Guerra sucia: cáncer de procesos electorales

El pasado lunes, fuentes desconocidas hicieron llegar al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador Ulises Ruiz con algunos personajes de su grupo político. Estas revelaciones, se sumaron a otras que previamente se habían realizado, con el mismo modus operandi, respecto al gobernador de Veracruz, y otros mandatarios de entidades federativas en las que se desarrollan procesos electorales.

Ante esta nueva fase de filtraciones y golpeteos derivados de las guerras entre grupos de poder, bien vale la pena preguntarnos: ¿A quién beneficia la guerra sucia en los procesos electorales? Porque lejos de ser una herramienta “dura” para revertir tendencias, esto más bien parece un cáncer que arrasa con todo lo que se cruce en el camino.

En un primer momento, estas filtraciones llevaron inmediatamente a la reedición de varias discusiones antiguas que, sin embargo, no dejan de ser actuales por el choque entre los idealismos y la realidad prevaleciente entre quienes ejercen el poder: la primera de ellas, tiene que ver con las actitudes, lenguajes y posibles cuestiones en las que se encuentran involucrados todos aquellos que aparecen en las filtraciones.

Pero junto a eso, existen otros puntos de debate no menos importantes: ¿Quién tiene la capacidad de transgredir de modo tan flagrante las leyes vigentes, y ejecutar una de las acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes ordinarias? ¿Esto se realiza desde el Estado? E incluso: ¿Debemos dar validez plena a contenidos que se revelan para cumplir con un fin eminentemente político-electoral, y desestimar el origen ilegal de las mismas? Son aspectos que no sólo tienen que ver con la contienda política actual, sino con las formas mismas en las que se está delineando nuestra democracia actual.

Además, aún cuando eso podría parecer lo determinante, existe más. Esto es, qué pasará con la relación institucional entre las fuerzas que hoy están chocando frontalmente, luego de que ocurran los comicios, alguien gane y alguien pierda, y todos juntos tengan que regresar a la nada sencilla labor de ejercer las diferentes funciones y modalidades del trabajo público. El asunto no es menor. El futuro inmediato del país no depende solamente de lo que ocurra el 4 de julio en las urnas, sino del modo en que puedan entenderse los diversos ámbitos de gobierno, y de cómo en esa medida puedan o no ponerse de acuerdo para generar dinamismo o, en sentido contrario, el inmovilismo que tanto daña a la nación.

En la medida que respondamos a esos cuestionamientos, podremos ver cómo no es una apreciación errada, la relativa a que la guerra sucia electoral ni beneficia ni construye, sino que más bien es un cáncer que rompe y enturbia todo lo que encuentra a su paso. Como bien lo dice el refranero: cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Así funciona la guerra sucia con fines electorales.

FIN POLÍTICO

El argumento principal de las fuerzas políticas con el que presentaron las grabaciones, era el relativo a que su validez es incuestionable por el contenido de las mismas. Aseguraban que en esas intercepciones telefónicas, se escuchaba al gobernador Ulises Ruiz inmiscuyéndose en asuntos electorales, sosteniendo conversaciones en las que disponía de recursos oficiales –como la televisión del Estado- para beneficiar al candidato de su partido, o revelando ciertas cooptaciones relativas al órgano electoral.

Lo cierto, en todo esto, es que si nos guiáramos sólo por los argumentos opositores, en efecto, los priistas involucrados no tendrían ninguna excusa para escabullirse de las responsabilidades que se les endilgan. No obstante, si nos atenemos a un principio estrictamente legal, es evidente que más allá de lo inmoral o antiético que pudiera desprenderse de las conversaciones, ninguno de los involucrados estaba cometiendo lo que expresamente puede considerarse como un delito.

Sin embargo, es evidente que lo que se buscó es el impacto político. Para fines estrictamente jurídicos, toda prueba obtenida por métodos que transgreden la ley, carecen de toda fuerza probatoria. Es decir, que aún cuando los involucrados estuviesen cometiendo delitos, éstos no podrían acreditarse a través de las grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas porque éstas se encuentran expresamente prohibidas, para los servidores públicos y para los particulares, por la Constitución federal y las leyes ordinarias del país.

Ese es, seguramente, uno de los puntos álgidos de toda esta discusión. Las grabaciones obtenidas por vías ilegales, están, por ese solo hecho, completamente desacreditadas como un medio de prueba ya ante los tribunales jurisdiccionales, ya frente al juicio implacable de la opinión pública. Pero esto último, es algo que los opositores no revelan de su sedicente moral y calidad ética, y prefieren centrar todos sus argumentos en el contenido de las grabaciones.

CHOQUE DE FUERZAS

La difusión de grabaciones provocó otro irremediable choque entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. A los azules se les acusa de recibir apoyos y de utilizar el aparato gubernamental federal no sólo para promocionar el voto a su favor, sino también para realizar todo tipo de tareas, incluidas las ilícitas. Todo parte de que el panismo hoy tiene el control del gobierno de la República.

