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Bicentenario: temor por narco ¿y por guerrilla?

­+ Ciclos históricos, más mito que tema sustentado

Quienes dentro del periodismo están acostumbrados a los lugares comunes y las especulaciones, aseguraban desde hace tiempo que 2010 habría marcar el inicio de una nueva revuelta social que rompiera con el régimen político actual, en busca de la justicia social que, es cierto, no ha llegado a la mayoría de los mexicanos. Para sustentar sus dichos, se basaban en aquella vieja teoría de que ciertos hechos se encontraban determinados por delicados ciclos históricos que, irremediablemente, habrían de repetirse. Era, decían, el momento inminente de una tercera gran rebelión en nuestro país.

Objetivamente, no existe comprobación alguna de que los ciclos históricos existen, y mucho menos que éstos tienen una reincidencia en momentos y lugares previamente establecidos. Creer en lo anterior, sería tanto como reducir el conjunto de fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso ideológicos, a un mero factor cronológico que los determinara.

No obstante lo anterior, las recientes conmemoraciones masivas del Bicentenario de la Independencia nacional, se realizaron con niveles de seguridad y vigilancia policiaca nunca antes vistos en la historia. Parecía que en el gobierno federal tenían temores fundados de que “algo” pudiera ocurrir durante las festividades. Y, para variar, esto parecía dar la razón a quienes defienden las teorías cíclicas, o los que, por otras razones, aseguraban que 2010 sería el momento de una nueva ruptura del orden institucional, a través de una revuelta armada.

La razón fundamental de los temores federales, se encontraba en un posible ataque de características terroristas por parte del crimen organizado. Desde hace ya algunos años, los grupos ligados a la delincuencia organizada han venido ensayando una serie de mecanismos a través de los cuales han buscado dañar al gobierno a través de las acciones intimidatorias a la sociedad. El fin que buscan, golpeando a la ciudadanía, es que ésta deje de confiar en sus instituciones y, al contrario, las cuestione por sus incapacidades para brindarle seguridad, a tal grado que las coloque en una auténtica situación de descrédito.

Ensayos ha habido varios. Hace tres años, en Morelia, Michoacán, dos individuos hicieron detonar granadas de fragmentación durante la conmemoración del grito de Independencia, que en ese momento encabezaba en la plaza central de aquella ciudad el gobernador Leonel Godoy Rangel. Producto de ese abominable ataque, falleció más de una docena de personas víctima de las esquirlas, y un centenar más tuvieron lesiones de consideración.

En otros momentos, el crimen organizado ha también ensayado la detonación de coches bomba; ha disparado indiscriminadamente en contra de personas inocentes o, lo peor, ha buscado sembrar el terror entre la población a través de asesinatos “ejemplares” de personas prominentes de la región, empresarios, e incluso autoridades políticas, como candidatos a cargos de elección popular, diputados y presidentes municipales. Lo que buscan, con esas acciones, es que la mayoría de las personas incremente su nivel de temor y eso les permita actuar con mayor libertad, frente a un gobierno que además de incapaz, hoy carga con serios cuestionamientos.

¿Y LA GUERRILLA?

El gobierno federal, por la situación actual, tiene puesta toda su atención en lo relacionado a la amenaza a la seguridad pública y nacional por parte del crimen organizado. No obstante, junto a esa posibilidad existe otra, igualmente real, de potencializar una revuelta armada y, ésta sí, con sólidas motivaciones políticas y de ruptura con el régimen y el orden jurídico existentes. Hablamos, en efecto, de la guerrilla.

Habría que evitar, en este sentido, caer en confusiones. Si bien el crimen organizado y los grupos guerrilleros comparten el ejercicio de la violencia, las motivaciones que tienen uno y otro son de naturaleza totalmente distinta. Los grupos criminales, por un lado, tienen como única finalidad la defensa violenta de un negocio determinado que esencialmente es ilícito. Éste bien puede ser el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la comercialización de artículos de contrabando, etcétera. La guerrilla, por su parte, tiene una motivación eminentemente ideológica y política. Su finalidad es el establecimiento de una organización política distinta a la existente, con bases ideológicas sociales, económicas y sociales diversas a las existentes. Todo eso, utilizando la vía violenta como forma de acceso al poder y del logro de sus objetivos.

