Fuero: Inmunidad e impunidad constitucional

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 23 de febrero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las opiniones de los diputados y senadores ya no estarán protegidas por el fuero parlamentario, cuando las emitan fuera de su labor legislativa, por lo que pueden ser sujetos de demandas por daño moral.

Esta determinación reavivó un añejo debate político y jurídico respecto a los alcances que tiene el llamado “fuero constitucional”, y las limitaciones que algunos sectores sociales y políticos pretenden imponer no sólo a los legisladores, sino a todos los servidores públicos y representantes populares que se exceden en sus funciones a partir de la inmunidad que les otorga la Constitución.

Esta cuestión fue particularmente abordada por el Alto Tribunal, a partir de una disputa legal habida entre dos prominentes personajes de la vida política nacional. En efecto, en mayo de 2006, el entonces diputado federal y representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Federal Electoral, Germán Martínez Cázares, señaló al entonces también senador de la República, Manuel Bartlett Díaz, en los términos siguientes: “La doble cara, el doble discurso, lo tienen ustedes, que ahora abrazan al artífice del fraude electoral de 1988 y presunto asesino de Manuel Buendía, a Manuel Bartlett, que ahora lo tienen que abrazar y besar en su partido”.

Ante tales acusaciones, el priista demandó judicialmente, por daño moral, al panista. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal falló a favor de Martínez Cázares, justamente por considerar que tales declaraciones las había realizado en el contexto de la inmunidad que en aquellos momentos le otorgaba la Constitución federal. Ante tal decisión, Bartlett acudió a la justicia federal; y ante la interrogante de interpretar directamente un precepto de la Constitución, el asunto fue atraído por el Máximo Tribunal.

¿Qué decidió la Suprema Corte? Su resolución, fue la de conceder un amparo a Manuel Bartlett, para que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal emita una nueva sentencia en torno a la demanda aludida, tomando en consideración que al momento de hacer las imputaciones, Martínez Cázares no gozaba de la inmunidad constitucional respecto a las opiniones vertidas.

Al respecto, la mayoría de los ministros coincidieron en que si bien el artículo 61 constitucional establece la inmunidad de las expresiones de legisladores, ésta no puede ser extensiva a los ámbitos ajenos al Congreso, como sucedió con Martínez, cuando habló como representante partidista y no como diputado.

“No comparto la idea de que la inviolabilidad parlamentaria significa impunidad e irresponsabilidad, por lo que se dice en el ejercicio público de un cargo. No puede afirmarse que esta garantía se haga extensiva de manera irrestricta a otros ámbitos del quehacer público en el que el diputado o el senador participa, pues es solamente en el ejercicio estricto de sus funciones”, aseguró la ministra Olga Sánchez de acuerdo con información obtenida del diario Reforma.

Del mismo modo, el ministro Arturo Zaldívar distinguió al fuero de la inmunidad parlamentaria en opiniones, pues ésta no es un derecho adquirido por diputados y senadores, sino una garantía institucional que gozan dichos representantes, sólo mientras desempeñen su función legislativa.

Argumentos como éstos, fueron suficientes para que una mayoría de ocho ministros votara a favor de limitar la inmunidad constitucional respecto a las opiniones vertidas; y para que en el Congreso federal reviviera el debate no sólo sobre la libertad de opinión de los legisladores, sino también sobre la revisión integral del fuero constitucional que los protege.

LAS RAZONES DEL FUERO

El fuero no es un aspecto privativo ni de nuestro tiempo ni de nuestro sistema constitucional ni de nuestro país. Dicha figura ha existido en diversas épocas y en prácticamente todos los órdenes jurídicos para salvaguardar el debate público y la independencia de quienes ejercen las funciones del Estado.

En las razones teóricas, el fuero constitucional existe para proteger a los servidores públicos por los embates de que se pudieran hacer objeto como consecuencia de sus funciones. De hecho, no son sólo los legisladores federales, sino una amplia gama de servidores públicos del ámbito federal y estatal y funcionarios judiciales, los que se encuentran amparados por dicha figura. La razón es que tanto en las funciones ejecutivas, como judiciales y legislativas, los asuntos de Estado muchas veces se contraponen con los intereses de ciertos grupos económicos, de poder o facciones que pretenden acotar o limitar la función pública de control.

Esa contraposición podría reflejarse en aspectos judiciales. Y en lo que concierne al fuero constitucional en relación a las acciones judiciales que pueden emprenderse en contra de los servidores públicos y representantes populares antes mencionados, éste se estableció para protegerlos de posibles acciones jurídicas emprendidas ex profeso para perjudicarlos cuando éstos tomen decisiones trascendentales, como representantes del Estado, en contra de un grupo, corporación o factor de poder.

Al estar amparados por dicha figura, los representantes de los poderes tienen amplias posibilidades de ejercer sus funciones con independencia y seguridad de que no serán reconvenidos, a través de acciones judiciales revanchistas, por sus posiciones políticas, actuaciones, determinaciones y demás. Esta es una garantía del servicio público, y del debate y actuaciones plenas de quienes lo representan.

