Nuestro país se encuentra en las manos de los delincuentes. Así lo demuestran las constantes escaladas de violencia que se desatan cada vez con mayor frecuencia, en puntos cada vez más extendidos del territorio nacional.
Mientras el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, asegura que la violencia es consecuencia de la desesperación que generan los golpes que el gobierno federal le asesta al narcotráfico y el crimen organizado, la percepción que existe entre los ciudadanos es que esta es una guerra entrampada entre los vicios propios de la política nacional, la corrupción de servidores públicos, el poder del narco, la infiltración de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, la incapacidad de todos los factores de poder para hacer frente a unos criminales que cada vez parecen tener menos miedo a la acción de la justicia.
La situación actual de México, desde la óptica que se le vea, es para preocuparse: en menos de un mes, un candidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal en Sinaloa, fue asesinado junto con su hijo; por esos mismos días, ocho jóvenes fueron asesinados en Coahuila. Ocurrió también la desaparición y presunto secuestro del militante panista y connotado abogado, Diego Fernández de Cevallos; al otro lado del país, sucedió también un ataque con granadas, a instalaciones de una televisora. Y ahí en Sinaloa, ante la ejecución del aspirante a Alcalde, varios aspirantes a cargos de elección popular renunciaron a sus aspiraciones ante la aceptación de las amenazas que han recibido, y la brutal demostración de que, impunemente, en cualquier momento les pueden hacer efectivos los amagues.
DOS VISIONES DE MÉXICO
Todo esto ocurre en el frente de guerra, en el que todos los días nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos. En el otro, en el de la acción política, policiaca y gubernamental, los ritmos y las prioridades parecen ser distintos. Mientras la violencia se vuelve cada vez más intensa, más feroz, y más cotidiana, los principales factores formales y reales de poder en el país, tienen visiones distintas.
Así, en el ámbito del Ejecutivo, el presidente Calderón no duda en afirmar que los índices de criminalidad han disminuido y que el miedo que abreva la población por la inseguridad, no es más que un problema de percepción que será remediado no cuando se aplaque a los criminales, sino cuando los mensajeros emitan de modo distinto la información que todos los días se hace llegar a la población.
En el ámbito del Poder Legislativo las cosas no son distintas. Ahí, mientras se convierte en una acción cada vez más urgente la de dotar a las fuerzas armadas de un marco legal que dé sustento a sus operaciones, los diputados y senadores prefieren tener sus propias expectativas y “discutir con calma” lo que más urge a la nación. Iniciativas como la de la Ley de Seguridad Nacional, y el marco jurídico que exigen las fuerzas armadas para sostener con legalidad su participación su lucha en contra del crimen organizado, se encuentran prácticamente en la congeladora o, por decir lo menos, en el limbo de las discusiones y las tendencias eminentemente partidistas.
INCONFORMIDAD MILITAR
Mientras todo esto ocurre, las fuerzas armadas tienen amargas quejas. De acuerdo con diarios como Reforma, los principales mandos castrenses del país, se han mostrado insatisfechos con el trabajo legislativo del Senado, y más con la decisión de no realizar un periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de seguridad en comento. En ese sentido, los militares opinan que tal y como se encuentra hoy la norma, no favorece la protección de los ciudadanos ni mucho menos la defensa y seguridad del territorio nacional.
“Significativamente, los temas de seguridad pública y de espionaje son los protegidos (por las reformas). Curiosa o incomprensiblemente se habla más de seguridad pública que de seguridad nacional o de seguridad interior o exterior”, comentaron, al tiempo de afirmar que pareciera “que prevalece la experiencia vivencial como persona no como político o legislador al servicio de su elector, de quienes participaron en su elaboración”.
Esto, en relación a que algunas fuerzas políticas decidieron supeditar el accionar de las fuerzas armadas a ciertos tipos de conflictos (vedando, por ejemplo, su participación en trastornos de tipo social que pusieran en riesgo el estado de derecho y la subsistencia del Estado) o imponiendo intrincados caminos legales y de decisión para la disposición de las fuerzas armadas. Y, según las fuerzas armadas, decisiones como esta se desprende de la visión y las experiencias particulares de algunos legisladores. Pero aseguran que esto, en caso de un verdadero conflicto de grandes magnitudes, haría inoperantes las garantías de defensa del Estado.
