Pasaban apenas de las siete de la noche, cuando el 1 de diciembre pasado fue acribillado, en el restaurante de un hotel a las afueras de la capital oaxaqueña, el dirigente de mercaderes, Roberto Mendoza López. Un homicida solitario ingresó al lugar cubierto de un pasamontañas, se acercó a su objetivo y disparó en más de seis ocasiones un arma de fuego calibre 22. En el ataque, Mendoza perdió la vida y su esposa resultó lesionada. El atacante pudo escapar tranquilamente, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, ni de las razones que lo llevaron a cometer el crimen.
Esta es la historia que, en los últimos años, se ha repetido hasta el cansancio en la entidad oaxaqueña. Desde hace por lo menos un lustro, una serie de homicidios han ocurrido sin que hasta el momento existan avances en la investigación, determinación de hechos concretos o captura de presuntos responsables. En prácticamente todos los hechos, tanto los cuerpos de seguridad pública, como las instancias de procuración de justicia, han prometido realizar indagatorias exhaustivas, pero sólo han entregado impunidad, violencia y silencio que se convierte en complicidad. Así, Oaxaca es hoy un auténtico paraíso para la violencia y los ajustes de cuentas que nunca son aclarados ni perseguidos por la autoridad.
En este sentido, es imposible justificar la violencia como también lo es justificar la impunidad. Una y otra vez, han ocurrido hechos graves relacionados con ajustes de cuentas, en los que no sólo han ejecutado a posibles personajes relacionados con problemas sociales, políticos o incluso con el crimen organizado, sino que también han atacado a personas inocentes que por una causa circunstancial se encontraron en un mal momento, en el sitio equivocado. Hasta el momento, el común denominador es el mismo: la impunidad galopante.
Mientras, la autoridad ministerial y de seguridad pública asegura que este tipo de problemas son “normales”. Señala que el fenómeno criminal tiene sus altas y sus bajas, y que ni el mejor trabajo de inteligencia tiene la capacidad de anticiparse a los hechos. Por su parte, en la Procuraduría General de Justicia, se justifican argumentando que las investigaciones ministeriales no son sencillas de realizar, que ellos se enfrentan a innumerables retos y riesgos que complican y retrasan la entrega de resultados. Incluso, en más de una ocasión pretenden evadir sus responsabilidades a través de señalamientos infundados y anticipados con los que buscan explicar hechos sobre los cuales ni ellos saben cuál fue el móvil y los motivos reales.
El problema es que, al no detener la ola criminal, esta se sigue reproduciendo. Hace apenas unos años, aquí no ocurrían hechos violentos en la magnitud que actualmente suceden. La autoridad no era retada y vulnerada con tanta facilidad como lo hacen ahora. Así, es evidente que la propia permisividad y pasividad de quienes tienen en sus manos la tarea de velar por la justicia, ha estimulado la reproducción de esos hechos inadmisibles, que día a día se siguen reproduciendo ante la certeza de los criminales de que la autoridad no tiene la capacidad de investigar; que tiene miedo, o que simplemente no se quiere meter en problemas. Mientras, las ejecuciones y demás hechos de violencia continúan ocurriendo, ante el silencio cómplice de quienes deberían pero no procuran ni la seguridad ni la justicia.
¿Qué o hasta cuándo habrá que esperar para que el esclarecimiento de un ilícito tan grave como una ejecución, sea cuestión de hechos y no de discursos y promesas a las que ya nadie cree? ¿Cuándo habrá la posibilidad de tener certeza de que las autoridades darán con los autores materiales e intelectuales de hechos de ese tipo? ¿Llegará algún día el momento en que la justicia sea una certeza y no un anhelo aparentemente imposible de realizar?
HOMICIDIOS VIOLENTOS
El asesinato de Roberto Mendoza López viene a sumarse a una cadena de hechos violentos que nunca fueron aclarados. Hace menos de un año, el 23 de enero pasado, fue asesinado en condiciones más o menos similares el ex coordinador de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, Aristeo López Martínez.
Al igual que en la ejecución de Mendoza, el homicidio de López ocurrió no en un despoblado ni en una zona de difícil acceso, ni a una hora de muchas dificultades. En el primero de los casos, el hecho ocurrió apenas entrada la noche en un sitio medianamente concurrido que no se encuentra lejos de la capital oaxaqueña, ni fuera del alcance eficaz de las autoridades y corporaciones policiacas. En el segundo, ocurrió en una transitada calle a plena luz de las primeras horas de la tarde.
Algo más o menos similar ocurrió un año antes del homicidio de Aristeo López, cuando fue ejecutado el también mando policiaco, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz. Dicho funcionario fue ultimado una mañana de enero de 2008 en la entrada del parque recreativo El Tequio. En el lugar, las ráfagas de armas de fuego de alto poder alcanzaron a dos de sus escoltas, y a otras dos personas que en ese momento realizaban sus ejercicios matutinos, pero que nada tenían que ver con el hecho.
