento de inicio de juicio político por las razones expuestas. Pidió a sus compañeros sensatez y cordura para que el juicio político a iniciar a Gabino Cué sea contundente”, finaliza el comunicado.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta decisión francamente poco clara de la fracción priista? En el esquema más simple, pudieran estar confundiendo la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar de la gestión del ex gobernador Cué, con su responsabilidad política. Pues queda claro que para las dos primeras, sí es necesario contar con los resultados de auditoría y todo un esquema de probanzas arrojadas por revisiones tanto de las instancias estatales como federales encargadas de la fiscalización de los ejercicios anuales de la administración anterior.

Sin embargo, la responsabilidad política corre por un sendero que, aunque es paralelo al anterior, es distinto de aquel. Pues aunque pareciera verdad de Perogrullo, es claro que el juicio político tiene como finalidad incidir en los derechos políticos de la persona que a juicio de la Legislatura tuvo actúa, o actuó incorrectamente, durante el periodo en el que fue servidor público.

Ello se refleja en la destitución del cargo —cuando se encuentran en activo—, y inhabilitación para ocupar nuevas responsabilidades públicas por un periodo determinado de tiempo. ¿En dónde impactan esas dos decisiones posibles? Lo hacen directamente en los derechos políticos de la persona que es hallada culpable de responsabilidad política. Por eso la afirmación de que el juicio político es —y aunque parezca juego de palabras— tiene efectos de naturaleza política, independientemente de lo que pudiera ocurrir por las vías administrativa y penal, que no son afectadas por el juicio político.

PROBLEMAS CONSTITUCIONALES

Hay un problema aún mayor que no ve la diputada Rojas Saldaña. El artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca establece que “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

¿Cuál es el problema? Que si la diputada Rojas Saldaña opta por esperar a que, como dice, se recaben las pruebas suficientes aportadas por los resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos tendría que esperar hasta el mes de septiembre para que dicha instancia entregue sus resultados de auditoría correspondientes al año previo, y sólo después de conocer lo que resulte de ellos, iniciar un trámite “contundente” de juicio político, con el enorme riesgo de que en el solo desahogo del procedimiento podría llegar el 30 de noviembre, plazo en el cual se cumple un año de que Cué dejó la gubernatura, y entonces quedar inhabilitado el Congreso para desahogar el juicio político por la prescripción que la propia Constitución establece para este mecanismo.

En esa lógica, puede entenderse que se pretenda cierto rigorismo; sin embargo, en estas condiciones tal rigorismo más bien parece una excusa aparentemente bien planteada para mantener el halo de impunidad, que cada vez se ve con mayor claridad que algunos grupos del propio régimen actual quieren procurarle al ex Gobernador, quién sabe a partir de qué acuerdo o compromiso. Fuera de ello, no existe una lógica clara para pretender que el trámite actual no continúe, a pesar de que dentro del abanico de posibilidades se encuentra —como en todo procedimiento jurisdiccional, incluso dentro de la justicia ordinaria— de presentar pruebas supervenientes cuando se tenga noticia de nuevas probanzas que son trascendentes para el resultado de un juicio.

Al final, si no existe voluntad de continuar este trámite de juicio político por parte de quienes tienen la mayoría de diputados en la Legislatura —mayoría que, por cierto, no es alcanza para determinar el desechamiento de un trámite como éste—, sí debería haber demostraciones claras de voluntad y capacidad en el propio gobierno actual para indagar la gestión de los funcionarios anteriores, y comenzar a proceder en su contra.

El problema es que en todo se ve silencio, evasivas y apariencias de incapacidad. No les queda claro que su peor escenario es terminar siendo cómplices de quienes dejaron colapsada la economía y las finanzas públicas de la entidad, y defraudados y desilusionados a millones de oaxaqueños.

CORREN APUESTAS…

Doble contra sencillo, a que cualquier acuerdo que se construya entre el Gobierno del Estado y el Comité de la Sección 22 que se encuentra en las mesas de trabajo para la atención de su pliego petitorio, será rechazado por la Asamblea Estatal. En el proceso de entender la lógica magisterial, deberían saber que la clave de los acuerdos no está en el Comité Seccional sino en la Asamblea Estatal, que cada que sesiona evoca la noche de los cuchillos largos. Para dejarlo registrado. Y volver después a ello.

Al límite, incertidumbre en la IP por la falta de claridad en el pago de adeudos

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+ ¿Entiende el Gobierno que el sector privado está devastado? ¿Ayuda o los hunde?


