Regi贸n triqui: un riesgo real de violencia

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Homicidio de Pazos s铆 debe ser aclarado

+ Riesgo a seguridad, sostener impunidad

La regi贸n triqui ha sido sometida a alt铆simos niveles de violencia y presi贸n, que llegaron a su punto m谩s 谩lgido con la ejecuci贸n del dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz. Deliberadamente, el Gobierno del Estado se ha mostrado poco o nada interesado en solucionar tanto las disputas pol铆ticas que han azotado a la zona, como en esclarecer la ejecuci贸n del l铆der ind铆gena. El riesgo que entra帽a todo esto no s贸lo tiene que ver con la injusticia y la vocaci贸n por la impunidad, sino tambi茅n, y sobre todo, con el hecho de que esa inacci贸n pudiera hacer germinar un estallido violento de subversi贸n en aquella zona.

La violencia entre comunidades, y entre grupos de lucha social en la zona triqui no es nueva. De hecho, hay quien asegura que las disputas violentas entre pueblos, tiene una ra铆z ancestral que, sin embargo, ahora se ha profundizado ante la presencia de los grupos de lucha social, y el ingrediente pol铆tico que cada uno de ellos entra帽a. No obstante, si acaso el argumento anterior debe s贸lo servir como una forma de explicaci贸n de lo que hasta ahora ha pasado, mas no como un camino para justificar que las determinaciones sociales, 茅tnicas o pol铆ticas deban hoy seguir teniendo como ingrediente infaltable el de la violencia.

Por varias razones es inadmisible, en esa l贸gica, justificar la violencia en la zona triqui. Adem谩s de entender que los tiempos actuales no necesariamente deben ser similares a lo ocurrido d茅cadas o siglos atr谩s (como para decir o 鈥渆ntender鈥 que si los triquis siempre fueron violentos, ahora no tendr铆an por qu茅 dejar de serlo), hoy deber铆a de tener mucho m谩s peso el hecho de que el Estado ha sido incapaz de neutralizar o aminorar los rasgos de violencia entre los habitantes de esas comunidades, en aras de dos imperativos p煤blicos 鈥攓ue poco conocen, o que si conocen no practican鈥 como lo son la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

En un primer momento, es harto cuestionable esa incapacidad, o esa indolencia, por parte del Gobierno del Estado para brindar certidumbre, pol铆tica y legal, de que la violencia no debe seguir siendo el camino para que las comunidades u organizaciones sociales consigan, preserven o arrebaten lo que les hace falta.

En ese sentido, es tanto o m谩s inaceptable el hecho de que la connivencia entre las organizaciones sociales que existen en la zona 鈥擬ULT, Ubisort, MULTI, etc茅tera鈥, con las sucesivas administraciones estatales, hayan derramado cantidades millonarias de recursos econ贸micos que supuestamente ten铆an como destino la realizaci贸n de obras y acciones de beneficio social y comunitario, que disminuyeran los 铆ndices de pobreza y marginaci贸n de los habitantes de esa regi贸n, pero que sirvieron para enriquecer a unos cu谩ntos l铆deres, para fortalecer la presencia pol铆tica 鈥攑ero no el provecho social鈥 de las organizaciones, y para dotarlas de armas y mecanismos de fuerza que s贸lo les han servido para enfrentarse, exterminarse y llenarse de terror.

Los triquis, queda claro, siguen viviendo en las mismas condiciones de pobreza, marginaci贸n, atraso y segregaci贸n de siempre. Su calidad de vida ha mejorado de forma m铆nima, frente al abominable lucro y manipulaci贸n de que han sido objeto. Tanto las organizaciones sociales como el sector oficial, ni siquiera se han encargado de exterminar la violencia y las desigualdades, a trav茅s de acciones que contribuyan a que los ind铆genas tengan una mejor forma de vida.

Han desde帽ado todo lo relativo a la contenci贸n de la seguridad a trav茅s de presencia policiaca, y una acci贸n eficaz de la justicia, porque no les interesa pagar los costos pol铆ticos de esa decisi贸n. Pero tampoco se han preocupado por el verdadero rescate, con medidas de tipo social, de todas esas comunidades que, ante tantas afrentas 鈥攅ntre las que cuentan lo mismo a la violencia que al olvido y sobre todo a sus muertos鈥, todos los d铆as siguen acumulando rencor y vocaci贸n por la consecuci贸n violenta de sus necesidades. De ah铆 que el riesgo de un estallido social, o de una acci贸n con tintes de subversi贸n, no sea una posibilidad descartada.

PAZ, EN RIESGO

La experiencia de gobierno, confirma que una comunidad que se levanta en armas lo hace por una causa determinada, que viene acompa帽ada de factores de atraso social y de violencia, generados a lo largo de periodos prolongados de tiempo. Cuando ocurre ese hecho que determina el estallido, se conjuntan todos los dem谩s elementos y sirven como detonadores de algo que, en otras circunstancias, podr铆a ser causa de una inconformidad menor. Es evidente que s贸lo en el Oaxaca reciente, tenemos ejemplos abundantes de ese tipo de cuestiones.

Un levantamiento de ese tipo ocurre, luego de que la comunidad o grupo fue sometida a niveles importantes de presi贸n, ya sea por acci贸n u omisi贸n. Acci贸n cuando, por ejemplo, existe una acci贸n represiva, o cuando expresamente el sector oficial hace algo que detona la discordancia. Cuando es por omisi贸n, esto m谩s bien tiene que ver con la manifestaci贸n expresa del atraso, la indolencia o la desatenci贸n total a demandas que tienen como objetivo cuestiones sociales urgentes.

En este sentido, a alguien que no tiene para comer, que carece de posesiones y de una actividad a trav茅s de la cual sobrevivir, y que adem谩s es objeto de olvido, injusticias y agravios, le da lo mismo ir a buscar lo que necesita a trav茅s de la violencia 鈥攍a subversi贸n o la delincuencia鈥 e incluso perder la vida en el intento porque, puede entenderse, da lo mismo cuando no se tiene una forma digna de continuar viviendo.

Si todo esto se combina con una causa pol铆tica en particular, el resultado puede ser abrumador. Porque el gobierno no s贸lo no se ha preocupado por llevar escuelas, caminos, desarrollo social y algo de bienestar a las comunidades, sino que con su desd茅n ha alimentado las disputas y la violencia entre esos grupos y comunidades que, en 煤ltima instancia, lo que buscan es mejorar su forma de vida.

RIESGO REAL

Oaxaca tiene una presencia efectiva y constante de grupos y acciones de subversi贸n. Quien crea que en un momento dado la regi贸n triqui no puede ser un factor de inestabilidad, est谩 equivocado. Por eso, a la par de emprender un verdadero proceso de rescate social de la regi贸n, el Gobierno del Estado est谩 obligado a comenzar a dar la idea de que har谩 justicia. El inicio de esa desactivaci贸n violenta, necesariamente tendr谩 que pasar por el esclarecimiento de la ejecuci贸n de Beto Pazos.

 

1 COMMENT

  1. pienso que ya es desde mucho tiempo la zona triqui es una zona de violencia y si tiene raz贸n urge que se aclaren todos los asesinatos que se han realizado en esa zona y que el gobierno le de la importancia que tiene CAIGA QUIEN CAIGA.

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