Guerra sucia: cáncer de procesos electorales

El pasado lunes, fuentes desconocidas hicieron llegar al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador Ulises Ruiz con algunos personajes de su grupo político. Estas revelaciones, se sumaron a otras que previamente se habían realizado, con el mismo modus operandi, respecto al gobernador de Veracruz, y otros mandatarios de entidades federativas en las que se desarrollan procesos electorales.

Ante esta nueva fase de filtraciones y golpeteos derivados de las guerras entre grupos de poder, bien vale la pena preguntarnos: ¿A quién beneficia la guerra sucia en los procesos electorales? Porque lejos de ser una herramienta “dura” para revertir tendencias, esto más bien parece un cáncer que arrasa con todo lo que se cruce en el camino.

En un primer momento, estas filtraciones llevaron inmediatamente a la reedición de varias discusiones antiguas que, sin embargo, no dejan de ser actuales por el choque entre los idealismos y la realidad prevaleciente entre quienes ejercen el poder: la primera de ellas, tiene que ver con las actitudes, lenguajes y posibles cuestiones en las que se encuentran involucrados todos aquellos que aparecen en las filtraciones.

Pero junto a eso, existen otros puntos de debate no menos importantes: ¿Quién tiene la capacidad de transgredir de modo tan flagrante las leyes vigentes, y ejecutar una de las acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes ordinarias? ¿Esto se realiza desde el Estado? E incluso: ¿Debemos dar validez plena a contenidos que se revelan para cumplir con un fin eminentemente político-electoral, y desestimar el origen ilegal de las mismas? Son aspectos que no sólo tienen que ver con la contienda política actual, sino con las formas mismas en las que se está delineando nuestra democracia actual.

Además, aún cuando eso podría parecer lo determinante, existe más. Esto es, qué pasará con la relación institucional entre las fuerzas que hoy están chocando frontalmente, luego de que ocurran los comicios, alguien gane y alguien pierda, y todos juntos tengan que regresar a la nada sencilla labor de ejercer las diferentes funciones y modalidades del trabajo público. El asunto no es menor. El futuro inmediato del país no depende solamente de lo que ocurra el 4 de julio en las urnas, sino del modo en que puedan entenderse los diversos ámbitos de gobierno, y de cómo en esa medida puedan o no ponerse de acuerdo para generar dinamismo o, en sentido contrario, el inmovilismo que tanto daña a la nación.

En la medida que respondamos a esos cuestionamientos, podremos ver cómo no es una apreciación errada, la relativa a que la guerra sucia electoral ni beneficia ni construye, sino que más bien es un cáncer que rompe y enturbia todo lo que encuentra a su paso. Como bien lo dice el refranero: cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Así funciona la guerra sucia con fines electorales.

FIN POLÍTICO

El argumento principal de las fuerzas políticas con el que presentaron las grabaciones, era el relativo a que su validez es incuestionable por el contenido de las mismas. Aseguraban que en esas intercepciones telefónicas, se escuchaba al gobernador Ulises Ruiz inmiscuyéndose en asuntos electorales, sosteniendo conversaciones en las que disponía de recursos oficiales –como la televisión del Estado- para beneficiar al candidato de su partido, o revelando ciertas cooptaciones relativas al órgano electoral.

Lo cierto, en todo esto, es que si nos guiáramos sólo por los argumentos opositores, en efecto, los priistas involucrados no tendrían ninguna excusa para escabullirse de las responsabilidades que se les endilgan. No obstante, si nos atenemos a un principio estrictamente legal, es evidente que más allá de lo inmoral o antiético que pudiera desprenderse de las conversaciones, ninguno de los involucrados estaba cometiendo lo que expresamente puede considerarse como un delito.

Sin embargo, es evidente que lo que se buscó es el impacto político. Para fines estrictamente jurídicos, toda prueba obtenida por métodos que transgreden la ley, carecen de toda fuerza probatoria. Es decir, que aún cuando los involucrados estuviesen cometiendo delitos, éstos no podrían acreditarse a través de las grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas porque éstas se encuentran expresamente prohibidas, para los servidores públicos y para los particulares, por la Constitución federal y las leyes ordinarias del país.

Ese es, seguramente, uno de los puntos álgidos de toda esta discusión. Las grabaciones obtenidas por vías ilegales, están, por ese solo hecho, completamente desacreditadas como un medio de prueba ya ante los tribunales jurisdiccionales, ya frente al juicio implacable de la opinión pública. Pero esto último, es algo que los opositores no revelan de su sedicente moral y calidad ética, y prefieren centrar todos sus argumentos en el contenido de las grabaciones.

CHOQUE DE FUERZAS

La difusión de grabaciones provocó otro irremediable choque entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. A los azules se les acusa de recibir apoyos y de utilizar el aparato gubernamental federal no sólo para promocionar el voto a su favor, sino también para realizar todo tipo de tareas, incluidas las ilícitas. Todo parte de que el panismo hoy tiene el control del gobierno de la República.

