Semovi huele a muerte

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Exigentes y despóticos a más no poder, los sicarios agentes de vialidad de la Secretarías de Movilidad (SEMOVI) en operativos instalados por toda la ciudad, especialmente durante esta semana en el crucero del monumento a Juárez rumbo a Ixtlán, se dedicaron a amenazar y despojar de sus vehículos a cientos de conductores de vehículos con cualquier pretexto, especialmente motos, aunque la ley señala que nadie puede ser molestado o detenido sin orden expresa de un juez, legalidad que al corrupto director de SEMOVI no le importa, porque lo único que le interesa es despojar de dinero a motociclistas y todo conductor de vehículos con el pretexto que deben estar en regla respecto del reglamento de tránsito del estado o los abusos y malas costumbres del pueblo-cantina de Santa Lucía del Camino.

Huele a Muerte o a accidentado la SEMOVI y su director o su jefe, porque son culpables de la muerte de decenas de personas y responsables directos de miles de heridos, lesionados y cientos de lisiados derivados de accidentes de tránsito, porque en dicha secretaría a diferencia de los requerimientos y exigencias que despóticamente reclaman a conductores en sus ilegales operativos para extorsionar, en sus respectivas oficinas, para obtener una licencia de conducir lo único que piden son papeles y documentos sin que se requiera ninguna habilidad para el manejo vehículos, sin que se aplique un examen de conducción o alguna exploración médica para saber si el solicitante de licencia de conducir es apto, idóneo, responsable y humano, porque en SEMOVI por un puñado de pesos le entregan licencia a quien sea, sin importar si oye o ve bien, si tiene algún retraso mental o se es un tipo de psicópata inhumano, ya que al director de SEMOVI y al jefe de policías viales de Santa Lucia del Camino, lo que realmente les importa es todo el dinero por multas y encierro de vehículos que puedan acumular en su bolsillo extorsionando especialmente a los conductores más humildes. SEMOVI huele a muerte porque en ningún país civilizado se otorgan licencias únicamente por dinero y tampoco permiten que los póngidos taxistas de pueblo transporten seis pasajeros, que sus vehículos no tengan sistemas de seguridad, como los “basurus”, sin mencionar los viejos y hediondos autobuses de pasajeros a los que SEMOVI acaba de autorizar incrementen el costo del pasaje, y cada semana atropellen y maten impunemente a algún peatón o lo derriben dentro del camión cuando corren a toda velocidad tratando de ganar el pasaje a la competencia, mientras los agentes de SEMOVI únicamente se dedican a extorsionar y robaren sus operativos, hasta ayer domingo, a quienes poco antes les otorgaron una licencia de conducir con permiso para matar, aunque digan que eso ya no está en su contrato.    

Pulpo camionero en Oaxaca: sector voraz que ha ahuyentado todos intentos de cambio

En una lógica normal, y en un escenario menos paradójico que el oaxaqueño en la cotidianidad, todos estaríamos de acuerdo en que el alza en el costo de los combustibles, avalaría y justificaría un incremento en el costo del pasaje en el transporte público concesionado. En esa lógica normal, el incremento sería justo y estaría avalado por la realidad, a partir de que el servicio que pudiera prestar dicho transporte fuera el adecuado y el merecido por los usuarios. El problema es que en Oaxaca vivimos en un mundo al revés, y por esa razón a pesar de las justificaciones aparentes, nadie avala ni es posible el incremento al costo del pasaje.

En efecto, de acuerdo con declaraciones hechas a la prensa por la presidenta de la Sociedad Cooperativa Chóferes del Sur, Alejandra Gómez Candiani, el servicio de transporte público enfrenta riesgo de “paro por insolvencia”, porque costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos. De acuerdo con la información, por lo pronto la propuesta planteada en la mesa al también concesionario del servicio de transporte urbano y encargado de la Sevitra, Alejandro Villanueva López, es de 10 pesos. La contrapropuesta del también socio de Sertexa es de 50 centavos.