Si el crimen organizado no ejerciera los niveles de violencia actuales, seguramente en esta celebración del Bicentenario el gobierno federal se estaría cuidando más de la guerrilla que de la delincuencia. Sus temores se basarían en la galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que prevalecen, e incluso tendrían sus precauciones respecto a los llamados “ciclos históricos” que para algunos tienen validez en nuestro país.

No obstante, las principales organizaciones armadas del país se han pronunciado sistemáticamente, por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional. Para ellos, aún no están dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia.

Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos han intentado sublevarse, han manifestado que en las condiciones actuales sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta. En ese sentido, han denunciado sistemáticamente que la llamada guerra contra el crimen organizado ha servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscan, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos que se cometen desde el poder público.

ASUNTO IGNORADO

Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda.

Cué: la transición se demostrará en su gabinete

+ Volver al pasado: un signo de mucho riesgo

El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, debe ser muy cuidadoso en demostrar que tiene verdadera vocación por la transición democrática, desde la forma misma en que integre su gabinete de trabajo. Respaldado por las importantes expectativas de cambio que ha generado en la ciudadanía, y por el nada despreciable bono democrático que tiene luego de la forma en cómo logró su triunfo electoral, ahora debe convalidar su vocación por el cambio democrático evitando los riesgos de volver, o aparentar que vuelve, al pasado.

¿De qué hablamos? De que, ante la cercanía del momento en que ocurra la llamada “transmisión de poderes”, comienzan a conocerse ciertos detalles de cómo sería la conformación del equipo directo de trabajo del gobernador Cué. Se menciona, por ejemplo, la inminencia de que un hijo del ex gobernador Diódoro Carrasco, sea designado como su Secretario Particular, y que connotados personajes que fungieron en cargos de primer nivel en administraciones anteriores —como Bernardo Vásquez Guzmán—, sean también rescatados para reaparecer en la escena política local.

En su momento, el gobernador Cué debe ser muy cuidadoso en ese aspecto, debido a que un yerro en los nombramientos puede afectar gravemente la imagen que ahora tiene de impulsor del cambio democrático en Oaxaca. ¿Por qué? Porque, en términos reales, volver a los hombres y mujeres de la administración del gobernador Carrasco, o de otros ex Mandatarios, es tanto como convalidar que el objetivo político que tuvo la alianza opositora que lo llevó al Gobierno del Estado tenía como única finalidad derrocar a un grupo político, y la desmantelar un régimen de gobierno con serios rezagos y oscuridades democráticas y administrativas.

En el caso particular del ex gobernador Carrasco, es evidente que si bien su gobierno fue la cuna del ahora Gobernador Electo, también es claro que no por ello aquella administración fue del todo eficiente, del todo sensible, y del todo democrática. Como todo gobierno estatal enmarcado aún en la hegemonía priista —que se derrumbó en el año 2000—, aquel tuvo algunos logros importantes, pero también innumerables cuestionamientos y yerros políticos por los que, en su momento, tuvo que pagar altos costos políticos.

De hecho, aquellas administraciones como al del ex mandatario Carrasco, aún tuvieron las más acendradas características de aquel viejo priismo, que era vertical, impositivo, esencialmente antidemocrático y siempre de resultados parciales en lo que tocaba a lo administrativo.

En eso, justamente, es donde radican los riesgos para el gobernador Cué. Cometer un exceso en el nombramiento de personajes ligados a aquella administración, sería tanto como anclar su trabajo y sus expectativas al pasado. Un pasado que tiene claros, pero que también tiene muchos oscuros; y que, sobre todo, daría todas las armas a sus adversarios políticos para argumentar respecto a que la transición democrática —y las expectativas ciudadanas que esto conlleva— se habrían reducido a un mero cambio de grupo político en la detentación del poder.

El problema para el gobernador Cué es que, en sus circunstancias actuales, el bono democrático que le representa incontables beneficios políticos, también lo obliga —en un grado doblemente elevado— a no cometer errores de esa naturaleza. El costo que tendría que pagar por algo así, sería directamente proporcional al alto grado de confianza que ahora mismo existe respecto a su administración. Y dadas las condiciones actuales, sería un enorme traspié decidir voluntariamente a correr ese riesgo.