Pero los panistas acusan a sus pares tricolores de lo mismo, sólo que en las entidades federativas. Para ellos, los mandatarios estatales no son más que virreyes que ejercen poder a plenitud, sin contrapesos y con pocas capacidades de ser fiscalizados o frenados en la disposición de los recursos públicos a su alcance.

Lo cierto es que en ambos frentes se cometen excesos. El gobierno federal se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de interceptar las conversaciones de los mandatarios tricolores, de realizar las grabaciones, y de utilizar los canales y recursos oficiales para hacerlas públicas.

Pero desde el gobierno federal se acusa de algo parecido a los tricolores. En el caso particular que nos ocupa, ellos manifestaron que las filtraciones pudieran tener un origen y finalidad distinta a la que hoy se sospecha. Desde el panismo, acusaron al gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de ser el orquestador de esta campaña sucia.

En este contexto, casi al finalizar la semana el gobernador Ulises Ruiz acusó directamente al presidente Felipe Calderón de ser el responsable de estas acciones. Ayer viernes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprochó al mandatario por sus acusaciones y deslindó al gobierno de la República de la responsabilidad por esas acciones. Lo cierto es que, al final, nadie cree fehacientemente los dichos y los deslindes de cada uno de esos y todos los personajes involucrados, y esta guerra sucia los está afectando gravemente a todos por igual.

¿’BAJAR LA CORTINA’ DEL PAÍS?

Quizá unos y otros no reparan en que el panismo detenta el poder federal, pero que el priismo tiene también en sus manos nada menos que el control del Congreso de la Unión. A nivel presupuestal, son los tricolores, y no el presidente ni sus aliados, quien tiene la última palabra en la Cámara de Diputados. Esta afrenta, irremediablemente, habrá de enturbiar y enrarecer la relación entre ambos bloques. Y el país, les guste o no, es mucho más que las guerras electorales, que los partidos políticos, que los procesos comiciales, e incluso que las personas y los intereses que están hoy puestos en juego.

El gobierno federal, y los priistas, olvidan que el país no se detiene, y que México enfrenta grandísimos retos que no pueden esperar a que los partidos y los grupos de poder se pongan de acuerdo. Existen reformas legales importantísimas, que hoy mismo se dan como canceladas no porque sean inviables, sino porque son los instrumentos de venganza entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Así, si los azules golpean a los tricolores, éstos amagan con “no dejar pasar sus leyes”. Como si la regulación y el marco legal fuera propiedad, victoria o rango de aplicación para un solo partido o grupo de poder.

Queda claro, entonces, que el país no se detiene. Pero tal parece que todos están ya “bajando la cortina” de los procesos políticos, de la interlocución legislativa, de la administración pública consensada, y de la concordia entre grupos de poder. Esta guerra sucia electoral pareciera que está cancelando el futuro y la construcción de acuerdos en nuestro país. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo que podremos esperar de aquí al 2012, es más inmovilismo, más trabas y menos acuerdos.

Finalmente nadie más pierde que el país y los mexicanos. Las afrentas políticas, la falta de acuerdos, los incorrectos ejercicios de la “pluralidad política”, y las vendettas entre grupos, llevan poco más de una década de ejercicios duros de política que no han redundado en ningún beneficio para el país. Puede ser que el país tenga un poco más de democracia; pero de nada nos sirve que esta democracia no nos sirva para ponernos de acuerdo, para eliminar las prácticas ilegales en los procesos electorales, o para ponernos a trabajar, todos juntos, alrededor de un solo proyecto de nación.

La revelación de grabaciones conseguidas ilegalmente, sólo confirma una guerra sucia, que finalmente destruirá todo lo que toque, incluyendo a sus orquestadores. Nadie ganará más de lo que todos juntos perdamos.

Rupturas: resultado de candidaturas y decisiones impuestas

+ Arnaud: uno de los seis desplazados; ¿Y rupturas priistas?

La renuncia al Partido Acción Nacional de Pablo Arnaud Carreño —símbolo icónico no de ese partido, sino de la oposición en Oaxaca—, refleja uno de los efectos que hasta ahora se habían reprimido respecto a las decisiones impositivas y excluyentes, de las que se valió la conformación de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca. Esto es, el grosero desplazamiento y ninguneo del que fueron objeto todos los personajes que inicialmente fueron presentados como los prospectos de cada uno de los partidos que participan en dicha alianza. Este efecto, que no es privativo de las fuerzas opositoras, revela la calidad de la democracia interna en las fuerzas políticas.

