Oaxaca: ¿Cuándo quedará atrás la pugna electoral?

 

+ Gobierno-oposición: no ven el interés de oaxaqueños

 

Cuando se cumplen los primeros seis meses de gobierno, queda claro que ni la administración estatal, ni sus fuerzas políticas aliadas, y mucho menos los opositores, han podido centrar el debate y poner verdaderamente en el foco de la atención pública, los problemas más sensibles que aquejan a los oaxaqueños. Llevamos seis meses de mentiras, de ataques facciosos, de denuestos, de soluciones engañosamente dilatorias, y de falsas estaturas morales. Pero hasta hoy, vemos que ninguno de los problemas reales, que aquejan al ciudadano de a pie, ha sido resuelto al menos parcialmente.

Queda clara la imposibilidad de centrar el debate, y las soluciones que requiere urgentemente la entidad porque, por un lado, la alianza de partidos que llevó al poder al Gobernador del Estado, está comenzando a mostrar las grietas e inconsistencias naturales que, aunque se decía que no existían, es indudable que siempre estuvieron ahí.

Y por el otro lado, porque la relación y la interacción entre el Ejecutivo, y las fuerzas de oposición que orbitan a su alrededor —desde los partidos políticos, el Poder Legislativo, e incluso las trincheras relativamente ciudadanas— hasta ahora no ha podido dejar atrás ni los enconos que ya traían de tiempo atrás, ni las afrentas naturales que se generaron durante la campaña, e incluso ni los conflictos particulares que existen entre los integrantes de los gobiernos saliente y entrante.

Ante este escenario, cabe la pregunta: ¿Cómo hacer un gobierno equilibrado, que de verdad fomente y consiga la paz y el progreso que prometieron, cuando desde el mismo poder se abrieron todos los frentes de batalla posibles, cuando se ha mostrado más ineficiencia e irascibilidad que experiencia de gobierno, cuando su respaldo son una serie de aliados interesados y codiciosos, y cuando las fuerzas opositoras tienen muchas ganas de pelear, pero nada de nivel para aportar y debatir ante los temas públicos?

Este escenario, nada alentador, es el que hoy prevalece en la entidad. Y es que si la relación del gobierno con las fuerzas de oposición es tensa e improductiva, queda claro que sus propias alianzas internas le están provocando tantos o más problemas que los que ya de por sí tiene con sus adversarios. Veamos si no.

Al interior de cualquier gobierno, es natural que se formen ciertos grupos o facciones políticas para tratar de disputarse, conseguir o preservar los cotos de poder que comienza a delegar el gobernante en turno. A partir de esa lucha de grupos se van definiendo las atribuciones, los alcances en las decisiones, e incluso ciertos perfiles sucesorios. No hay gobierno en el que no se formen por lo menos dos o tres grupos —integrados por funcionarios, líderes partidistas, legisladores, etcétera— con esos objetivos.

¿Pero qué pasa en la administración actual? La “pluralidad” del gabinete lo está haciendo francamente ingobernable, porque no existen definiciones ni rumbos políticos claros. Por eso, lejos de conformarse facciones se están haciendo auténticas islas, que provocan que la administración pública persiga, por todos lados, objetivos distintos y muchas veces hasta contrarios.

Lo mismo pasa en el Poder Legislativo. Ahí, los aliados del Gobernador comienzan a demostrar, sin ningún pudor, su alto grado de interés y codicia, al seguir sosteniendo una alianza, pero siempre reclamando posiciones y prebendas que, al cumplirse, ni facilitan la tarea de gobierno ni encauzan las decisiones, sino que más bien lo siguen complicando más y generan más tensiones de las que ya existen.

¿Cómo hacer un gobierno eficiente en esas condiciones? Aun cuando la pluralidad no fuera signo de anarquía o desorden interno —como lo es—, asimismo todos han demostrado un alto grado de desconocimiento o inexperiencia en las tareas que les fueron encomendadas. El color partidista sería intrascendente si todos hubieran demostrado eficacia. Pero al anteponer el interés político al trabajo administrativo, y aún así hacer mal esto último, queda claro que el resultado es el caos interno que enfrenta hoy el gobierno del cambio.

 

OPOSICIÓN INVISIBLE

En una democracia, existe siempre el riesgo de que gobierno muy popular y ampliamente legitimado por el voto popular, pueda también convertirse en una administración ineficiente y desastrosa; sin embargo, aún con esto, puede llegar a ciertos resultados positivos si enfrente tiene a una serie de fuerzas de oposición que le exijan corregir rumbos, que planteen respuestas para los problemas públicos, y que apremien a enmendar los errores que se han cometido.

