¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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¿Tiene futuro el Proyecto Interoceánico de Salina Cruz?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El proyecto del Tren Interoceánico, que se desarrolla entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, representa uno de los mayores retos, y uno de los mayores dilemas, para el Estado mexicano. De su conclusión depende no sólo el éxito de la presente administración federal, sino también el desarrollo en el mediano y largo plazo del sureste del país. El conjunto de obras se enfrenta a interrogantes relacionadas no con la posibilidad de que técnicamente logren ser concluidas, sino con la capacidad del gobierno mexicano de generar condiciones reales de gobernabilidad y de Estado de Derecho para lograr su conclusión antes de que obras similares en la región centroamericana le ganen en atracción, viabilidad y practicidad a este proyecto que cruzará el Istmo de Tehuantepec para unir el Océano Pacífico con el Golfo de México.

En efecto, la historia del puerto está ligada a su actividad como puerta de entrada a mercancías y productos del exterior transportados por vía marítima. Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX el sitio utilizado como puerto fue la Bahía denominada como Ensenada la Ventosa —una playa al oeste de Salina Cruz—, en la que incluso se encuentra un faro cuya construcción se atribuye al conquistador Hernán Cortés, junto el astillero en el que armó la flota con la que exploró el que ahora es conocido como Mar de Cortés, el Golfo de California. 

A partir de 1870 los barcos comenzaron a llegar a Salina Cruz, en cuyo periodo también se ubica su fundación como población, compuesta fundamentalmente por pescadores provenientes de Tehuantepec, que extraían sal para venderla en los pueblos adyacentes. Ya antes, en la década de los 50s del siglo XIX, las condiciones geográficas del Istmo de Tehuantepec habían sido exploradas por ingenieros norteamericanos, en el contexto de los estudios que dieron paso a la negociación del Tratado McLane-Ocampo, firmado en 1859 entre los gobiernos mexicano y estadounidense de los presidentes Benito Juárez y James Buchanan, respectivamente. 

No está de más anotar que, de haberse ratificado dicho tratado, nuestro país habría concedido a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; y en el que, entre otras cuestiones, el gobierno mexicano se habría comprometido a no imponer derechos a las mercancías estadunidenses que circularan por el mencionado paso interoceánico, salvo las destinadas a consumirse en México.

Así, derivado de los estudios hechos por los norteamericanos, en 1871 el gobierno juarista dispuso que la aduana se trasladara de Tehuantepec a Salina Cruz porque ésta resultaba más práctica y amplia. Al año siguiente, Juárez firma un contrato con la Compañía de Ferrocarril Nacional de Panamá, para que sus barcos ingresaran a los puertos ubicados en Soconusco, en el Estado de Chiapas; y a Puerto Ángel y Salina Cruz en el litoral oaxaqueño. En los registros históricos de Salina Cruz está establecido que, en su calidad oficial de puerto, el Barco Winchester fue el primero que arribó el 13 de julio de 1872. 

Al ver incrementada su actividad portuaria, y manteniendo la atención en la necesidad de conectar al Pacífico con el Golfo de México, en 1878 comenzó a construirse el Ferrocarril Interoceánico, durante el primer periodo presidencial del General Porfirio Díaz, concluyéndose en 1894. Dicha obra inicial, presentó problemas técnicos que fueron corregidos a partir de la firma, en 1899, del acuerdo para la construcción de los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con la empresa norteamericana Pearson. Para ese efecto, se constituyó una empresa denominada Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. 

En el año de 1900 se inició formalmente la construcción del Puerto, obras que incluían, a saber: las escolleras o malecón, el muelle, el dique seco, el faro, la estación eléctrica, las grúas, los patios y un conjunto de chalés, que se añadieron a la edificación de la ciudad, con las obras de urbanización que persisten hasta la actualidad. Por eso, la pequeña población zapoteca antiguamente compuesta por pescadores y vendedores de sal fue trasladada a su ubicación actual, pues originalmente ésta se hallaba donde hoy se encuentra la dársena de maniobras. Y finalmente el 23 de enero de 1907 el general Porfirio Díaz inauguró el conjunto de obras del puerto y ferrocarril de Salina Cruz.

¿HAY FUTURO? 