¿Alguien recuerda, por lo menos, quiénes fueron los personajes que, en diciembre pasado, presentaron las fuerzas de oposición, como sus potenciales “cartas fuertes” para disputar la gubernatura del Estado al Partido Revolucionario Institucional? El 28 de diciembre pasado, ocurrió una reunión pública en la que participaron los siete principales prospectos opositores. Éstos fueron, por Acción Nacional, Pablo Arnaud Carreño, Huberto Aldaz y Gerardo García Henestroza; por el Partido de la Revolución Democrática participaron Carlos Altamirano Toledo y Othón Cuevas Córdova; y por el PT y Convergencia asistió el ahora candidato, Gabino Cué Monteagudo. Incluso, en aquella reunión inicial también participó Irma Piñeyro Arias, en representación de Nueva Alianza.

Hoy, ante la renuncia de Arnaud Carreño, no sólo tendríamos que preguntarnos cuál fue la razón que motivó esa decisión, sino también ver algo por demás lógico: que todas las inconformidades, y hasta los deslindes que hasta ahora han ocurrido en la Coalición opositora, se explican en la forma en cómo ésta se conformó y tomó sus principales decisiones. Pero vayamos por partes.

Quizá la desmemoria ataca a muchos que ahora se dicen sorprendidos por la decisión de Arnaud Carreño. Pero fue en enero pasado, cuando una dirigencia nacional no sólo “destapó” oficialmente a Gabino Cué Monteagudo como su candidato a Gobernador, sino que asestó, además, un certero albazo a la democracia interna a la que, según, jugaban las fuerzas y los personajes que aquí en Oaxaca luchaban por conformar la Coalición, y ninguneó a todos los que habían creído en esa democracia. Ese partido, para quien no lo recuerde, no fue ni Convergencia ni el PRD. Fue Acción Nacional. Y el ahora ex Panista, fue uno de los damnificados directos de ese madruguete.

Arnaud, que se caracterizó en Oaxaca por ser un panista congruente y comprometido, y que, con sus triunfos electorales tanto en la alcaldía, como en una diputación federal, en tiempos de un partido oficial mucho más dominante e intolerante, se afianzó como uno de los iconos más representativos de quien alcanza cargos públicos desde las trincheras ciudadanas. Bueno, pues todo eso no le fue suficiente como para ser tomado en cuenta por su partido no sólo respecto a las postulaciones más recientes, sino tampoco para ocupar puestos importantes ahora que el gobierno federal es, y desde hace una década, nada menos que panista.

La suma de esos factores, fue lo que seguramente motivó a Arnaud a abandonar las filas del partido en el que tradicionalmente militó. Fue él, pero igual pudo haber sido otro de los personajes que, lo acepten o no, fueron la comparsa perfecta que finalmente contribuyó a legitimar la candidatura de Cué Monteagudo. Ninguno de ellos fue tomado en cuenta para la labor política que seguramente esperaban. Y pudo haber sido él, o cualquiera de los que fueron presentados como “cartas fuertes”, y finalmente fueron echados en el saco del olvido, apenas se cumplieron las formas democráticas mínimas en la alianza opositora.

¿“UNIDAD” PRIISTA?

La renuncia de Pablo Arnaud, además de ser la consecuencia natural de una posible oferta que pudieran haberle hecho desde el priismo, es también un reflejo fiel de lo que provocan los procesos internos que no alcanzan a tener el calificativo corroborable de “democráticos”. Si esto es así, ¿por qué en la casa de enfrente, es decir, en el PRI, no hubo ruptura?

La respuesta fácil podría encontrarse en lo que se conoce como “operación cicatriz”. Es decir, en las negociaciones que se hacen en medio de un proceso interno, para que a través de ella nadie resulte ser un completo perdedor, frente a quien de antemano ya se impuso sobre todos los participantes. Si esto pudiera ser parcialmente válido, la respuesta también debería enfocarse a lo irremediable que resulta ser, para muchos priistas, la disyuntiva entre atender a la congruencia, o doblegar sus convicciones ante una mera conveniencia.

Existen dos ejemplos claros, en el priismo, de cómo se atiende a la convicción, y cómo a la conveniencia. Una ruptura que el priismo no ha querido reconocer como tal, pero que ocurre en los hechos, es la relativa al diputado federal Jorge Franco Vargas. Éste, además de participar en el proceso interno y de haber jugado un papel trascendental en el ánimo del actual Jefe Político, resultó ser uno de los varios desplazados por la decisión final que se tomó en el priismo.

Fue, junto con el senador Adolfo Toledo Infanzón, uno de los que se dijeron en contra de las prácticas antidemocráticas en el priismo, y que amagaron con ruptura. ¿Y cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que Franco Vargas, frente a todas las consecuencias posibles, decidió asumir la decisión de no involucrarse en tareas políticas si no era él el abanderado.