DEBATE, GARANTIZADO

El artículo 61 de la Constitución federal establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.” ¿Qué significa esto?

Estas son las garantías esenciales, que la Constitución establece para el libre ejercicio del debate parlamentario. En el supuesto, se establece que ningún legislador puede ser reconvenido por sus opiniones cuando desempeñan sus encargos, justamente para que éstos tengan plenas posibilidades de debatir, argumentar e incluso señalar cuestiones relevantes que, en otras circunstancias, serían imposibles de señalar.

Lo mismo ocurre con lo relativo al recinto legislativo. La inviolabilidad de los recintos legislativos que expresamente establece la Constitución, tienen como objeto hacer de ellos espacios libres en los que no pueda actuar más fuerza y autoridad que la de los propios legisladores. Ese es el conjunto de garantías que, en otro sentido, se han asumido como sinónimos de extraterritorialidad, impunidad y libertad absoluta para convertir el debate en diatriba, y la inmunidad e inviolabilidad como sinónimos de espacios libres en los que se puede transgredir la ley sin el menor recato.

EXCESOS LEGISLATIVOS

No son escasos los ejemplos de cómo, ante la existencia de actuaciones cuestionables o cuentas pendientes con la justicia, un partido —o facción de éste— impulsa a cierto personaje para ganar un cargo legislativo y, así, gozar de la inmunidad que ofrece la Constitución. En Oaxaca, y en el país entero, existen abundantes ejemplos de cuestiones como esa.

Una situación así, implica al menos dos cuestionamientos: el primero, que hoy el fuero constitucional es utilizado lo mismo como sinónimo de inmunidad constitucional para garantizar el libre debate, que como una herramienta a través de la cual se busca la protección en contra de una efectiva y justificada acción de la justicia. Además, y por si fuera poco, en diversos momentos, diversos legisladores utilizan lo que entendían como “inmunidad parlamentaria” no sólo para debatir libremente, sino también para atacar, descalificar y agredir reputaciones, personas y corporaciones, cobijados en el entendimiento de que, por disposición constitucional, no podían ser convenidos al respecto.

RESISTENCIA PARLAMENTARIA

Ante la determinación de la Suprema Corte respecto a la inmunidad parlamentaria, diversas fracciones legislativas se pronunciaron en contra, e incluso el senador priista Jesús Murillo Karam, lamentó que cuando “fuera al baño” y saliera del recinto legislativo, dejara de tener la protección que le otorgaba la Constitución.

Es cierto que, en uno de los polos, comenzar a judicializar una de las garantías del debate parlamentario podría llevar a entorpecer la labor de las cámaras federales mexicanas; pero que, en el otro, continuar con la vieja usanza que llevaba a entender el fuero como un sinónimo de inmunidad e impunidad, no haría más que permitir la continuación de una práctica excesiva de los legisladores que atenta no sólo contra la honra o la reputación de personas o grupos, sino sobre todo contra su propia responsabilidad y decoro como representantes populares.

Evidentemente, la gran mayoría de los legisladores se pronunció, de entrada, en contra de los resolutivos de la Corte. Sin embargo, habrá de ser necesario un debate más sereno al respecto, en el que ellos mismos manifiesten la disposición a revisar y, en su caso, acotar sus alcances y actuaciones como fuerza democrática, y no simplemente tomen un debate de esta naturaleza como una equivalencia de agresiones, menoscabos o ataques en contra de la función legislativa, y las libertades y garantías esenciales que ésta conlleva.

Día de la bandera: ¿Qué representa?

+ Identidad nacional: Dilemas del regionalismo

Pareciera raro, pero cada vez son menos las personas que saben bien a bien por qué el 24 de febrero de cada año, se celebra en México el Día de la Bandera. Ese, que acaso es el más conocido y de mayor referencia entre nuestros símbolos patrios, es hoy un icono imprescindible de unidad e identidad entre los mexicanos, no sólo como integrantes de una misma nación, sino también como parte de una misma cultura y origen social. Sin embargo, más allá de eso tendríamos qué preguntarnos algunos porqués de nuestra bandera, y de cuáles fueron los episodios históricos que determinaron su existencia hasta nuestros días.

La celebración del día de la bandera, que ocurre cada 24 de febrero, no evoca en sí misma al lábaro patrio. Es la conmemoración que también simboliza la más importante declaración de independencia de México respecto de la Corona Española, ocurrida en esa fecha, pero del año de 1821. En la población de Iguala, en el actual estado de Guerrero, don Agustín de Iturbide y el general Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Iguala, en el que declararon la independencia del país, así como otros principios que resultaron ser determinantes en la emancipación de México.

