+ Concertación política: tema clave para gobierno
Más que valerse de patrañas como la de reglamentar las marchas o valerse de la fuerza pública para disolver las manifestaciones que derivan en bloqueos viales o toma de oficinas, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo está obligado a plantear una verdadera estrategia de concertación política y eficiencia en la gestión administrativa, que le permitan tener mayores herramientas para la gobernabilidad. Ese será, sin duda, uno de los retos más complejos de esta administración de alternancia.
El problema no es menor. De hecho, actualmente en Oaxaca prevalece un vacío casi total en cuanto a las posibilidades del gobierno estatal de lograr que las manifestaciones públicas de grupos políticos, y organizaciones sociales, sindicales o indígenas, no afecten a terceros. Es un dolor de cabeza permanente para la ciudadanía, el que un día sí y al siguiente también, ocurran bloqueos de arterias viales, toma de oficinas públicas, y demás acciones que perturban los derechos de la colectividad.
Es también una constante, que la instancia estatal encargada de la gobernabilidad, es decir, la Secretaría General de Gobierno, no logre desactivar —y parezca que tampoco tiene voluntad— esas medidas de protesta que, finalmente, no afectan tanto a los funcionarios, como a la ciudadanía que se ve afectada en sus garantías fundamentales.
A pesar de que el planteamiento de “no más bloqueos de calles y oficinas gubernamentales” fue una de las principales promesas de campaña del actual gobierno, es evidente que éste se quedó muy lejos de la expectativa que en algún momento tuvo la ciudadanía sobre ese aspecto. Durante el primer año y medio de la actual administración, el Gobierno del Estado se dedicó a desactivar protestas a través de la interlocución política sustentada en el amague y los ofrecimientos de cooptación.
Una vez que éstos mecanismos fracasaron, y ocurrió la revuelta magisterial y popular de 2006, el Gobierno del Estado entendió la lógica de las “vías de diálogo” de los principales grupos sociales —es decir, el ceder ante los chantajes de todos aquellos grupos que podrían generar algún tipo de inestabilidad, y cooptar a todo aquel que lo permitiera—, y entonces decidió entregarse a los brazos de quienes antes habían sido sus verdugos.
Así, a partir de 2007, la administración estatal decidió establecer su política de gobernabilidad teniendo siempre como herramienta fundamental la posibilidad de negociar la ley, y la entrega de recursos económicos, a cambio de no tener más problemas con grupos determinados con los que era mejor no confrontarse.
Aunque a la mala, esa política fructificó: durante la gestión de Manuel García Corpus como secretario General de Gobierno, se logró reiniciar el diálogo con grupos radicalmente opuestos al priismo gobernante —que habían tratado de derrocarlo—, como la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca.
Más de uno se preguntaba, en aquel entonces, cómo podían haber logrado esa interlocución que apenas un año antes parecía imposible entre grupos que se disputaron a muerte el poder gubernamental de Oaxaca. La respuesta a ese cuestionamiento tuvo que ver con dos cuestiones sencillas: como diversos integrantes de la APPO y la Sección 22 tenían tanto necesidades económicas, como cuentas pendientes con la justicia, la administración estatal se valió de las herramientas del Estado para entablar diálogo.
Así, haciéndose múltiples y recíprocas concesiones (es decir, negociando la aplicación de la ley y la provisión de recursos públicos), unos y otros decidieron dejar de lado las hostilidades radicales para pasar a una nueva etapa de diálogo disimulado que, a la larga, tampoco ha sido tan fructífera como quisieran.
ASUNTO CLAVE
Sin embargo, hoy es evidente que la política de conducción de la gobernabilidad es mucho menos afortunada de lo que pudiera preverse. A diferencia del pasado, cuando bloquear un crucero o arteria vial se convertía en una afrenta declarada en contra del gobierno, hoy prácticamente cualquier grupo, con cualquier denominación e independientemente de su número de integrantes, tiene la abierta posibilidad de bloquear calles, cerrar oficinas y dañar los derechos de terceros.
Y dadas las amargas experiencias de la represión, hoy el gobierno estatal, en todos los casos, está decidido a no mover un dedo para tratar de exigir a los manifestantes que cesen las afectaciones a la ciudadanía. Como no se desea alimentar el estigma de la intolerancia, pero tampoco se tiene eficiencia gubernamental como para desactivar definitivamente las protestas sociales, entonces el gobierno estatal deja hacer todo, a todos los grupos.
¿Qué hacer entonces? De entrada, es evidente que la vía para lograr una tutela efectiva tanto de los derechos de la colectividad, como la atención a las exigencias y demandas de los grupos sociales, no se encuentra —como lo hemos apuntado en otros momentos— ni en la llamada reglamentación de las marchas y manifestaciones públicas, ni tampoco en la cesión total de las potestades públicas a los grupos de presión, y mucho menos en las medidas de fuerza, tales como la disolución de protestas o el uso de la fuerza pública para romper bloqueos.
La clave, según parece, se encuentra, primero, en la posibilidad de poner la gobernabilidad en manos no de un amigo del Gobernador, sino de un verdadero político conocedor de las formas de hacer política en una entidad compleja como la nuestra; y, segundo, en la posibilidad de lograr una mejor labor administrativa, que termine con muchos de los vicios, chantajes y desatenciones a los grupos sociales, y comunidades, que luego derivan en protestas, cierre de calles, y diversas acciones que involucran, sin deberla ni temerla, a la ciudadanía.
RETO MAYOR
Así, más allá de los nombres, quien resulte designado como Secretario de Gobierno de la próxima administración, debe demostrar, con hechos, su aporte a Oaxaca. De nada servirá que el Gobernador nombre a alguien que, independientemente de que sea de sus confianzas, carezca de capacidad de interlocución —y solución— con los principales grupos sociales. También debe combatir muchas formas de corrupción. Todo esto, sin prestarse al chantaje. ¿Cuántas manifestaciones inician porque no se atiende un trámite o solicitud, porque algún funcionario “jinetea” recursos, o porque se prestan oídos sordos a las exigencias de los grupos sociales? El éxito de su gobierno, en gran medida, dependerá de esto.