Pero Toledo Infanzón, aún cuando era el puntero en las encuestas, prefirió doblegarse y anteponer a sus pretensiones “la unidad del partido”. Aunque, en realidad, ese fuera el escondite en el que ocultó el temor de quedar no sólo fuera de la contienda, sino también de la sucesión, del posible triunfo electoral, y de todos los privilegios que esto implica. Así, las fracturas existen, pero hasta ahora, por decoro o conveniencias, ninguna ha sido expuesta.

LOS ERRORES DE PABLO

Lamentablemente, toda la congruencia que demostró Pablo Arnaud con su renuncia, la dilapidó en la imprudente decisión de mostrarse, inmediatamente, como un aliado del candidato priista, Eviel Pérez Magaña. No es mala su adhesión: al contrario. Pero fue eso lo que dio pie a todos los improperios que le lanzaron desde el PAN. Fue un error descuidar las formas. Para no parecer un oportunista.

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PRI: ¿en qué radica su confianza sobre triunfo electoral?

+ Factor territorial, ¿punto esencial que imitará oposición?

Ayer domingo, Eviel Pérez Magaña rindió formalmente protesta como candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Al evento realizado en la Alameda de León, en la capital oaxaqueña, asistieron gobernadores, líderes políticos, diputados, senadores y aspirantes del tricolor a gubernaturas de otras entidades. Existe, dicen, confianza en ganar holgadamente los comicios de julio próximo, a pesar de que los resultados de las encuestas no les han dejado de ser adversas. ¿En qué basa su confianza el priismo de Oaxaca?

Según la lógica del priismo, este no es un asunto de efervescencias políticas ni de romanticismos democráticos, sino de una simple y fría relación numérica sobre la efectividad de las estructuras electorales. Para ellos, el asunto de las encuestas, más bien tiene que ver con percepciones establecidas fundamentalmente en las zonas urbanas, que no necesariamente se reflejan en las poblaciones rurales, que es en las que ellos obtienen más amplios márgenes de votación.

Así, un priista conocedor del alcance de sus estructuras y de la influencia que tiene la ingeniería electoral en un proceso comicial como el que ocurre en Oaxaca, más que a las encuestas, acude a los números. ¿De qué hablamos? De que, para ellos, es esencial el control territorial que tiene su partido —a través de sus representantes populares,  autoridades municipales y delegados partidistas—, de la geografía estatal, y en base a ello sostienen sus posibilidades de triunfo.

Existen por lo menos dos factores esenciales. Primero, que independientemente de la popularidad o aceptación que pudiera tener su candidato, el priismo se funda en una estructura electoral que funciona lo mismo por el clientelismo, que por la compra o coacción del voto, e incluso hasta en ciertos tipos de corporativismo en el llamado “voto rural” o “voto verde”. El segundo de esos factores, es que las más recientes reformas electorales (que eliminaron la preponderancia de los medios de comunicación como eje de toda campaña proselitista), devolvieron a los procesos electorales la territorialidad que habían perdido.

Si se toman en cuenta estos dos factores, es posible ver que, en efecto, quien tenga el control de más porciones de territorio, tendrá más posibilidades de trabajar electoralmente a favor de su partido. Si vemos el asunto independientemente de lo legal o ilegal —o moral o ético o legítimo— que esto pudiera ser, habríamos de darnos cuenta que por eso, aún en contra de las encuestas, el PRI sostiene no sólo su verticalidad, sino también el avasallamiento en sus decisiones internas, y sobre todo —y para sorpresa o decepción de muchos— sus posibilidades de triunfo.

Visto así, por tanto, el asunto parece simple. En el razonamiento priista, ellos tienen el control de más de cien municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Esto, además de los 25 distritos electorales estatales y los 11 federales, con los que tienen igual número de diputados locales y federales. Sus programas sociales, unos o todos, cubren la geografía estatal. Y tienen una estructura de votación que, por sí sola, aporta un número determinante de votos al proceso electoral, independientemente de quién sea el candidato o si éste tiene un alto margen de popularidad y aceptación entre los votantes.

Por eso, dicen, a pesar de que las encuestas hoy arrojan resultados adversos para su causa, ellos ganarán los comicios mayores contratiempos.

¿COPIA OPOSITORA?

Un dato “revelador” que dan los priistas de cepa, sobre la predominancia de su partido, se encuentra en los municipios que controla la oposición. Dicen que son sólo dos los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Acción Nacional. Que son menos de 15 los que tiene en su poder el Partido de la Revolución Democrática, y nada lo que tiene el Partido Convergencia y el del Trabajo. Sin embargo, ante la lógica priista, habría que ir más allá.

Evidentemente, las fuerzas opositoras no vienen a Oaxaca predispuestas a la derrota, y tampoco vienen a ver si por la sola unión de membretes pueden hacer el milagro. En realidad, lo interesante de estos comicios locales, radica justamente en que todas las fuerzas políticas vendrán a medir sus potencialidades electorales visibles, pero también a poner en práctica, todas las dotes de la alquimia electoral que, a su modo, ellos también practican.

