Oposición al poder: no deben construir destruyendo

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+ Órganos autónomos; “quítate tú para ponerme yo”

Dos de las cuestiones en las que han sido más reiterativos los diputados locales electos de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, son las de, primero, someter a revisión los esquemas de integración y funcionamiento democrático de los poderes del Estado; y, segunda, revisar la composición actual de los órganos autónomos para, según ellos, hacerlos menos dependientes del poder público. En ambos casos, debe haber una visión de Estado clara, y no un mero ánimo de revanchismos que sólo llevarán a la descalificación no de esas figuras democráticas.

Sin duda, en lo relativo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, urgen reformas que vayan más allá del mero maquillaje político. En el caso de nuestra entidad, tanto la Constitución Política local, como la praxis política, aún continúan generando esa idea de que el Gobernador del Estado no es el Titular del Poder Ejecutivo, sino auténticamente un Jefe Político de la entidad. Esto es, que sus potestades constitucionales, y metaconstitucionales, van más allá de cualquier dictado legal, y le permiten imponerse sobre las decisiones, la soberanía o la autonomía de cualquier ente o persona que tenga que ver con el poder público.

¿Cómo lograr reformas en ese sentido? El primer paso, sin duda, tiene que ver con la manifestación expresa, y dinámica, de voluntad por parte del gobernante. En Oaxaca, sería una verdadera innovación que, al menos periódicamente, el Congreso del Estado fuera algo más que el apéndice legitimador de las decisiones omnipontentes que se toman desde la oficina del Gobernador.

Parece guasa, o una broma de mal gusto. Pero independientemente de que se acepte o no por parte de los involucrados, es evidente que las potestades del Mandatario en turno van mucho más allá de lo que le permite la Ley, pero también es alimentada por quienes tienen aún la idea en la conciencia de que el Gobernador es el Jefe lo mismo de los funcionarios administrativos, que de los legisladores, y también de quienes integran los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, además del cambio de formas en cuanto al ejercicio práctico del poder, son también necesarias algunas otras reformas que impidan la injerencia avasallante del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes. El ejemplo más claro, que está a la vista de todos, tiene que ver con la integración del Poder Judicial del Estado. Porque a diferencia de otras entidades, en donde existen Consejos de la Judicatura —u otro tipo de figuras, diferentes o más avanzadas que esos órganos— que determinan el nombramiento, los ascensos y la permanencia o remoción de los funcionarios judiciales, en el caso de Oaxaca todo se reduce a un mero asunto de discrecionalidad.

Lo mismo ocurre con el nombramiento de los Magistrados. A nivel federal, y de innumerables constituciones estatales, en la local de Oaxaca prevalece casi por completo la predominancia del Gobernador en la designación de los más altos funcionarios judiciales estatales. En ese sentido, la participación del Congreso del Estado es prácticamente testimonial, y las posibilidades de que existan equilibrios para frenar un posible exceso del titular del Poder Ejecutivo, o una decisión con la que la mayoría de los diputados no estén de acuerdo, llanamente es nula.

En el fondo, y si es que verdaderamente existe voluntad política y capacidad de análisis tanto en los diputados de los partidos coaligados, como del gobernador Gabino Cué cuando entre en funciones, también deberían revisarse, y reordenarse, algunas de las facultades que la Constitución del Estado otorga a cada uno de los poderes.

Con sólo dedicarse a dilucidar y comprender ese punto, cualquiera podría darse cuenta que en las condiciones actuales, son más los desequilibrios y los resabios de la predominancia del Gobernador que ya debe quedar en el pasado, que las posibilidades de que, gobernando apegados a esas normas, podrán hacer el gobierno distinto que tanto han prometido. A ver si existe la voluntad y la capacidad para emprender esa labor.

DESCALIFICACIÓN RIESGOSA

En el otro aspecto, los diputados dicen estar dispuestos a emprender, como una de sus primeras tareas, la revisión de los órganos autónomos, y de otros con vital importancia en la fiscalización de los recursos. Se han referido, específicamente, al Instituto Estatal de Acceso a la Información, y a la Auditoría Superior del Estado. Los señores legisladores, deberían ser un poco más cuidadosos en sus aseveraciones. ¿Por qué?

La respuesta está también a la vista. Para ellos, los actuales integrantes de esos dos órganos no son confiables. A priori, aseguran que éstos no tendrán el suficiente grado de independencia y apego a los principios que los rigen, para desempeñar las tareas que les fueron encomendadas. En pocas palabras, opinan que unos y otros son meros agentes del PRI. Y por eso están decididos a removerlos de sus cargos en la primera posibilidad que exista.

Habría que tomar con reservas esa altivez. Porque si bien es cierto que tanto la auditora Lizbeth Caña Cadeza, como los comisionados del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila y Alicia Aguilar, fueron nombrados, y emanaron del actual régimen, también lo es que éstos tienen mandatos constitucionales que cumplir, y que lo primero que debe hacer un régimen de gobierno, es precisamente ponerlos a prueba.

En ese sentido, son abominables aquellas declaraciones relativas a desaparecer esos órganos e integrar otros con mayores potestades. Si bien los entes autónomos actuales no son los mejores, también es cierto que éstos son un signo parcial —no acabado, ni suficiente— del avance democrático que ha tenido nuestro Estado.

¿ÓRGANOS “DEMOCRÁTICOS”?

Y lo más importante de todo: cambiar a los actuales de esas entidades sin antes pasarlos por el tamiz de la demostración de eficiencia y compromiso con sus funciones, para integrar esos órganos con personas afines a ellos, será tanto como emprender la misión de “quítate tú para que me ponga yo”. Y entonces, “sus” integrantes de la ASE y del Instituto de Acceso a la Información estarán tanto o más deslegitimados de lo que ellos acusan a los actuales, porque aún habiendo emanado de un “régimen democrático” estarán haciendo las mismas funciones de solapamiento y encubrimiento, de las que tanto acusan a sus predecesores.

 

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