Pero los panistas acusan a sus pares tricolores de lo mismo, sólo que en las entidades federativas. Para ellos, los mandatarios estatales no son más que virreyes que ejercen poder a plenitud, sin contrapesos y con pocas capacidades de ser fiscalizados o frenados en la disposición de los recursos públicos a su alcance.

Lo cierto es que en ambos frentes se cometen excesos. El gobierno federal se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de interceptar las conversaciones de los mandatarios tricolores, de realizar las grabaciones, y de utilizar los canales y recursos oficiales para hacerlas públicas.

Pero desde el gobierno federal se acusa de algo parecido a los tricolores. En el caso particular que nos ocupa, ellos manifestaron que las filtraciones pudieran tener un origen y finalidad distinta a la que hoy se sospecha. Desde el panismo, acusaron al gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de ser el orquestador de esta campaña sucia.

En este contexto, casi al finalizar la semana el gobernador Ulises Ruiz acusó directamente al presidente Felipe Calderón de ser el responsable de estas acciones. Ayer viernes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprochó al mandatario por sus acusaciones y deslindó al gobierno de la República de la responsabilidad por esas acciones. Lo cierto es que, al final, nadie cree fehacientemente los dichos y los deslindes de cada uno de esos y todos los personajes involucrados, y esta guerra sucia los está afectando gravemente a todos por igual.

¿’BAJAR LA CORTINA’ DEL PAÍS?

Quizá unos y otros no reparan en que el panismo detenta el poder federal, pero que el priismo tiene también en sus manos nada menos que el control del Congreso de la Unión. A nivel presupuestal, son los tricolores, y no el presidente ni sus aliados, quien tiene la última palabra en la Cámara de Diputados. Esta afrenta, irremediablemente, habrá de enturbiar y enrarecer la relación entre ambos bloques. Y el país, les guste o no, es mucho más que las guerras electorales, que los partidos políticos, que los procesos comiciales, e incluso que las personas y los intereses que están hoy puestos en juego.

El gobierno federal, y los priistas, olvidan que el país no se detiene, y que México enfrenta grandísimos retos que no pueden esperar a que los partidos y los grupos de poder se pongan de acuerdo. Existen reformas legales importantísimas, que hoy mismo se dan como canceladas no porque sean inviables, sino porque son los instrumentos de venganza entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Así, si los azules golpean a los tricolores, éstos amagan con “no dejar pasar sus leyes”. Como si la regulación y el marco legal fuera propiedad, victoria o rango de aplicación para un solo partido o grupo de poder.

Queda claro, entonces, que el país no se detiene. Pero tal parece que todos están ya “bajando la cortina” de los procesos políticos, de la interlocución legislativa, de la administración pública consensada, y de la concordia entre grupos de poder. Esta guerra sucia electoral pareciera que está cancelando el futuro y la construcción de acuerdos en nuestro país. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo que podremos esperar de aquí al 2012, es más inmovilismo, más trabas y menos acuerdos.

Finalmente nadie más pierde que el país y los mexicanos. Las afrentas políticas, la falta de acuerdos, los incorrectos ejercicios de la “pluralidad política”, y las vendettas entre grupos, llevan poco más de una década de ejercicios duros de política que no han redundado en ningún beneficio para el país. Puede ser que el país tenga un poco más de democracia; pero de nada nos sirve que esta democracia no nos sirva para ponernos de acuerdo, para eliminar las prácticas ilegales en los procesos electorales, o para ponernos a trabajar, todos juntos, alrededor de un solo proyecto de nación.

La revelación de grabaciones conseguidas ilegalmente, sólo confirma una guerra sucia, que finalmente destruirá todo lo que toque, incluyendo a sus orquestadores. Nadie ganará más de lo que todos juntos perdamos.

2006-2010: distorsión tricolor de los conflictos sociales

+ Conspiración vs PRI: ahora ven fantasmas por todos lados

Junto con el periodo formal de campañas electorales, inició también un importante intento por enredar los antecedentes y las causas de hechos ocurridos en el pasado reciente. Temas como el conflicto magisterial y popular, la presencia de la guerrilla en la entidad, las reyertas entre partidos y grupos políticos, y las luchas electorales, son temas que hoy pretenden ser cocinados y mezclados en una sola olla. El objetivo, según parece, es el de establecer la existencia de una competencia electoral sin matices, en la que sólo se enfrentan buenos contra malos.

Hoy, son evidentes las estrategias políticas y mediáticas de las dos principales fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado. Por un lado, los partidos de oposición encontraron un motivo perfecto en el hecho de San Juan Copala, ocurrido hace unos días. En su lógica favorable, aquel hecho de violencia revela no sólo la deficiente labor oficial para garantizar la seguridad y la paz entre los pueblos, sino también un talante autoritario que hoy nuevamente se revela, pero que se mostró tal cual en las acciones de represión y persecución a grupos disidentes, antes, durante y después del conflicto magisterial de 2006.