En medio de la polémica por el alza al precio del servicio de transporte urbano concesionado, Gómez Candiani confirmó que lo único certero es que se autorizará el alza, pero aún no se establece de cuánto y cuándo será. En contraposición a esto, Sevitra dio a conocer que no autorizará ningún incremento en la tarifa establecida de siete pesos por pasaje en el servicio urbano, y dijo que realizará todo tipo de operativos para verificar que los integrantes del llamado “pulpo camionero” incrementen unilateralmente la tarifa, bajo la amenaza de aplicar sanciones a quienes llegasen a intentarlo.

Incluso, el sábado 4 de agosto, a través de un comunicado, la Sevitra habilitó líneas telefónicas para que los usuarios denunciaran el incremento de la tarifa del pasaje. “A todos los usuarios del transporte público, ante el incremento excesivo y no autorizado del pasaje por esta dependencia, hemos habilitado una línea especial para recibir su denuncia, 50 11 961 extensión 1104, también lo puedes hacer en nuestras redes sociales. Tus quejas y denuncias serán atendidas por el departamento de multas y sanciones”, explica el comunicado.

Y es que en apariencia, aquí estamos frente a un diferendo que se supondría que no debiera existir. Es público y notorio el hecho de que en el último año el costo del litro de todos los combustibles que utilizan los vehículos de motor (gasolina y diesel) se ha incrementado de forma exponencial, y que ese es un incremento al costo operativo que casi de manera natural impacta no sólo al transporte público sino a prácticamente todas las actividades y giros de la economía, que directa o indirectamente utilizan medios de transporte para ser realizadas.

 

REALIDAD PARALELA

El problema es que al menos en Oaxaca, existen dos factores que anulan esa realidad aparente: el primero, que los oaxaqueños hemos sido testigos de una larga historia de promesas incumplidas por parte del pulpo camionero a cambio de los recurrentes incrementos a la tarifa del transporte público.

Y el segundo, que a pesar de que en Oaxaca la tarifa es relativamente competitiva con respecto al costo del transporte en otras entidades federativas, aquí el servicio sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, y se mantiene esa especie de “monopolio” en el que son un puñado de empresas las que se reparten la geografía citadina y de la zona conurbada para la prestación de servicios. En ese acuerdo aparente entre empresas, todos deciden mantener las mismas condiciones de servicio —que son pésimas, en general—, y presionar juntos para los incrementos a las tarifas y para el sostenimiento de su oligopolio, a pesar de que todas sus promesas son incumplidas.

De hecho, si el servicio prestado por el pulpo camionero fuera el adecuado, nadie se inconformaría que existiera un alza a la tarifa porque, de hecho, eso sería lo natural según el costo de los insumos, refacciones y en general la prestación del servicio. Del mismo modo, si hubiera una mayor competencia entre empresas, una mayor demanda por parte del gobierno —que es quien concede las concesiones del servicio—, y mayores exigencias por parte del público usuario, entonces habría mayores posibilidades de que el servicio mejorara.

Lo paradójico es que, de nuevo, en Oaxaca los concesionarios del transporte público están exigiendo un incremento a la tarifa autorizada, a partir de la “consideración” que le piden al público sobre el incremento en los costos de los combustibles y los insumos, pero evidentemente evadiendo la realidad de que han sido ellos quienes inicial y permanentemente han desconsiderado a los usuarios, a los que engañan, maltratan y abiertamente ningunean cuando se trata de cumplir con las condiciones de un servicio más o menos digno.

En esa lógica, resulta que ante cada promesa de incremento existe una serie de promesas que ya sabemos que nunca se han cumplido, y posiblemente nunca veamos en la realidad. Han prometido cambiar la forma de la prestación del servicio, mejorar las unidades, evitar la contaminación excesiva que generan dichas unidades, y tomar medidas para evitar los accidentes que cada año cuestan vidas humanas, que dejan a muchas personas incapacitadas por las lesiones recibidas, y cantidades millonarias de dinero por concepto de daños materiales, de los que muchas veces no se responsabilizan ni los conductores de las unidades, ni las empresas camioneras, ni los dueños de las unidades.