El Plan de Iguala establecía una serie de criterios políticos y de organización del poder, regidos en tres pilares que entonces fueron considerados como fundamentales para la existencia de la nación mexicana. Dicho plan, establecía la emancipación de México, y el establecimiento de una monarquía constitucional, que habría de ser ofrecida al Rey Fernando VII o a algún otro monarca europeo (porque hasta entonces se pensaba en una separación, pero no en la modificación del esquema de gobierno que había regido a la Nueva España durante los últimos tres siglos); entre sus postulados establecía la eliminación de las distinciones raciales, proclamaba ciertas libertades y derechos de las personas hasta entonces no reconocidos. Y establecía como sus principios fundamentales el establecimiento de la Independencia de España, el catolicismo como religión única y la unión de todas las regiones, grupos sociales e intereses, en la nación mexicana.

Estos tres últimos principios, son los que dieron origen al Ejército de las Tres Garantías; fue llamado así, porque existía la seguridad de que respetando esos tres principios (independencia, religión y unión) habría posibilidades plenas de alcanzar la independencia y consolidar una nueva nación, unida e identificada por rasgos comunes.

Dicho Ejército (que conjuntaba a fuerzas e intereses tan importantes como los representados por Guerrero e Iturbide) sería el encargado de proteger y establecer las tres garantías. Y como símbolo se confeccionó, ahí mismo en Iguala, una bandera con los colores verde, blanco y rojo, enmarcadas por el escudo de un águila coronada devorando a una serpiente, que daría identidad a la empresa independentista y se convertiría en un símbolo perdurable para todos los mexicanos.

Por ello, están —por decir lo menos— equivocados quienes, en casa y en las escuelas, aseguran que los colores de la bandera nacional representan “la esperanza (verde), la unidad (blanco) y la sangre derramada por los héroes (rojo)”; en realidad, la bandera nacional, tiene como significación la independencia, la religión y la unión, que desde el primer momento le dieron origen y cuyo significado no ha cambiado, ni tendría por qué hacerlo.

IDENTIDAD NACIONAL

¿Por qué asegurar que la significación de la bandera no ha cambiado, ni tendría por qué hacerlo? Porque, se acepte o no, esos siguen siendo los tres elementos esenciales de nuestra nación. Los eventos políticos y armados más importantes de nuestra historia, han ocurrido alrededor de la preservación de nuestra independencia; en la lucha por la ubicación de la religión como un elemento más de la identidad nacional que, sin embargo, debe ubicarse al lado y no por encima de los asuntos propios del Estado; y por la concreción efectiva de la unión en un solo proyecto nacional.

Veamos si no. El primer esquema de gobierno de la nación mexicana era el de una monarquía constitucional. En un principio se consideró ofrecer la Corona al rey Fernando VII, para que la gobernara pero ya sin la dependencia de España; al no reconocer éste la independencia de México, algunas fuerzas nacionales dieron su apoyo a Iturbide para que éste se proclamara emperador.

Sin embargo, pronto diversas regiones del país se pronunciaron en contra del imperio y el centralismo, y fue esto lo que en gran medida impulsó la búsqueda de una forma de organización política basada en el esquema federal, que reconociera la forma de determinación y la autonomía propia de las diversas regiones y provincias que entonces existían en el territorio que hoy, y antes, era parte de México.

Luego, otras guerras existieron en función de la independencia nacional, de los excesos y el control de la religión católica, y de la urgencia por mantener la unidad e identidad nacional frente a los embates anexionistas o intervencionistas de otras naciones. La independencia fue defendida no sólo cuando los franceses intervinieron México y trataron de imponer un segundo imperio, sino también cuando las batallas entre liberales y conservadores implicaban el regreso no sólo de la monarquía, sino de las formas de gobierno que contravenían los principios, derechos y libertades que se habían conseguido a partir del proceso independentista que se concretó, formalmente, en el año de 1821.

Hoy, los problemas de México poco tienen que ver con la identidad. A diferencia de otros países, en los que existen claros intentos separatistas, aquí podemos atrevernos a decir que pocos, pero en verdad muy pocos, son los mexicanos que ponen en duda o reniegan de su identidad. Incluso los grupos armados que existen en nuestro país —que son el ejemplo más hostil de las reivindicaciones sociales y políticos— siempre establecen como uno de sus principios esenciales el de la identidad como mexicanos, e incluso utilizan la bandera nacional como principal símbolo de las causas que abanderan.

OTRAS AMENAZAS

Sin embargo, ello no significa que México no esté sujeto a presiones y hostilidades importantes. Más bien, éstas se encuentran incrustadas en los grupos que están buscando mellar en el ejercicio pleno de la democracia, y la legitimidad de algunas instituciones. Las grandes discusiones nacionales debaten sobre el control del poder, pero no en nuestra viabilidad como nación, en la continuación de la forma de gobierno o el modelo de Estado.

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Radio Zaachila: ¿comunitaria o de Sección 22?