En el otro extremo, el priismo pretende defenderse asimismo a través de la manipulación del pasado. En la lectura de la realidad que pretenden hacer pasar como válida, sostienen que las fuerzas opositoras que hoy le disputan la gubernatura, fueron las mismas que fabricaron el conflicto magisterial de hace cuatro años, que perversamente provocaron la represión y la violencia, que buscaron derrocar a un gobierno priista a través de la presión magisterial y la presencia de la guerrilla del EPR, y que ahora están tratando de revivir esos capítulos con hechos —también provocados— como el de Copala, para capitalizarlos electoralmente, a través de la confirmación de que aquí existe un gobierno que propicia, que tolera, o que cuando menos es incapaz de frenar la violencia.

Tal parece que ninguna de las dos visiones se ajusta por completo a la realidad. Hechos como el de San Juan Copala, bajo ninguna circunstancia pueden o deben desligarse tanto de la discusión sobre responsabilidad indirecta del gobierno estatal, como tampoco del proceso electoral que aquí ocurre.

Sin embargo, es evidente que la violencia ha azotado a la región triqui desde hace décadas; que el gobierno local ha sido incapaz de detenerla, porque en ella confluyen innumerables factores hasta ahora desatendidos; y que, al contrario, ha alimentado el encono con la tolerancia y la descontrolada provisión económica a los grupos de lucha social que ahí existen.

Así, para explicar hechos como el de la emboscada y los muertos habidos recientemente en San Juan Copala, el análisis debería ir mucho más allá de la explicación simplista de que éste fue un acto de provocación por parte de la oposición; o que, por el contrario, esta fue una demostración de la violencia que ejerce y tolera una autoridad estatal que gobierna a través del terror.

Hoy, no es ni remotamente cercana la posibilidad de que las fuerzas políticas en pugna, abonen a un debate serio sobre la ingobernabilidad, sobre la represión, sobre la violencia o sobre las provocaciones. Para cada uno de ellos, los hechos se convierten en herramientas que, a través de la manipulación, las utilizan para tratar de obtener beneficios políticos o electorales. Aunque al final, en el caso particular, aún después de los comicios, nadie sepa quién, cómo o por qué ocurrió la emboscada, y tampoco se hayan esclarecido los hechos.

PASADO, REVUELTO

Sin embargo, nada de esta revoltura manipulada de hechos y causas de lo ocurrido en el pasado reciente, debería sorprendernos. Desde el sector oficial, por ejemplo, se pretende hacer ver que el conflicto magisterial fue consecuencia de una conspiración perversa orquestada desde el poder federal, con la colaboración de la cúpula de poder del entonces candidato presidencial del PRD-PT-PC, Andrés Manuel López Obrador, y con la anuencia de grupos subversivos que vinieron a generar las estrategias más violentas sobre la autodefensa urbana.

Todos esos grupos o personajes pudieron haber sido responsables de la revuelta magisterial. Pero está fuera de toda lógica —y hasta constituye un acto de egolatría y delirio político abominable, que no corresponde a la realidad— suponer que cada uno de ellos conspiró en un acuerdo colectivo para derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su encargo.

Oaxaca en 2006, por si alguien lo ha olvidado, constituyó la suma de todos los males. Aquí se vinieron a conjuntar todas las discordancias político-partidistas que se generaron a partir de la alternancia en el poder federal, y que se conjuntaron en un escenario en el que todos pudieron materializar sus respectivas estrategias aún cuando cada uno de ellos era enemigo entre sí.

Formalmente, el adversario nacional formal del Gobernador de Oaxaca en aquel año no fue López Obrador, sino el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste fue quien, fundamentalmente, con su desatención permitió la profundización de un conflicto que inicialmente no tendría por qué haber alcanzado la intensidad que tuvo.

Era imposible, sin embargo, que el gobierno foxista tuviere acuerdos comunes con el magisterio de la Sección 22 del SNTE. Esencialmente, dicho gremio comulgaba con el abanderado presidencial de las fuerzas de izquierda, y por ello fue esa alianza —y no la del PAN— quien capitalizó las ganancias electorales del conflicto.

¿Podríamos pensar que la participación de grupos como el EPR se pactó en un acuerdo en el que participaban entonces archienemigos como el gobierno de Fox, López Obrador, la APPO y la Sección 22, entre otras? Esta posibilidad de acuerdo, en aquellos momentos de profunda algidez política por el escenario nacional, habría sido simplemente imposible.

NO HAY MATICES

Sin embargo, para efectos de la contienda electoral, todo está reducido a una obtusa visión —compartida por el oficialismo y la oposición— de que ésta es una competencia entre buenos y malos, en la que no existen ni los matices. Con poca imaginación, buscan aprovechar la manipulación y la desmemoria, reciente e histórica, para sus propios intereses.