Confiadamente, el priismo desestima cualquier posibilidad de que en el territorio oaxaqueño la oposición haya construido estructuras de votación. Y dicen que, por eso, aún cuando el gobierno federal pudiera invertir grandes cantidades de dinero en el proceso electoral, no podrán derrotarlos. ¿Y qué hay de los recorridos que hizo Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de más de un año, por los 570 municipios del Estado?

Evidentemente, el tabasqueño no vino a constatar la pobreza, la marginación o la falta de servicios básicos que enfrenta la gran mayoría de la población en el Estado. López Obrador hizo presencia en Oaxaca para establecer contacto directo con quienes habrían de ser sus operadores en las redes ciudadanas que, en 2006, casi lo llevan a la presidencia de la República. En su momento, hace uno o dos años, se desestimaban los intentos del tabasqueño por la creación de una estructura electoral, que entonces no tenía posibilidad de ser alimentada económicamente.

Hoy, sin embargo, la alianza que establecieron los partidos de izquierda con quienes controlan el gobierno federal, abre las posibilidades —como lo hemos establecido reiteradamente— de que se combinen no los membretes, sino las estructuras de votación y la operación electoral que controlan los primeros, con el acceso a grandes cantidades de dinero y recursos en especie que tienen los segundos. Por eso, aún cuando ese conjunto de partidos opositores parecen tener una mera posición representativa en Oaxaca, ellos también sostienen con seguridad que pueden ganar los comicios. Así, no será la democracia lo que se ponga a prueba, sino las mejores prácticas de la ingeniería electoral.

¿ELECCIÓN DE TRÁMITE?

Esta, es cierto, puede ser una elección de trámite para el priismo. Pero si éstos confían todo a su estructura, desestiman los efectos mediáticos que envuelven a la contienda, y minimizan el trabajo opositor, es evidente que podrían llevarse sorpresas.

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Sección 22 del SNTE: públicamente no participará en comicios

+ AMLO hará lo mismo… Aunque los dos sí serán determinantes

Entre los resolutivos de su más reciente Congreso Político, la Asamblea General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, resolvió apegarse a sus principios rectores y no participar en el proceso electoral apoyando a partido político o candidato alguno. Ésta es una determinación particularmente similar a la asumida por el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ambas ocurren no en función del PRI, sino de la alianza de partidos de oposición, que encabeza Gabino Cué Monteagudo. ¿De verdad no participarán estos dos grupos en las definiciones políticas de Oaxaca?

El asunto no es intrascendente. Porque si bien es cierto que gran parte del proceso electoral se determina a través de las estructuras partidistas y los sistemas de captación de votos, nadie puede desdeñar que los dos bloques más sólidos de la oposición en la entidad se encuentran en manos tanto de López Obrador, como del magisterio aglutinado en la Sección 22. Invariablemente, era determinante conocer qué postura asumiría cada uno de éstos, respecto a lo decidido por las fuerzas políticas con las que simpatizan.

Desde el primer momento, el ex Candidato presidencial se asumió en una postura de rechazo a las alianzas partidistas. Inicialmente, se consideró que la resistencia propia de AMLO impediría la conformación de alianzas electorales. Había razones de sobra para suponerlo: Por lo menos la mitad de la estructura formal del PRD —si no es que más— tiene simpatías directas con el tabasqueño y le profesa obediencia incondicional a su llamado. Además, AMLO tiene el control casi total del PT y Convergencia e, independientemente de los errores que ha cometido, actualmente él es el líder indiscutible de la izquierda mexicana.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, lo único que ocurrió fue su resistencia personal. Quienes consideran que la política es una práctica bipolar desprovista de matices y puntos intermedios, consideraron que la negativa de López Obrador a sumarse personalmente a la alianza opositora de Oaxaca, equivaldría al descobijo total de la misma.

Tampoco ocurrió así. AMLO no ha venido, y quizá no venga a Oaxaca a hacer campaña en apoyo a Gabino Cué, por una supuesta convicción personal que en realidad está cargada de conveniencias. Pero paulatinamente se hará evidente que una parte fundamental de las estructuras electorales que trabajaron a su favor en el proceso electoral federal, sí se encuentran en la entidad haciendo campaña a favor del senador con licencia Cué Monteagudo.

Además, hasta en lo formal él sí participa aunque a través de terceros. ¿No fue una definición a nivel nacional, exigida por López, que al menos el PT se abstuviera de participar en los procesos electorales estatales del presente año, en alianza con las fuerzas de derecha? Inicialmente, el PT asumió la determinación. Pero particularmente en Oaxaca, sus instancias políticas decidieron que era prioritaria la “democratización” y la “transición a la democracia” sobre las exigencias del tabasqueño, y decidieron continuar con las alianzas. Finalmente, y como se esperaba, frente a esas decisiones, AMLO no rompió ni con el PRD, ni con el PT ni mucho menos con Convergencia.