+ Radio Plantón y el eco del conflicto magisterial

Al iniciar la semana, fue dado a conocer que a una estación de radio comunitaria, Radio Zaachila, le fue otorgado un permiso de operación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El anuncio fue realizado en la sede de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ahí, el dirigente de ese gremio, Azael Santiago Chepi, aseguró que otra frecuencia hasta ahora ilegal, Radio Plantón, se encuentra en proceso de conseguir su respectiva autorización por parte de la instancia federal. ¿Qué podemos esperar de esas decisiones del gobierno federal?

Este asunto tiene, de entrada, dos vertientes. Porque por un lado, se encuentra el aparente triunfo de un sector de la radiodifusión que por mucho tiempo ha batallado por el reconocimiento legal y gubernamental, de un tipo de frecuencias que son altamente benéficas, pero que no se encuentran reconocidos y reglamentados en las normas actuales.

Pero frente a este aspecto, y en el caso particular de Oaxaca, existe también la amarga experiencia de cuando la llamada “radiodifusión alternativa” cae en manos irresponsables y es utilizada no con fines culturales o de difusión social, sino como un instrumento para la agitación social y la desestabilización política. Sería imposible, e irresponsable, dejar de tomar en cuenta el papel que jugó la radiodifusión durante el conflicto magisterial y popular de 2006 en Oaxaca.

En la primera de las vertientes, hablamos de lo que se conoce como “Radios comunitarias”. Éstas existen en todo el país y, en su gran mayoría, no cuentan con reconocimiento alguno ni regulación por parte del gobierno federal. En la esencia de ese tipo de radiodifusoras, se establece que éstas sirven como instrumento de difusión no sólo de ciertos acontecimientos relevantes para comunidades rurales e indígenas, sino como un eficaz medio de comunicación en el aspecto social. Las estaciones radiofónicas comunitarias, han ayudado en gran medida a difundir aspectos de salud, culturales, sociales y de identidad en las comunidades en las que se desenvuelven.

Sin embargo, este tipo de radiodifusoras no cuenta con reconocimiento por parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones ni de la Ley de Radio y Televisión. En éstas, y particularmente en la segunda de las citadas, se contempla únicamente la existencia de frecuencias concesionadas y permisionadas; justamente, quienes impulsan las radios comunitarias buscan una tercera vía a través de la cual se reconozca a los que buscan hacer radiodifusión comunitaria, que no necesariamente tiene que ver con aspectos comerciales o culturales, como los hasta ahora comprendidos en las normas vigentes.

Lamentablemente, en el aspecto legal no ha habido eco en los proyectos de reforma existentes. De hecho, cuando en 2005 se aprobó la llamada “Ley Televisa”, uno de los grandes cuestionamientos tenía que ver con el hecho de que no existía mayor reconocimiento a los aspectos sociales en el uso del espectro radioeléctrico, y todo se hacía girar alrededor de las concentraciones y capitales económicos, en los que dicha televisora, y su competidor directo, Televisión Azteca intentaron hacer girar todos los intereses relativos a la explotación de frecuencias de radio y televisión en el país.

La llamada Ley Televisa, fue declarada inconstitucional en 2008; la Ley de Radio y Televisión regresó a su texto original. Hasta ahora, ha habido por lo menos dos intentos por reformarla. Pero en éstos, el Congreso de la Unión no ha manifestado un interés genuino por dar reconocimiento y regulación específica a las radios comunitarias.

RADIO MANIPULACIÓN

Sin embargo, junto a todos los aspectos positivos de las radios comunitarias, y en contraposición, se encuentra la experiencia de Oaxaca. Hasta ahora, son menos de 20 las estaciones de ese tipo que han recibido reconocimiento legal por parte de las instancias federales.

Además de la recién reconocida Radio Zaachila, otras tres estaciones (una en Santa María Tlahuitoltepec, mixes; otra en Mazatlán Villa de Flores, y la tercera en San Antonino Castillo Velasco) habían recibido antes la autorización de operaciones. Lo importante de esta última autorización, sin embargo, es que existe una vinculación manifiesta y reconocida entre los operadores de la frecuencia y el sindicato magisterial que encabezó la revuelta del 2006.

Nada habría que decir al respecto, si no fuera porque Radio Plantón, y todas las estaciones de radio que ilegalmente fueron ocupadas por los grupos inconformes durante el conflicto magisterial, fueron el detonador de la grave crisis social que ocurrió en Oaxaca. Lo acepten o no en la actualidad, en aquellos momentos hubo un entendimiento específico sobre la importancia de las frecuencias, y fue a través de éstas que se multiplicó el llamado a la rebelión y se incitó a la población a emprender acciones no siempre confesables.

Si bien se recuerda, el gobierno estatal únicamente pudo contrarrestar algunos de los efectos que había tenido el uso de la radio por parte de los grupos inconformes, cuando ellos mismos establecieron una radiodifusora, también ilegal, denominada “Radio Ciudadana”, a través de la cual se manifestaban todos aquellos que estaban en contra de quienes encabezaban la revuelta social.