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Negociación partidista de asuntos de Estado, reprobable

+ Hoy, día importante por registro de aspirantes en priismo

 

Aunque fragmentada, se ha conocido buena parte de la historia sobre las negociaciones y los pactos realizados entre el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional, en relación al paquete económico del presente año, y la conformación de alianzas electorales en entidades como Oaxaca. Parece raro, pero en nuestro país causó poca sorpresa lo que, en cualquier otro, habría sido un escándalo de grandes magnitudes y daños para los involucrados.

Hace unas semanas, cuando la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentó al ex senador Gabino Cué Monteagudo como su inminente candidato a gobernador de Oaxaca, las turbulencias se dejaron sentir en diversos frentes. Dentro de la misma coalición opositora, diversos personajes que aspiraban a obtener la candidatura a Gobernador, manifestaron su molestia por la estrategia panista de presentar inusitadamente a quien sería su abanderado.

Sin embargo, esa fue la menor de las turbulencias. En la casa de enfrente, en el Revolucionario Institucional, hicieron revivir una disputa que había comenzado desde septiembre del año pasado, cuando Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática aceptaron públicamente, por primera vez, que estaban explorando la posibilidad de unirse para participar en comicios estatales, como el de Oaxaca.

En aquellos momentos, el anuncio provocó una fuerte declaración de rechazo en la bancada priista, a lo que consideraron como “alianzas contradictorias”. Desde entonces se deslizó el amague de que la bancada tricolor condicionaría la aprobación del Paquete Económico para 2010 del gobierno federal, al compromiso de que el partido que gobierna en el ámbito federal no entablara alianzas ni para los comicios de Oaxaca, Puebla, Veracruz y otras entidades, en 2010, ni para el proceso electoral de 2011 en el Estado de México.

Tal versión, fue rápidamente desmentida por los propios priistas. En aquellos momentos, los tricolores parecían comprender que la exteriorización de un amague, y un pacto de esa naturaleza, haría cimbrar no sólo al panismo gobernante en el ámbito federal, sino también a ellos.

Y no era para menos. El solo supuesto de que se entablara una negociación a partir del presupuesto público y las alianzas electorales, entrañaba cuestionamientos que iban más allá del partidismo, y se inscribía en los asuntos de Estado. Nunca, en ningún país del mundo —y menos en las naciones que se dicen democráticas— se transigen públicamente temas eminentemente partidistas, poniendo como moneda de cambio algo tan esencial como el gasto público de la Federación.

Por eso, en un primer momento el priismo decidió mantener esa negociación, ante los ojos del público, como un mero chisme que no tenía fundamento alguno, y que más bien había sido inventado como un infundio que lo mismo trataba de amagar al Partido Acción Nacional, que de descalificar la vocación de Estado que siempre aseguran tener los tricolores. Sin embargo, es evidente que los pactos sí existieron, las consecuencias también. Y ni se diga las penalizaciones. Si todo camina como hasta ahora, el país —y no sólo priistas o panistas— se mantendrá en un estado de paralización que, incluidos azules y tricolores, pagaremos todos los mexicanos.

¿NEGOCIAR EL

GASTO PÚBLICO?

En cualquier familia, o sociedad, es una acción doblemente reprobable que una persona apueste el dinero que tiene, y el que aún no gana, en una partida de póquer, o en un juego de azar. Eso es justamente lo que hicieron, a partir de septiembre, panistas y priistas en una —aparentemente inconfesable— mesa de negociación en la que se hizo transitar el paquete económico del presente año, en un marco de relativo consenso, acuerdo y confianza del Poder Legislativo.

Cada uno tuvo sus razones. En primer término, los tricolores han utilizado con eficacia la mayoría legislativa que hoy tienen en la Cámara baja. Saben que, fundamentalmente, esa mayoría sirve para determinar el rumbo del Gasto Público de la Federación. Saben también que esa mayoría es hoy su principal herramienta de acción y negociación electoral. Y saben que el único dique al que se podrían enfrentar en su proceso de reconquista del poder federal, es el de la unión de los partidos que le son opositores, así como el intento de ganarles las batallas previas (los comicios estatales) a la gran guerra electoral de 2012.

¿Por qué, en el ámbito priista, los gobernadores Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Ulises Ruiz, de Oaxaca, fueron determinantes? Porque son los dos líderes regionales del priismo, que más allá de sus demarcaciones, apostaron por apoyar a más aspirantes a cargos legislativos en entidades federativas donde el priismo no es fuerte, y que por tanto tienen el control de importantes bloques parlamentarios que rebasan las solas fracciones legislativas de sus entidades federativas. Esto, además de que en Oaxaca y el Estado de México, es donde se libran las batallas electorales locales que tienen más peso moral, emocional y político, para los partidos políticos nacionales.