S-22, EN ESPEJO DE AMLO

Recientemente, la Sección 22 decidió algo similar a López Obrador. En su II Congreso Político establecieron su rechazo “a todo tipo de control político del estado, partidos políticos o corrientes ideológicas”, y por esa razón decidieron “no sumarse a ningún candidato, Partido o Alianza Partidista”. ¿Esto equivale a que se desentenderán por completo del proceso electoral?

Evidentemente, la respuesta es “no”. La decisión del Sindicato magisterial tiene su origen en la misma razón que López Obrador. Frente a las fuerzas de izquierda, el tabasqueño es el líder icónico que sostiene —no sin desgaste— los principios ideológicos y de congruencia política que no es posible poner en riesgo. En el caso de AMLO, si éste flaquea y externa públicamente su simpatía a posibles alianzas con la derecha, el pragmatismo y el descrédito se desbordaría contaminando todo lo preservado que hasta hoy tienen los partidos de izquierda.

Eso, en su caso, es lo mismo que ocurre con la Sección 22. Éste sindicato ha sido siempre un factor definitorio entre las fuerzas de oposición en Oaxaca, y han participado de un modo esencial en la ideologización y movilización política de amplios sectores de la población, no tanto en apoyo de un candidato como en la defenestración y desgaste de las fuerzas, grupos y partidos políticos que les son adversos.

Si esto es así, entonces ¿por qué no participar del proceso electoral? Porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado “magisterio democrático” decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas.

Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.

Sin embargo, ¿no es participación activa en política la que han hecho permanentemente? Con el solo paso del tiempo, veremos cómo el magisterio delineará una agenda paralela a la del proceso electoral, y cada que puedan harán sentir su presencia con singular fortaleza. Mayo, que siempre es el mes de algidez por las exigencias de la Sección 22, este año se encontrará particularmente enmarcada por el proceso electoral. Y, lo digan o no, con su trabajo previo de “concientización” y la ejecución de su agenda propia, ellos sí estarán participando del proceso electoral.

DISCURSO ¿CONCILIADOR?

Eviel Pérez Magaña, hoy candidato priista a la gubernatura, ha reiterado su voluntad por la conciliación y el respeto a sus adversarios. ¿Por qué? Porque desde ahora mismo debe comenzar a distender. Y si gana, más. Sabe, con razón, que allende su partido las cosas no se arreglan con disciplina o manotazos, sino con sensibilidad real. ¿Su nueva “burbuja” lo entenderá?

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Violencia en México: cuando no es en el centro, no importa

+ Indiferencia y alarma federal: dos visiones de la realidad

A pesar de que entidades como Baja California, Chihuahua, y Sinaloa han sido escenarios de la prolongada ola de violencia y criminalidad que azota a esa región del país, no fue sino hasta cuando hubo una explosión de muerte, enfrentamientos y disputas entre el crimen y la autoridad en la ciudad de Monterrey —corazón económico del país—, que el gobierno federal se dio cuenta que en el norte había problemas. Este es un fenómeno harto parecido al que ocurrió hace casi cuatro años en Oaxaca. Ambos, son rasgos fundamentales de ese raro federalismo —si es que podemos llamarlo así— que subsiste en nuestro país.

Es necesario, en primer término, definir los tres aspectos a los que nos referimos. El primero de ellos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la violencia criminal, y el alto impacto que todo esto tiene en la imagen de México como país; el segundo de esos rubros, tiene que ver directamente con lo que podríamos denominar como la “contracara” de las formas como se puede trastocar la paz pública de un territorio: la violencia por motivos sociales. Y el tercero de esos aspectos, tiene que ver con las discordancias entre el tipo de gobierno y organización político-administrativa que supuestamente tenemos en nuestro país, y lo diametralmente distinto que ocurre en los hechos.

¿Qué sucede con el norte del país? Que todo lo que vemos hoy —con los constantes enfrentamientos entres las fuerzas federales y armadas contra gatilleros de las bandas dedicadas al crimen organizado—, no es ni un alarmante descubrimiento ni mucho menos el desbordamiento de una ola de violencia que antes no existía. De hecho, la gran mayoría de los muertos, el terror y la violencia, la han puesto las entidades norteñas de la República, en las que desde hace años se libra una interminable disputa por el control de los territorios, y en la que la población civil es quien ha pagado todos los daños colaterales.

Si esto es así, ¿entonces por qué antes el gobierno federal minimizó y dejó pasar la violencia en ciudades como Juárez y Monterrey, pero hoy son preocupaciones y prioridades de primer orden? Porque tal parece que a pesar del terror y la violencia sembrada en esos territorios, hasta hace muy poco el gobierno de la República sintió los efectos de una presión mediática —nacional e internacional—que desde hace dos o tres años existía, aunque no a los niveles actuales.