¿Y LA SEGURIDAD PÚBLICA?
No obstante, ese no es el único problema al que nos enfrentamos todos los mexicanos, derivado de la poca preocupación que tiene tanto el gobierno federal como el Poder Legislativo por la revisión integral de las normas bajo las cuales actúan las fuerzas armadas y del orden que enfrentan al crimen organizado.
A pesar de las acciones policiacas, existen importantes sospechas de que las fuerzas federales tienen graves problemas de infiltración y corrupción, que no han sido remediados. Las experiencias anteriores, han demostrado que los grupos criminales tienen una capacidad económica impresionante, y que para llevar siempre la delantera al Estado, han enderezado acciones que van a ofrecer “plata o plomo” a todos aquellos a quienes les interesa tener de su lado, o eliminar.
Pero, en eso, también existen innumerables traidores que dicen estar del lado del Estado, pero que sirven al crimen organizado y que no tienen castigo alguno como consecuencia. Acciones como la llamada “operación limpieza” se quedaron en nada más que buenas intenciones que nunca trascendieron más allá de lo que deberían.
Y si a esto se le aumenta el bajo nivel de compromiso, y los pocos recursos públicos que reciben los gobiernos estatales y municipales para sostener y robustecer sus cuerpos de seguridad, el resultado es el que está a la vista: la Policía Federal es insuficiente y corrupta. Las fuerzas armadas actúan bajo un inadecuado marco jurídico, y las policías locales no cuentan con la capacidad y la voluntad efectiva como para aparejarse con las corporaciones federales en el combate al crimen organizado.
Así, lo que puede verse es que existen reformas que son urgentes para la seguridad, pero que no son lo mismo para las fuerzas políticas. Mientras la ciudadanía padece crímenes abominables y cada vez más lesivos y violentos, el gobierno federal dice que el problema es de simples percepciones; desde el sector público, todos ofrecen resultados y paz… aunque lo único que se aprecia es un país cada vez más asolado por el crimen, una población cada vez más vulnerable a los ataques criminales, y a unos delincuentes cada vez más diversificados y sabedores de que, hagan lo que hagan, el supuestamente largo brazo de la justicia, difícilmente los podrá alcanzar.
CRIMINALES, DIVERSIFICADOS
En todo esto, habría que entender perfectamente que crimen organizado no necesariamente es sinónimo de narcotráfico. La ley federal contra la delincuencia organizada, establece que tal denominación se establece cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Dichos delitos son el terrorismo, el acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años (pornografía, turismo sexual, etcétera) y trata de personas.
Así, si el código penal federal regula la comisión de delitos como la extorsión, el tráfico de drogas, y el secuestro, en las demás normas aplicables se establece un ensanchamiento importante de las conductas penadas. Esto, sin embargo, hoy apenas si alcanza para penar todas las conductas que día a día se despliegan en las calles.
Los traficantes de drogas “tradicionales” no generarían por sí solos el grado de violencia. Esto, en un principio, no era así porque México era un territorio de paso pero no de comercialización de drogas. Hoy, ocurre exactamente lo contrario. El consumo interno provoca una guerra total por las calles, las zonas y los corredores carreteros del país. Y ante la capacidad de generar violencia que tienen los criminales, y lo atestado que hoy se encuentra el negocio de las drogas, quienes antes eran gatilleros de los capos, hoy lo son de sí mismos, para administrar otros “negocios”, tales como el secuestro, el comercio ilegal de productos y personas, la extorsión, etcétera.
PAÌS INGOBERNABLE
Así, si nuestro país no está en las manos de los delincuentes, entonces es un país ingobernable. No es admisible que frente a una ola tan intensa de criminalidad, se continúe diciendo que los problemas son de percepción, o que se aduzcan razones políticas para seguir teniendo en jaque a la seguridad del país. Mientras los políticos pelean, debaten y se engañan todos, México tiene necesidades apremiantes que son cubiertas con altas cuotas de sangre por quienes son partidarios de las acciones duras para hacer valer su hegemonía.
Veamos la lista de violencia. Ahí podremos darnos cuenta que la sorna de nuestra clase política es totalmente opuesta al temor con el que vivimos los mexicanos.