Diversos organismos empresariales se han pronunciado por la posibilidad de cobrar por la vía judicial los adeudos que el gobierno de Oaxaca no les ha liquidado. Muchas de las empresas se encuentran al límite de la resistencia en sus operaciones, antes de tomar medidas como el cierre, la suspensión o disminución de sus operaciones, el despido de empleados o la moratoria en el pago a sus proveedores e impuestos. El mes de abril es crítico, y por esa razón la Secretaría de Finanzas debe abandonar sus posturas mezquinas y burocráticas, y ofrecer respuestas inmediatas al sector privado que, en general, está a punto del colapso.

En efecto, ayer el dirigente de la delegación en la entidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Raúl Ruiz Robles, dijo que si el gobierno de Oaxaca insiste en su actitud de no agilizar el pago de adeudos que tiene con la iniciativa privada, intentarán la vía judicial como un mecanismo para intentar la recuperación de sus capitales. A esa, y otras organizaciones empresariales, les preocupa la cercanía del mes de mayo —que de sí es crítico para la economía estatal— por las tradicionales acciones del magisterio, pero también porque abril resulta un mes crítico para la fijación de sus obligaciones fiscales.

En un escenario en el que el común denominador es una situación económica devastadora, el gobierno de Oaxaca debía asumir que el sector privado en general se enfrenta no sólo a la disyuntiva de la quiebra y el cierre de operaciones, sino también a la de asumir formalmente las obligaciones por deudas sobre las que el gobierno los mantiene en la incertidumbre. Vale la pena analizar y entender esta situación.

En primer término, el gobierno de Gabino Cué terminó en medio de una enorme crisis financiera que hoy se refleja, desde uno de sus frentes, en la existencia de muchos prestadores de bienes y servicios a los que el gobierno les adeuda el pago por los servicios que ya fueron consumidos. A la gran mayoría de ellos, la administración anterior les extendió documentos conocidos como Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante los cuales asumía el compromiso de pago y reconocía la suficiencia presupuestal para cubrirlo, aunque ello era independiente del momento final del pago.

Para que la Secretaría de Finanzas extendiera la CLC, las empresas acreedoras debían extender la factura correspondiente. La gran mayoría de los adeudos corresponden al ejercicio 2016, y las facturas (hoy conocidas como CFDI, o Comprobante Fiscal Digital por Internet) fueron emitidas a lo largo del ejercicio fiscal del que se deben presentar las correspondientes declaraciones durante los meses de marzo y abril de este año. Ahí existe un problema importante que revela la mezquindad de la Secretaría de Finanzas, que sin ofrecer ninguna alternativa a la situación crítica de la iniciativa privada, le ha cerrado todas las posibilidades de cobrar sus adeudos, o por lo menos de tener la certeza de que los recuperarán como para poder asumir los compromisos fiscales que se derivan de esta situación.

¿ALTERNATIVAS?

La existencia de las CLCs representa el compromiso habitual de pago del gobierno estatal. En este caso, a muchos prestadores de bienes y servicios, la administración entrante les ha propuesto la renegociación de los adeudos y la utilización de mecanismos de factoraje financiero para poder agilizar los pagos. El problema es que al plantear las alternativas, la Secretaría de Finanzas no ha tenido la voluntad o de asegurarle a las empresas que sus adeudos serán cubiertos totalmente aún con retrasos, o que agilizaran la utilización de las llamadas cadenas productivas para que éstos pudieran recuperar recursos, aún parcialmente, en un lapso relativamente corto de tiempo.

El problema es que no ha ocurrido ni uno ni otro escenario. En medio de eso, llegó el tiempo de la presentación de las declaraciones anuales de impuestos, tanto para personas físicas como para morales. Para las morales el plazo venció el pasado mes de marzo, y para las físicas vence al término del presente mes de abril. ¿Cuál es el problema? Particularmente, para las personas morales hay un problema fiscal importante porque las facturas que expiden, causan efectos fiscales desde el momento de la emisión y no del pago, como sí ocurre con las personas físicas.

Así, si ellos expidieron comprobantes fiscales digitales en el ejercicio 2016, y éstos causaron efectos a la emisión, ahora al presentar su declaración anual del ejercicio previo, deben cubrir los impuestos correspondientes. La disyuntiva de muchos empresarios radica en si cubren los gravámenes por facturas que no pueden, y no saben si podrán cobrar; sobre las que el gobierno no les ofrece ninguna certidumbre sobre el pago; y sobre las que tampoco lleva a cabo algún mecanismo de renegociación transparente y confiable para darle liquidez a las empresas, para continuar operando.

En esa lógica, Finanzas no ha tenido claridad en agilizar la utilización de cadenas productivas, lo cual resulta inexplicable. Éste no es un mecanismo intrincado ni imposible, y de hecho se puede realizar a través de un trámite en línea que no representa ninguna dificultad. Además, el gobierno sí podría generar algún tipo de vía para que no fuera sólo la banca de desarrollo la que ofreciera el servicio del factoraje financiero, sino establecer mecanismos alternos con la banca comercial para conseguirlo, y así poder ofrecerle diversas alternativas de liquidez al sector privado local, para así recuperar economías y continuar sus operaciones sin la pérdida de empleos y el cierre de empresas, que siempre es doloroso para cualquier economía.