INTEGRACIÓN COMPLEJA

Es comprensible que integrar un gabinete no debe ser una labor sencilla. Podría decirse, en descargo de lo anterior, que en gestiones anteriores han trabajado algunas de las personas con la suficiente experiencia y preparación para desempeñar las tareas administrativas, técnicas y de gobierno que requiere el momento actual.

También podría decirse que la palestra de profesionales en Oaxaca, no es tan grande como para renovar, cada sexenio, a todo el conjunto de personas que encabeza las tareas de gobierno. Todo eso podría entenderse e incluso convalidarse. El problema, en realidad, habrá de particularizarse en los nombres y los cargos en que se designe a cada uno de los personajes que, en otros momentos, ya figuraron en tareas de gobierno.

Existe, en ese sentido, una clara distinción entre los personajes que sirvieron a administraciones anteriores y luego desaparecieron por completo de la escena política local, los que ya no fueron llamados al sector público pero que de algún modo permanecieron en la entidad desarrollando otras labores en el ámbito privado, y aquellos que han acompañado al ahora Gobernador Electo en sus más recientes empresas políticas y que, en los momentos de mayor adversidad, demostraron estar verdaderamente identificados con la causa política que defendían.

Lograr los equilibrios entre esos tres tipos de posibles funcionarios, no será tarea fácil. En un ideal, a los primeros que el gobernador Cué tendría que tomar en cuenta, sería a quienes fueron sus aliados en estos últimos años. Por eso, nadie habría de sorprenderse si además de Benjamín Robles, aparecieran en el gabinete de trabajo personajes como Mario Mendoza Flores o Víctor Hugo Alejo, entre varios otros que, con trabajo y preparación, demostraron lealtad a la causa opositora cuando ésta, valga decirlo, parecía una empresa anticipadamente perdida.

El gobernador Cué, sin embargo, tendrá que mediar entre éstos personajes y aquellos que, sin duda, habrá de ser tomados como advenedizos o reciclados, y que incluso una incorrecta ponderación podría provocar molestia entre su mismo grupo. Una vuelta radical al pasado (con un exceso de diodoristas puros en el gabinete, por ejemplo) daría todos los elementos para asegurar que, por ese solo hecho, el proceso de transición que ellos impulsan, iniciará con algunas fallas de origen.

SILENCIO PROLONGADO

¿Alguien notó que, contrario a lo que se esperaba, ningún grupo armado (EPR, ERPI, FARP, etcétera) hizo pronunciamiento alguno ahora que se llegó al punto clímax de lo que algunos denominan como el ciclo histórico mexicano de las revueltas, que se repite cada cien años? Nada es fortuito. Como tampoco lo fue la celebración patria —la del Bicentenario— más vigilada de la historia de nuestro país. Según parece, todo tiene su momento. Abundaremos.

Fuero civil vs fuero militar: disputa, en todos los frentes

+ EPR: meses de silencio roto, por intervenir en el debate

Han pasado más de tres años desde que el gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón, decidió enviar al Ejército a encabezar la lucha contra el crimen organizado. De entonces a la fecha, el panorama nacional ha cambiado diametralmente, tanto en el grado de violencia como en la actuación misma de las fuerzas armadas. Hoy, uno de los debates centrales sobre la lucha anticrimen y la actuación de las fuerzas castrenses, recae en un tema trascendental: ¿Debe reforzarse el fuero de guerra o, por el contrario, los miembros del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, deben someterse a los tribunales civiles por su actuación en las calles y frente a los civiles?

Este asunto ni es ocioso ni es menor: por una decisión presidencial, se quebrantó el principio constitucional de que en tiempos de paz, las fuerzas armadas deben permanecer en sus cuarteles. Además, esa decisión fue tomada por el gobierno federal sin tomar en cuenta que, tal como se encuentra ahora, el marco legal de las fuerzas armadas no les otorga las atribuciones y facultades suficientes como para realizar labores de seguridad pública y persecución de delitos. Y, sobre todo, que en una campaña militar como la que ahora ocurre en el país, la interacción directa del Ejército se da directamente con civiles, y no con otros grupos similares a ellos. Esta situación, en conjunto, implica una serie de problemas importantes no sólo para el presente, sino para la imagen y sustento futuro de las fuerzas castrenses mexicanas. Veamos el asunto a detalle.