Esto puede ocurrir, sin embargo, en cualquier otra democracia que no sea la nuestra. Aquí, además de que hemos visto una oposición poco activa y carente de liderazgo, hemos también constatado que, al igual que el gobierno, continúan instalados en los enconos del pasado. Unos y otros pierden tiempo en discusiones estériles; y a partir de ellas pretenden construir falsas estaturas morales… para sólo continuar descalificándose.

Veamos si no. Hace unas semanas, el diputado federal priista Héctor Pablo Ramírez Leyva mandó a colocar en algunos anuncios espectaculares de la capital oaxaqueña la frase: “Gabino, ¿puedes o no puedes?” La respuesta oficial, inmediata, fue mandar a retirar las lonas con la leyenda, y reaccionar haciendo públicos presuntos actos de corrupción de funcionarios de la administración anterior.

Queda claro el error común: ¿Con qué calidad moral un diputado federal encara a un gobernante, sobre problemas que ellos tampoco pudieron resolver? Queda claro que hoy Oaxaca no es mejor que antes; pero tampoco está peor que en los tiempos del PRI. Y, sin embargo, la respuesta oficial fue igual de baja que el ataque: con sus decisiones, no hicieron más que abonar a una disputa que finalmente es intrascendente para la mayoría, y mucho más si la vemos a la luz de los problemas que enfrenta el Estado.

 

INDOLENCIA

¿Con esos revanchismos mal planteados, quieren promover, desde el oficialismo, la paz y el progreso prometidos? Y aún peor: ¿Esos priistas, que prefieren la trifulca al debate, son quienes pretenden regresar al poder? Y lo más importante: ¿Para qué quieren el poder? Si a Oaxaca todos la ven como una simple arena en la que pueden pelear eternamente, sin resolver nada, entonces de antemano podemos esperar que el interés público, el de a de veras, siga durmiendo el tormentoso e indigno sueño de los justos.

Iglesia vs matrimonios gay, en Oaxaca buscará consensos locales

+ ¿Clero endurece su posición, para “doblar” a GCM?

Hoy, cuando una discusión tan barroca como la de los matrimonios entre personas del mismo sexo parece tan lejana a Oaxaca, la jerarquía católica ha corroborado su apoyo irrestricto a una de las posiciones más conservadoramente radicales de que se tenga memoria. Dijeron respaldar al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, respecto de los señalamientos fuertemente discriminatorios y ofensivos que lanzó en contra de los homosexuales que hoy tienen la posibilidad, en la capital del país, de contraer matrimonio y adoptar menores. Aunque parece un tema irrelevante, esa posición de severidad de la Iglesia Católica no parece ser sino una repetición de la estrategia con la cual, hace casi un año, logró que en Oaxaca se vedara constitucionalmente cualquier posibilidad de legalizar los abortos.

En efecto, a principios de año, cuando la alianza entre partidos de oposición estaba en francas vías de trabarse en Oaxaca, para buscar la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales, algunos medios de información cuestionaron al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega Martínez, que si los partidos de derecha e izquierda tenían posiciones radicalmente opuestas en temas como el de la legalización del aborto, o el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, cómo harían para conjuntar esas visiones de ganar el gobierno y el Congreso de una entidad federativa como Oaxaca.

La respuesta salomónica del Líder nacional perredista, fue que como esos temas no se incluían en la plataforma conjunta de gobierno que habían creado y aprobado tanto ellos, como el Partido Acción Nacional, Convergencia y el Partido del Trabajo, entonces eran asuntos que no se habrían de contemplar, y que tampoco estarían a discusión al seno de una coalición que, de sí, se aparecía como aquel lugar común “del agua y el aceite”.

Con esa seguridad —que en realidad no estaba comprada ni garantizada—, todos los opositores de izquierda y derecha, fueron juntos a encabezar un proyecto político que, hoy que tiene formalmente el poder estatal en las manos, seguramente dentro de algún tiempo se verá orillado, por presiones aviesas, a discutir y, potencialmente, aprobar ese tema que originalmente se dijo que no sería abordado.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque, en primer término, es claro que el nuevo gobierno tendrá que buscar la porción de legitimidad que le hace falta. Aunque su victoria electoral fue clara y difícilmente cuestionable, es evidente que el bloque de ciudadanos que no votaron por esa opción es igualmente numeroso y, en términos sencillos, superior a quienes los prefirieron.