El problema es que no hay sensibilidad, y a estas alturas pareciera que Finanzas o es la menos sensible y permeable al problema, o que está decidida a colapsar a la economía local a partir de la insistencia en renegociar todos los adeudos posibles, pero de hacerlo con una lentitud, incertidumbre y burocratismo que tiene asustados a los sectores productivos, que a estas alturas ya no saben si creer o no en que existe cierta voluntad por darles una salida y no por terminar de colapsarlos.

Al final debiera haber más sensibilidad de que la crisis económica de buena parte de los sectores productivos de la entidad no comenzó el 1 de diciembre, sino que lleva ya más de un año. El gobierno de Gabino Cué cerró la llave de los pagos a proveedores más de ocho meses antes de que terminara la administración; y la actual lleva ya más de cuatro meses sin ofrecer ninguna pauta concreta.

Por eso, deben asumir que a diferencia de los sectores productivos de otras entidades, o a nivel nacional, en Oaxaca el gran consumidor de la mayoría de los proveedores y empresas locales, es el gobierno. El presupuesto, les guste o no, es el que en gran medida mueve la economía local, y esa es una dinámica que no van a cambiar por su sola actitud. Más bien, por mezquindad e insensibilidad, están agravando la situación al punto de generar el colapso masivo de cientos o miles de empresas que están esperando las respuestas oficiales que quién sabe por qué no llegan, y para lo cual la vía judicial que intentan explorar tampoco resulta una alternativa viable para tener liquidez en el corto plazo.

DESPRESTIGIO INSTITUCIONAL

Podría ser explicable que el gobierno intenta renegociar adeudos porque esto representa un pasivo para las arcas estatales. El problema es que tienen a la economía local en un callejón sin salida. Es, además, otra mezquindad, querer castigar a quienes tuvieron tratos con la administración anterior, porque finalmente el empresariado ha proveído a todos los gobiernos anteriores. Con esa actitud, en el fondo, desprestigian al gobierno, en el que —así sea por seis años— ellos están de paso. ¿Asumirán, se dice cada seis años en Oaxaca, que los carniceros de hoy serán las reses de mañana?

Presentar declaración 3de3 no es suficiente; urge legislación anticorrupción

consejero

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Al asumir su cargo, el gobernador Alejandro Murat anunció que todos los integrantes de su equipo de gobierno, habían recibido la instrucción de presentar la llamada declaración “3 de 3” en los noventa días siguientes a haber asumido sus respectivos cargos. Dicho plazo feneció junto con el mes de febrero. Hoy, a la luz del anuncio de que los integrantes del gabinete legal ya cumplieron con dicha instrucción, el cuestionamiento —importante— que prevalece, es por qué nadie del equipo jurídico del gobierno estatal se interesó en que eso superara el ejercicio potestativo, para llevarlo a las leyes estatales de la materia.

En efecto, a través de un comunicado el gobierno estatal anunció que de acuerdo a lo establecido por el gobernador Murat, el total del gabinete legal que conforma su estructura de gobierno ha cumplido a esta fecha (28 de febrero), dentro del plazo conferido de 90 días, con su declaración patrimonial dentro de la plataforma denominada 3 de 3., programa que incluye no solo la declaración patrimonial como tal, sino la de conflicto de intereses y la fiscal.

Como si eso fuera justificación, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro dijo que el portal que concentra toda la información “es totalmente ajeno al control administrativo del Estado de Oaxaca, por lo que los procedimientos, formatos, y protocolos que determinan el tiempo y forma en que se publica la información, dependen enteramente de dicha plataforma”. Con ello, justificó un posible retraso en la publicación de la información entregada por los funcionarios estatales al portal de la plataforma 3de3.

Con ello, parece quedar a salvo la palabra del Ejecutivo estatal, que desde diciembre estableció dicho compromiso como una demostración de voluntad con la transparencia. El problema es que si el ejercicio es loable, también es cierto que es insuficiente porque el ejercicio de la declaración tres de tres no vino acompañado de las iniciativas de ley correspondientes para llevar dicho compromiso al marco jurídico estatal, y no dejar todo en la plataforma tres de tres, que es la base de un importante ejercicio ciudadano, pero que no deja de ser un espacio potestativo que, además, ya está demostrado que también es insuficiente para generar los controles adecuados en los bienes, intereses y deberes fiscales de las figuras públicas, como políticos, representantes populares y servidores públicos.

