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AL MARGEN || Avilés y los ‘chalanes’ que se cansaron de militar en el PRI

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Ante las recientes renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, el excandidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez soltó una frase que dibuja perfectamente una de las razones de fondo de la debacle priista entre sus militantes. En la red social Twitter, Avilés espetó: “El que es chalán es chalán… aquí o allá… sea rojo o sea verde…”. Instalado en la arrogancia y quizá sin querer, el también diputado local dibujó exactamente la razón por la que su partido perdió estrepitosamente no sólo los comicios, sino también gran parte de su base social y su militancia en la entidad. 

En efecto, la semana pasada se realizó una reunión entre militantes y representantes populares emanados del Partido Verde con el gobernador Salomón Jara. Ahí aparecieron dos personajes que hasta entonces se habían considerado priistas, los cuales se sumaron a otros más que también han dejado las filas tricolores en el pasado reciente para integrarse a esa fuerza política aliada a Morena. Las reacciones no se hicieron esperar, desde aquellos que lamentaron la decisión de sus ex compañeros de partido, hasta aquellas que rayaron en el franco insulto. Pero de entre todas ellas resaltó la postura Avilés, quien tildó de “chalanes” a los que se fueron. 

En esto, habría que preguntarse si no en medio de la ira Avilés fue traicionado por sus propias emociones. ¿Por qué llamar “chalán” a alguien? Un chalán, todos los sabemos en México, es un ayudante. En la albañilería, un chalán es el peón, que se encarga de las tareas más pesadas y menos relevantes; en prácticamente todos los demás oficios se les denomina así a las personas que son aprendices o que no poseen ninguna categoría dentro del escalafón técnico. 

En lo político y en lo partidista, igual que en todos los demás trabajos, se supone que esos rangos son de formación y de entrenamiento. Así, si el término chalán se equiparara a lo político entonces estos serían quienes llevarían a cabo las tareas básicas: activismo, propaganda, rutas y promoción del voto. Y, paradójicamente, se supone que esa fue una de las razones de mayor peso por las que fue designado Alejandro Avilés como candidato a la gubernatura: porque al haber sido un militante de base, se supone que había “chalaneado” lo suficiente como para conocer todos los estratos de la estructura electoral y ser aceptado por todos. 

La memoria es muy corta, pero cuando fue anunciada su candidatura, propios y extraños dentro del PRI reconocieron que Avilés era un elemento aglutinador de todas las corrientes internas, por haber sido alguien que recorrió todas las estructuras y todas las responsabilidades dentro del partido. Así lo dijeron prácticamente todos los militantes distinguidos del priismo en la entidad. Y lo expresaron además porque Avilés representaba la contracorriente al sentido cupular y patrimonialista con el que se había manejado el partido en el sexenio que concluía: mientras el gobierno estaba en manos de una sola familia que se sentía con una especie de derecho de sangre para gobernar, él representaba el encumbramiento de las bases a través de su candidatura. 

Avilés no podía sustraerse de la inercia de su partido, y parecía ser el dique de contención a ello: durante la administración de Alejandro Murat, un puñado de familias —sí, de familias— se encumbraron en el poder y establecieron las prioridades del partido: todos debían trabajar para que los integrantes de esas familias siguieran ocupando los cargos relevantes. En algunos casos por la vía de los cargos en la administración pública; otros, por la vía de los procesos electorales, y los más encumbrados a través de la vía plurinominal. 

Todos debían trabajar para que esas familias ocuparan los cargos, como si éstos fueran los tiempos de la España borbónica que distinguía entre criollos y peninsulares como referente esencial para el reparto de las responsabilidades públicas, y como si unos fueran los designados para las tareas públicas a partir del linaje y no del trabajo de campo, y los “chalanes estuvieran exclusivamente destinados a ser los ejecutantes de las tareas esclavizantes para que los elegidos de arriba gozaran de los ya conocidos privilegios.

¿QUE SE VAYAN…?