En ese sentido, parece claro que ese es, para la Iglesia Católica, el escenario perfecto para conseguir ciertos fines que, ni legal ni políticamente, han podido frenar los integrantes de la derecha nacional, a través de procesos legislativos o acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué esas son dos razones que se combinan? Porque para cualquier régimen de gobierno, es nada despreciable la posibilidad de conseguir cierta porción de la legitimidad que les hace falta, a través de una institución que, nos guste o no, tiene una influencia determinante sobre la sociedad, como lo es la Iglesia Católica. Ésta, por su parte, siempre ha aprovechado los momentos de debilidad de los regímenes de gobierno, para conseguir sus fines. ¿Cómo? Valiéndose de la crítica agria y sistemática, hasta conseguir un margen de negociación a través del cual conseguir algo, a cambio de disminuir la intensidad de sus señalamientos.

MONEDAS DE CAMBIO

Todo ciudadano interesado en los asuntos públicos, se habrá dado cuenta que a partir de septiembre del año pasado, la jerarquía católica oaxaqueña prácticamente cesó cualquier señalamiento importante en contra del gobierno; también habrá notado que antes de ello, sus posiciones parecían ser de una dureza innecesaria en contra de la administración estatal, que de por sí cargaba con fuertes y recurrentes crisis de legitimidad por los incontables señalamientos que los involucraban y responsabilizaban.

Y, aunque no se aceptó —porque era obvio que fue un pacto de naturaleza inconfesable—, fue evidente que el interés mostrado por los diputados locales priistas y panistas por lograr la aprobación de la reforma al artículo 12 de la Constitución Estatal —que “consolidaba” el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y por tanto cerraba la puerta a cualquier posibilidad de legislar, bajo el esquema constitucional actual, cualquier reforma que autorizara la práctica de abortos por voluntad—, fue directamente proporcional al cese de las críticas y señalamientos que la jerarquía católica lanzaba en contra del gobierno de Oaxaca.

¿No podría ocurrir lo mismo en este caso? Si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo encuentra sus márgenes de legitimidad por otras vías, y si logra conservar la inmunidad frente a la acidez de la Iglesia, entonces nada de esto ocurrirá. Pero si los señalamientos comienzan a hacer mella, y éstos ceden en los intentos derecho-panistas de emprender reformas para cerrar cualquier posibilidad de aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, entonces pronto veremos a los diputados locales por lo menos discutiendo tal reforma.

El mismo conservadurismo y tradicionalismo de nuestra sociedad, hace lejana la “bienvenida” a una discusión de esa naturaleza. Sin embargo, aquí ni siquiera se había discutido el tema de la legalización del aborto, y de todos modos hubo reformas para cancelarlo.

¿Cómo lograr dicho objetivo? Fácil: estableciendo en el mismo, y controversial, artículo 12, octavo párrafo de la Constitución del Estado, que la familia está integrada en base al  matrimonio celebrado entre un solo hombre y una sola mujer. De hacer eso, lograrían sus fines morales, atávicos y falsamente divinos, al menos en el ámbito estatal. Y doblarían al Congreso. Aún cuando los diputados tanto del PAN, como del PRD y las fuerzas de izquierda, aseguraran que temas como ese no serían discutidos en las dos siguientes Legislaturas locales.

¿TRICOLORES LAICOS?

Disimuladamente los priistas guardan silencio a todas estas discusiones. No son temas suyos, dicen. ¿Qué nadie se acuerda que, al menos en Oaxaca, ellos, los laicos defensores de la Revolución, fueron los que le hicieron la chamba a la Iglesia con el tema del aborto?

Congreso del Estado: la batalla puede ser autodestructiva

+ Afianzar banderas y liderazgos: reto de PRI como oposición

Como si fuera un proceso irreversible, los partidos de oposición al Revolucionario Institucional han manifestado la voluntad de llevar ante los tribunales de justicia de la nación, la reciente reforma al marco jurídico del Congreso del Estado, en la que se sustituye la figura de la Gran Comisión, por la de la Junta de Coordinación Política, como órgano rector y regulador de las actividades y representación legislativa ante los otros poderes. Más allá de pensar en juicios y controversias, lo que los diputados electos —particularmente los de las fuerzas distintas al PRI— deben afinar, son sus planteamientos y estrategias para dotar al órgano legislativo de una normatividad y organización legitimados y funcionales.

Se ha dicho reiteradamente, que la creación de una Junta de Coordinación Política, en la composición que tendrá el Congreso del Estado en su próxima Legislatura, es “un traje a la medida” de los intereses del Revolucionario Institucional. Esto es así, no por la naturaleza o funcionamiento de dicha figura —que también tiene cuestionamientos importantes—, sino más bien por las formas utilizadas y el momento en que ocurrió dicha reforma.