En el contexto de la Revolución Mexicana el puerto de Salina Cruz perdió relevancia, hasta quedar prácticamente en el abandono. El general Lázaro Cárdenas lo reactivó, pero no volvió a tener la preeminencia que se le proyectó inicialmente, y nuevamente fue rebasado por otras regiones portuarias. Aunque desde siempre se conoce la importancia y la ubicación privilegiada del Istmo —tiene una distancia entre mares de alrededor de 300 kilómetros—, no se le volvió a dar relevancia hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió reactivarlo como proyecto estratégico de desarrollo. 

Los problemas no son sólo domésticos, sino regionales, y deben considerarse con esa dimensión e importancia. En lo interno, el proyecto actual del Tren Interoceánico se enfrenta a retrasos provocados por las constantes presiones que ejercen las organizaciones de transportistas y materialistas de la región, además de los no pocos problemas que está generando el acaparamiento de tierras en los alrededores de la amplia zona a desarrollar. La especulación de terrenos para desarrollos turísticos y para establecimiento de infraestructura privada relacionada con la zona portuaria, están despertando ambiciones inimaginables, a la par de la nociva presencia —que no es sólo privativa de la región, o de Oaxaca, sino que está en todo el país— de la delincuencia organizada.

En lo regional, se encuentra el hecho de que Honduras tiene ya muy avanzado un corredor logístico que unirá, mediante una carretera, el Atlántico con el Pacífico, en una suerte de canal seco de casi 400 kilómetros. De acuerdo con información del diario español ABC, el propósito del corredor es conectar Puerto Cortés, la principal infraestructura portuaria de Honduras, en la costa atlántica, con el puerto salvadoreño de La Unión, en el Pacífico. Todo depende que El Salvador culmine las obras faltantes para activar esta vía como un corredor interoceánico que competiría directamente con el Istmo de Tehuantepec. Existe, además, otro proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, que en 2013 se intentó impulsar con capital chino. Aunque inicialmente fracasó, el dictador Daniel Ortega insiste en que éste se construirá, aunque no existen datos sobre algún avance en la planeación de la obra.

Ante este panorama vale la pena preguntarse: ¿De verdad el gobierno del presidente López Obrador está viendo el proyecto interoceánico del Istmo con la relevancia y preocupación que merece? Sin duda, es la obra más trascendente, necesaria y útil de todos los proyectos estratégicos y de infraestructura que ha impulsado su administración.

El problema es que pareciera que la administración federal enfrenta tantos retos y dilemas —como eficientar la construcción de las obras; o reconocer y atender los riesgos relacionados con la inseguridad, el crimen organizado y el Estado de Derecho en la región, entre varios otros—, que sería muy paradójico y desconcertante que una obra realizada en territorio centroamericano le terminara nuevamente negando el papel protagónico que debió siempre tener el Istmo de Tehuantepec como alternativa al transporte marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

EPITAFIO 

Debe haber Estado de Derecho, como premisa para garantizar la integridad y la seguridad de los trabajadores de la información en Oaxaca. Ese sería el paso inicial para abrir una discusión más compleja y profunda —a la que en cinco años la vocería del gobierno estatal nunca quiso entrar— sobre qué rol y utilidad debe tener ejercicio del presupuesto de publicidad gubernamental para bienestar de todos los periodistas, antes o a la par que de las empresas informativas.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento. 

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué? 

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS 

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista. 

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO 

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin… 

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AL MARGEN || ¿Qué dice la Constitución sobre la posible ausencia absoluta del Titular del Poder Ejecutivo?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Las Constituciones establecen diversos mecanismos y supuestos para garantizar la estabilidad del poder público. Una de las razones que justifica la existencia de los textos constitucionales radica en el hecho de que éstos norman las relaciones entre los poderes y las instituciones del Estado, y dan certidumbre respecto a quién, cómo y bajo qué supuestos se detenta el poder en una situación extraordinaria. Tal es el caso de la Constitución federal mexicana frente a la posibilidad —esgrimida por el propio Presidente— de que éste llegara a fallecer o a separarse del cargo por una afección de salud. De paso, vale también la pena revisar qué dice al respecto la Constitución de Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hospitalizado por varias horas. La tarde de aquel día, la Secretaría de Gobernación informó que el Titular del Poder Ejecutivo Federal fue sometido a un cateterismo cardiaco, derivado de estudios preventivos que se realiza cada seis meses a consecuencia del infarto que sufrió en 2013. La dependencia además informó que el mandatario federal ingresó a las 10:30 horas, al hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizarse un chequeo rutinario “consistente en pruebas de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y una tomografía”.