Es claro, en primer término, que lo que formalmente ocurre en México no es una guerra, sino un asunto grave de inseguridad pública. Al enviar al Ejército a las calles, el propio gobierno federal fue quien tomó la determinación de calificar esta serie de acciones como “guerra contra el crimen organizado”. Una guerra, para todos los efectos legales y políticos, se declara entre dos entes que tienen la misma categoría, y se enfrenta con sus respectivas fuerzas armadas, que tienen un mismo grado de legitimidad y respaldo en sus acciones. Si esto se observa como un asunto de fuerza, fue el propio Estado quien le dio el carácter de similar, y legitimidad, a un grupo amorfo e ilegal, como el del crimen organizado.

Sin embargo, más allá de la fuerza, el imprimir el calificativo de “guerra” a un asunto que no es tal, tiene otras implicaciones: existen diferencias sustanciales entre la actuación de las fuerzas de seguridad pública (es decir, las corporaciones policiacas) y lo que realizan los militares. Los primeros se encargan preservar la seguridad y el orden, y los segundos de defender a la nación ante invasión exterior, agresión por potencia extranjera o trastorno interior. Y, por estas razones, el Ejército no está preparado para realizar labores relativas a la seguridad pública.

¿Por qué es importante esto? Porque, en los últimos tres años, ha habido una incidencia constante de excesos y agresiones, por parte de miembros del Ejército, a civiles. Se han violado gravemente los derechos humanos de muchos mexicanos y, actualmente, éstos no tienen la posibilidad de que un militar se someta al fuero civil, y reciba de éste un castigo por sus acciones indebidas.

Hoy, subsiste el fuero militar, con el que todo miembro de las fuerzas armadas que comete delitos o faltas en su actuación, es sometido a la jurisdicción de los tribunales castrenses, para ser procesado, enjuiciado y castigado. ¿Por qué eso no es suficiente? Porque de acuerdo con la propia Constitución, y con la legislación internacional, las fuerzas armadas deben tener una regulación específica en sus actuaciones; y porque, en todo caso, cuando existen civiles involucrados en faltas cometidas por militares, éstos deben ser sometidos a la jurisdicción civil y no a la militar, como ocurre ahora.

PRONUNCIAMIENTOS

¿Por qué es eso trascendental? Porque, pase lo que pase, las normas no tienen efectos retroactivos. Y, de cualquier manera —es decir, se den o no las reformas a la legislación castrense para ampliar el fuero civil o reforzar la jurisdicción militar—, prevalecerá la posibilidad de que, en el futuro, el presidente Calderón, y los actuales mandos militares, puedan ser llevados a juicio ante tribunales internacionales, acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Esto es lo que, como puede verse, hace trascendental la discusión, las medidas y las propuestas que hoy en día se ventilan públicamente en el ámbito nacional. En el gobierno federal ha habido importantes resistencias a aceptar la ampliación de la jurisdicción civil para los militares; al contrario, se busca reforzar el marco legal y constitucional para asegurar que éstos sigan respondiendo ante su propia jurisdicción por las faltas cometidas.

Sólo que tienen en su contra a la legislación internacional que también es exigible para México y, sobre todo, la exigencia ciudadana de que los militares sean más responsables en sus actuaciones en contra del crimen organizado, que como una medida importante para afianzar su prudencia se permita a los tribunales civiles juzgar su actuación.

Así, importantes grupos han comenzado a pronunciarse. Uno de ellos, que llama la atención, es el Ejército Popular Revolucionario, quien por más de una década ha buscado castigo a los crímenes que, en su visión, ha cometido el Ejército y que han quedado impunes por la negativa del Estado a revisar su actuación.

VOZ EPERRISTA

Este grupo, rompiendo el periodo de silencio más prolongado desde su fundación, apuntó en un comunicado, fechado el 20 de abril, que “se debe exigir juicio y castigo a los militares y su respectiva cúpula por tribunales civiles nacionales e internacionales porque en nuestro país no existe la justicia, ésta se vende al mejor postor y está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La exigencia de ‘garantías jurídicas’ y la demanda de mantener el fuero militar es una pretensión anticonstitucional y retrógrada que busca plena impunidad, así como borrar de la memoria colectiva los derechos constitucionales y las conquistas sociales…”. Esta es una más de las voces que se unen por el fuero civil a los militares. Finalmente, la responsabilidad de fondo recaerá en el comandante supremo de las fuerzas armadas. Es decir, en el presidente Calderón.