Empero, el panismo también tuvo sus razones para la negociación. El gobierno del presidente Felipe Calderón vio reducidos sus márgenes de maniobra, y por esa razón tuvo que llegar al extremo de pactar alianzas a cambio de la aprobación del Paquete Económico 2010. No cumplió. Y los priistas se lo han reprochado a grado tal, que dicen estar dispuestos a mostrar los documentos y demás elementos que muestran que, en efecto, el Secretario de Gobernación comprometió las alianzas, a cambio del apoyo al paquete económico.

¿Cuál es la consecuencia? Que más allá del partidismo, lo que queda en mal —y mucho— es la imagen de México. ¿Con qué confianza se ve México desde el exterior, cuando en guerras partidistas se transige con algo esencial como el gasto público? Es lo mismo, o casi, que si quisieran negociar a partir de los derechos humanos, la democracia constitucional, o las garantías mínimas de seguridad jurídica existentes. Al final, no pierde o gana el PRI o el PAN: pierde el país.

 

PRIISTAS DECLINAN

El sábado, tanto el ex dirigente priista Jorge Franco, como el edil citadino, José Antonio Hernández Fraguas, declinaron a continuar con sus aspiraciones por la candidatura a Gobernador del PRI. Ayer, hizo un anuncio similar el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias. El senador Adolfo Toledo sigue en silencio. Se allana el destino de la candidatura priista.

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Informe EPM: primer termómetro de la sucesión

+ Ausencia de aspirantes: porque no existe acuerdo

 

La noche del pasado martes, el diputado federal Eviel Pérez Magaña presentó un informe de actividades, a nombre de la bancada oaxaqueña del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión. El acto, en sí mismo, estuvo cargado de mensajes para la clase política priista, pero también para los demás actores y fuerzas que participarán en el proceso electoral estatal de julio próximo. Fue una muestra de las más importantes flaquezas y fortalezas que tiene el tricolor frente a sí mismos, y ante sus competidores.

Es evidente que, por las circunstancias y el momento en que ocurre, el informe legislativo del diputado Pérez se inscribe no sólo en la dinámica parlamentaria o aún electoral, sino que ocurre en el umbral de una definición partidista —la más importante del sexenio— que, de acuerdo con todas las señales, es favorable a su causa. En ese contexto, dicho evento contó con todos los elementos —buenos y malos— de la práctica política que es “tradicional” en el priismo de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque ahí, nuevamente se dejó ver que la institucionalidad del priismo continúa siendo superior a los cuestionamientos por su verticalidad y antidemocracia; y más bien, en la clase política actual, parece seguir existiendo un férreo sentido de disciplina en el que, a muchos, independientemente que les guste o no que un diputado federal organice inusitadamente un informe de labores —o que dicho acto sea el contexto en el que se aparece como el potencial candidato a la gubernatura del Estado—, se alinean a los designios de su partido y de quien sería su candidato.

Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del martes. Un número importante de servidores públicos, representantes populares, líderes partidistas y demás, acudieron arropar a quien el Jefe Político escogió para sucederlo en el cargo. Es decir, todos los que han comprendido a cabalidad, no sólo que la militancia política en un partido significa congruencia e institucionalidad, sino también que este es el momento adecuado para sumarse a un proyecto que, independientemente de las preferencias y las lealtades, significa la continuidad de las oportunidades, el empleo, y el acceso al poder.

Así, lo que se dejó ver en dicho informe, es la consumación de un proyecto político en el que nunca estuvo en duda el apoyo de las fuerzas disciplinadas e institucionales, pero que ahora tendrá que buscar la porción de legitimación que le hace falta entre todos aquellos grupos que no sólo responden a la institucionalidad sino que, aún siendo parte esencial de ese partido —y de quienes han acompañado al gobernador Ulises Ruiz en su liderazgo político—, tienen convicciones, proyectos y definiciones distintas.

Ahí es donde radica el mayor de los retos para la empresa electoral del diputado Pérez: hacer patente que su proyecto político es verdaderamente extensivo hacia todas las corrientes de su partido, y que tiene la voluntad no de continuar avasallando en las definiciones, sino de conciliar y construir un bloque que pueda ir unido a enfrentar a sus adversarios reales, que se encuentran en la oposición.

Hasta hoy, no son del todo tangibles las muestras de esa voluntad y de esa vocación por la unidad y la conciliación entre sus mismas filas. Si bien es cierto que aún faltan muchos capítulos por escribirse, ahora sí el diputado Pérez debía comenzar a comprender seriamente que, en su voluntad y más allá de ella, no es la soberbia lo que construye.

Para ellos mismos, sería un error considerar que por la concurrencia y las muestras de adhesión, el evento del martes fue la confirmación de su triunfo al interior y que, a partir de ello, no son necesarias las muestras de voluntad de conciliación entre los sectores que se habrían quedado en el camino. El informe, así, fue una muestra representativa de los dos polos del priismo: el que ya sabe para dónde va; y el que estuvo ausente y que, ante las circunstancias, es indispensable para todos sumar. No olvidemos que ninguno de los otros cinco aspirantes, acudió al evento.