Quizá no lo pensó demasiado y Avilés lo soltó como una más de las puntadas de creatividad que ha demostrado tener para enviar mensajes en las redes sociales. El problema es que el arrebato venía cargado de una verdad que les está explotando en la cara. Es hoy imposible explicar por qué los únicos espacios con los que cuenta el PRI en Oaxaca —y ni se diga en la anterior administración— son ocupados por los hijos, los hermanos, las esposas y los socios de la cúpula priista, y no por militantes de base. 

Evidentemente, eso es algo que les está haciendo mucho daño. Más allá de si Rafael Vichido fue o no un militante priista relevante, si hizo o no trabajo político para su ex partido —que sí lo hizo— y que si son intereses económicos lo que hoy lo están moviendo a cambiarse de partido, lo cierto es que el diagnóstico va mucho más allá de él. 

Implícitamente, es lo que está demostrando el gobernador Salomón Jara al incluir en la administración pública a toda una pléyade de personajes que nunca habían tenido un espacio más allá del chalaneo de los partidos: silenciosamente, está haciendo la reivindicación con sus aliados de abajo, que el PRI nunca supo hacer. Ahí pesaron siempre más los apellidos, los linajes y el ius sanguinis, que la militancia real que se forma en la fila para acceder algún día a las responsabilidades públicas. Por eso el gobierno de Alejandro Murat fue como fue —lleno de frivolidades—, y terminó como terminó —en la derrota.

Quizá en este punto el PRI debía de ser más modesto en la autocrítica y reconocer los errores, no de la dirigencia actual, sino de sus manejadores del pasado. Hoy Avilés, Javier Villacaña y demás están recogiendo un desastre que ellos no provocaron, pero del que sí están conociendo las consecuencias. Debían preguntarse con seriedad cuál sería su postura si a ellos les llamaran ligeramente “chalanes” cuando han entregado su vida y sus convicciones políticas a una causa que ha encumbrado inmerecidamente a muchos, pero que al mismo tiempo ha despreciado reiteradamente a mujeres y hombres que han dado todo para ver ganar a su partido, aunque al final los dejen en las mismas. 

Este tendría que ser el punto de abandonar la soberbia y reconocer que ellos son lo que son, y están donde están, gracias al trabajo de los chalanes y de todos los militantes y simpatizantes de su partido. A ellos no habría que despreciarlos sino reconocerlos, máxime hoy que enfrentan un acelerado proceso de desmantelamiento orquestado desde el poder. Asumir la postura fácil de “no te necesito” y apartarse de cualquier forma de autocrítica, simplemente revela el estupor que silenciosamente les provoca no que los abandonen sus militantes distinguidos, sino los elementos a los que incluso en la devastación continúan menospreciando. 

Avilés no debía olvidar su origen. Es justo lo que lo hace ser ese personaje querido y aceptado por sus propios militantes. Chalanear no es indigno. Lo indigno es servirse del trabajo de los demás y ni siquiera tener pudor para reconocerlo. En fin… 

EPITAFIO 

Más allá de los arranques y las poses políticamente correctas, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial deberían establecer con precisión cuáles fueron las razones por las que le cambiaron la medida cautelar a Juan Vera Carrizal y, sobre todo, qué están haciendo para garantizar que no se sustraiga de la justicia. El derecho penal no se aplica por mayoría de razón. No bastan posturas ni indignaciones, sino acciones para dar certidumbre de que el juicio continuará hasta resolver las cuestiones de fondo.

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Oaxaca de Juárez: Francisco Martínez Neri no tiene tiempo de sobra

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Francisco Martínez Neri llegó a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña con el tiempo encima. Hoy culmina su primer mes de trabajo, y parece inminente que las inercias y las gelatinosas expectativas sobre su experiencia de gobierno, comiencen a jugarle en contra. Todas y cada una de las dolencias —administrativas y de gobierno— de la Verde Antequera siguen ahí. Y el Presidente Municipal parece más sometido y apesadumbrado por la rutinaria cotidianidad, que por verdaderamente alcanzar a demostrar que existe un antes y un después de la malograda gestión de su antecesor y compañero militante de su mismo partido.