 

INDIGNIDAD

Obviamente, si en Oaxaca existiera más competencia —como el SitiBus, o cualquier otro servicio más o menos estandarizado—, nadie reclamaría un mayor costo del servicio, porque sabrían que a cambio de ese dinero recibirían transportación digna, limpia, segura, y con tiempos perfectamente establecidos. El problema es que hoy los usuarios sienten que pagan demasiado por el servicio no porque consideren el costo del diesel que se ha incrementado significativamente en los últimos meses, sino porque asumen que a cambio de esos siete pesos reciben un servicio de mala calidad, inseguro, indigno e incapaz de satisfacer cualquier necesidad de calidad, para simplemente quedarse en la satisfacción (mínima) de la necesidad de trasladarse de un sitio a otro sin esperar nada más que zangoloteos, riesgos y el mal trato al que nos tienen acostumbrado los desconsiderados operadores —y dueños, y todos— del pulpo camionero.

Reinician operativos viales

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Como si no se dieran cuenta del descontento y hartazgo social manifestado en las anteriores elecciones contra el PRI, contra gobernantes y militantes de ese partido en vías de extinción, que para sobrevivir tiene únicamente como opción cambiar de nombre, símbolo y todo lo que le asocie con su desempeño, la Secretaría de Vialidad del gobierno del Estado reinició sus operativos contra vehículos de motor para conseguir más dinero y reponerse un poco de todo lo que gastó el gobierno estatal en las pasadas campañas políticas que perdió estrepitosamente, enojando aún más a miles de dueños de vehículos de motor, que prepotente y arbitrariamente son detenidos y cateados en distintos operativos ubicados especialmente en accesos a la ciudad como en los Monumentos a Juárez en Viguera y salida a Tuxtepec, donde detienen y asaltan principalmente vehículos que vienen de pueblos.

El abuso, inoperancia, torpeza y vivir en un  mundo de irrealidad y fantasía, donde los aduladores y serviles se dedican a decir a políticos que todo lo que hacen es maravilloso, sin que haya posibilidad de refutación o crítica, hizo que el PRI perdiera todo, porque dejaron de entender y atender a la gente, a los ciudadanos, pensando únicamente en sus correligionarios, parientes y amigos, operando lejos de los ciudadanos a quienes únicamente veían como entes útiles para legitimarse con sus votos, sin entender que casi todas sus acciones, como incrementos a gasolina, atracos y fraudes inauditos de gobernadores en varios estados, hartaban más y más a la gente, incluidos, aunque sean de impacto mínimo, los operativos viales, porque por un lado exigen toda legalidad y documentación en regla a conductores, despojandolos incluso de sus vehículos de transporte o trabajo, mientras por otro, miles de delincuentes de “cuello blanco” de “cuello negro” y toda clase de infractores de la ley: vendedores ambulantes, taxistas de pueblo que transportan más de seis pasajeros, autobuses urbanos destartalados y humeantes, gente que bloquea calles, asaltan casetas de peaje y muchos otros delincuentes menores, operan en total impunidad y protección de la policía estatal y vial. Por todo eso y mucho más que no describo por falta de espacio, la extinción del PRI es inminente, aunque, se puede metamorfosear y convertir en otra cosa a conveniencia, como hizo el otro partido también en vías de desaparición, el PRD, que de comunista se convirtió en socialista y luego democrático, a la usanza de los más viles convenencieros que se acomodan a lo que sea sin ideología ni principios.

La gente ya decidió el 1 de julio y, si la siguen molestando con operativos viales y otras acciones arbitrarias, el enojo no se olvidará, sino que crecerá y se verá reflejado en las próximas elecciones para gobernador y diputados, extinguiendo para siempre al PRI de Oaxaca y de todo el país donde se espera ahora un tipo de política seria, institucional y no de amigos y parientes que se heredan el poder cómo se comprueba con solo ver los apellidos y dinastías desde el siglo XIX y hasta hoy.  