SUMA PAREJA

¿Por qué no acudió a dicho evento el senador Adolfo Toledo Infanzón, el edil José Antonio Hernández Fraguas, el diputado federal Jorge Franco Vargas y los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva?

En un primer momento, podría considerarse que por una cuestión de salvaguarda del decoro y la dignidad, en un momento crítico del proceso para elegir al candidato a Gobernador en el PRI. Sin embargo, esas ausencias son, sobre todo, una muestra clara de cómo las complejidades en la negociación esa candidatura, han superado por mucho la disciplina que ya mostraron algunos grupos y sectores del priismo.

Hasta donde es posible establecer, por menos cuatro de los cinco personajes antes mencionados, se han resistido a aceptar las decisiones que ya prácticamente ha tomado el Jefe Político del priismo. Gran parte de esa resistencia, tiene que ver con la exigencia de que el proceso interno del tricolor sea una auténtica contienda interna. Pero también, en realidad, esa aparente incomodidad radica en que no se han utilizado los canales adecuados para hacer llegar esa decisión a los destinatarios.

Más allá de la distancia normal que debe existir entre los que participan en una competencia como esta, lo que parece es que esa falta de conciliación adecuada es lo que ha llevado a varios de los aspirantes a la resistencia. Mientras desde el más alto nivel no se construya esa “operación cicatriz”, y se continúe en la lógica de primero decidir para después arreglar los quebrantos, las brechas se seguirán ensanchando y las posibilidades de una auténtica cohesión se irán disminuyendo.

No denota simulación, o decoro político, la ausencia de los cinco aspirantes en el informe del diputado Pérez Magaña. Si con alguien le falta construir la llamada “unidad priista”, es con ellos. Solo, quiera o no reconocerlo, y sea o no él el candidato, no tendrá todas las posibilidades de afianzar el triunfo en las urnas.

 

ALGUNOS DETALLES

Al evento acudieron prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca, excepto Jorge Franco, Manuel García Corpus, y Jorge González Ilescas. Durante el desarrollo del mismo, quienes trataron de hacerse notar en todo momento, con risas burlonas y actitudes imprudentes, fueron el diputado local Antonio Amaro Cansino y el coordinador de Delegaciones de Gobierno, Alejandro Avilés. También, fue de llamar la atención la presencia del subsecretario de Administración, José Villalobos Gallegos. Ver para creer.

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AMLO: a favor y en contra de alianza en Oaxaca

+ Doble discurso: lo más normal para los partidos

Sólo quienes no entienden que la lucha electoral en Oaxaca nada tiene que ver con las ideologías, y que más bien es una abierta guerra por la obtención —o conservación— del poder, veían como una posibilidad que la alianza opositora se rompiera por las resistencias del ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador. Esto no ocurrió cuando la coalición opositora era un simple proyecto; no ocurrió cuando formalmente se gestaba. Y no ocurrió ayer, cuando todos los partidos de la izquierda y la derecha mexicana le alzaron la mano, como virtual candidato, a Gabino Cué Monteagudo.

La actitud de López Obrador, según los hechos, no es el destello de oportunismo ni mucho menos de la “incongruencia ideológica” que pudiera tener un líder partidista de su categoría, o un dirigente opositor como él. Éste, en realidad, ha sido congruente con el deseo que tiene su grupo político de obtener el poder político en Oaxaca. Y para eso ha hecho todo lo que hasta ahora.

En primer término, ¿por qué asegurar que este no es un destello de oportunismo? Porque en la oposición, como en el oficialismo del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, todos los grupos y los intereses se han alineado a partir de la obtención del poder. Los tricolores, en su trinchera, aseguran que las decisiones que hasta ahora han tomado respecto de la sucesión, tienen como origen la preservación de los intereses que mueven al grupo que gobierna y administra el dinero público en la entidad. Es exactamente lo mismo que ocurre en la oposición.

¿Por qué? Porque tanto el Partido Acción Nacional, como el De la Revolución Democrática, Convergencia y el PT, tienen fijada la meta de obtener el poder a costa de lo que sea. Lo primero, y lo más importante que sacrificaron, fue justamente su legitimidad como fuerzas disímbolas. Aquí comprendieron, en toda la cabalidad, que la ideología y los principios partidistas palidecen totalmente ante el pragmatismo que justifica la lucha por el poder, independientemente de los actores y de las circunstancias.

Por esa razón, no tendría que provocar sorpresa alguna que un personaje como López Obrador diga lo que no hace, o repruebe públicamente lo que en privado avala y recomienda. Sólo quien no conoce la naturaleza misma de los institutos políticos, podría creer que éstos ponderan lo ideológico y los principios políticos, por encima de sus fines materiales. Así, una fuerza electoral que sostiene valores y fundamentos, pero que no compite verdaderamente por alcanzar o preservar el poder, es una fuerza que simplemente no existe.