En efecto, por lo menos hay tres temas que son botón de muestra de lo compleja que será —y que ya es— la gestión de Martínez Neri al frente de la capital oaxaqueña. El primero es el ambulantaje, que no sólo continúa creciendo sin forma ni límites, sino que además la naciente gestión nerista ha demostrado no poder controlar. El segundo de esos temas, que es inminente, es la lucha electoral al interior de las agencias municipales que la gestión nerista corre el riesgo de perder —a manos del PRI— por falta de una correcta gestión política. Y el tercero, será demostrarle fehacientemente a la ciudadanía que su administración no repetirá los errores y los excesos de corrupción que cometió el gobierno del —en mala hora electo— exedil Oswaldo García Jarquín. Vayamos por partes.

Martínez Neri recibió una administración municipal en estado crítico, al menos por dos cuestiones que iban corriendo en paralelo. Por un lado, la profunda crisis financiera que García Jarquín sumió al ayuntamiento citadino, lo cual generó un problema amplio de gobernabilidad con sus propios trabajadores; y por el otro, con un problema de ambulantaje que también fue estimulado y determinado por la corrupción, y que simplemente no encuentran cómo resolver. 

Hay evidencias muy claras de que el enorme quebranto financiero que enfrentan las arcas citadinas no tuvo su origen en desvíos directos de recursos, sino más bien en que la administración de García Jarquín estimuló el ejercicio de cobros que nunca llegaron a las arcas municipales. Por todos lados existen versiones de constructores, empresarios, comerciantes, proveedores y demás —incluso de gente que necesitaba tramitar una licencia de funcionamiento de un comercio, de una construcción o remodelación, etcétera—, a los que se les pedía que el costo de las autorizaciones, licencias, anuencias —o simplemente de que voltearan hacia otro lado, para no ver lo que se ejecutaba— fuera entregado directamente a una persona en concreto, y con dinero en efectivo, y no depositado a las cuentas bancarias o en las cajas de cobro del Ayuntamiento.

Valdría la pena revisar: durante el tiempo de pandemia, ¿cuántos inmuebles sólo en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, fueron remodelados; ¿en cuántas de esas construcciones —incluso una que aún se desarrolla frente al atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán— los trabajos se realizan a puerta cerrada, y todo el movimiento de materiales, escombro y demás, se da únicamente después de la media noche? ¿Cuántas nuevas construcciones aparecieron? ¿Cuántos nuevos salones de eventos sociales existen en plenas calles citadinas, y permanecen en operación a pesar de la molestia de las personas que viven en los alrededores, y de que violan todos los reglamentos sobre el uso del suelo —que es evidentemente habitacional y comercial, pero no para ese tipo de giros—, contaminación visual y auditiva, y el tipo de actividades que realizan?

La cuestión es que todo eso continúa ocurriendo libremente, sin que pareciera que ya hubo cambio de autoridad municipal. Lo mismo pasa con el ambulantaje. A pesar de las maniobras que realizó la nueva administración, de todos modos los ambulantes mantienen sitiada toda la zona sur del Centro Histórico, y no fueron capaces de frenar las oleadas incontrolables de ambulantes como la que ocurrió en el tianguis del Día de Reyes, en donde hubo hasta conatos de violencia, y en donde los comerciantes informales irremediablemente tomaron con toda libertad varias calles para realizar su vendimia, sin que la autoridad municipal pudiera hacer algo para impedirlo.

Evidentemente será imposible tener el zócalo y la alameda limpios de ambulantaje, a punta de operativos policiacos. Lo que tendría que haber es un ejercicio político y de gobierno eficaz que eventualmente lograra frenar a los ambulantes. El problema es que parece que nada ha cambiado.