Frente al alza al pasaje, Sevitra evita los compromisos con la ciudadanía

Alza en la tarifa

+ Premian al “pulpo” y generan otro potencial caos con el sistema integrado


La Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) no sólo traiciona a los oaxaqueños al darle, con la autorización del alza a la tarifa del transporte público, un nuevo premio al pulpo camionero, sino que también está generando un nuevo caos con el llamado Sistema de Transporte Integrado, que ya planea poner en operación en la ruta Viguera-Xoxocotlán, con 141 nuevos autobuses. Antes de todo eso (incrementos a cambio de nada, y generación de nuevos sistemas de transporte), la Sevitra debería impulsar el reordenamiento de la flota camionera, las empresas, y los concesionarios, que ya están en operación.

En efecto, aprovechando el puente por los días de la celebración de los muertos, la Secretaría de Vialidad y Transporte anunció un incremento a la tarifa del transporte público concesionado de la capital y las zonas conurbadas, para fijarla en siete pesos por viaje. Al mismo tiempo, la dependencia anuncia el próximo inicio de operaciones de un nuevo sistema al que denominan como SIT: Sistema de Transporte Integrado. Según información difundida por el gobierno estatal, dicho sistema tiene la finalidad de orientar las acciones en materia de movilidad urbana “en el que el peatón es el centro de las decisiones, beneficiando especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad”.

Según la información difundida, actualmente se construye una primera etapa que comprende la ruta de Viguera a Xoxocotlán, pasando por Calzada Madero, Central de Abasto y Parque del Amor. El SIT contempla la adquisición de una flota de 141 autobuses Dina Linner Padrón con capacidad  para 80 pasajeros y elevador de silla de ruedas para personas con discapacidad.

Y contempla, según lo que difunde, una alta tecnología de monitoreo constante a través de cámaras de seguridad, contadores GPS y GPRS, así como una alcancía de recaudo y un lector de tarjetas prepago. Lo que la información difundida no dice por ningún lado es quién se encargará de administrar dichas unidades, y cómo se planea que éste sea un sistema útil en el mediano y largo plazo para la ciudadanía, y no se convierta rápidamente en un nuevo “pulpo” que azote las calles, a los peatones, y a los automovilistas de la capital oaxaqueña.

La preocupación, en este sentido, no es menor. Pues en las ciudades donde operan sistemas más o menos similares al que se anuncia que se implementará en Oaxaca, éstos son operados por empresas privadas que sirven como administradores y reguladores del servicio, y que no necesariamente dependen de las empresas de transporte urbano tradicional. En el caso del Metrobús, en la Ciudad de México, éste opera bajo ese esquema que lo que intenta es evitar su perversión y su degradación a un servicio como el que prestan los autobuses de transporte público tradicionales. Gracias a eso es que se han podido sostener tanto las unidades como los mecanismos tecnológicos que permiten un funcionamiento eficiente.

Frente a esto, queda la incertidumbre de quién operará este sistema: pueden ser —pero no lo dicen— los mismos empresarios del transporte urbano tradicional; puede también ser operada por una empresa ajena a los servicios que ya se ofrecen; e incluso puede ser el propio gobierno quien directamente se encargue de la administración.

En cualquiera de los casos, esto choca con el hecho de que es el gobierno quien directamente está haciendo la inversión sin clarificar quién será el usufructuario de ese servicio, y cómo las arcas públicas recuperarán o preservarán la millonaria inversión que hoy en día se hace tanto para adecuar las vialidades a la operación de los autobuses, como en la propia adquisición de las 141 unidades que ya se anuncia que correrán por esa primera ruta establecida. ¿Entonces?

PREMIO A CAMBIO DE NADA

Al mismo tiempo, Sevitra les dio un nuevo premio a los concesionarios a cambio de nada. Les incrementó la tarifa del transporte, pero sin establecer una sola contraprestación concreta y obligatoria para los empresarios del “pulpo camionero”. En términos concretos, el alza se dio pero sin pasar por el reordenamiento del transporte concesionado, que es lo que verdaderamente le daría viabilidad al sector, tanto como una actividad lucrativa como en la mejora del servicio que evidentemente merece la ciudadanía a cambio del la onerosa tarifa que paga por el servicio de transporte público.