Por eso aquí la alianza opositora ha sido prácticamente indestructible. El Partido Nueva Alianza se desmarcó de la coalición, como en un intento por desestabilizarla. López Obrador, por su parte, ha sido un crítico sistemático de las decisiones tomadas por los partidos que lo apoyan, y por las fuerzas políticas que lo vencieron en los comicios presidenciales de 2006. Al final de cuentas, ninguno de esos intentos ha sido suficiente para desmantelar dicha organización, porque todos tienen claro que los objetivos van mucho más allá de los idealismos y se inscriben en la urgencia de obtener un poder, que lo mismo puede servir a las mayorías, que convertirse en un botín político y económico para unos cuántos.

EL DECORO Y

LA INCONGRUENCIA

Ayer, los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y PT, vinieron a Oaxaca a levantarle la mano a Gabino Cué Monteagudo como candidato. Casi al unísono, López Obrador descalificaba la alianza. Parece una incongruencia que unos hagan, y otros deshagan sobre un tema en particular, pero que al final todos coincidan. Eso es lo que ocurre entre los opositores.

¿Por qué AMLO descalifica lo que muchos de sus seguidores avalan? Porque este es un intento mínimo por sostener una congruencia ideológica que, sin embargo, se ve descalificada por un doble discurso galopante, que hoy domina a todas las fuerzas políticas con presencia en Oaxaca.

Así, si López Obrador validara públicamente la alianza opositora que contenderá en Oaxaca, en los comicios de julio próximo, estaría también desmantelando sus propias banderas políticas, por las que recorre el país denunciando el fraude, el mal gobierno y la ilegitimidad del presidente Felipe Calderón. Al avalar una alianza como la que aquí existe, él mismo quedaría atrapado en las banderas a las que por tres años ha dado causa. Por eso, se ha negado —y así lo seguirá haciendo indefinidamente— a avalar de palabra la alianza en Oaxaca.

Sin embargo, ¿Esa palabra se honra en los hechos? Evidentemente no. Y es así porque es él mismo quien ha puesto todos los elementos, y ha dado todas las anuencias, para que la alianza opositora se construya en la entidad. Su aportación ha sido de casi nada: para su conformación, construyó y cedió a un abanderado (Gabino Cué), cedió a todos los operadores electorales de primer nivel que, de todo el país, vendrán a hacer el trabajo electoral para la unión PAN-PRD. E incluso, puede contabilizarse como un gesto importante, el hecho de que sólo descalifique de palabra la unión de partidos ideológicamente contradictorios, pero sin romper un solo tejido de la estructura política de los partidos que comanda.

Esta, por tanto, es una muestra más del doble discurso que hoy inunda a las fuerzas políticas. Los de la casa de enfrente, en el priismo, no pueden hablar ni de congruencia ni de compromiso con el país, cuando por sus manos han pasado, y han avalado, las negociaciones más aberrantes; en el tricolor, también existen contradicciones importantes y acciones fundamentalmente antidemocráticas en las cuales están anclando su estrategia electoral. Pero, al final, todos hablan de democracia y de legitimidad, porque —en esa lógica particular que ellos ocupan— toda lucha por el poder es democrática y legítima, por definición.

SINVERGÜENZAS

¿No les dará pena a quienes, desde el PRI y el PAN, hacen correr versiones sobre la supuesta negociación que ocurrió a finales del año pasado, en la que los tricolores condicionaron la aprobación de nada menos que el Paquete Económico —es decir, uno de los motores esenciales de la nación—, a cambio del compromiso azul de no realizar alianzas partidistas en algunas entidades federativas? por eso está tan devaluada la política en México: porque en su reducida visión, los representantes populares y líderes políticos, intercambian asuntos de Estado, que son fundamentales para la nación, por temas de política que debían dirimirse en las arenas electorales.

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Sucesión tricolor: ¿qué anuncios se esperan?

+ Problema real: que de verdad todos se sumen

A partir de hoy comenzará a verse en qué condiciones se realizará la elección del candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Las señales dadas hasta el momento, dejan ver que, si bien la decisión ya está tomada y que el proceso tendrá una apariencia democrática, en el fondo la interrogante de mayor peso se encuentra en la incertidumbre sobre la verdadera participación de todos los actores y factores de poder del tricolor, en la construcción del triunfo en los comicios de julio. En las condiciones actuales, la unidad priista podría ser declarada pero simulada. Y ese es el riesgo más alto para los tricolores.

Es evidente que, hoy, el proceso político y formal del priismo sobre la elección de su candidato a Gobernador, se juega por lo menos en dos bandas. En la primera, se encuentran todos los mensajes relativos a que la crítica y el análisis son parte de la democracia tricolor, que la unidad y la equidad están garantizadas, y que el proceso se realiza en un marco de plena legalidad, y sin mayores contratiempos.