LA INMINENTE LUCHA POLÍTICA 

Francisco Martínez Neri enfrentará dentro de algunos días su primera aduana política. La elección de los 13 agentes municipales será una prueba determinante de la capacidad que tengan sus delegados en las tareas de gobierno. Se enfrenta nada menos que al ex edil de referencia de la capital oaxaqueña, y figura política del PRI Javier Villacaña Jiménez. Éste fue el último gran gestor político de la ciudad y sigue siendo determinante en la política citadina. Ganarle, o perder frente a él, hoy cobra un significado especial porque Martínez Neri es un símbolo de esperanza frente a la rapacidad del pasado reciente, pero Villacaña hoy es nada menos que el presidente del PRI en todo el territorio oaxaqueño.

¿De verdad los encargados de las tareas políticas y de gobierno del Alcalde citadino, se han preparado para la misión que representa ganar las agencias municipales? Nada indica que esto haya sido hecho, e incluso registrado. Sin embargo, lo cierto es que política y emocionalmente, el resultado de cada una de las elecciones de agentes municipales será importante para entender si verdaderamente Martínez Neri está logrando gobernar, o si continúa anclado en la agenda de la cotidianidad sin haberse metido de fondo en la labor de reconquistar la capital oaxaqueña para el régimen de eso que hoy se conoce como la 4T. 

Neri tiene enfrente a un adversario que entiende las labores de gobierno, de política, y de acción electoral, que no le allanará el camino para hacerse de uno de los últimos bastiones —grandes o menguados— del priismo estatal, y que entiende que si él pierde los rescoldos de la capital frente a Morena, difícilmente podrá mantener su legitimidad como dirigente del partido tricolor en la entidad.

EPITAFIO

Al final, Martínez Neri tendrá que dar un golpe de timón si quiere mantener la legitimidad, que hoy sólo le da la imaginación y la esperanza de la ciudadanía citadina sobre un mejor porvenir. Si mantiene la tibieza en el pronunciamiento de condena a la corrupción, y permite que el tiempo lave la deplorable imagen que dejaron sus antecesores, se convertirá en cómplice de lo que la gente espera que rechace. Se le hace tarde para presentar denuncias en contra de quien lo antecedió en el cargo, y se le acaba el tiempo para demostrarle a la ciudadanía que puede ser algo distinto, y mejor, de la administración que sólo dejó una enorme estela de impunidad y corrupción como legado.

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La capital de Oaxaca sigue sufriendo por la apatía y los enconos políticos

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+ La Ciudad paga por afanes y desavenencias políticas de quienes gobiernan

 

Parece hasta una maldición que a pesar de las alternancias de partidos tanto en el gobierno estatal, como en el municipal de Oaxaca de Juárez, la capital oaxaqueña siga padeciendo permanentemente por los enconos políticos de sus respectivos gobernantes. Desde hace veinte años, la ciudad ha sido rehén casi permanente de las desavenencias, los cálculos y los enconos. Y aunque pudiera pensarse que éste es un nuevo periodo de florecimiento —por la coincidencia de gobernantes en los dos ámbitos—, es evidente que la realidad está muy lejos de esa suposición.

En efecto, para mal de los habitantes, y de la propia ciudad, desde hace dos décadas, Oaxaca de Juárez no ha tenido un gobierno municipal que se jacte de estar verdaderamente preocupado por las demandas y problemas de las personas, y el espacio físico al que se deben. Si volteamos al pasado reciente, podremos darnos cuenta que ninguna de las últimas ocho administraciones municipales consecutivas, se ha centrado verdaderamente en la labor administrativa, y más bien han ocupado al Ayuntamiento citadino como caja chica, como agencia de colocación para desempleados, como trampolín político; y, ahora también, como uno de los espacios favoritos para los ajustes de cuentas políticos.

Veamos si no. El gobierno del entonces panista Alberto Rodríguez González, fue un auténtico desastre, que comenzó marcado por la ineficiencia y la falta de sentido sobre las necesidades de la capital, y terminó marcado por los excesos, las pifias del Munícipe, y los frentes de guerra que entonces se abrieron, entre los grupos políticos, con el gobierno del estado. Éste fue el primero, sin embargo, de una larga lista de gobernantes que independientemente de la razón, no concluyeron el periodo para el que fueron electos.