En efecto, el Congreso del Estado en Oaxaca era uno de los últimos en el país en que prevalecía la figura de la Gran Comisión. Este ente, que es hasta ahora en quien recae la representación del Poder Legislativo, es no sólo una figura funcionalmente anticuada, sino que además es el sinónimo de una concentración total de las atribuciones y potestades principales del Poder Legislativo, y de la verticalidad en la toma de decisiones, y en el desequilibrio de fuerzas entre las fracciones parlamentarias.

Así, la subsistencia de la Gran Comisión, era hasta hace pocos días útil para el priismo en Oaxaca, en la medida que éste concentra la mayoría absoluta de legisladores, y también por la forma en que opera, entre los legisladores tricolores, esa noción de disciplina hacia los designios del Jefe Político, que más bien se equipara a una total sumisión en la toma de decisiones.

Eso les era funcional, hasta ahora, a los tricolores. Ante el cambio del panorama, en el que perdieron la mayoría absoluta, y por tanto el control total del Poder Legislativo (que hacía ser al Congreso, un ente independiente sólo en lo formal, pero materialmente domado por el Gobernador del Estado), se decidió emprender una reforma para continuar ejerciendo su poder. Esto ocurrió a través de la Junta de Coordinación Política.

Al menos en el funcionamiento de esa figura en el Poder Legislativo Federal, la Ley Orgánica del Congreso General establece, en su artículo 31, que “Será Presidente de la Junta por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara (…) En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y para cada año legislativo, por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política.”

Es clara la forma en que el priismo pretende mantener el control del Poder Legislativo, independientemente de no tener la mayoría: su fracción parlamentaria es la más numerosa, y por tanto habría de ser la convocante y primera en presidir dicha Junta. Así, la reforma no tiene como base un intento de democratización o de fomento a los nuevos equilibrios en la dirección del Congreso, sino más bien parece ser vista como una tabla de salvación con la que, al menos ahora, los tricolores pretenden seguir ejerciendo control sobre un Poder que hasta ahora ha sido legitimador y casi decorativo.

REFLEXIONAR LA JCP

Lo primero en que tendrían que reparar todos los próximos diputados, en conjunto, es qué papel tendrá el Congreso del Estado frente al nuevo gobierno. Los partidos que llevaron a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura, anunciaron que conformarán un bloque legislativo para la toma de decisiones. El PRI, por su parte, no ha tenido la capacidad para articular un solo planteamiento serio respecto al papel que tendrán en el Legislativo. Luchan por el poder como si fuera para entregárselo a un gobernador priista; y no queda claro qué harán con ese poder siendo ellos un bloque parlamentario de oposición.

Esta cuestión, en particular, podría llevar a la próxima Legislatura a convertirse en un caos. Más que litigar la reforma ya realizada, los nuevos diputados del bloque PAN-PRD-PT-PC deben establecer un marco de necesidades prioritarias para cuando inicien sus funciones. Uno de esos planteamientos básicos, tendrá que ser el del nuevo marco jurídico que pretendan establecer no sólo para ellos, sino para el funcionamiento equilibrado del Poder Legislativo en el futuro. Es decir, con una auténtica visión democrática de largo plazo. Por practicidad, y por solidez política, ellos tendrán, necesariamente, que volver a legislar algunos aspectos —como el de la Junta de Coordinación Política— para darle legitimidad real al funcionamiento del Congreso del Estado.

Si no lo hacen así, ellos mismos pagarán las consecuencias. No es lejana la posibilidad de que el PRI, con su mayoría relativa, se asuma como un opositor irracional a cualquier decisión o propuesta del Gobernador del Estado. Si ello ocurre, y si las fuerzas de oposición no entienden bien la posición de unidad que habrían de mantener para hacer frente a una oposición irracional, lo que tendremos a la vista será un Poder Legislativo convertido en un ente ruidoso y agresivo, pero poco funcional y eficaz en la toma de decisiones, en el consenso, y en su productividad.