Luego se informó que seguramente el Presidente volvería el sábado a sus actividades habituales, y ese mismo día el Mandatario apareció en un video donde habló de la existencia de un “testamento político” dada la posibilidad de morir por los problemas cardiacos que lo aquejan desde hace años. “Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad”, señaló.

¿De verdad es necesario un “testamento político”? Dada su vocación de caudillo, es posible que un testamento político de AMLO sería necesario para dejar instrucciones sobre qué deben hacer sus subalternos en caso de fallecer. Sin embargo, el mecanismo para evitar el vacío de poder está perfectamente establecido en la Constitución de la República, y es claro en cuanto a su redacción.

Dice el artículo 84 de la Constitución federal que En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Y luego, respecto al Secretario de Gobernación designado como Presidente por ministerio de ley, el precepto continúa diciendo: “Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.”

Al primero que tendría que nombrar, como una forma de responsabilidad política y para garantizar la estabilidad y la continuidad constitucional del poder público, debería ser al siguiente Secretario de Gobernación, para que si ese Presidente Provisional llegara también a faltar, pudiera seguir subsistiendo el mecanismo sucesorio establecido en la propia Constitución.

López Obrador lleva ya más de tres años como Presidente. Por lo que en el caso de faltar fallecer o dejar el cargo por cualquier razón, aplicaría lo que establece el quinto y sexto párrafo del artículo 84. ¿Qué dicen? Que “cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

“Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.”

Y finalmente el artículo 85 establece en su párrafo tercero que “cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.” Esto, por si un problema de salud lo llevara a un estado de incapacidad que lo hiciera dejar el cargo por un periodo corto de tiempo.

De ahí que el “testamento político” debe ser eso: un documento con otras instrucciones que no son las relativas a la sucesión de su cargo. Porque eso ya está perfectamente establecido en la Constitución.

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿qué dice la Constitución de Oaxaca sobre la posibilidad de que un Gobernador se separe del cargo? El artículo 72 de la Constitución local establece una serie de supuestos por demás interesantes:

“Las faltas absolutas de Gobernador serán cubiertas con arreglo a las disposiciones siguientes: I.- Si la falta ocurriere estando reunido el Congreso en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, inmediatamente procederá a la elección de Gobernador Interino Constitucional por el voto de las dos terceras partes de la Asamblea. Se considerarán, como falta absoluta, los siguientes casos:

“A) Muerte, incapacidad grave y abandono del cargo por más de treinta días; B) Cargos de responsabilidad oficial, revocación de mandato o delitos de orden común calificados por el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado; C) Haber solicitado licencia por más de seis meses, salvo que ocupe otra función en el Gobierno Federal; D) Renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado; E) Por virtud de una resolución de destitución emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

“II.- Si la falta ocurriere estando la Legislatura en receso, se reunirá a más tardar dentro de los siete días siguientes, sin necesidad de convocatoria, y sólo para el efecto de hacer la elección en los términos de la fracción anterior; presidirá las sesiones el Presidente de la Diputación Permanente;

“III.- El Gobernador Constitucional Electo conforme a la fracción I, convocará a elecciones de manera que el nuevamente electo para completar el término legal, tome posesión a más tardar a los seis meses de ocurrida la falta;

“IV.- Si la falta se presentare en los últimos tres años del periodo constitucional, se elegirá Gobernador Constitucional en los términos de la Fracción Primera, el que deberá́ terminar el periodo respectivo;

“V.- Si por cualquiera circunstancia, no pudieren reunirse la Legislatura o la Diputación Permanente y desaparecieren los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado que lo substituya, se hará cargo del Ejecutivo del Estado y convocará a elecciones de diputados y Gobernador, las cuales se efectuarán a los treinta días de que se haya producido la desaparición; los diputados electos instalarán la Legislatura a los quince días de efectuadas las elecciones, y el Gobernador tomará posesión a los quince días de instalada la Legislatura;