Luego de él, llegó Gabino Cué Monteagudo. Éste, independientemente de las acciones favorables o no para la ciudad que emprendió su administración, ocupó al Ayuntamiento citadino como un escaparate para las aspiraciones que ya abrevaba de gobernar la entidad. Así, en 2004, siendo presidente Municipal, consiguió una postulación conjunta de las fuerzas de oposición como candidato a Gobernador, y dejó encargada la administración municipal a dos concejales (Alicia Pesqueira Olea de Esesarte, y luego María Luisa Acevedo Conde) que hicieron exactamente eso: administrar, pero no resolver —por falta de tiempo y recursos, además de la guerra política que desató la disputa por dicho cargo edilicio— los problemas más apremiantes de la capital.

En octubre 2004 el PRI recuperó la alcaldía citadina. Jesús Ángel Díaz Ortega se alzó con la victoria en los comicios municipales, arrastrado por el triunfo que dos meses antes había conseguido el entonces candidato a la gubernatura por ese partido, Ulises Ruiz Ortiz. Su gestión estuvo marcada por importantes decisiones impopulares —como la de la instalación de los parquímetros—, pero determinada por la ausencia del munícipe, y el abandono total de sus funciones, durante el conflicto magisterial y popular de 2006. La gestión la concluyó Manuel de Esesarte, quien no hizo un mejor gobierno que quien le legó el cargo.

DOS VECES FRAGUAS

En 2007, sin embargo, el PRI repitió su triunfo en las manos de José Antonio Hernández Fraguas. Éste, también aspirando ya desde entonces a la gubernatura del Estado, se sintió ofendido ante el cuestionamiento sobre si concluiría su gestión. Expresamente manifestó que su gobierno sería de tres años, y que se dedicaría a ser Presidente Municipal, y no precandidato a otros cargos.

Hernández Fraguas mintió, y de la peor forma: ni siquiera obtuvo la candidatura a Gobernador (que hubiera sido un argumento irrefutable para justificar su separación del Ayuntamiento), y sí abandonó sin ningún pudor su labor como munícipe, para ir a realizar una gris labor como “coordinador” de la campaña priista en los Valles Centrales, y engancharse en una diputación local plurinominal.

Luego vino a la capital Luis Ugartechea Begué, que pareció llegar de la mano de entonces nuevo régimen gobernante pero que terminó en una confrontación casi campal con el gobierno de Gabino Cué. Inexperto e insensible, Ugartechea no fue capaz de conciliar los intereses de su propio grupo político y rápidamente fue reducido y arrinconado en un complicado proceso de ahorcamiento financiero que dejó a la capital casi colapsada.

Después de él vino Javier Villacaña Jiménez, que durante casi toda su gestión fue el único que demostró tener la capacidad política necesaria para conciliar sus propios intereses políticos con los del grupo que tenía el control del gobierno estatal, sin hacer padecer de más a la capital oaxaqueña por la falta de servicios o condiciones de estabilidad. En gran medida, la repetición del triunfo electoral del año pasado fue resultado de esas condiciones, además de la inercia electoral que traía el hecho de ser una elección concurrente a la de Gobernador del Estado.

El elegido para suceder a Villacaña fue Fraguas, a pesar de la tormenta política que había generado en la víspera de la unción del candidato a Gobernador. Fraguas se pronunció abiertamente en contra de la candidatura de Alejandro Murat, y respaldó las aspiraciones de Eviel Pérez Magaña. Su cálculo, en el fondo, se centraba en su eterna forma de negociación, que parte de golpear al adversario para luego obligarlo a pactar. Así ocurrió su reintegración al priismo en 2016, y luego su unción como candidato a la alcaldía citadina como una especie de “pago” por recular en su repudio a quien ya era el candidato a Gobernador.