PENSAR EL FUTURO

Suponer que el de la Junta de Coordinación Política es un modelo infalible, es un error. La escasa productividad del Poder Legislativo Federal, en parte tiene su origen tanto en la inmadurez de los partidos políticos al momento de fungir como bloques de oposición, como en lo poco manejable que resulta ser, bajo las reglas actuales, la pluralidad de fuerzas. Los partidos políticos en Oaxaca deben hacer planteamientos más serios al respecto. El problema es que todos siguen esperando al momento de asumir sus funciones legislativas, para iniciar con una discusión razonada que, hoy, debería tener avances importantes.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

Poder Legislativo: posibilidad de cambio… y de inmovilismo

+ Congreso dividido: una oportunidad que puede ser riesgosa

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso habría ganado no sólo la gubernatura del Estado, sino también 15 de las 25 diputaciones locales, y un número importante de Presidencias Municipales. Ante ese resultado, es previsible que en la conformación de la próxima Legislatura no habrá una mayoría definida. Esa circunstancia abre la posibilidad de que se forme un bloque de consenso que impulse reformas y un trabajo legislativo intenso. Pero también podría dar pie a una falta total de acuerdo, que termine en la confrontación entre fracciones parlamentarias, y el inmovilismo en las funciones del Congreso del Estado.

En principio, queda claro que nuevamente la intención del voto estuvo lejos de ser diferenciada. La ventaja obtenida por el candidato a Gobernador Gabino Cué Monteagudo, arrastró también a quienes aparecían como aspirantes a diputaciones locales y alcaldías. En no pocos casos, dichos personajes habían realizado un trabajo proselitista discreto y, en otros como el de Huatulco, la postulación de la Coalición opositora a la Primera Concejalía entró en la ruta de la disputa ante los tribunales, y se definió sólo dos días antes de los comicios. En ambos casos, la intención del voto favorable al candidato a Gobernador, impulsó a los demás abanderados que habrían obtenido victorias no por trabajo sino por inercia.

Así, en global la victoria es para la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso. Pero, en el caso de todos los elegidos —diputados y ediles—, cada uno de ellos tiene una militancia establecida, que pronto saldrá a relucir en la función que le toque realizar. Es decir, que esta unión de partidos se aprecia como simplemente electoral, pero no para la consolidación de proyectos de trabajo o alianzas a futuro. Al asumir sus responsabilidades, los panistas se declararán como tales y ya no como parte de la Coalición, igual que los perredistas, petistas o convergentes. Y, seguramente, cada uno formará sus propios bloques.

Esta es la previsión en la conformación del Congreso del Estado. A reserva de cuál sea el resultado final de la votación en los 25 distritos electorales, y cómo se repartan las 17 curules restantes bajo el principio de la representación proporcional entre todas las fuerzas políticas participantes, lo que desde hoy puede preverse es que ninguna de las fuerzas políticas, por sí sola, tendrá una mayoría absoluta de legisladores, y por ende de votos. Esto, como se asegura en líneas anteriores, abre posibilidades inéditas al trabajo legislativo del Congreso del Estado.

En primer término, estas posibilidades se abren, porque ahora como nunca será necesario demostrar la capacidad de negociación e interlocución política que construyan todas las fuerzas políticas ahí representadas, para poder conseguir consensos. Del mismo modo, una vez que asuma la gubernatura del Estado, Gabino Cué Monteagudo tendrá ante sí el reto de construir una relación civilizada, indistintamente con todas las fuerzas políticas. Puede preverse que casi siempre necesitará el apoyo de más de dos representaciones parlamentarias para poder materializar sus proyectos, o lograr la aprobación de leyes o decretos sobre los cuales tenga interés particular o sean apremiantes para el Estado.

Es decir, que será únicamente a partir de ahora —ante el fin de las “aplanadoras legislativas” y los llamados “carros completos” característicos del priismo, que aprueban o desechan decisiones por verticalismos, pero no por convicción—, que se inaugurarán episodios reales de interlocución, debate y también oposición. Si se construye una verdadera labor política en el Congreso, el solo hecho de que nadie tenga la mayoría hará que cada decisión sea más discutida, analizada y legitimada.

MALOS AUGURIOS

En el ámbito federal, la Cámara de Diputados carece de una mayoría simple de legisladores de una fuerza política desde 1997; en el Senado de la República, ésta mayoría no existe desde 2006. El común denominador en el trabajo legislativo de ambas cámaras, en ese marco, ha sido el de la falta de acuerdos, la confrontación casi siempre poco razonada entre fracciones parlamentarias, y el triunfo del inmovilismo por encima de cualquier buen resultado en el trabajo legislativo.

Este es el riesgo que se corre en Oaxaca, si la pluralidad de fuerzas no es razonada, y si se prefiere la confrontación al consenso. El Congreso del Estado podría convertirse en una suerte de Babel, en la que todos gritan y todos denuncian, pero en la que nadie logra entenderse para nada. Para que esto pase, o se conjure, será entonces indispensable que cada una de las fuerzas políticas determine con exactitud y prudencia en quiénes habrán de recaer sus respectivos liderazgos y coordinaciones de fracción, y que éstos personajes designados puedan estar a la altura de las decisiones, del papel y del momento histórico en el que les tocará participar en la política oaxaqueña.