Tuvieron que suceder hechos verdaderamente preocupantes en Ciudad Juárez, como el homicidio de varias docenas de jóvenes en lo que pareció ser un ajuste de cuentas entre bandas criminales, o el homicidio de tres personas ligadas al consulado estadounidense en esa ciudad; o la multiplicación de los enfrentamientos en la capital económica de la República, para que el gobierno volteara a ver qué ocurre.

Ante esto, habría que preguntarse con más detalle por qué ahora sí hay preocupación, y antes no. La atención federal, en realidad, poco o nada tiene que ver con la violencia y los muertos en sí —es decir, las bajas que resiente la población civil de origen nacional—; más bien, esto se explica en el desgaste que está sufriendo la imagen internacional del país, y particularmente del gobierno, cuando entre los muertos se comienza a contabilizar a ciudadanos extranjeros, cuando los ataques incluyen a población sensible como niños y jóvenes y, sobre todo, cuando la violencia se incrusta en el sitio en el que los capitales y la inversión son un punto sensible que, al ponerse nervioso, amenaza con buscar escenarios menos problemáticos para asentarse.

OAXACA Y EL NORTE

¿No fue eso, más o menos lo mismo que ocurrió en Oaxaca en 2006? Hace cuatro años, nuestra entidad sufrió un problema harto parecido al del norte de la República, aunque motivado por circunstancias distintas. A diferencia de la violencia por razones estrictamente relacionadas con el crimen organizado, aquí lo que se desató fue una convulsiva revuelta social que lo mismo aterrorizó a la población, que reprodujo la violencia en las calles, para luego provocar bajas humanas —que hasta hoy permanecen en la impunidad—; que a larga alteró el orden y la imagen pública del estado y del país, y que finalmente fue atendida y remediada por el gobierno federal, sólo cuando se involucraron intereses ajenos a los locales.

Aunque parezca ya un ejercicio ocioso, traigamos nuevamente a la memoria los hechos de 2006 en Oaxaca. Aquí, a causa de un conflicto de orden social y político, se contabilizó más de una veintena de muertos, que sigue sin ser aclarada. Durante meses, la población civil vivió —vivimos— asolada por la incertidumbre de salir a las calles, por no poder tener garantías sobre la cotidianeidad de las actividades, de la tranquilidad y de la economía, y por estar a merced de grupos ajenos a la fuerza del Estado. Esto llevó un nivel de zozobra e inseguridad nunca antes visto, que sólo fue atendido y remediado, cuando en un enfrentamiento a balazos entre activistas y elementos policiacos, en el que cayó muerto un ciudadano norteamericano. No importaron las bajas nacionales; la dimensión internacional que dio ese hecho, fue lo que determinó la atención federal.

Ante circunstancias como esas, no estaría de más preguntarnos ¿qué tipo de federalismo se ejerce en nuestro país? Esta no es una discusión meramente teórica, sino que más bien cobra actualidad por la forma en cómo, fallidamente, se pretende abordar los problemas sólo cuando ya están desbordados, y no con una visión auténticamente federalista, que por lo menos tendría que ser global y sensible a lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Los hechos que ocurren en el norte de la República, no alarmaron a la Federación por la puesta en riesgo del orden público y la seguridad, sino por el escándalo y el escarnio internacional. Sólo recuerdan que México es todo el territorio nacional, y no sólo el centro de la República, cuando el norte o el sur ya se convirtieron auténticos polvorines.

¿VERBORREA?

Oficialistas y opositores, ahora tratan de convertir en bandera las supuestas injerencias gubernamentales estatales y federales en el proceso electoral. ¿No están para eso los órganos jurisdiccionales locales y federales de la materia? Las acusaciones “políticas” son simple demagogia, cuando no vienen acompañadas de acciones legales que sustenten lo que se dice. Es justo lo que están haciendo ahora.

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Partido Acción Nacional nunca ha sacado las manos de Oaxaca

El pasado viernes, el líder estatal priista, Adolfo Toledo Infanzón, exigió que el gobierno federal “saque las manos” del proceso electoral que se desarrolla en Oaxaca. Aunque esta presencia federal se está remarcando frente al proceso de sucesión gubernamental, y contrario a lo que argumentan los propios funcionarios federales y dirigentes de Acción Nacional, es evidente que para ellos nuestra entidad representa su más alta prioridad electoral actual, pero también un tema de atención permanente. Casi siempre para mal, desde hace algunos años la Federación no ha quitado su atención de Oaxaca.