El problema es que Fraguas no consideró que no es lo mismo ser un civil que ser una autoridad, y que tampoco sería lo mismo criticar desde la oposición partidista que enfrentar la indisposición del Gobernador para respaldar a quienes antes lo señalaron. ¿Qué ocurre? Que las acciones soberbias de Fraguas, combinadas con el enfrentamiento casi patológico que sostiene con Javier Villacaña, no encontraron un punto de equilibrio y de avenencia en la figura del Ejecutivo estatal, que claramente está dejando correr las diferencias municipales como una forma de demostrar que todo lo que se hace, irremediablemente se paga.

Pues, iracundo, al día siguiente de que se canceló la sesión de Cabildo por falta de quórum, Fraguas salió a decir que esto era consecuencia de una acción política concertada, y de un estado de emergencia financiero por el que atraviesa el Ayuntamiento. El problema es que aún teniendo razón, a propios y extraños les queda claro que la base de su crisis política se centra en su incapacidad para generar gobernabilidad al interior del órgano colegiado —el Cabildo— que él encabeza; y en la falta del respaldo político que en otro momento le habrían brindado desde el Ejecutivo estatal para no permitir que esta situación escalara hasta sus niveles actuales, en los que más que los grupos políticos o los gobernantes, quienes sufren son los habitantes de la capital.

ESPACIO DE LAS AMBICIONES

Fraguas, evidentemente, está siendo sometido a las presiones naturales de cualquier lucha de fuerzas. Él quiere reelegirse y hay muchas personas interesadas en que eso no se consume. ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? Obstaculizándolo, como lo harían con cualquier otra persona. El problema es que él, con su ya conocida actitud poco conciliadora al interior de su cabildo, y teniendo ante sí a un gobierno estatal que le desconfía todo, ha contribuido de manera importante a generar esta nueva crisis —enésima crisis— que ahoga a la capital oaxaqueña.

“Rebelión” en el PRI: a nadie debería sorprender los roces

­+ Cambio de actitud: legitimación no llegará por inmovilismo

Más de uno se sorprendió cuando Javier Villacaña Jiménez exigió hace dos días que la coordinación de la próxima bancada del Partido Revolucionario Institucional, recaiga en alguno de los ahora diputados electos que obtuvieron su curul por el principio de mayoría relativa, y rechazara con ello que el edil citadino con licencia, José Antonio Hernández Fraguas, encabece la bancada. Independientemente de cualquier conflicto personal que exista entre ambos personajes, es evidente que ahora, ante las circunstancias, el tricolor sí debe modificar sustancialmente las formas en que toma sus decisiones importantes.

Una de las bases en que se sustenta el principio de la representación proporcional, dice que los candidatos a diputados por ese principio constituyen los intereses que la cúpula del Partido desea involucrar en el trabajo legislativo. Es decir, que si los candidatos propuestos por el principio de mayoría relativa —que son los que ganan los comicios a través del trabajo territorial en el distrito respectivo que representan— llevan consigo la voluntad y la aceptación directa de la población votante, los llamados “plurinominales” son quienes materializan la posibilidad de que las bases ideológicas del instituto político sean plasmadas en el trabajo legislativo que se realice.

Se entiende, teóricamente, que si los diputados de mayoría no necesariamente deben tener un alto grado de preparación y sustento académico, político y de la ideología del partido que representan, los de representación proporcional sí están obligados a ello. Los primeros, pues, tienen la legitimidad directa de los electores; y los segundos serían quienes complementarían la labor, con las propuestas y el “trabajo legislativo fino” que los primeros naturalmente no tendrían capacidad de hacer, pero que el partido espera de sus diputados para hacer válidos sus postulados.

De este planteamiento —que no es el todo, pero que sí representa una parte de los argumentos en que se basa la existencia de la representación proporcional—, parecería que ya nadie se acuerda. Según lo que hemos visto desde hace décadas en el sistema político no de Oaxaca, sino del país, es que la representación proporcional asegura las cuotas para las cúpulas, y los grupos y factores de poder y decisión dentro de cada partido, pero que muy pocas veces esas curules de representación proporcional son entregadas a personajes verdaderamente preparados o de amplia trayectoria dentro del partido, y que por esa razón serían garantía de un trabajo legislativo y de un debate de altura dentro de la Cámara en la que participaran.