No hablamos de nada nuevo: habría sido provechoso que a cambio del alza a la tarifa, la Secretaría de Vialidad hubiera decretado, no pactado, el verdadero reordenamiento del transporte con base en los múltiples estudios que han mandado a hacer, y con los diagnósticos de cómo se debieran tomar medidas para mejorar el funcionamiento del transporte. No lo hacen, porque finalmente el “pulpo” es el amo y señor del sector, y la Secretaría de Vialidad es sólo una comparsa de sus intereses.

¿Por qué hablar de un reordenamiento? Porque buena parte del problema que tiene el transporte público es que está mal distribuido; que funciona mal; que hay un problema viejísimo con las rutas autorizadas; y que como no resuelven nada de eso, entonces optan por el camino fácil de decidir —entre todos— que sea la ciudadanía quien siga pagando, cada vez más, por ese servicio caro, deficiente y desordenado, que podría ser un mejor negocio para todos si los concesionarios estuvieran dispuestos a ceder por lo menos un poco a favor de la revisión exhaustiva de rutas, unidades y calidad del servicio, para al menos legitimar ante el público usuario las decisiones que toman.

No hay voluntad para ello. En cambio, nuevamente la Sevitra prefirió los anuncios subrepticios y el pacto con los camioneros, que dentro de no mucho tiempo revivirán su inconformidad por la puesta en operación del nuevo sistema de transporte integrado.

Al final, parece que fue a cambio de eso que les autorizaron la tarifa. Pero el problema es que si no hay orden, y si no se clarifica la operación del SIT, lo que tendremos dentro de no mucho tiempo en Oaxaca ya no será un pulpo, sino dos: uno, del transporte concesionado tradicional, y otro del nuevo sistema que, al pervertirse, podría convertirse en un nuevo grupo de presión que no resolvería los problemas de movilidad y sí sería un chantaje más para el gobierno y la sociedad oaxaqueños.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

¿Y entonces debemos olvidarnos que el “pulpo” es, junto con los conductores ebrios, el mayor causante de accidentes viales en Oaxaca?

Al descubierto, acuerdo negado de Sevitra con concesionarios

Carlos  Moreno

+ Carlos Moreno y su doble traición: a ciudadanos y al “pulpo”

La semana pasada, cuando intempestivamente los concesionarios del transporte urbano de la capital oaxaqueña anunciaron el incremento de un peso a la tarifa del pasaje, llamó la atención que fuera desde la gubernatura, y no en la Secretaría de Vialidad y Transporte, de donde se desmintiera la versión y se llamara al orden al “pulpo camionero”. En el fondo parecía haber una complicidad entre funcionarios y concesionarios para dar un albazo con el incremento al transporte, que finalmente ayer quedó al descubierto.

En efecto, cuando el pasado 1 de abril se filtró la información de que al día siguiente un grupo de concesionarios de la línea camionera Choferes del Sur, incrementaría unilateralmente la tarifa del pasaje, en este espacio dimos cuenta de la duda que despertaba el silencio de la dependencia encargada de atender el transporte, frente a la determinación con la que el vocero del Ejecutivo salió al paso para rechazar el incremento.

“El gobierno estatal —apuntamos en nuestra entrega del 2 de abril pasado—, a través del vocero del Poder Ejecutivo, Miguel Muñoz, se deslindó oficialmente de cualquier autorización al alza de la tarifa. Lo que ahora el gobierno debe indagar, y castigar si es debido, es si hubo algún pacto interno entre el secretario Carlos Moreno Alcántara y los concesionarios, para darle a los usuarios, y al propio gobierno, un albazo con este incremento sorpresivo. Sevitra titubeó varias horas ante la exigencia de que confirmara o rechazara el incremento. Y eso abre la posibilidad de que ahí haya habido una complicidad que finalmente no tuvo el resultado deseado.”

Esa sospecha hoy está confirmada. Ayer los concesionarios llamaron a una conferencia de prensa en la que le dieron un plazo al gobierno estatal para entablar una mesa de negociación en la que se revisara la tarifa autorizada, o de lo contrario bloquearían las principales arterias viales de la capital oaxaqueña. Dicha negociación no ocurrió. Y por eso después de las 13 horas más de 900 unidades se plantaron en varios de los cruces y calles principales de la capital oaxaqueña como señal de protesta.

