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+ Acción criminal o política: sospecha similar
La noche del pasado martes, en la comunidad de Zimatlán de Álvarez, fue secuestrado el diputado electo del PAN, Manuel Benítez Manzanares. En una entidad que se ha caracterizado por tener una alta incidencia en el rubro del secuestro, pero que también es característica de un ejercicio intenso de las expresiones políticas, ocurre este presunto secuestro que, lo mismo puede ser una mera acción de la criminalidad, que un amague al gobierno electo que, a partir del 1 de diciembre encabezará Gabino Cué Monteagudo.
Sin duda, este hecho ocurre en medio de un marco político y social de complejidades. A nivel nacional, secuestros de alto impacto como el del ex senador y ex candidato presidencial —también por el PAN— Diego Fernández de Cevallos, ha venido marcando la pauta de lo que parece uno de los signos más claros de nuestro tiempo: en ese caso en particular, a más de 120 días de haber sido secuestrado uno de los hombres más emblemáticos de nuestro país, el grupo que ejecutó dicha acción sigue actuando en la más completa libertad e impunidad, que no ha podido detener autoridad local o federal alguna.
Si más allá de las posibles motivaciones políticas o de la mera persecución de fines económicos que tenga ese plagio, lo tomamos como punto de referencia sobre la incidencia del secuestro en el país, podremos darnos cuenta que la no intervención de la autoridad estatal o federal en la investigación y posible resolución de ese caso, así como la imposibilidad de aprehender a los responsables, no es sino una abierta invitación a que ese tipo de prácticas ilícitas, que tienen como características la libertad y la impunidad, sean hoy la forma de actuación común parta todo tipo de grupos que, especializados o no en el secuestro, se dedican a explotar esa “industria”.
Las cifras, en ese sentido, son implacables. Apenas el mes pasado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo público un estudio relativo al índice de secuestros en México. Las cifras revelaron que en los últimos cinco años la incidencia de este delito se vio incrementada nada menos que en un 317 por ciento, sin contar que más del setenta por ciento de todos los plagios que ocurren en el país, no son denunciados.
Ante este panorama, en el que se centran las posibilidades puramente criminales de este tipo de delitos, parece cercana la posibilidad de que hoy, con independencia de su nivel económico, estatus social o calidad política, cualquier persona pueda ser objeto de un secuestro; asimismo, parece claro que los secuestradores se encuentran altamente estimulados para continuar con ese tipo de acciones, ante la prácticamente nula capacidad de los órganos del gobierno encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia —comenzando por el ámbito federal—, para impedir ese tipo de acciones, para perseguir y aprender a los plagiarios, y para rescatar con vida a los secuestrados.
ACCIÓN CONFUSA
El panorama local y nacional, sin embargo, tampoco son sencillos en el ámbito de lo político. Un secuestro de este tipo, perpetrado en contra de un personaje que milita en Acción Nacional, que es diputado electo, y pieza importante de un proceso de alternancia política en una entidad altamente polarizada como Oaxaca, es motivo para suponer todas las hipótesis posibles.
Éstas son difíciles de separar, además, porque hoy un hecho criminal asimismo puede tener, o aparentar tener, una connotación política; y porque una posible venganza política, hoy puede ser libremente perpetrada bajo el manto impune y temido de acciones criminales perpetradas por la delincuencia organizada. Y, en una tercera vía, éste también puede ser un aviso, o un mensaje, de otra naturaleza, por parte de algún grupo criminal a un régimen de gobierno que se encuentra en vías de tomar posesión de sus responsabilidades.
¿Por qué existe la posibilidad de ligar un secuestro como el que ahora nos ocupa, al envío de un posible envío de mensajes de fuerza por parte de un poder fáctico (como lo es la criminalidad organizada) a quienes detentan, o están en vías de hacerlo, el poder público? Porque el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo ha decidido hacer suyas ciertas expresiones relativas al crimen organizado.
En efecto, hace apenas cuatro días —es decir, el 3 de octubre pasado—, el sitio web www.yucatanalamano.com daba cuenta de un posicionamiento que hizo el gobernador Cué justamente en relación con la delincuencia organizada y los grupos criminales. Aseguraba en Mérida, y en compañía de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que “la prioridad del país en 2011 debe ser un combate eficaz contra el crimen organizado para que la delincuencia, que es más fuerte en el norte del país, se reduzca notablemente”.
Evidentemente, ese y demás posicionamientos en relación al crimen organizado, podrían ser parte de la explicación al secuestro del diputado electo, y del posible mensaje que alguna banda criminal podría estar enviando al gobernante electo. Ante el secuestro, todos los canales de comunicación tanto con el gobierno de Gabino Cué, como del Comité Estatal del PAN, cerraron los canales de comunicación para darle paso a las estrategias tradicionales de negociación y recuperación de la víctima secuestrada, llevadas a cabo por particulares sin intervención de la autoridad.
Finalmente, podría ocurrir una tercera desgracia en todo esto. Esto radicaría en que, por una razón de confrontaciones políticas, las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia estatales, dejaran voluntariamente de intervenir en el asunto, o lo hicieran sólo en apariencias. Es evidente que, comenzando por la persona, éste y cualquier secuestro, es inadmisible. Y lo es más, cuando los demás ingredientes inmiscuidos llevan a posibilidades relacionadas con amagues de algún grupo criminal, pero también al intento de una confusión intencionada, entre un hecho criminal y una acción de venganza política.
COMUNA DEGRADADA
Cuán bajo ha caído el interés por el trabajo y la representación política en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que quienes antes al menos se bañaban para asistir a las sesiones de Cabildo, ahora lo hacen como si anduvieran de día de campo. Fue el caso del regidor Giovany Vásquez Sagrero, quien ayer se presentó a la sesión de la Comuna, nada menos que en ropa deportiva. Simple pero reveladora, la muestra de desprecio a su trabajo por parte del Concejal.
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