En esa lógica, debemos recordar que la llamada declaración tres de tres ya demostró sus lagunas cuando se estableció que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llevaba un estilo de vida que no correspondía a los ingresos que había declarado como líder partidista y legislador federal en los últimos años, y que a pesar de haber cumplido con el deber —políticamente correcto— de presentar su declaración tres de tres, había aspectos de su patrimonio y de sus relaciones con ciertas empresas, que había decidido no incluir en su declaración.

Al final, los impulsores de la Plataforma Tres de Tres, terminaron reconociendo que según las propias reglas del ejercicio, Anaya nunca había tenido la obligación de incluir los aspectos que le permitían un tren de vida mucho más ostentoso al de sus ingresos actuales, y que esa era una ‘laguna’ por la que el Líder panista se había colado para no declarar todos sus bienes e intereses.

¿Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA?

Qué bien que los funcionarios estatales hayan cumplido con su 3de3. Pero qué mal que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo haya dejado pasar la oportunidad de presentar, en ese marco, las iniciativas que impulsaran que la presentación de las tres declaraciones, por parte de los nuevos funcionarios estatales, pasara del ejercicio potestativo al deber establecido en la ley. ¿Por qué no lo hizo? Sólo el consejero jurídico, Ángel Alejo Torres lo sabe.

Pues resulta que hasta ahora en el Congreso del Estado no ha cobrado relevancia la necesidad de la discusión de iniciativas relacionadas con el establecimiento correcto y completo tanto del Sistema Estatal Anticorrupción, como de las nuevas obligaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos. De forma relevante, la declaración tres de tres, resulta ser un nuevo parámetro de certidumbre sobre el correcto desempeño de los servidores públicos, pues ya no sólo implica la declaración patrimonial inicial, periódicas, y final, sino también las respectivas declaraciones de posible conflicto de interés, y de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

A nivel federal, esa iniciativa ciudadana quedó mocha cuando los legisladores decidieron que las tres declaraciones de los servidores públicos podían quedar supeditadas al principio de confidencialidad de las relaciones. El caso de Oaxaca es aún más grave en la actualidad, porque a pesar de lo encomiable que resulta el ejercicio de la tres de tres por parte de los integrantes del gabinete legal estatal, éste no pasa de ser eso: un ejercicio, realizado ante una plataforma particular, y ajeno por completo a cualquier disposición jurídicamente vinculante para efectos de responsabilidad.

De este modo, dicha omisión se suma a la cadena creciente de acciones fallidas que ha emprendido la Consejería Jurídica, que no parece encontrar el rumbo y que sólo se ha dedicado a enredar algunos de los temas que en apariencia le interesan a la administración estatal, como las iniciativas de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el desastre que terminó siendo la modificación del andamiaje jurídico de la atribulada Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y en general los temas que la Consejería presenta ante el Congreso a nombre del Ejecutivo, y con los que ha hecho quedar mal al gobernador Alejandro Murat, gracias a la ineficiencia y errores de los empleados de la Consejería.

Así, todos siguen sin saber exactamente cuál será la agenda de las responsabilidades de los servidores públicos estatales, porque ni del lado de la Consejería Jurídica, ni de la Secretaría de la Contraloría, han establecido los parámetros mínimos de lo que el Ejecutivo propondrá al Congreso para tener una nueva legislación en la materia. Tanto es así, que ni siquiera se sabe si la Constitución y las leyes estatales se ajustarán al marco mínimo de la Constitución federal, o si en Oaxaca se buscarán mecanismos vanguardistas de control y de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, y en qué podrían consistir dichos controles.

Al final, todo ese silencio propiciado por funcionarios que no están concentrados en su trabajo, que no demuestran el compromiso de ayudar al Gobernador, y que no tienen altura de miras para aprovechar las oportunidades de su propia función, provoca que, primero, temas como éste terminen siendo menos trascendentes de lo que pudieron haber sido; y segundo, que sean otros grupos los que ganen espacio tratando de incidir en esas discusiones en las que la administración pública simplemente no ha participado. De este modo, pudiera ser reconocible, aunque parcialmente, el cumplimiento de la declaración tres de tres de los funcionarios estatales. Nada más.

AGENDA, UNA BURLA

Ayer presentaron en el Congreso local una agenda legislativa que, de veras, resulta una auténtica tomadura de pelo para los mismos diputados. Dicen en su agenda, sin exagerar, que van a enderezar Oaxaca. Sin embargo, habría que ver, por ejemplo, cuántas iniciativas sustantivas y relevantes ha rechazado el PRI en estos tres meses y medio, sólo porque han supeditado a su conveniencia, lo que le pudiera ser útil a Oaxaca; y en cuántas, el PRD ha sido, y seguirá siendo, esquirol del priismo. Sus aparentes ‘buenas intenciones’ son una burla para Oaxaca.