En medio de esos hechos ocurrieron otros que tampoco fueron aclarados por la autoridad. El viernes 8 de marzo de 2008, en el Paseo Juárez, en pleno corazón de la capital y siendo más o menos las 16 horas, fue acribillado por varios sujetos que portaban armas de alto poder, el comandante de la entonces Policía Ministerial del Estado, Ricardo Rodríguez Silva.
Un año antes, en junio de 2007, nuestro compañero reportero de TIEMPO, Misael Sánchez Sarmiento fue atacado violentamente en inmediaciones de su domicilio, por un solitario sujeto que pretendió asesinarlo. El Reportero salvó la vida de milagro, pero la intención real de su atacante era la de privarlo de la vida. Meses después, tres papeleros del diario El Imparcial, fueron ultimados a balazos en una carretera de Salina Cruz, en la costa istmeña de Oaxaca. Así, la lista de ejecuciones, atentados y ataques parece interminable. Esos hechos son los que, por su trascendencia, conmocionaron a la sociedad. Pero es evidente que en esos y muchísimos otros ataques la voz cantante la ha llevado la falta de investigaciones y respuestas y, por tanto, el predominio de la impunidad.
AUTORIDAD, EN SILENCIO
La sociedad oaxaqueña ha clamado con irritación la urgencia de que las autoridades cambien su actitud, asuman sus funciones con el valor que se requiere, y abatan realmente la impunidad que tanto daño le hace a Oaxaca. Se han invertido cientos de millones de pesos en recursos públicos, para establecer una policía más profesional, científica y confiable que tenga la capacidad de reaccionar con eficacia ante los momentos de crisis, y que cuente con los hechos necesarios para garantizar la seguridad, para procurar la justicia y para establecer móviles, paraderos e identidades que lleven a una verdadera acción de la justicia. Es poco lo que ha ocurrido.
Eso mismo puede decirse de la Procuraduría. A pesar de que la unificación del mando policiaco le habría de permitir centrar sus funciones en la investigación y persecución de delitos, esto pareciera que ha terminado de desarticular sus funciones. Hoy los funcionarios de la Procuraduría, comenzando por su titular, Evencio Martínez Ramírez, son muestra clara de la inoperancia, los temores y la imposibilidad de cumplir con sus funciones. Antes que ofrecer explicaciones claras a la sociedad por sus nulos resultados, quienes integran la PGJE se han especializado en encontrar argumentos que justifiquen su inoperancia, sus limitaciones y las acciones fallidas que, según, han emprendido para mejorar sus atribuciones y funcionamiento.
IMPUNIDAD CONSOLIDADA
Tanto la Procuraduría Estatal como la ahora Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca cuentan con recursos millonarios para realizar sus tareas, y tienen a su alcance todas las herramientas legales que ellos mismos solicitaron al Congreso del Estado para la mejor realización de sus funciones. En uno y otro caso, los objetivos y planes de trabajo han sido incumplidos.
En el caso de la SSPE, los actuales mandos policiacos y funcionarios aseguraron, hace más de un año y medio que arribaron a Oaxaca, que el modelo de seguridad pública que emprenderían tendría como base una modificación integral de los esquemas tácticos de operación, y el establecimiento de rigurosos mecanismos de control de confianza, que garantizaran la eficiencia y confiabilidad de sus agentes.
Sin embargo, en lo táctico parece que se ha hecho muy poco, pues casi todos los esquemas operativos del pasado continúan aplicándose cotidianamente. En el caso de la confiabilidad de los agentes, éste es un proceso que ha avanzado con una lentitud alarmante. Con sólo cuatro polígrafos y equipos de análisis, pretenden examinar a los más de siete mil agentes que integran las corporaciones policiacas estatales.
El caso de la Procuraduría es aún peor. Es sabida y visible la lejanía entre el procurador Martínez Ramírez y los mandos de la SSPE; en todos éstos, lo primero que tendría que existir es interlocución fluida y comunicación permanente. Hoy, esos dos entes que debían estar unificados, están más distantes que nunca. ¿Qué significa esto?
Que la indagación de los delitos no es tan eficiente como debía; que los vicios de ambas corporaciones se unificaron junto con el establecimiento de un mando único; que no existe coordinación; y que, en resumen, cada uno de esos entes hace lo que quiere.
El resultado se llama impunidad. Cada uno de los hechos que —por acción u omisión— se quedan sin investigar y aclarar, son un premio para quienes actúan libremente liquidando a personas que, por alguna razón, les son inconvenientes o con las que tienen cuentas pendientes. La autoridad ha demostrado en reiteradas ocasiones su imposibilidad de cumplir con los deberes que le mandan las leyes y la sociedad. El problema es que en medio de ese fuego cruzado y riesgo permanente, se queda una sociedad oaxaqueña incrédula de las promesas de seguridad, y azorada por la violencia y la impunidad que prevalece en esos hechos.