Esa es una práctica que, en buena medida, el priismo no ha podido desterrar de sus tradiciones políticas: no sólo la de entregar las curules de representación proporcional en base a criterios de grupo y de reparto de cuotas, sino también la de definir los liderazgos en base a las conveniencias del grupo, pero no de la trayectoria y el verdadero consenso interno entre quienes integran el grupo a representar.

Es decir, que lo predominante es una práctica abierta de verticalismos y decisiones no consensadas. Eso se entiende y se explica, sin embargo, en medio de un sistema en el que una sola persona tiene todas las riendas del grupo; pero no en un escenario en el que el poder y el grupo quedaron maltrechos y cuestionados, y en el que existen voces que llaman no a mejorar o empeorar las prácticas prevalecientes, sino simplemente a cambiarlas.

Todos los que en algún momento se quejaron, por ejemplo, del verticalismo en el que se eligió a Francisco Rojas como coordinador de la bancada priista en la Cámara baja del Congreso de la Unión, ahora tampoco deberían sorprenderse de que, en un escenario totalmente distinto, surja una voz que llama a tomar en consideración no sólo las decisiones impuestas, sino los liderazgos reales que podrían existir dentro de ese partido.

ESCENARIO INÉDITO

Ciertamente, José Antonio Hernández Fraguas representa un liderazgo importante dentro del priismo; pero para efectos del escenario que tiene ante sí el tricolor y la próxima bancada priista del Congreso del Estado, ese liderazgo es simplemente inexistente y carente de cualquier grado de legitimidad. Recuérdese que la posibilidad de que él encabezara no sólo a la bancada, sino que fungiera como Presidente de la Gran Comisión, surgió a raíz de un acuerdo cupular, y particularmente en la negociación para el otorgamiento de la candidatura a gobernador.

¿Qué significa esto? Que independientemente de cuáles hayan sido los acuerdos previos, el resultado de la elección deslegitimó a todos los que ocuparon sitios de relevancia en la coordinación de la campaña, y que por tanto se debe hacer una nueva evaluación de la correlación de fuerzas, y una nueva redistribución de los espacios de decisión. En ese contexto, los liderazgos hechizos o consensados cupularmente, pero no legitimados por la fuerza de los votos, tendrán poca cabida y poca utilidad para el PRI de los próximos tres años.

Nadie duda, en ese sentido, que Hernández Fraguas pueda hacer un trabajo excepcional al frente de la bancada, y más cuando lo que habrá de definir el funcionamiento y el éxito de la próxima Legislatura, son precisamente los consensos y la posibilidad de generar acuerdos. Sin embargo, independientemente de que recaiga o no en él la posibilidad de la coordinación de la bancada, lo que es necesario es que esa decisión sea consensada y no reproduciendo los vicios y los verticalismos que los llevaron a la derrota.

Villacaña Jiménez propuso que la coordinación de los priistas recayera en Martín Vásquez Villanueva o en David Mayrén Carrasco. Los tres, al igual que Hernández Fraguas, han demostrado ser sólidos cuadros del priismo con capacidad para emprender esa misión. Pero sea cual sea la decisión y el método, lo que deben demostrar es que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo más allá de las decisiones de un jefe político. Como en todos los demás casos, si logran convertir la crisis en una oportunidad, pero no en oportunismo, entonces habrán de tener un escenario más equilibrado y claro para el futuro.

COORDINACIÓN FEDERAL

Si Eviel Pérez Magaña está dispuesto a retornar a su curul, sería ideal que lo hiciera y que demostrara que la derrota no lo demuele. En las dos ocasiones que ha sido diputado, ha tenido intermitencias que no hacen más que poner en duda su trabajo y representación. Este sería el momento de demostrar lo contrario.

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