En ese sentido, una de las condiciones que impuso la Sección 22 del SNTE al gobierno federal, para ceder en las acciones violentas del conflicto, fue justamente que se iniciara el proceso de reconocimiento de varias estaciones vinculadas a ellos, principalmente Radio Plantón. Hoy, según lo que se ve, el magisterio oaxaqueño está comenzando a tener respuestas positivas y cumplimiento a los compromisos pactados.

¿ARMA POLÍTICA?

Lo relevante, en todo esto, radicará en el modo en cómo se conducirá tanto Radio Zaachila, como Radio Plantón, y las demás frecuencias que pudieran llegar a tener reconocimiento de la Cofetel. Si se conducen con corrección, habrán de ser altamente benéficas para sus comunidades. Si tomamos en cuenta que este es un año electoral, y que la Sección 22 jugará sus propias posiciones dentro del proceso sucesorio, entonces habremos de ver cómo el propio gobierno federal habrá legitimado un instrumento que serviría para fines distintos a los que, en sí mismas, buscan las estaciones de radio comunitarias, en Oaxaca, y en el país.

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Informe EPM: primer termómetro de la sucesión

+ Ausencia de aspirantes: porque no existe acuerdo

 

La noche del pasado martes, el diputado federal Eviel Pérez Magaña presentó un informe de actividades, a nombre de la bancada oaxaqueña del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión. El acto, en sí mismo, estuvo cargado de mensajes para la clase política priista, pero también para los demás actores y fuerzas que participarán en el proceso electoral estatal de julio próximo. Fue una muestra de las más importantes flaquezas y fortalezas que tiene el tricolor frente a sí mismos, y ante sus competidores.

Es evidente que, por las circunstancias y el momento en que ocurre, el informe legislativo del diputado Pérez se inscribe no sólo en la dinámica parlamentaria o aún electoral, sino que ocurre en el umbral de una definición partidista —la más importante del sexenio— que, de acuerdo con todas las señales, es favorable a su causa. En ese contexto, dicho evento contó con todos los elementos —buenos y malos— de la práctica política que es “tradicional” en el priismo de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque ahí, nuevamente se dejó ver que la institucionalidad del priismo continúa siendo superior a los cuestionamientos por su verticalidad y antidemocracia; y más bien, en la clase política actual, parece seguir existiendo un férreo sentido de disciplina en el que, a muchos, independientemente que les guste o no que un diputado federal organice inusitadamente un informe de labores —o que dicho acto sea el contexto en el que se aparece como el potencial candidato a la gubernatura del Estado—, se alinean a los designios de su partido y de quien sería su candidato.

Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del martes. Un número importante de servidores públicos, representantes populares, líderes partidistas y demás, acudieron arropar a quien el Jefe Político escogió para sucederlo en el cargo. Es decir, todos los que han comprendido a cabalidad, no sólo que la militancia política en un partido significa congruencia e institucionalidad, sino también que este es el momento adecuado para sumarse a un proyecto que, independientemente de las preferencias y las lealtades, significa la continuidad de las oportunidades, el empleo, y el acceso al poder.

Así, lo que se dejó ver en dicho informe, es la consumación de un proyecto político en el que nunca estuvo en duda el apoyo de las fuerzas disciplinadas e institucionales, pero que ahora tendrá que buscar la porción de legitimación que le hace falta entre todos aquellos grupos que no sólo responden a la institucionalidad sino que, aún siendo parte esencial de ese partido —y de quienes han acompañado al gobernador Ulises Ruiz en su liderazgo político—, tienen convicciones, proyectos y definiciones distintas.

Ahí es donde radica el mayor de los retos para la empresa electoral del diputado Pérez: hacer patente que su proyecto político es verdaderamente extensivo hacia todas las corrientes de su partido, y que tiene la voluntad no de continuar avasallando en las definiciones, sino de conciliar y construir un bloque que pueda ir unido a enfrentar a sus adversarios reales, que se encuentran en la oposición.

Hasta hoy, no son del todo tangibles las muestras de esa voluntad y de esa vocación por la unidad y la conciliación entre sus mismas filas. Si bien es cierto que aún faltan muchos capítulos por escribirse, ahora sí el diputado Pérez debía comenzar a comprender seriamente que, en su voluntad y más allá de ella, no es la soberbia lo que construye.

Para ellos mismos, sería un error considerar que por la concurrencia y las muestras de adhesión, el evento del martes fue la confirmación de su triunfo al interior y que, a partir de ello, no son necesarias las muestras de voluntad de conciliación entre los sectores que se habrían quedado en el camino. El informe, así, fue una muestra representativa de los dos polos del priismo: el que ya sabe para dónde va; y el que estuvo ausente y que, ante las circunstancias, es indispensable para todos sumar. No olvidemos que ninguno de los otros cinco aspirantes, acudió al evento.

SUMA PAREJA

¿Por qué no acudió a dicho evento el senador Adolfo Toledo Infanzón, el edil José Antonio Hernández Fraguas, el diputado federal Jorge Franco Vargas y los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva?