Particularmente, habrá que considerar el papel que desempeñe la fracción parlamentaria del PRI, que ahora será minoritaria, pero que no por ello dejará de ser importante para la función del Congreso del Estado. A nivel federal, el PRI ha demostrado cierto grado de institucionalidad, aunque también ha sido una de las grandes protagonistas y responsables del inmovilismo que afecta a las cámaras legislativas. Si las posturas de oposición recalcitrante que han demostrado a nivel federal se reproducen en Oaxaca, junto con las intrigas de las que también son expertos en sembrar entre sus adversarios, no habrá entonces una expectativa muy alta de ellos.

Pero tampoco hay que perder de vista el trabajo que hagan las fuerzas que ahora son de oposición, pero que a partir de septiembre serán mayoritarias. El solo reparto del poder podría hacerlas entrar en la ruta de la confrontación. Y si privilegian las ambiciones sobre la oportunidad que tienen ante sí, entonces ya podremos ir previendo la falta de resultados, que los afectará a ellos, pero que impactará de peor forma sobre Oaxaca.

RECUENTO DE DAÑOS

Pronto comenzará el análisis interno de lo que les hizo falta a los priistas para ganar esta, que era la más importante de todas sus batallas. Más allá de las mañas o todo lo que le achaquen a la oposición como herramientas de triunfo, ellos deben revisar sus propias prácticas y procesos. La soberbia los derrotó. Pronto abundaremos.

Twitter: @aortizromero

Transición a la democracia: 10 años después, sigue pendiente

+ Fox y Calderón, incapaces de comprender el reto democrático

Hace exactamente diez años, el 2 de julio del año 2000, el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, ganó aventajadamente los comicios federales, para convertirse en el primer Presidente de la República emanado de un partido distinto al Revolucionario Institucional, desde 1929. Su victoria fue asumida como un sinónimo de cambio en el ejercicio del poder público, pero también como un parte aguas para una posible transición a la democracia.

A pesar de que la mayoría de las condiciones políticas en aquel momento estaban dadas, una serie de traspiés, que se replicaron en el siguiente sexenio, tienen hoy al país sumido en una importante crisis política en la que la discusión de fondo, y pendiente, sigue siendo precisamente la de los cambios democráticos que faltan.

Vicente Fox llegó a la Presidencia en un contexto inmejorable. Contrario a todos los cambios sustanciales de régimen habidos en México a lo largo de su historia, éste fue uno de esos casos no comunes en la que la transmisión del poder entre bloques se dio en un contexto de paz, de legalidad y de institucionalidad. Ni siquiera los sectores más recalcitrantes del Revolucionario Institucional, fueron capaces de esgrimir razones para pensar que los comicios habían sido fraudulentos, o que no se había respetado la voluntad popular. Si no abrumadoramente, Fox sí ganó los comicios del año 2000 en un marco de holgura, que hizo constatar su legitimidad incluso frente a los adversarios.

Por si fuera poco, en la Cámara de Diputados el Partido Acción Nacional también tuvo una bancada importante que, sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta. El Senado de la República fue la única de las cámaras federales en las que el priismo mantuvo su hegemonía. Y el otrora poder presidencial —en el que no se distinguían diferencias entre las facultades constitucionales del Titular del Ejecutivo y las del Jefe Político del PRI— se decantó respecto a los gobernadores de las entidades federativas, en las que el tricolor seguía teniendo mayoría.

Aún frente a esa composición de las fuerzas políticas en los principales núcleos del poder público, parecía que a partir del año 2000 estarían puestas todas las condiciones para comenzar un proceso de transición a la democracia. Si el primer paso era el de la alternancia de partidos en el poder federal, el segundo tendría que ser el de la desincorporación del mando y la decisión avasalladora que tenía el Presidente sobre todos los demás actores y grupos políticos del país, para dar paso a formas más democráticas, equilibradas y transparentes en el ejercicio del poder. Eso era lo que se esperaba de Vicente Fox como Primer Mandatario.

Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que la alternancia se quedó en eso. Fox como Presidente, fue incapaz de ver y asumir que el poder tenía que cambiar. Actuó como un gobernante más, pero no como un estadista. A pesar de no tener la mayoría legislativa, pudo haber encauzado reformas importantes —en lo político, económico, y demás— si en lugar de valerse de las posiciones políticamente correctas, hubiera emprendido verdaderas acciones de consenso con las demás fuerzas políticas. Lejos de hacer eso, emprendió una persecución a ciertos actores priistas que terminó en nada, entabló un diálogo lejano, provocador y estridente con el Congreso, y desaprovechó gravemente el bono de legitimidad y credibilidad que, por lo menos en los dos primeros años de su gobierno, le entregó casi incondicionalmente el pueblo mexicano.

