Reforma al sistema de justicia: ¿demagogia o avance legal?

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+ Contradicción: ¿reformas legales cuando “no hay dinero”?

En más de una ocasión, en este espacio se ha dado detalle sobre la conformación y reglas constitucionales que actualmente rigen al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca. Cuando ello ha ocurrido, hemos remarcado el señalamiento sobre la necesidad apremiante de modernizar esas instituciones, para dotarlas de mecanismos de integración y funcionamiento más acordes a las necesidades democráticas actuales.

En todos esos momentos, la respuesta a los señalamientos ha sido el silencio. Sólo que ahora, por una circunstancia política y no por una auténtica voluntad democrática, sí se estaría planeando entrar a reformar esos entes, aunque no en los términos esperados. Estaríamos, pues, en el umbral de algo que lo mismo podría ser un avance importante en materia legal, que un acto terrible de demagogia y protección a un determinado grupo político.

¿Qué hemos dicho en otros momentos respecto al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría estatal? Sintetizando: hemos establecido que las normas constitucionales que organizan y rigen al Poder Judicial datan de hace más de medio siglo sin modificaciones sustanciales; que, por eso, es avasallante la influencia y decisión del Titular del Poder Ejecutivo tanto en la conformación, como en el funcionamiento y los recursos económicos que recibe el mismo; que eso, en las circunstancias actuales, provoca que los órganos jurisdiccionales locales se encuentren en un estado de sumisión total a la figura del Gobernador.

Y que por esa razón, de existir una verdadera voluntad política por transformar las instituciones, entonces no tendrían que haber impulsado los llamados “juicios orales” —que es la gran bandera, ahora congelada, del magistrado presidente Héctor Anuar Mafud Mafud—, sin antes haber impulsado una reforma democratizadora profunda al Poder Judicial del Estado, que diera mayor certidumbre sobre su conformación y funcionamiento, y eliminara la presencia avasallante tanto de la discrecionalidad total que ahora reina, como del Gobernador en turno, que finalmente es quien decide políticamente por los juzgadores.

Del mismo modo, la Procuraduría General de Justicia del Estado necesita cambios profundos, aún cuando los rige una ley orgánica que data del presente sexenio. Para nadie que verdaderamente conoce el funcionamiento del Ministerio Público del Estado, es un secreto que la Procuraduría está convertida en un órgano desdentado, el cual perdió prácticamente todas sus capacidades de investigación y de reacción, y llevó a la inoperancia a otras áreas que antes sí tenían ciertos niveles de deficiencia. El principal problema, en todo eso, es que cualquier falla se magnifica ante la ausencia de voluntad política por emprender una verdadera labor de procuración de justicia.

Por esa razón, en el caso de la Procuraduría, lo que habría de entenderse con claridad es que novedad no es sinónimo de eficacia, y que por esa razón, si los diputados y los servidores públicos involucrados fueran más responsables, entonces tendrían que ir juntos por nuevas reformas que fortalecieran, y no que siguieran menoscabando, al sistema de procuración de justicia de nuestro estado.

¿REFORMAS EN PUERTA?

Existe una razón por la que traemos esos temas a colación: de acuerdo con algunos medios informativos de la capital del país, en el Congreso del Estado se estarían preparando sendas reformas constitucionales para prorrogar tanto la permanencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia —a la sazón, titular del Poder Judicial del Estado—, y de la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas.

Las razones, según se señalaba ayer en el periódico Reforma, en el que se refería un comunicado enviado por diputados electos de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, sería la de “asegurar” que dichas instancias no actuaran en contra de los funcionarios estatales salientes, por alguna de las cuentas judiciales que podrían tener pendientes. Es decir, que no se diera curso a posibles averiguaciones previas ni a procesos jurisdiccionales en su contra.

Esta posibilidad entraña diversas contradicciones para quienes pretenderían consolidar dichos cambios. Desde hace bastantes meses, es una constante en el discurso del Magistrado Presidente del TSJ, asegurar que dicho Poder no cuenta con los recursos suficientes para continuar la implementación de los llamados “juicios orales”. Tal aseveración, en realidad, lo que deja ver es que si no existen los recursos suficientes como para llevar a cabo una reforma constitucional prioritaria, mucho menos habrá para otras que para ellos simplemente no lo son.

¿De qué hablamos? De que, en este caso, emprender la creación de un Consejo de la Judicatura —o de alguna otra figura análoga, que clarificara y democratizara la integración de los órganos que integran el Poder Judicial del Estado— implica una inversión de recursos que no se tienen, y que tampoco se tenían contemplados para invertir. En el caso de la Procuraduría estatal, del mismo modo, tanto las inversiones reales, como el interés para fomentar una institución verdaderamente eficaz y eficiente en sus funciones, han ido de más a menos.

Frente a ello: ¿Cómo justificar la realización de una reforma supuestamente democratizadora? Y aún peor: ¿Cómo justificar que, frente a los abominables rezagos que existen en los rubros más sensibles tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, el grupo gobernante decida únicamente realizar reformas quirúrgicas que satisfagan ciertos intereses, pero que mantengan intocados los problemas y atrasos reales que pesan sobre esos entes? La respuesta a ello, se encontraría en quienes ahora mismo valoran la posibilidad de impulsar esas reformas. El Congreso ya se prepara. Como apuntamos ayer: todavía tienen varios ases bajo la manga.

MAL INFORMADO

Circula en un sitio web, una declaración del presidente del CDE del PAN, Carlos Moreno Alcántara ¡en la que asegura que el juicio político tiene como fin retirar el fuero constitucional a un funcionario, para que pueda ser procesado administrativa o penalmente por faltas o delitos cometidos! Vaya confusión, o ignorancia, del Líder panista: Confundir el juicio político con el juicio de procedencia. Qué bueno que ningún asunto de esos cayó en sus manos cuando fue diputado. Y qué mal que nadie le haya explicado las nada sutiles diferencias entre uno y otro procedimiento.

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