En un primer momento, podría considerarse que por una cuestión de salvaguarda del decoro y la dignidad, en un momento crítico del proceso para elegir al candidato a Gobernador en el PRI. Sin embargo, esas ausencias son, sobre todo, una muestra clara de cómo las complejidades en la negociación esa candidatura, han superado por mucho la disciplina que ya mostraron algunos grupos y sectores del priismo.

Hasta donde es posible establecer, por menos cuatro de los cinco personajes antes mencionados, se han resistido a aceptar las decisiones que ya prácticamente ha tomado el Jefe Político del priismo. Gran parte de esa resistencia, tiene que ver con la exigencia de que el proceso interno del tricolor sea una auténtica contienda interna. Pero también, en realidad, esa aparente incomodidad radica en que no se han utilizado los canales adecuados para hacer llegar esa decisión a los destinatarios.

Más allá de la distancia normal que debe existir entre los que participan en una competencia como esta, lo que parece es que esa falta de conciliación adecuada es lo que ha llevado a varios de los aspirantes a la resistencia. Mientras desde el más alto nivel no se construya esa “operación cicatriz”, y se continúe en la lógica de primero decidir para después arreglar los quebrantos, las brechas se seguirán ensanchando y las posibilidades de una auténtica cohesión se irán disminuyendo.

No denota simulación, o decoro político, la ausencia de los cinco aspirantes en el informe del diputado Pérez Magaña. Si con alguien le falta construir la llamada “unidad priista”, es con ellos. Solo, quiera o no reconocerlo, y sea o no él el candidato, no tendrá todas las posibilidades de afianzar el triunfo en las urnas.

 

ALGUNOS DETALLES

Al evento acudieron prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca, excepto Jorge Franco, Manuel García Corpus, y Jorge González Ilescas. Durante el desarrollo del mismo, quienes trataron de hacerse notar en todo momento, con risas burlonas y actitudes imprudentes, fueron el diputado local Antonio Amaro Cansino y el coordinador de Delegaciones de Gobierno, Alejandro Avilés. También, fue de llamar la atención la presencia del subsecretario de Administración, José Villalobos Gallegos. Ver para creer.

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AMLO: a favor y en contra de alianza en Oaxaca

+ Doble discurso: lo más normal para los partidos

Sólo quienes no entienden que la lucha electoral en Oaxaca nada tiene que ver con las ideologías, y que más bien es una abierta guerra por la obtención —o conservación— del poder, veían como una posibilidad que la alianza opositora se rompiera por las resistencias del ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador. Esto no ocurrió cuando la coalición opositora era un simple proyecto; no ocurrió cuando formalmente se gestaba. Y no ocurrió ayer, cuando todos los partidos de la izquierda y la derecha mexicana le alzaron la mano, como virtual candidato, a Gabino Cué Monteagudo.

La actitud de López Obrador, según los hechos, no es el destello de oportunismo ni mucho menos de la “incongruencia ideológica” que pudiera tener un líder partidista de su categoría, o un dirigente opositor como él. Éste, en realidad, ha sido congruente con el deseo que tiene su grupo político de obtener el poder político en Oaxaca. Y para eso ha hecho todo lo que hasta ahora.

En primer término, ¿por qué asegurar que este no es un destello de oportunismo? Porque en la oposición, como en el oficialismo del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, todos los grupos y los intereses se han alineado a partir de la obtención del poder. Los tricolores, en su trinchera, aseguran que las decisiones que hasta ahora han tomado respecto de la sucesión, tienen como origen la preservación de los intereses que mueven al grupo que gobierna y administra el dinero público en la entidad. Es exactamente lo mismo que ocurre en la oposición.

¿Por qué? Porque tanto el Partido Acción Nacional, como el De la Revolución Democrática, Convergencia y el PT, tienen fijada la meta de obtener el poder a costa de lo que sea. Lo primero, y lo más importante que sacrificaron, fue justamente su legitimidad como fuerzas disímbolas. Aquí comprendieron, en toda la cabalidad, que la ideología y los principios partidistas palidecen totalmente ante el pragmatismo que justifica la lucha por el poder, independientemente de los actores y de las circunstancias.

Por esa razón, no tendría que provocar sorpresa alguna que un personaje como López Obrador diga lo que no hace, o repruebe públicamente lo que en privado avala y recomienda. Sólo quien no conoce la naturaleza misma de los institutos políticos, podría creer que éstos ponderan lo ideológico y los principios políticos, por encima de sus fines materiales. Así, una fuerza electoral que sostiene valores y fundamentos, pero que no compite verdaderamente por alcanzar o preservar el poder, es una fuerza que simplemente no existe.

