+ Voluntad y vocación por la transparencia, decisivos
Independientemente de las convocatorias y los debates públicos, si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo tiene verdadera voluntad de construir una nueva relación con quienes integran —integramos— los medios de información, debe tomar en cuenta algunos puntos fundamentales que, a la luz de un gobierno democrático, tendrían que ser ineludibles. No se trata ni de descubrir el hilo negro ni de hacer simples reformas legales que no se reflejen en la realidad. Es, fundamentalmente, un asunto de voluntad.
¿Por qué es importante la relación de una nueva relación entre el poder político y los medios de información? Porque, esencialmente, la prensa es el principal vínculo y canal de interlocución entre el gobierno y la ciudadanía. Por esa razón, una sociedad en la que los medios no gozan de las libertades fundamentales por parte de la autoridad, ni éstas se encuentran reconocidas y tuteladas por la ley, y en la que la relación de unos y otros se desarrolla permanentemente en oscuridades, simplemente no puede aspirar a denominarse como democrática.
En primer término, parece claro que no necesariamente tendría que haber sido el paso inicial llamar a una consulta pública entre quienes integramos los medios. De hecho, independientemente de las posturas institucionales, y los intereses particulares que naturalmente preserva o defiende cada empresa informativa, es claro que como parte del ejercicio democrático, la mayoría de los ciudadanos —entre los que nos encontramos quienes hacemos la prensa, independientemente de haber votado a favor o en contra de la causa gabinista— se pronunció a favor del cambio democrático que ofertó el ahora Gobernador Electo.
En ese sentido, al contar con el respaldo legitimado de la mayoría, era el nuevo gobierno —y no los trabajadores de los medios y el público en general—, quien tendría que manifestar cuáles son sus propuestas iniciales respecto a la relación que ofrecen entre el poder público y la prensa, y qué disposiciones legales tendrían que tomarse para fortalecer esa relación y transparentar algunas de las oscuridades que hoy dominan a este sector.
En una brillante aportación, la periodista Guadalupe Thomas estableció algunas propuestas de reformas constitucionales y legales para fortalecer tanto el trabajo de los medios informativos, como el deber de la autoridad de respetar esas libertades, y sobre todo las garantías que se deben tutelar para que los particulares tengan acceso efectivo y libre de toda coacción, a una oferta informativa esencialmente ejercida con responsabilidad y equilibrio.
No se trata, como se apuntaba en líneas anteriores, de descubrir el hilo negro. En ese sentido, sería bueno que si el gobernador electo Cué Monteagudo ya manifestó su disposición por modificar el marco jurídico relativo a este tema para hacerlo más funcional y democrático, él y su equipo comenzaran por garantizar que, incluso en las condiciones actuales, tomarán todas las previsiones necesarias para garantizar un ejercicio periodístico libre y transparente, que luego deba ser reforzado por reformas legales y constitucionales; pero que ese ejercicio no necesariamente se encuentre condicionado a las modificaciones jurídicas. Es decir, que esencialmente todo esto se conduzca por voluntad y vocación democrática, y no por mandato estricto de una norma.
TRANSPARENTAR RECURSOS
Una forma esencial para garantizar el ejercicio periodístico se encuentra en incrustar la idea de que la publicidad es una razón de Estado. Es decir, abandonar aquella vieja visión torcida del presupuesto público destinado al gasto publicitario —que se convirtió en una máxima entre la clase política y, sobre todo, una poderosa arma para presionar a los dueños de los medios a replegarse a ciertos intereses— del “no te pago para que me pegues”; y pasar a un concepto más equilibrado, democrático, justo y, valga decirlo, transparente de lo que debería ser la relación comercial entre los medios y el gobierno.
En este sentido, tampoco se trata de descubrir el hilo negro. De hecho, los gobiernos en México han mostrado una fuerte resistencia a legislar y regular el gasto publicitario, como ya se realiza en diversos países de Europa y algunos de América Latina, justamente para establecer criterios claro y, por ende, desmantelar aquella práctica en la que el gasto publicitario se ejerce con total discrecionalidad, como una herramienta de presión o beneficio indiscriminado, en la medida en que ciertos medios son críticos o afines al régimen gobernante. Esto último, es lo que tradicionalmente ocurre en nuestro país, desde el más modesto municipio, hasta el poderoso y acaudalado gobierno federal.
¿Cómo establecer parámetros para ejercer el gasto publicitario? A través de criterios como la circulación del medio, su impacto entre los lectores, su grado de especialización, o su utilidad como una entidad de interés común, entre algunas otras cuestiones. El primer punto a considerar sería su presencia efectiva entre el público, lo cual le garantizaría un mínimo de ingresos —regulado estrictamente por la ley— que permitiera su subsistencia; y el resto de esos recursos, repartidos asimismo de modo equitativo entre todos los medios dependiendo de su grado de penetración y algunos otros factores regulados por la ley que, además, estuvieran permanentemente a la vista del público para evitar arreglos al margen de la legalidad.
Regulaciones como la que aquí se esboza en términos por demás generales, existen en diversos países que decidieron abandonar —o que fueron obligados a hacerlo— el ejercicio discrecional del gasto publicitario para pasar a esquemas claros, transparentes y equitativos, que verdaderamente transformaron constructivamente las relaciones entre el poder y la prensa, y que otorgaron las garantías y la certidumbre incluso para disentir, criticar y pensar distinto a las líneas que se marcan desde el régimen gobernante.
GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS
Debe hacerse una clara distinción entre el gobierno y el Estado. El primero es una parte integrante del segundo. Y el derecho a la libre expresión y a la publicación de escritos en la prensa, deben ser rubros garantizados más que por el gobierno, por el Estado. Pero, en este sentido, el gobierno está obligado a ejercer el dinero público para gasto publicitario de forma clara, equitativa y responsable, sin oscuridades ni tintes facciosos. El gobierno de Gabino Cué tiene la palabra.
Sin duda primazo, lo que comentas está más que claro… y supongo que el Gobernador electo te leerá … dado que está mega metido en intentar que creamos que realmente habrá cambio en Oaxaca.
Esperemos no sean palabras como las de siempre y este hermoso estado se vea libre de expresarse a través de los comunicadores. Es una lástima leer detalles como los de Cd.Juárez y cómo los medios intentan tregua con la opresión / mafia.
Lo bueno es que no pasa lo mismo en Oaxaca…. o si??….
Buen martes!
La importancia del periodismo libre y transparente el respeto al derecho de libre expresión para todos en oaxaca es fundamental para que madure la democracia en el estado de oaxaca espero la relación gobierno- medios logre una realidad para el bien del cambio y el progreso.