Junto con la conferencia de prensa, los concesionarios emitieron una especie de comunicado, del que vale la pena rescatar algunas líneas, porque en ellas los mismos concesionarios ponen de manifiesto el acuerdo para incrementar el precio del pasaje, que luego negó la Sevitra.

“Los concesionarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Oaxaca, manifestamos públicamente nuestra inconformidad y rechazo por la decisión subjetiva que tomó el titular de Sevitra de dar marcha atrás a la tarifa revisada con el personal a su cargo; acordada de manera sustentada por las partes involucradas, es decir, entre los concesionarios y la autoridad responsable de $7.00 pesos.

“No aceptamos los pretextos que se quiere argumentar por parte de Carlos Moreno Alcántara para justificarse. Ya que no es culpa de los transportistas que no se hayan hecho los anuncios y los trámites jurídicos correspondientes a tiempo. Desconocemos de la interlocución al C. Carlos Moreno Alcántara (…) Tenemos tomas y secuestros de unidades prácticamente todos los días por parte de las diferentes organizaciones sociales que se manifiestan constantemente en la ciudad y nadie nos apoya o repone las pérdidas que esto conlleva. Hemos aguantado dos años tres meses, de manera paciente y prudente este aumento. Los empresarios hemos estado dispuestos a dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad, cambio de parque vehicular, capacitación a los conductores, operativos de revista, etc (…) es por esto que la mayoría de los usuarios que utilizan el transporte están conscientes del aumento. La ciudadanía sabe que todo ha subido y no podemos seguir con al tarifa actual…”

COMPLICIDADES

Varias cuestiones deben subrayarse frente a este posicionamiento de los concesionarios. Pues lo primero que salta a la vista es que, como se preveía, sí existió un acuerdo previo entre la Secretaría de Vialidad y Transporte, y los concesionarios, para incrementar el costo del pasaje.

Lo segundo es que ese consenso no fue avalado directamente por el Titular del Poder Ejecutivo sino únicamente por el titular de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, quien además de que ahora debe renunciar por esta traición a la ciudadanía, también perdió ya la capacidad de interlocución con los concesionarios, que ahora también se dicen traicionados y que se encuentran en franca rebelión frente al Estado, que es quien finalmente les otorgó la concesión para el servicio que prestan (y que en realidad debía decirse que es “el negocio que explotan”).

Otra cuestión que llama la atención es que en todo este embrollo los concesionarios hayan perdido todo pudor al querer presentarse como los únicos que resienten pérdidas por la inestabilidad política que priva en la capital, y que es a quienes el gobierno o los usuarios deben resarcir por sus pérdidas. Incluso parece hasta un mal chiste que los dueños del “pulpo camionero” digan que el público usuario está consciente y que apoya el incremento a la tarifa porque reconoce que “todo ha subido” y que por ende el transporte urbano no puede seguir “con la tarifa actual”.

Finalmente, lo que continúa siendo parte del tema de fondo ignorando es que tanto los transportistas como la autoridad mantengan una discusión llena de medias verdades y acuerdos no revelados, y que en nada de esto hayan considerado a la ciudadanía, que es quien finalmente terminará pagando el costo de sus decisiones. El gobierno, evidentemente, no quiere cargar con un costo político más en el contexto del inicio de las campañas electorales. Y los concesionarios insisten en presentarse como los quebrantados, cuando lo cierto es que ni tienen tantas pérdidas como dicen (porque en la lógica común, ningún empresario continúa en un negocio que ya no es negocio) ni han cumplido con los requerimientos de capacitación y renovación de la flota vehicular, como tanto insisten.

CARLOS MORENO DEBE IRSE

Hasta la tarde de ayer, Carlos Moreno no había dado la cara, ni ofrecido a la ciudadanía una explicación por lo que estaba ocurriendo, a pesar de que por sus errores le jodió el día a miles de personas. Lo primero que tendría que explicar es la veracidad de las afirmaciones de los concesionarios, sobre el acuerdo que tomaron con él y que luego fue negado por él mismo. No lo hará. Si tuviera vergüenza, ya habría presentado su renuncia.