+ Jiménez-Olivares: ¿qué es verdad y qué intrigas?
El pasado lunes, al tratar de disculparse por la trifulca que protagonizó la semana pasada en la Cámara baja federal, la diputada Margarita Liborio reiteró los señalamientos de corrupción y doble moral a su compañero legislador Guillermo Zavaleta Rojas, pero aseguró, textualmente, lo siguiente: “Para los habitantes de la entidad oaxaqueña no es un secreto que el actual diputado federal albiazul, Guillermo Zavaleta, durante su gestión como legislador local recibió recursos del entonces presidente del Congreso; es de todos conocida su desmedida ambición por lo que no pasaron desapercibidos este tipo de actos en los que también participó el actual dirigente estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara”. ¿Qué busca el PRI con golpeteos de esa naturaleza?
Es evidente que, en primer término, tanto de la existencia de los videos, como de la dudosa moral pública de esos dos connotados panistas locales —y otros militantes de la oposición— no queda duda alguna. El problema es que, en esa circunstancia, el priismo debería valorar con mucha más serenidad la posibilidad de abrir una verdadera Caja de Pandora, de la que ellos mismos tampoco saldrían bien librados.
Esto porque, hoy, la situación de los videos es prácticamente desconocida. Se sabe que las grabaciones han sido cuidadosamente mostradas entre los más altos círculos del priismo oaxaqueño. Sin embargo, hasta el momento no existe decisión final alguna sobre el momento y la circunstancia en que serán éstas serán difundidas. (Hasta la tarde de ayer martes, tampoco se había informado si finalmente la dirigencia nacional del PAN había solicitado los videos, si ya ocurrió una negociación sobre éstos, si todo fue un simple amague, o por qué razón tales grabaciones no se dieron a conocer).
Algo más o menos similar ocurre con el amague hacia el panismo local: los dos involucrados —el diputado federal Zavaleta Rojas, y el dirigente estatal Moreno Alcántara— prefirieron aprovechar el momento para nutrir su propio debate y tratar de que los errores priistas les favorecieran, pero ninguno de los dos, ni uno solo, tuvo la calidad moral para asegurar que tales grabaciones no existen, o que los señalamientos sobre las dádivas oficiales son un cuento con el que los pretende chantajear el oficialismo.
A esto habría que agregar otros factores. Uno de ellos es fundamental: como tal, el panismo oaxaqueño es meramente representativo. Y si con el amague relativo a los videos, el priismo pretendió provocar un efecto desestabilizador en la alianza opositora, su objetivo no se cumplió. ¿Por qué? Justamente porque el PAN de Oaxaca es quien menos influye en las decisiones sobre una alianza opositora oaxaqueña, que sin embargo se construye desde las más altas cúpulas opositoras establecidas en la Ciudad de México.
Es decir, que a las fuerzas aliancistas les saldría más “barato” separar de todas las labores partidistas a esos militantes cuestionados por los video escándalos —e incluso llegar a expulsarlos, tal y como lo hizo el PRD en su momento con Carlos Imaz, Ramón Sosamontes o René Bejarano—, que decidir, en razón de ello, no establecer una alianza que le será estratégica y trascendental para el escenario electoral nacional.
Otra razón es fundamental: en términos reales, tanto el PAN como el PRD y las demás fuerzas que pretenden integrar la alianza opositora, están prácticamente nulificados en los espacios formales de poder. Es decir: el panismo tiene un legislador federal por Oaxaca, que accedió a la curul por la vía plurinominal. Y si lo pierden, en realidad lo resentirían poco. Zavaleta era un completo desconocido —y un elemento sin aporte político real— en la escena nacional, hasta antes de la semana pasada, cuando fue increpado violentamente por las diputadas Liborio Arrazola y Sofía Castro Ríos.
Así, el priismo debería preguntarse: ¿Cómo pelear a manotazos con una fuerza electoral que —justamente por sus altísimas carencias— no tiene algo qué perder en estos comicios?
EFECTO ADVERSO
Aunque ningún priista con “calidad moral” había dicho algo al respecto sobre el contenido de los videos, son las propias declaraciones de la diputada Liborio Arrazola —que reseñamos al inicio de esta columna—, las que dan cuenta puntual de lo que podría verse en las grabaciones: al Presidente del Congreso del Estado en la LIX Legislatura local, entregando recursos a los entonces también diputados locales por Acción Nacional, Zavaleta Rojas y Moreno Alcántara.
Evidentemente, la posición en la que quedan esos personajes distinguidos de la oposición es harto cuestionable. Sin embargo, ¿Cómo queda el “entonces Presidente del Congreso”, es decir, el actual titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, Bulmaro Rito Salinas? Evidentemente, los hechos involucran de una forma excepcional a Zavaleta y Moreno. Pero, en la misma medida, lo hacen con su entonces homólogo priista, que además figura hoy como un alto funcionario de la administración estatal.
Hasta el momento, la soberbia no les ha permitido ver con claridad, que el solo amague sobre el contenido de los videos los hará pagar un costo altísimo; y que si éstos se difunden, digan lo que digan, todos estarán metidos en serios problemas. Disponer de recursos provenientes de las arcas públicas entraña graves faltas administrativas y también constituye delitos del orden común y federal.
Sin embargo, los obtusos aconsejadores del priismo, y del propio Rito Salinas, únicamente parecen ver los efectos inmediatos, pero no el certero golpe político que ellos mismos se asestarían. Seguramente las responsabilidades administrativas y judiciales estarían superadas. ¿Pero qué tal el propio juicio popular y los antecedentes políticos que quedarán de los directamente involucrados, y de los grupos de poder a los que pertenecen? Todos apelan a la desmemoria y llaman a cuidar a los “bejaranos” opositores. ¿Apoco el priismo querrá cargar con su versión local de Carlos Ahumada?
CONFUSIÓN E INTRIGAS
Carlos Jiménez Macías no fue retirado de la encomienda de fungir como árbitro en el proceso del PRI para elegir a su candidato a Gobernador. Más bien, Héctor Hugo Olivares vino a operar todo lo relativo a las diputaciones locales y alcaldías, que también se disputarán en los comicios del 4 de julio. La confusión se generó a partir de que algunos priistas, especialistas en la intriga, aseguraron que el Senador potosino había sido relevado de sus funciones por no cumplir con las expectativas del Jefe Político. El canibalismo, a la orden del día.
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