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2010: Asonadas por pobreza, no por bicentenario

+ Rebelión: por agotamiento de sistema democrático

Uno de los temas más recurrentes durante el año que comienza a transcurrir, sin duda será el de un posible alzamiento armado. La llegada de 2010 trae consigo una sensación de incertidumbre por las posibilidades de que, como hace 100 y 200 años, éste sea el principio de un nuevo alzamiento armado, para tratar de cambiar al régimen y al modelo político que actualmente gobierna al país. Es aventurado y poco exacto suponer que por la sola llegada de 2010 algo de eso pudiera ocurrir. Pero si se toma en cuenta el complejo contexto social, económico y político del país, las cosas cambian radicalmente. ¿Podría ocurrir, en el futuro inmediato, una asonada importante en el país?

La pregunta no es ociosa, y va más allá de la sola explicación cíclica de por qué sí podría haber una nueva rebelión en 2010. En realidad, si únicamente se tratara de intentar explicar hechos presentes o futuros, en base a la incidencia de acontecimientos similares en tiempos pasados que ocurrieron en lapsos más o menos parecidos de tiempo, estaríamos frente a argumentos altamente vagos e imprecisos, que nunca han podido ser sustentados a través de métodos e instrumentos comprobables.

Así, no sería extraño llegar a dos conclusiones sobre la explicación “cíclica” sobre las posibilidades de una nueva rebelión armada. La primera de esas conclusiones tendría que ver con el hecho de que si la independencia de México inició en 1810 y la Revolución 100 años después, fue porque en esos momentos ocurrieron hechos determinantes —muchos de ellos meramente circunstanciales o de absoluta praxis política generada en el momento— para definir los alzamientos, y que cada uno de ellos tuvo sus propias circunstancias y derivaciones. Prácticamente nada de eso tuvo que ver con los ciclos.

En esa lógica, nada tendría de raro considerar que si el contexto para el inicio de la guerra de Independencia se hubiera dado en otro momento, éste podría haber ocurrido una década antes o una después de cuando fue, y no necesariamente en 1810; lo mismo, exactamente, ocurriría con el inicio de la Revolución Mexicana. Fueron las circunstancias y no los ciclos los que determinaron esos alzamientos armados.

La segunda de las conclusiones, en esa lógica, tiene que ver con la llegada de 2010. Del mismo modo, nada relativo a este año se encuentra, o tendría por qué encontrarse, determinado por los ciclos históricos. Hoy el entramado institucional del país es mucho más sólido que hace 100 ó 200 años; las condiciones políticas son distintas; y el contexto internacional es diametralmente opuesto al del pasado. Es decir, que si fuera sólo por los ciclos no habría motivación alguna para que éste año tuviera que ocurrir algo excepcional respecto a los potenciales alzamientos armados.

Sin embargo, esta explicación que parece desvirtuar la posibilidad de una asonada en 2010, también da pie a considerar que, al contrario, algo de esa magnitud sí puede ocurrir. Es cierto que México tiene una solidez nada comparable con la del pasado; pero vemos también que continúan existiendo importantes circunstancias que hacen posible que la inconformidad social escale, y que eso pueda llegar a convertirse en un movimiento de magnitudes hasta ahora poco visualizadas.

2010 Y SUS CONDICIONES

Más allá de los ciclos, tenemos que ver que 2010 presenta dos problemas graves que pueden desencadenar una insurrección popular o armada. El primero de ellos, es el de las gravísimas condiciones de desigualdad social, pobreza e injusticia que existen en el país; y el segundo de esos problemas, consiste en el profundo desgaste que presenta el modelo político y democrático del país.

La nuestra, al llegar a su fin la primera década del siglo XXI, es una sociedad lastimada por dolorosos flagelos sociales como la pobreza, y también agraviada profundamente por un sistema político, democrático y electoral que no ha alcanzado a tener la suficiente transformación y evolución, como para dar garantías a la sociedad de que está verdadera y correctamente representada, y de que tiene un gobierno eficaz y legitimado.