El final de ese gobierno lo sabemos todos: la pluralidad política se convirtió en un sinónimo de falta de entendimiento y confrontación no sólo entre el PRI y el PAN, sino entre todas las fuerzas políticas del país. El primer gobierno federal emanado del PAN se negó a reformar el poder para democratizarlo y, lejos de eso, se convirtió en una mala copia del priismo, al disponerse a gobernar con la misma estructura, con los mismos poderes avasalladores y las mismas prácticas antidemocráticas que sus antecesores, para finalmente entregarlo a otro integrante de su partido que tampoco ha podido lograr prácticamente nada de la tan anhelada transición democrática.

PLURALIDAD, ¿DAÑINA?

Hay quienes aseguran que buena parte de la inmovilidad institucional que existe desde hace una década en el país, tiene que ver con el planteamiento constitucional actual de la pluralidad política. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo más cerca que ha estado de recuperarla, es en la actual Legislatura federal, en la que tiene 237 diputados. El problema es que en todo ese periodo, ninguna fuerza política ha conseguido esa ansiada mayoría absoluta en las cámaras federales.

¿Por qué es un problema? Porque en 1997 el gobierno federal era priista, y las fuerzas de oposición tomaron el control de la Cámara de Diputados, oponiéndose por primera vez a algunas decisiones trascendentales del Presidente de la República, que en otro momento se habrían convertido en ley gracias a su mayoría de legisladores. En 2000, el gobierno federal pasó a manos del PAN, pero éste no tuvo la posibilidad ni de interactuar estratégicamente con el Congreso, y tampoco de conseguir la mayoría de diputados y senadores, como para poder consolidar más rápidamente el proyecto democrático —si es que existía— del foxismo.

Esa pluralidad ha sido constante desde entonces, como también lo ha sido la falta de acuerdos. Esto ha sido, en buena medida, gracias no sólo a las torpezas del Presidente en turno, sino también a la visión que tanto critica ahora el PRI al gobierno federal, pero de la que también se ha valido. Los tricolores, como en otro momento los perredistas, han antepuesto el interés de sus grupos al nacional. Por eso, más allá de las discusiones de corto plazo, hoy podemos ver que México no ha resuelto (del modo que sea) la gran mayoría de sus reformas estructurales, y mucho menos lo relativo a la transición democrática.

CASO OAXACA

Hoy que los oaxaqueños estamos en el umbral del proceso electoral para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, debemos reflexionar sobre las promesas de cambio y las posibilidades reales de que esto ocurra. Gane quien gane, si no existe voluntad para transformar y democratizar el poder, esto no ocurrirá. Es lamentable lo que ocurre con el país; lo sería más que se replicara, de nuevo, en Oaxaca.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

Discurso sobre el fraude: desconfianza los afecta a todos

+ Con “alertas”, coalición opositora sería su propia víctima

Faltando apenas unos diez días para la celebración de los comicios en Oaxaca, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso cambió radicalmente su discurso y lo hizo virar a la denuncia del potencial fraude electoral. Apuntalaron sus aseveraciones, con la acusación sobre el uso de recursos públicos para la campaña priista, con señalamientos sobre la ilegitimidad del órgano electoral, e incluso respecto a las fallas que ha presentado el programa de resultados electorales preliminares. Al final, esta generación de desconfianza habrá de afectar globalmente al proceso comicial, incluyéndolos a ellos.

Es evidente el lugar común que —tratando de hacerse pasar por válido desde el oficialismo—, apunta a que el discurso sobre el potencial fraude electoral, y la necesaria defensa que hagan las fuerzas opositoras de un triunfo robado, son parte de un sentimiento derrotista que ya existe en el equipo del candidato Gabino Cué Monteagudo.

En realidad, más que anticipar una derrota, lo que parece claro es que los opositores están jugando con fuego. Porque más que declarar lo que sólo las urnas demostrarán (un triunfo o una derrota), lo que están haciendo es desgastar el andamiaje electoral que dará certeza sobre el resultado de los comicios. Veamos por qué.