Por eso aquí la alianza opositora ha sido prácticamente indestructible. El Partido Nueva Alianza se desmarcó de la coalición, como en un intento por desestabilizarla. López Obrador, por su parte, ha sido un crítico sistemático de las decisiones tomadas por los partidos que lo apoyan, y por las fuerzas políticas que lo vencieron en los comicios presidenciales de 2006. Al final de cuentas, ninguno de esos intentos ha sido suficiente para desmantelar dicha organización, porque todos tienen claro que los objetivos van mucho más allá de los idealismos y se inscriben en la urgencia de obtener un poder, que lo mismo puede servir a las mayorías, que convertirse en un botín político y económico para unos cuántos.

EL DECORO Y

LA INCONGRUENCIA

Ayer, los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y PT, vinieron a Oaxaca a levantarle la mano a Gabino Cué Monteagudo como candidato. Casi al unísono, López Obrador descalificaba la alianza. Parece una incongruencia que unos hagan, y otros deshagan sobre un tema en particular, pero que al final todos coincidan. Eso es lo que ocurre entre los opositores.

¿Por qué AMLO descalifica lo que muchos de sus seguidores avalan? Porque este es un intento mínimo por sostener una congruencia ideológica que, sin embargo, se ve descalificada por un doble discurso galopante, que hoy domina a todas las fuerzas políticas con presencia en Oaxaca.

Así, si López Obrador validara públicamente la alianza opositora que contenderá en Oaxaca, en los comicios de julio próximo, estaría también desmantelando sus propias banderas políticas, por las que recorre el país denunciando el fraude, el mal gobierno y la ilegitimidad del presidente Felipe Calderón. Al avalar una alianza como la que aquí existe, él mismo quedaría atrapado en las banderas a las que por tres años ha dado causa. Por eso, se ha negado —y así lo seguirá haciendo indefinidamente— a avalar de palabra la alianza en Oaxaca.

Sin embargo, ¿Esa palabra se honra en los hechos? Evidentemente no. Y es así porque es él mismo quien ha puesto todos los elementos, y ha dado todas las anuencias, para que la alianza opositora se construya en la entidad. Su aportación ha sido de casi nada: para su conformación, construyó y cedió a un abanderado (Gabino Cué), cedió a todos los operadores electorales de primer nivel que, de todo el país, vendrán a hacer el trabajo electoral para la unión PAN-PRD. E incluso, puede contabilizarse como un gesto importante, el hecho de que sólo descalifique de palabra la unión de partidos ideológicamente contradictorios, pero sin romper un solo tejido de la estructura política de los partidos que comanda.

Esta, por tanto, es una muestra más del doble discurso que hoy inunda a las fuerzas políticas. Los de la casa de enfrente, en el priismo, no pueden hablar ni de congruencia ni de compromiso con el país, cuando por sus manos han pasado, y han avalado, las negociaciones más aberrantes; en el tricolor, también existen contradicciones importantes y acciones fundamentalmente antidemocráticas en las cuales están anclando su estrategia electoral. Pero, al final, todos hablan de democracia y de legitimidad, porque —en esa lógica particular que ellos ocupan— toda lucha por el poder es democrática y legítima, por definición.

SINVERGÜENZAS

¿No les dará pena a quienes, desde el PRI y el PAN, hacen correr versiones sobre la supuesta negociación que ocurrió a finales del año pasado, en la que los tricolores condicionaron la aprobación de nada menos que el Paquete Económico —es decir, uno de los motores esenciales de la nación—, a cambio del compromiso azul de no realizar alianzas partidistas en algunas entidades federativas? por eso está tan devaluada la política en México: porque en su reducida visión, los representantes populares y líderes políticos, intercambian asuntos de Estado, que son fundamentales para la nación, por temas de política que debían dirimirse en las arenas electorales.

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Franco: cuestionamientos sobre calidad profesional

+ Responsabilidad por usurpación: ¿En quiénes recae?

A lo largo de varias semanas, en diciembre pasado, se criticó duramente al diputado Federal, Jorge Franco Vargas, por haber ocupado el cargo de secretario General de Gobierno al inicio de la presente administración, sin contar con el título de licenciado en Derecho. La andanada de críticas surgió a raíz de una filtración a la prensa —realizada, presuntamente, desde círculos cercanos al gobierno estatal— sobre los detalles de su examen de recepción profesional, ocurrido el 17 de diciembre de 2009, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO.

Los cuestionamientos, en apariencia, tenían una razón de fondo: importantes sectores de la sociedad, del gobierno y de la misma prensa, aseguraban que el diputado federal Franco Vargas, había violado lo establecido en la Constitución local, al haber ocupado un cargo para el que se requería, necesariamente, el título profesional de licenciado en Derecho, y que por esa razón todos los documentos y actuaciones administrativas en las que había estampado su firma, u obrado como legítimo representante del Gobierno del Estado, estaban afectados de nulidad.