“VI.- Si hubiere completa desaparición de Poderes del Estado, asumirá el cargo de Gobernador Provisional cualquiera de los dos Senadores, en funciones, electos por el Estado, a juicio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en los términos de la parte conducente de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. El Gobernador Provisional electo tomará posesión del cargo tan pronto como tenga conocimiento de su designación y procederá́ a la integración de los Poderes en la forma establecida en la fracción anterior, debiendo tomar posesión los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el mismo día en que lo haga el Gobernador; y

“VII.- Si no obstante las prevenciones anteriores, se presentare el caso previsto por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, el Gobernador Provisional que nombre el Senado deberá convocar a elecciones de diputados al día siguiente de que tome posesión del cargo; estas elecciones deberán efectuarse a los treinta días de la convocatoria, y la Legislatura deberá quedar instalada dentro de los veinte días siguientes; y una vez en funciones la Legislatura, procederá como está prevenido en la fracción primera de este artículo.”

Así, si mañana el Gobernador solicitara licencia para asumir un cargo federal —rumor que está presente en los corrillos políticos, y cuyo supuesto está contemplado en la Constitución— el Congreso del Estado tendría que nombrar a un Gobernador Interino en los términos ya señalados en la fracción IV del citado artículo.

EPITAFIO

¿Cómo estarán de tensos los recelos y los intereses —visibles y oscuros— alrededor de la construcción del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que nada más y nada menos que el Secretario de la Marina tuvo que sentar a los líderes de los sindicatos de transportistas, para dejar clara la posición gubernamental respecto a las obras que se realizan?

Primer año de gobierno en Oaxaca: ¿Ahora sí ya entendieron el pragmatismo del Gobernador?

El pasado viernes se cumplió el primer año de gestión del Gobernador Alejandro Murat, y si algo ha quedado claro es que tiene los hilos de la gobernabilidad en el Estado, y que además ha demostrado con hechos su estilo personal de gobernar. Personaje con enorme determinación y capacidad de adaptación a los ambientes que se le presentan, el Gobernador de Oaxaca hoy se enfrenta a nuevos retos que toda su administración —los que se queden, y los que se vayan— deberá entender a cabalidad, si es que logra estar a la altura de las circunstancias y de las demandas del propio Mandatario.

En efecto, desde el primer momento de su gestión Alejandro Murat dejó ver su capacidad de apropiación a las circunstancias que se le presentan, y su estilo particular de gobierno en el que todos caben, pero en el que sólo logran sobrevivir los mejor adaptados. Su administración fue, desde el primer momento, una suma de consensos pero también una determinación propia del Mandatario, que estableció imperativos específicos para que los sumados a su gobierno pudieran mantenerse en él.

Esa es la circunstancia que explica, por ejemplo, la salida de diversos funcionarios en el primer año de su administración. En la tradición de gobierno —y más en la priista— parecía quedar siempre claro aquel adagio de que cuando el que tiene el poder se equivoca, simplemente vuelve a mandar. Esta había sido una máxima seguida por todos los gobernadores hasta que Alejandro Murat estableció parámetros distintos. Es la primera vez en varias gestiones consecutivas, en la que un Gobernador decide hacer cambios tan a corto plazo, ponderando más las circunstancias propias de cada hecho, que las apariencias sobre el ejercicio del poder.

En la tradición del poder en la entidad, los gobernadores demostraban su poder no sólo ejerciendo el mando sino también sosteniendo a los que aún cuando gozaban de la gracia del gobierno en turno, se equivocaban. Mantenerlos en sus cargos, y convalidarlos, era la forma de demostrar que el poder estaba concentrado en un solo espacio, y que quien detentaba ese poder era capaz de eso —y quizá más—, con tal de no ceder ante sus críticos ni ante aquellos que quisieran ver al Gobernador respondiendo ante una circunstancia en concreto.

Alejandro Murat dijo desde el inicio de su gestión, que su gobierno sería distinto (ver Al Margen 07.12.2016) y anticipó que sus formas se verían conforme avanzara la administración. Esto estaba anticipado y sólo no lo entendió quien apostó a que el actual Mandatario mantendría las formas de sus antecesores.

