+ Diputados electos: es momento de hacer política
El pasado lunes, la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma realizada en julio pasado a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se sustituía la figura de la Gran Comisión por la de la Junta de Coordinación Política. En su declaratoria, el Alto Tribunal consideró que existieron vicios de forma en la conducción del proceso legislativo. Y, por tanto, invalidó los preceptos que darían pauta al gobierno interno de la LXI Legislatura local. ¿Qué sigue ahora?
Contrario a lo que usualmente ocurre, esta reforma fue declarada ilegal no por contener vicios de fondo, sino por no haber cumplido con ciertos requisitos del procedimiento. Como bien debe recordarse, el proyecto de reforma fue presentado intempestivamente por el diputado Antonio Amaro Cancino, y al ser considerado como “de obvia y urgente resolución”, la mayoría priista en el Congreso determinó votar el proyecto, pero sin cumplir con los requisitos de la dictaminación en comisiones, y la discusión en el pleno.
Dicha reforma, si se recuerda, ocurrió en uno de los momentos de mayor algidez y confrontación política entre el régimen saliente contra el entrante. A finales de julio, comenzaron a enviarse señales recíprocas de hostilidad, que a cada uno llevaron a tomar ciertas decisiones ofensivas o de defensa.
Fue entonces, por ejemplo, que frente a la exigencia del gobernador electo, Gabino Cué, el gobernador Ulises Ruiz determinó que el proceso de entrega-recepción iniciaría hasta el próximo mes de noviembre; o que, frente a la voluntad de los diputados electos del PAN, PRD, PT y Convergencia, de emprender una coalición legislativa, el PRI les dio un albazo creando, sin previo aviso, una Junta de Coordinación Política que le permitiera continuar teniendo margen de maniobra. La reforma se realizó sin consultas previas, sin discusión, y utilizando plenamente la llamada “aplanadora” priista. Fue una reforma que correspondió a ese momento de confrontación y algidez, que momentáneamente parece ir disminuyendo.
Por eso, todo esto tiene una explicación no sólo basada en el derecho. Porque si la falta de dictaminación y discusión, aunados a la oscuridad habida en lo relativo a la votación de la reforma, dio como resultado la declaratoria de inconstitucionalidad, es evidente que esta maniobra respondió a un tiempo y circunstancia específicos que ahora deberán ser subsanados pero ya no en base a las imposiciones, sino a un verdadero ejercicio de política, tanto entre los diputados salientes y entrantes, como entre los gobernadores que se encuentran en esa misma circunstancia. ¿De qué hablamos?
De que, sin duda, el gobierno interior del Congreso con la LXI Legislatura —en la que ningún partido tiene mayoría simple— tendrá más dificultades que beneficios con la subsistencia de la Gran Comisión; que aún frente a este revés del Tribunal Constitucional, la agonizante LX Legislatura aún tiene tiempo de emprender una nueva reforma que subsane los vicios. Y que, frente a esa circunstancia, lo más conveniente sería que tanto los diputados de las dos Legislaturas, como los dos Gobernadores, tuvieran la posibilidad de darle una salida consensada al asunto. Es decir, dejando de lado las imposiciones, y demostrando que tienen verdaderas posibilidades de emprender un constructivo ejercicio político.
ABANICO DE POSIBILIDADES
Es evidente que frente a la posibilidad de una nueva reforma —como posiblemente ocurra aún en la LX Legislatura—, será ahora sí imposible que la modificación legal se haga repitiendo los patrones del pasado. Es decir, hacerla sin preguntar, ni pedir consenso ni opinión a nadie, y mucho menos sin llevar a cabo un proceso previo de negociación política entre las fracciones parlamentarias. En términos estrictamente legales, dicha reforma podría realizarse cumpliendo con los requisitos esenciales del proceso legislativo. Pero políticamente, equivaldría a reabrir un frente de confrontación que por el momento parece innecesario.
En una segunda posibilidad, la LX Legislatura podría decidir dejar las cosas en el estado en que se encuentran, y dar paso a que los nuevos diputados hagan el trabajo que les corresponde para replantear sus órganos de dirección. En realidad, el problema de fondo es que, al tomar esa decisión, lo que los actuales diputados estarían en riesgo de hacer, es provocar una posibilidad inminente de parálisis y crisis legislativa, si sus sucesores no tienen la posibilidad, en el momento, de ponerse de acuerdo. Por eso, si los legisladores actuales tienen una visión un poco menos partidista, y más apegada al interés general, tendrían que considerar la posibilidad de no dejar las cosas en el estado actual.
Un tercer escenario, que sería el ideal, es en el que hubiera una verdadera concertación política entre los factores de poder actuales, y los que tomarán posesión de sus cargos el mes próximo. Y no sólo de los legisladores, sino también de las dirigencias partidistas e incluso de los titulares —entrante y saliente— del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Para qué? Para poder dotar al Congreso de las herramientas necesarias para poder tener una organización y conducción consensada. En el ideal, ese sería el mejor escenario, pues habría no sólo la posibilidad de acuerdos, sino también una representación legitimada del Poder Legislativo.
Para el PRI, sería un error político de graves consecuencias el volver a legislar, ahora sí sin vicios, una reforma relativa a la Junta de Coordinación Política. Es cierto que el interés que priva es el de la preservación del poder que les queda. Sin embargo, ni siquiera a ellos los deja bien parados, el hecho de que hayan considerado reformas que, como trajes a la medida, les permitieran seguir teniendo el control de los órganos administrativos y de control en el Congreso. Mejor sería que ahora sí hubiera diálogo, y acuerdos medianamente consensados. Todo esto suena muy bien. Aunque bien parece que también es mucho pedir.
A CUENTAS
En los órganos jurisdiccionales dicen comúnmente que las posibilidades de que una reforma legal sea invalidada por vicios de forma, son mínimas. Si los diputados están, según, para legislar, lo que por lo menos deben hacer es seguir correctamente lo que dice “el librito”. Este revés, sin embargo, revela que no sólo los diputados no saben hacer su trabajo, sino tampoco la Oficialía Mayor, que es la responsable de que las formalidades mínimas se cumplan. Corroboran su mala fama.