Esto, en realidad, no es así. Y aunque, en esencia, la falta más grave del ahora Diputado Federal —y de quién sabe cuántos funcionarios y ex funcionarios más, sobre los que no se tiene conocimiento específico sobre su estatus académico y profesional— se encuentra en el ámbito de lo ético, lo cierto es que sobre una situación de esa naturaleza sí existen algunas responsabilidades administrativas, que ahora tendrían que ser reclamadas a servidores públicos que —como quienes cometen las faltas— aparentan hacer un trabajo pulcro, aunque en realidad se vuelven cómplices por omisión de quienes usurpan funciones o un título profesional que en realidad no obtuvieron.

Para entender este asunto, es necesario ir por partes. El artículo 83 de la Constitución del Estado, establece que para ocupar el cargo de secretario General de Gobierno, se requiere ser mexicano por nacimiento, tener por lo menos 25 años de edad en el momento de su designación, estar en pleno goce de derechos políticos y civiles, no haber sido condenado por delito intencional, y tener un modo honesto de vivir.

Cumplidos esos requisitos —que son extensivos a los titulares de todas las dependencias estatales, y no limitativos al cargo de Secretario General de Gobierno—, aún cuando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contemplara mayores requerimientos, de todos modos habría que ceñirse a lo establecido en la Constitución del Estado, porque ésta es la norma de mayor jerarquía en el ámbito estatal.

¿Y qué pasa con las diligencias, documentos y demás actuaciones en las que un funcionario firma, ostentándose con una profesión para la que en realidad no está autorizado? Que, en efecto, existe no sólo una falta administrativa sino la comisión de un delito. Pero, en el caso que nos ocupa, esta inconsistencia no reviste mayor trascendencia, justamente porque no es requisito esencial del cargo, que quien lo ocupe tenga la patente respectiva. A nivel local, al único que se le exige el título profesional de licenciado en Derecho, es a quien el Legislativo elija como Procurador General de Justicia del Estado.

DELITOS Y FALTAS

ADMINISTRATIVAS

Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí existe, cuando menos, la comisión de un delito, y la existencia de responsabilidades que, en su momento, debieron ser documentadas no sólo en el entonces Servidor Público, sino en la misma dependencia encargado de vigilar un aspecto como este. Veamos por qué.

La fracción segunda del artículo 233 del Código Penal del Estado señala que “Al que se atribuye el carácter de profesionista sin tener titulo legal y ejerza los actos propios de la profesión” será sancionado con prisión de un mes a cuatro años, y multa de seis a treinta y cinco días. Tal precepto es el que, en su caso, habría sido aplicable a Franco Vargas como secretario de Gobierno, aunque en realidad habría que determinar si, como dice el precepto, ejerció actos propios de la profesión o si éstos fueron propios de la responsabilidad pública que entonces ocupaba. Frente a algo así, podría considerarse que el asunto es prácticamente imposible de perseguir y sancionar por parte de la autoridad judicial.

Sin embargo, junto a todo esto habría que ver por qué la Secretaría de la Contraloría nunca hizo algo para sancionarlo. Hasta donde se sabe, la revisión de la correcta integración de los expedientes en toda la administración pública local, es una de las tareas encomendadas a esa dependencia encargada del control interno del sector público, justamente para evitar que cuestiones tan simples como esas dejen cabos sueltos que luego se conviertan en problemas de mayor índole para el gobierno.

¿Irma Piñeiro Arias, secretaria de la Contraloría entre 2005 y 2006, estaba enterada que Franco Vargas no contaba con título profesional de licenciado en derecho? ¿Qué hizo para invitar al entonces funcionario a conducirse correctamente en su calidad profesional? ¿Este es, tan sólo, uno más de los rasgos en los que se definía la imposibilidad de contradecir al otrora poderoso Secretario General de Gobierno? La responsabilidad administrativa primaria, es cierto, recae en quien comete la falta. Pero también en quien la detecta y no exige que se corrija. ¿O a poco la Contraloría nunca estuvo enterada de esto?

El problema, en realidad, es que existen no pocos funcionarios que se conducen con calidades profesionales que en realidad no tienen. Es una muestra tangible de la falta de ética, responsabilidad y, sobre todo, control y autocontrol, que existe en la administración pública del Estado. Habría que preguntarse, más allá de los enconos y las filias o fobias sin fundamento, ¿cuántos casos más como éste, existieron y existen dentro de la administración pública, que hasta el momento siguen sin ser corregidos? En la respuesta a esa pregunta, podremos encontrar buena parte de la respuesta sobre el tipo y la calidad de servidores y de servicio público que tenemos en Oaxaca. Para llorar.

DOS TEXTOS

Ayer, en el diario Reforma, la periodista Denise Dreser disecciona con pulcritud excepcional la cuestión de fondo sobre los pactos entre el gobierno federal y el PRI sobre las alianzas. Un texto que no tiene desperdicio, y que valdría la pena revisar con detenimiento. Por otra parte, habría que revisar, en El Universal, otros elementos sobre la Alianza en Oaxaca, que aporta Manuel Camacho Solís. Estos textos son esenciales para un debate que, hasta ahora, ha sido de bajísimo nivel.

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