Sin embargo, en la segunda banda se encuentra todo lo que los priistas, al menos en el ámbito formal, se niegan a reconocer: por un lado, que es un solo grupo el que ha recibido todo el apoyo gubernamental para la construcción de su candidatura, y su abanderado es quien eventualmente habrá de ser favorecido con la cargada tricolor, y la unción como candidato; y en la contraparte, se encuentran todos los agravios, los intentos de imposición, y la segregación, que hoy denuncian los otros involucrados en este proceso interno. Finalmente, todo este asunto puede terminar en fracturas reales, o en declaraciones simuladas de unidad, que engañen con la verdad y los conduzca a la derrota.

Hasta el momento, los priistas que aspiran a obtener la candidatura a Gobernador, han buscado mantener en una relativa “buena apariencia” sus posiciones. Cada uno de los señalamientos que, por separado, han realizado tanto el edil José Antonio Hernández Fraguas, como el senador Adolfo Toledo Infanzón, el ex dirigente priista Jorge Franco y el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias, sobre los intentos de imposición y la inequidad que ha prevalecido, se ha tratado de contextualizar en el marco de la libertad democrática, la autocrítica y la tolerancia que prevalece en el priismo.

Sin embargo, es evidente que más allá de esas “formas políticas”, es muy poco lo que se ha podido construir verdaderamente en los campos de la tolerancia, la autocrítica y, sobre todo, la democracia. En proceso interno del tricolor ha seguido una dinámica que, en muy poco, ha podido ser modificada por los señalamientos críticos de los aspirantes, y que finalmente estará determinada fundamentalmente por la decisión del Jefe Político del priismo, y no por la competencia o cualquier rasgo de auténtica democracia que pudiera haber en dicho partido.

Ahora, cuando la convocatoria para el proceso de selección de candidato ha sido publicada —y con ello se entiende que la contienda interna está formalmente iniciada— son algunas señales claras las que dejan ver que los priistas no abandonan sus dos bandas: quien está favorecido con las preferencias del Jefe Político, ya anunció que sí se inscribirá en el proceso; y los demás, han reiterado que se encuentran “analizando” la convocatoria, y que a partir de hoy lunes, o mañana, anunciarán sus respectivas decisiones sobre su incursión en la contienda formal.

¿Qué significa eso? Que, mesuradamente, cada uno de los aspirantes que hoy “analiza” la convocatoria, está considerando lo mismo romper, que alinearse… o simular. En esas circunstancias, todo puede ocurrir.

UNIDAD EN RIESGO

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque si bien son reales, las posibilidades de una ruptura no siempre son las más altas en una militancia como la del tricolor. Las decisiones de éstos, en la contención de su “institucionalidad” casi siempre resultan ser menos beligerantes y arrebatadas que las tomadas en otras fuerzas políticas. Sin embargo, ello no significa que la institucionalidad sea, necesariamente, sinónimo de inclusión y tampoco de disciplina. Por eso, aún con las aseveraciones sobre la “unidad del priismo” los riesgos hoy más que nunca son altísimos para ese partido.

A partir de hoy, cada uno de los aspirantes tricolores comenzará a manifestar sus respectivas decisiones. Independientemente de cuál sea el sentido de la misma, lo cierto es que entre ellos no prevalece el mejor de los ánimos. En el peor de los casos, más de uno podría anunciar su separación del priismo; en otro escenario, alguno —o todos— podrían externar su decisión de no participar en la contienda interna; en una tercera posibilidad, podrían anunciar su declinación a favor de alguno de los aspirantes; y, en el último de los casos, habrían de decidir su permanencia en el proceso para tratar de lograr la mayoría en la Convención de Delegados.

En lo objetivo, parece que no existe mayor contratiempo: se está en la víspera de un proceso legal y legitimado. Pero en el subjetivo, todos los escenarios son de riesgo: hasta donde puede percibirse, no ha habido un convencimiento claro hacia los no favorecidos, que permita suponer que finalmente éstos se sumen a quien resulte candidato. Y en esa situación, lo importante será no la postura política que finalmente asuman, sino lo que aporten a favor del candidato de su partido.

Esto último es lo que aún no ha podido construirse aún en el tricolor. Nadie puede garantizar hoy, que más allá de las declaraciones, existe un ánimo real de cada uno de los aspirantes, por sumarse al trabajo político del priismo, independientemente de que sea favorecido —y respetado— o no. Y si la toma de decisiones incluye una aplanadora que arrolle sin conciliar, en el ambiente quedará flotando siempre la duda sobre la aportación real de todo el priismo a una sola causa. Al tiempo.

APORTACIÓN CIVIL

Hoy se presentará una asociación ciudadana denominada “Oaxaca con rumbo”, que pretende proponer debates, análisis y políticas que contribuyan a mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero sin ligarse a partidos o campañas electorales. Su directiva la integran ciudadanos oaxaqueños: Mariana Teresa Gijón Tello, abogada y ama de casa; Gerardo S. Canseco Velásquez, empresario; Miguel Ángel Morales Amaya, notario; Armando Arturo Mac Beath Amor, ingeniero, jubilado de la CFE; y Horacio Mendoza Valeriano, maestro en ciencias.

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