Las fuerzas de oposición en Oaxaca han denunciado sistemáticamente el uso de recursos públicos a favor de la campaña priista, que habrían sido desviados. El problema es que si ellos han acumulado pruebas físicas, y no sólo sospechas, para apuntalar sus dichos, en la casa de enfrente han hecho exactamente lo mismo. Esta, a pesar de las reiteraciones sobre el “blindaje” en el uso de los recursos del Estado, en general ha sido una de las campañas más suntuosas y costosas de que se tenga memoria. En ambos bandos han echado mano de dineros indebidos, y en ambos se tienen documentadas esas acciones ilegales.

¿Cuál es el problema? Que, finalmente, una cosa será lo que se litigue ante los tribunales competentes, y otra lo que se demuestre ante los ojos del público. Al desacreditar sistemáticamente la legalidad del proceso, los aliancistas opositores se están desacreditando ellos mismos. Si, como dicen, triunfan en las urnas pero les roban la victoria, ellos serán incapaces de demostrar que no incurrieron en las prácticas ilegales que denunciarían.

No obstante, se aparece como más grave lo relativo al órgano electoral, a la desacreditación al programa de resultados preliminares y, sobre todo, a la utilización de lo que ellos denominan como “un programa alterno” de conteo de votos. Hasta el momento, los representantes de los partidos opositores ante el IEE, se han valido de otro lugar común (el de “la caída del sistema”) para generar percepciones distintas a las reales. Pues existe una línea delgada entre la preocupación genuina por las fallas que ha mostrado dicho programa, y la oportunidad que están encontrando en ello para tratar de alimentar la desconfianza sobre los resultados.

RESULTADOS CUESTIONADOS

Es cierto que el PREP resulta ser una herramienta importante para generar certidumbre en los resultados parciales de una jornada electoral. Pero lo que la Coalición opositora pretende revelar, es que nuestro sistema electoral es tan primario y poco confiable como lo era en 1988, cuando ocurrió la primer “caída del sistema” en México, que reacomodó las cifras, a favor del priismo, de aquella elección presidencial.

Hoy el PREP es un indicador que, sin embargo, está lejos de ser determinante. Las normas electorales, y las propias estructuras internas de las fuerzas políticas, poseen diversas herramientas que, independientemente del programa de resultados preliminares, generan indicadores mucho más precisos de la evolución en el conteo de votos.

Si el PREP hiciera la diferencia entre ganar y perder una elección, entonces estarían de más los observadores, los funcionarios ciudadanos de casilla, los representantes acreditados de los partidos políticos, los llamados conteos rápidos o “exit pool”, la concentración interna de actas que se hace desde el momento mismo del cierre de las casillas y, en general, todo el sistema electoral que ha evolucionado en las últimas dos décadas.

Finalmente, ante la derrota, es previsible que cualquiera de las fuerzas políticas (la coalición PRI-PVEM, o la Alianza Opositora) impugne los resultados ante los tribunales electorales locales o federales. Al llegar ahí el resultado de los comicios, éste se validará o echará por tierra en base a todos los elementos objetivos que se aporten; en esa controversia jurisdiccional, lo que menos contarán son elementos como el del PREP, que tanto se impugna en este momento.

¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que si la desconfianza asciende y se incrusta en el ánimo de la población, cualquier resultado que dé ventajas mínimas a alguno de los participantes en este proceso, podrá ser impugnado lo mismo ante los tribunales, que ante la opinión de los ciudadanos.

Así, esta posibilidad sólo dejaría de ser riesgosa, si desde este momento la Coalición opositora tiene la certeza de que va a ganar, o que va a perder, por un margen importante de votos. Si no tiene dicha certidumbre, y continúa alimentando el clima de desconfianza, incluso ante un triunfo de la causa opositora, ellos mismos serían cuestionados con facilidad por sus oponentes, utilizando exactamente los mismos argumentos de los que ahora ellos se valen para desacreditar al órgano y a buena parte de los elementos que integran este proceso electoral.

Si se alimenta la incertidumbre, sólo se genera desconfianza. Y ésta arrasa con todo sin tener consideraciones. Si ante el final de las campañas electorales llegó el momento de ver las cosas en su justa dimensión, entonces tendrán que concluirse las andanadas de descalificación. Más que afectar a sus oponentes, podrían estarse preparando, involuntariamente, para el suicidio.

ALARMA SÍSMICA

Ante el movimiento sísmico registrado la madrugada de ayer en tierras oaxaqueñas, ¡lo verdaderamente sorprendente habría sido que sí funcionaran las alarmas sísmicas! Ante cada episodio como éste, los funcionarios encargados del Instituto Estatal de Protección Civil se dicen “extrañados” y “enojados” por la importante inversión hecha para un sistema que nunca ha funcionado cuando y como debería. Eso ha pasado siempre. Y aún con el coraje, nadie ha hecho algo para remediarlo.

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