En este sentido, no deja de llamar la atención que dentro y alrededor de las principales fuerzas insurgentes, haya una claridad —hasta deslumbrante— de mucho de lo que ocurre en el país, y de las adversas circunstancias propias de nuestro tiempo, que cultivan la inconformidad y que podrían dar pie a un alzamiento más o menos similar a los ocurridos hace 100 y 200 años, respectivamente, en nuestro país.

Las siguientes, son consideraciones de la ex dirigente del ERPI, Gloria Arenas Agis, expuestas en una entrevista concedida a un diario guerrerense, y reproducida por el sitio www.cedema.org; vale la pena comprenderlo y no echarlo en el saco del desperdicio. “El concepto de democracia en este sistema se reduce a las elecciones, la democracia consiste en que haya partidos y entre ellos se elija quién va a gobernar, y el papel de la demás gente es escoger a uno entre esa clase política. Ese concepto de democracia es un distractor para que la sociedad no vea que ella puede construir otra cosa, otro tipo de poder, lo que nosotros llamamos poder popular o poder desde abajo, que no consiste en elegir a alguien de una clase política que ya es corrupta.

“Entonces ese concepto que conocemos de democracia es la parte política que sostiene al capitalismo, si queremos otra cosa diferente y si nos consideramos izquierda anticapitalista, ese concepto de democracia tiene que cambiar. Tiene que ser otra cosa en lo que pueda participar la sociedad, que no esté excluida, porque ahora se llama democracia pero se excluye a la mayoría de las decisiones.”

COCTEL PELIGROSO

Su concepción es importante no porque justifique un alzamiento, sino porque establece lo que debería ser, pero no es, dentro de nuestra sociedad y nuestro sistema democrático. Ahí es donde se encuentra, y donde se ha encontrado, uno de los más grandes y recurrentes males de nuestra nación. Revisemos la historia, sólo para corroborar que México siempre ha “cojeado” de ese mismo pie, independientemente del tiempo y los momentos históricos. Así, es cierto que el modelo político da reiteradas muestras de agotamiento; pero también es palpable que si en ese contexto se combinan la inconformidad por motivos políticos y la incertidumbre por el crecimiento exponencial de los problemas sociales, lo que tendremos enfrente, es un coctel explosivo para una potencial nueva rebelión.

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Conspiración de fuego, Oaxaca y el eco del 2006

+ Bicentenario: temor por guerrilla ¿y anarquismo?

 

Al arrancar el presente año, ocurrieron varias explosiones con petardos y materiales explosivos de fabricación casera, en una decena de puntos dispersos de varias entidades de la República mexicana. La acción fue reivindicada por una organización anarquista denominada “Conspiración de fuego”, que dice tener presencia en algunas regiones del país, entre ellos Oaxaca. Casi de inmediato, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener nuestra entidad en todo ese asunto, y de nuevo se agudizaron algunos de los fantasmas de la insurrección social que rondan sobre el año que transcurre. Es necesario comprender a cabalidad esta situación.

Oaxaca ha tenido una presencia destacada en cuanto a la insurrección social. De aquí han surgido líderes sociales históricos, que en su momento emprendieron la lucha no sólo por la vía política, sino también por la vía armada y también por el anarquismo. No es casualidad que de Oaxaca emergieran algunos de los más acendrados cuadros de los grupos subversivos que existieron en los años de la llamada “guerra sucia”, ni de que el anarquismo aquí tenga una figura icónica en los hermanos Flores Magón, a principios del siglo XX. Incluso, el referente más próximo se encuentra en el conflicto magisterial y popular de 2006, en el que todos esos grupos tuvieron presencia física, y contribuyeron de modo importante en la determinación el rumbo de la revuelta y la agitación social.

Sin embargo, así como nuestra entidad se aparece como un potencial foco rojo en las advertencias de los grupos anarquistas que desde septiembre del año pasado se hicieron presentes en el país, es necesario comprender que anarquismo no es lo mismo que guerrilla, ni que tampoco es una condición indispensable que la ejecución de actos de propagandismo convierta a toda una entidad, o a todo un país, en un inminente escenario de riesgo para las acciones de los grupos armados. Es necesario, pues, ubicar las cosas en sus dimensiones justas y no en incertidumbres infundadas.

