+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

EPR: presencia mediática, su objetivo

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+ Contradicciones ideológicas, lo oculto

Como periódicamente lo hace, la semana el EPR emitió un comunicado que, pareciera, lanzaba varias amenazas en contra de integrantes de los gobiernos saliente y entrante de Oaxaca. En ese sentido, hoy queda claro que la presencia que busca dicho grupo armado es fundamentalmente mediática y de presencia política. De no ser así, las contradicciones ideológicas, políticas e incluso con los grupos de poder que son sus adversarios principales, serían poco más que escandalosas.

Fundamentalmente, el último comunicado eperrista, fechado el 15 de noviembre pasado, pero dado a conocer un día después a través de la red de Internet y la prensa local y del Distrito Federal, se divide en tres temas fundamentales: la condena al homicidio del dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz; la denuncia sobre los probables autores materiales e intelectuales de ese crimen, y la aseveración de que éstos pudieran ser los mismos que detuvieron y desaparecieron a sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; y la manifestación expresa a través de la cual le conceden el beneficio de la duda al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

¿Debemos entender dicho comunicado, por cualquiera de esas tres vías, como una declaración de guerra, una afrenta o la revelación de un misterio? Pareciera que no. Desde mayo de 2007, la Comandancia General del EPR ha sostenido como su principal demanda la de la presentación con vida de sus compañeros y la de todos los desaparecidos políticos que se cuentan en el país.

Al denunciar la detención de sus militantes, la dirección eperrista responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón, y al del gobernador Ulises Ruiz, a quienes sistemáticamente señala como los responsables de la violencia y los actos de represión que ocurren en Oaxaca y el país; y a través de las misivas mediáticas, ha encontrado un vehículo eficaz —mientras se mantiene en la tregua unilateral, que ellos mismos decretaron respecto a cualquier acto de sabotaje o violencia— para mantener sus demandas y su presencia en la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Junto a todo ello, es claro que el momento político que vive Oaxaca es excepcionalmente complejo. La entidad se encuentra a unos cuántos días de que ocurra la transmisión de poderes, que marcará la primera alternancia de partidos en el poder; el triunfo electoral de Gabino Cué Monteagudo ocurrió en medio de una altísima expectativa ciudadana sobre el cambio positivo en la forma de gobernar; y frente a ello, es claro que con el solo anuncio de la conformación del gabinete de gobierno, y las primeras decisiones que se tomen en el ejercicio de la administración pública, marcarán el rumbo que tome este proceso que aún parece titubeante entre la alternancia y la transición.

Por si algo hiciera falta, es también claro que hoy el nuevo gobierno de Oaxaca está también marcado por otras expectativas en el terreno estrictamente electoral: Cué ganó el gobierno estatal a través de una coalición partidista que conjuntó a las principales fuerzas políticas de derecha e izquierda del país. Algo que no sólo es políticamente inédito, sino también estrictamente contradictorio, y altamente pragmático; pero que fue justificado en el hecho de comenzar a desmantelar una estructura de poder —el gobierno priista de Oaxaca— que había dominado la entidad por varias décadas.

Así, en el éxito o fracaso que tenga en el corto plazo un gobierno de coalición como el de Cué, estarán determinados los triunfos o derrotas que tengan los gobiernos emanados de las fuerzas partidistas que impulsaron las alianzas. Pero por principio de cuentas, es lo que tiene puesta la atención nacional sobre todo lo que pase en Oaxaca respecto a este gobierno entrante que promete transición y democracia.

 

¿ATENCIÓN O

CONTRADICCIÓN?

Hoy, no es raro que hablar polarizadamente de Oaxaca —es decir, muy bien o muy mal de los gobiernos entrante o saliente— capte tantas atenciones. En este marco, es donde parece incrustarse los objetivos de fondo de la dirección eperrista con su último comunicado.

En un primer momento, el EPR captó la atención nacional, y se presentó como una auténtica amenaza para el gobierno federal, cuando a partir de junio de 2007 reivindicó cuatro acciones distintas de sabotaje a instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos. Con ello demostraron su alto nivel de organización y eficacia, así como la presencia que mantiene en varias entidades de la República. Empero, desde mayo de 2009, ellos mismos decretaron una tregua unilateral, como muestra de voluntad, para que la Comisión de Mediación pudiera realizar las gestiones necesarias ante los gobiernos e instancias posiblemente involucradas, y pudiera hallar a sus desaparecidos.

Mediáticamente, es previsible que la tregua atraiga mucho menos atención que la violencia o el sabotaje. Por esa razón, desde entonces los eperristas han ocupado únicamente los comunicados para reiterar tanto sus exigencias, como la posibilidad de que la tregua se termine. En este caso, es claro que la atención nacional que capta Oaxaca es un marco perfecto para continuar con su estrategia.

¿Por qué no podría ser entendido esto de otro modo? Porque, sin duda, entender dicho comunicado como una legitimación al gobierno de Gabino Cué, es tanto como negar su lucha, y varias de las banderas que legítimamente les han dado causas en los últimos años. ¿Cómo darle el beneficio de la duda a un gobierno que, contrario a ellos, pretende los cambios democratizadores a través de la vía institucional? ¿Cómo suponer cualquier posibilidad de respaldo —que expresamente no otorgan— a un gobierno emanado parcialmente del partido (PAN) del que también salieron a quienes acusan por represores y por desaparecer a sus militantes?

Es claro, entonces, que el objetivo es aprovechar el marco para reiterar una exigencia legítima por la presentación de sus compañeros. Todo lo demás, incluidas las amenazas, parecen meros artilugios para que se entretengan quienes no entienden sus objetivos de fondo.

DEBATE PÚBLICO

Hoy, a las 12.15 pm, inicia el programa “Debate Público”, conducido por el autor de este espacio. La transmisión será a través del portal www.rcmultimedios.mx. Atenderán a la invitación, para debatir, el investigador Felipe Martínez, el ex líder estatal del PC, