PRI: en Oaxaca, sus estatutos valen lo mismo que nada

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+ Capacidad política: ya deben constatarla

Para nadie es un secreto que, en la práctica política, los documentos estatutarios del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, sirven para lo mismo que las telarañas: en ellos, los insectos políticos pequeños se quedan atrapados, y los grandes las rompen. En efecto, quien ha seguido con detalle la forma y los tiempos en que han sido sustituidos los más recientes dirigentes de ese instituto político, sabe que, salvo excepciones, ninguna pasaría satisfactoriamente por el tamiz de la legalidad interna, y mucho menos por el de la revisión y juicio de los órganos jurisdiccionales de control de legalidad, y constitucionalidad competentes.

¿De qué hablamos? Específicamente, de que si revisamos la forma en cómo accedieron al poder los últimos ocho dirigentes estatales del PRI, seguramente nos encontraremos con más de una sorpresa. Así, en primer término, es necesario remontarnos al antecedente más remoto de los líderes tricolores que ha habido en los últimos años. En ese primer momento, habremos de toparnos con el nombre de Bulmaro Rito Salinas. Curiosamente, él fue quien legó a casi todos sus predecesores, la última dirigencia estatal legal y legítimamente conformada. ¿A qué nos referimos?

A que por ahí del año 2003, fue Rito quien buscó la dirigencia estatal, y la consiguió, a través de todo un proceso interno del tricolor, en el que resultó legalmente electo. Hagamos memoria: él accedió al cargo, luego de que se emitiera una convocatoria para elegir al Presidente estatal del tricolor, luego de que feneciera —y se prolongara por más de seis meses— la gestión del entonces senador Ulises Ruiz.

Rito se inscribió en dicho proceso interno, llevando como compañero de fórmula a Germán Espinoza Santibáñez. Ante la ausencia de contendientes, Rito y Espinoza ganaron la presidencia y secretaría General del CDE del PRI. Así, Rito fue líder priista hasta mediados de 2004, cuando fue postulado, y ganó la diputación local por la vía de representación proporcional, para convertirse en presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. El cargo partidista lo asumió, por primera vez por vía de la prelación, Héctor Anuar Mafud Mafud.

Mafud entregó la dirigencia estatal, también por prelación, en febrero de 2005, a Jorge González Ilescas; éste, en marzo de 2006, hizo lo propio, por la misma vía, con Héctor Pablo Ramírez Leyva, quien, a su vez, le dio posesión en diciembre de ese mismo año, y asimismo por la sucesión de cargos, a Heliodoro Díaz Escárraga.

Luego de esa poco clara transmisión de la dirigencia, fue Jorge Franco Vargas quien, a principios de 2008, se generó una nueva elección ya no por prelación, sino estatutaria, para asumir el cargo de Presidente del CDE del PRI. Aunque esto último hace menos tiempo del que parece, ya pocos registros parecen quedar de ello en la memoria colectiva. Así, Franco, al igual que Rito, contendió en un proceso interno en el que no tuvo contendientes; realizó proselitismo, giras de trabajo y reuniones con consejeros políticos y la militancia. Documentalmente, su elección fue legal; y, políticamente, en su momento también fue legítima.

En este punto debíamos preguntarnos por qué si todas las elecciones anteriores a ésta, aquí reseñadas, y las posteriores (de Adolfo Toledo, y Eviel Pérez Magaña), podrían tener algún vicio de legalidad, no hubo cuestionamientos a las mismas. La respuesta está en que, la militancia priista, asumió como tal la disciplina y los mandatos de su Jefe Político, que por eso nunca cuestionó si la forma en que sus dirigentes accedían al cargo era legal. Con la legitimidad política que les daba la decisión del Jefe Político —entiéndase, el Gobernador del Estado— era suficiente. Ante la falta de impugnaciones, esos actos se convalidaban. Aunque los estatutos del tricolor fueran violentados en la misma proporción que hubo cambio de dirigencias en el último sexenio.

DESTERRAR VERTICALISMOS

¿Por qué traer todo esto, que estaba archivado en la memoria, al presente? Porque según se ve, la dirigencia actual del priismo —la formal, que se encuentra en el Presidente del Partido, y la fáctica, que está en manos del aún Jefe Político— no está entendiendo el momento y las circunstancias que le están tocando vivir. A partir de diciembre próximo, la dirigencia tendrá que convalidarse a partir de las verdaderas demostraciones de liderazgo, y deberán abandonarse las “líneas” y los verticalismos que, ante la ausencia del poder gubernamental, serán imposibles de sostener y convalidar, con una militancia que ya no tendrá la coerción del Jefe Político.

Una primera demostración de ello, ocurrió el viernes pasado, en la reunión de Consejo Político. En más de una ocasión, la dirigencia estatal, y el grupo que la rodea, había dispuesto la conformación de las comisiones internas, que tenía que convalidar la militancia, y al momento de votarlas, ocurrió exactamente lo contrario.

¿Qué demuestra todo eso? Que a partir de ahora, la forma en que se tomen las decisiones que se tomen al seno del PRI tendrá que variar. Es de obtusos pretender seguir imponiendo decisiones no consensadas, a una militancia que se siente agraviada por el grupo al que consideran como responsable de la derrota del pasado mes de julio, y que ahora pretende seguir teniendo el control del tricolor sin tomar en cuenta a la militancia.

El problema es que, a partir del próximo mes de diciembre, la “legitimidad política”, y los verticalismos, ambos emanados del Jefe Político, serán nada frente a las necesidades de legalidad estatutaria y, ahora sí, aceptación y convencimiento de la militancia. Será simplemente imposible —y ya comienza a constatarse— seguir actuando en base a simples verticalismos y conveniencias de una camarilla. De seguir así, enfrentarán más riesgos que beneficios, de una dirigencia que se queda vulnerable, y sin los respaldos políticos y económicos que la han sostenido hasta el momento.

LIDERAZGOS A COMPROBAR

Según parece, los líderes tendrán que demostrar que verdaderamente tienen sustancia, y que no son puramente consecuencia —como varios de ellos, hasta ahora— de la decisión del Jefe Político. Las violaciones estatutarias reiteradas, no deberán seguir siendo la constante entre quienes pretenden conducir los procesos del tricolor en los próximos años. Si no asumen esas lecciones de integridad y congruencia, los pretendidos colonizadores actuales del tricolor, serán los primeros que saldrán por piernas.

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