En este espacio lo anticipamos, cuando establecimos, muy al inicio de su administración, que el gobernador Alejandro Murat ha tomado varias decisiones cargadas de pragmatismo, como parte de lo que él mismo ha denominado como un nuevo estilo de gobernar. La primera decisión fue la de la toma de protesta, pero no ha sido la única. Desde el arranque del gobierni, por ejemplo, dio el banderazo de salida de las Unidades Móviles, que habían funcionado hace dos administraciones y que, por ese solo hecho, habrían sido impensables para otro gobernante que pensara más en los mensajes políticos, que en las demandas y necesidades de la ciudadanía.

PESAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Algunas de esas decisiones consistieron en las circunstancias de la toma de protesta, o la de la reimplementación del esquema de las Unidades Móviles para el Desarrollo —ahora sólo denominadas como Unidades Móviles, y sectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano— que desde el inicio dejaron ver que el Gobernador asumía su legitimidad no a la vieja usanza de tomar decisiones independientemente de la magnitud de su costo político, sino que más bien había buscado demostrar que su legitimidad le permite tomar decisiones que no pasan por hacer ningún tipo de demostración de fuerza.

Parece un juego de palabras —apuntamos aquel siete de diciembre del año pasado—, pero mientras otros gobernantes se atrevieron a decidir voluntariamente mal sólo para demostrar poder, para después —a la vieja usanza— “volver a mandar”, Murat Hinojosa está decidiendo no demostrar su poder con caprichos, sino con decisiones de gobierno. Esas decisiones pragmáticas se demostraron a través de una toma de protesta austera y concreta, que sólo buscó cumplir con las formalidades que establece la Constitución independientemente de lo que pensaran u opinaran sus opositores, panegiristas o detractores.

Luego, todo eso se convalidó cuando —sin miramientos— decidió remover funcionarios que rápidamente se habían convertido en un problema para su administración. Lo hizo con el mismo Secretario General de Gobierno y con los titulares de otras dependencias, e incluso con los integrantes de su propio staff en la gubernatura, y qué decir con los titulares de diversas delegaciones federales que tronaron en el contexto de la atención a las consecuencias de los sismos del mes de septiembre pasado. En todos los casos, los cambios no obedecieron a favores políticos ni a débitos partidistas, sino exclusivamente a decisiones de gobierno tomadas a partir de resultados, fallas y determinaciones en concreto.

A estas alturas, ya no se espera un resultado tan distinto al hasta ahora visto. De hecho, es inminente que ocurran cambios en la administración, pero estos sólo tendrán dos orígenes perfectamente delineados: los que se vayan directamente a buscar un cargo de elección popular en la elección concurrente de 2018; y los que sean cesados por sus resultados y por no haber estado a la altura de las circunstancias. En ambos casos, queda claro que las decisiones se toman con parámetros muy concretos y que en ellas nada tienen que ver los criterios tradicionales de los débitos o la pertenencia a grupos.

¿Qué necesita hoy el Gobernador? Necesita, por un lado, a un grupo de políticos consistentes que le permitan tener el control tanto del Congreso del Estado como de los municipios más importantes de la entidad; y por el otro, necesita a gente comprometida con Oaxaca para que represente a la entidad en las cámaras legislativas federales. Además de esas necesidades eminentemente políticas, necesita un equipo de gobierno eficiente y responsable que demuestre su capacidad para enfrentar los retos de 2018, que van desde las complejas circunstancias de la elección presidencial, hasta los temas finos de la reconstrucción que irremediablemente tendrá que avanzar en la región del Istmo de Tehuantepec, además de todos los problemas cotidianos a los que se enfrenta la administración.

PRAGMATISMO

A estas alturas todos deberían haber entendido que el gobierno actual se basa en resultados, y que quien no esté a la altura tendrá como destino la destitución. Es una ecuación simple en apariencia, pero compleja en su cumplimiento. A pesar de ello, se está cumpliendo a la letra. Por eso, como en la teoría de Darwin, aquí sólo lograrán sobrevivir los más aptos para tal efecto.