Es evidente que la condena priista, tiene su razón en una serie de circunstancias que desde hace meses eran previsibles. Entre los tricolores, como entre los funcionarios del Gobierno del Estado, la posibilidad de que se conformara una coalición no les parecía riesgosa en sí por el empuje ciudadano, sino por la combinación de factores de la operación política que vendrían a Oaxaca a tratar de ganar la elección a través de la ingeniería electoral.

En efecto, los temores reales del priismo se fundaban en que, aún cuando en Oaxaca tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática son fundamentalmente membretes —la única oposición real se encuentra en algunos sectores del Partido Convergencia—, en los que sus respectivos dirigentes se encuentran domados por la cooptación oficial, lo que dicha unión haría funcionar serían las reservas abundantes de dinero federal que aquí se combinarían con la operación electoral perredista.

Los propios resultados electorales del panismo y el perredismo, y el interés actual de esos partidos por coaligarse, dan la pauta de todo esto que apuntamos. Porque es innegable que entidades como Oaxaca, tanto el panismo como el perredismo, son fuerzas meramente representativas, que en muy pocos distritos tienen la posibilidad de conseguir triunfos electorales contundentes, y que incluso carecen de más fuerza y simpatía ciudadana que la de sus propios militantes y su masa representativa de simpatizantes.

Así, lo que parece previsible es que por sí solas, esas fuerzas políticas no tienen ni la capacidad ni la determinación para lograr actividades y triunfos políticos importantes. Sus respectivas representaciones legislativas son escasas y su poder de convocatoria nunca llega a ser arrasador.

No obstante, el interés que hoy las une se encuentra más bien en la operación electoral, que puede realizarse a través del dinero y los agentes externos. En el caso actual, la cantidad de personas que acuden a los mítines del Candidato a Gobernador por la coalición opositora, y los que le manifiestan su apoyo a través de mantas, caravanas y demás, son la mera fuerza moral, que les sirve para crear imágenes y apariencias convenientes a su causa.

Empero, lo que en realidad importa para quienes encabezan la coalición opositora, se encuentra en las estructuras electorales que tanto los operadores perredistas como los enviados de las representaciones federales, estarían fabricando para obtener márgenes de votación favorables a sus respectivas causas.

Este último, es el punto que hoy atacan, y que verdaderamente le preocupa a los priistas. Es cierto que éstos tienen mejor conocimiento del escenario y de la operación electoral. Sin embargo, nadie puede soslayar que las capacidades federales son infinitas y superiores en relación a las locales, y que por esa razón desde ahora los tricolores comenzarán una fuerte y permanente estrategia de denuncia a las injerencias del gobierno federal en comicios estatales, como los de Oaxaca.

EL PAN, SIEMPRE

Sin embargo, ante cualquier acusación de injerencia en nuestro Estado, los panistas y funcionarios de la capital del país siempre tratan de esquivarse asegurando que, más bien, los oaxaqueños creemos erróneamente que nuestra tierra es el centro del universo, y que, en una actitud arrogante, consideramos que todos tienen puesta la atención en asuntos que son de mera competencia local.

¿Es esto así? No sabemos si frente a los demás factores de poder, haya razón en las afirmaciones. Pero no ante el PAN. Éstos, por lo menos desde 2006, han hecho presencia permanente en nuestra entidad, y para ellos ésta siempre ha sido una tierra de prioridades importantes. Veamos si no.

Desde que comenzó el conflicto magisterial y popular de 2006, propios y extraños vieron en las fuerzas de izquierda al enemigo más importante del gobierno y la paz de Oaxaca. Esta percepción se generó a partir de que las fuerzas de grupos y gremios como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenían identidad abierta y confesable con las llamadas fuerzas de izquierda, que entonces se habían agrupado alrededor del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Dichos grupos, en apariencia, fueron los encargados de hacer el desorden. Sin embargo, el gobierno federal encabezado entonces por el presidente Vicente Fox también participó de ese movimiento político, aunque en una posición que hasta ahora sigue siendo engañosa. ¿No fueron sus omisiones las que permitieron que el conflicto magisterial escalara a niveles insospechados? ¿Y no fueron ellos los responsables por abstenerse de tomar medidas importantes para evitar que la discordancia alcanzara los niveles de violencia y sinrazón que aquí se vivieron?

COMO HERMANOS

Desde entonces el PAN, a través del gobierno federal, tenía pleno interés es desmantelar las estructuras priistas que existen y operan en nuestra entidad. El perredismo y las fuerzas de izquierda, con las que en apariencia el panismo tenía un pleito a muerte por el resultado de los comicios presidenciales, ya para entonces se habían hermanado en una causa común: Oaxaca. Han pasado casi cuatro años desde esos acontecimientos. Y dos años antes, en 2004, ya habían estado juntos por la misma causa que hoy. ¿No ha habido, entonces, un hermanamiento de la derecha y la izquierda, mucho más profundo que las circunstancias que momentáneamente los alejan? Es pregunta.

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