A grandes rasgos, los grupos subversivos como los conocemos en México, tienen no sólo finalidades armadas, sino que más bien sus objetivos y sus estructuras son de tipo político, pero contando con brazos ejecutores que adquieren la calidad de “ejército”, “milicias insurgentes”, “comandos” o “brigadas”. Además de ello, todo grupo armado tiene una estricta formación militar, pero sobre todo ideológica, fines políticos, postulados ideológicos bien delineados y encaminados, elementos de investigación e inteligencia, y relaciones de fraternidad y camaradería con núcleos sociales y con sus propias estructuras políticas y de acción armada.

En ese sentido, es necesario comprender al anarquismo no con descalificaciones y mucho menos con contrasentidos, sino como grupos que tienen una estructura política, ideológica e incluso de organización para fines de propagandismo y autodefensa armada, mucho menos elaborados que los de la guerrilla.

A diferencia de los grupos subversivos —que buscan instaurar un modelo de Estado y una forma de gobierno distintas a las existentes, tomando el poder por la vía violenta y no a través de las vías institucionales—, los grupos de anarquistas simplemente buscan extinguir al gobierno, pero sin plantear formas o esquemas específicos que pudieran regir a la sociedad en el momento en que ellos alcanzaran sus objetivos.

Así, en lo general, podría pensarse que, con los alzamientos que cada uno de esos grupos propone, esas dos tendencias buscan el mismo objetivo, que es el de declararle la guerra al Estado. En lo particular, es evidente que, independientemente de las relaciones que pudieran existir entre la guerrilla y el anarquismo, sus objetivos son ampliamente distantes entre sí.

 

Y OAXACA, ¿QUÉ?

La pregunta es pertinente. Porque aquí manifiestan tener presencia importantes grupos subversivos, y ahora también la organización anarquista de la que ahora hacemos mención. Para nadie es oculto, que esas dos tendencias tuvieron presencia en Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que fueron las principales estrategas de las acciones de autodefensa que entonces emprendieron —y, en muchos casos, lograron con éxito— los grupos que encabezaban la revuelta.

Es evidente que independientemente de sus diferencias y afinidades, esos grupos tenían fines paralelos. Podría decirse, incluso, en un sentido más específico, que los anarquistas que se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial —junto con los profesores radicales, algunas organizaciones de defensa de los hechos humanos que participaron activamente, y otros núcleos sociales como los panchosvillas o los atencos— eran algún tipo de grupos periféricos de la guerrilla.

¿Por qué? Porque dichos grupos buscaron, por distintas vías y con distintos métodos, un mismo resultado. Dicho resultado, era en primera instancia lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz, y después buscar la instauración de un régimen afín a sus intereses. Evidentemente fallaron. Y fue así no sólo porque, todos juntos, no lograron la caída del gobernador Ruiz, sino porque tampoco fueron capaces de conducir su esquema de lucha más allá de la momentánea confrontación violenta, y porque no tuvieron la capacidad suficiente para sostener sus bases más allá del momento excepcional de insurrección que fue el 2006 en Oaxaca.

Nadie puede negar que grupos como el EPR tienen presencia en Oaxaca; del mismo modo, sería imposible sostener que Conspiración de fuego, u otras organizaciones están ausentes del Estado. Sin embargo, tales circunstancias no necesariamente deben llevar a pensar que su presencia tiene potencial para convertirse en una nueva cuna de la insurrección.

 

SENSACIONALISMO

Sin duda, alguno de esos grupos podría, en cualquier momento, manifestar su presencia en el Estado a escalas importantes. Sin embargo, los antecedentes más bien apuntan a que aquí su presencia es disimulada, o de acciones de orden político pero no de sabotaje o propagandismo. Desde agosto de 2007, no ha habido en la entidad manifestación física alguna (petardazos, bombazos o algo similar) por parte de la guerrilla. En el inter, se les ha querido responsabilizar por la ejecución de algunos ex jefes policiacos (Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez) aunque éstos han negado toda relación con los hechos. Así, Conspiración de fuego debería ser entendida como lo que es, pero sin ser convertida en vehículo de especulaciones o sensacionalismos que no tienen fundamentos sólidos sobre nuestro Estado.

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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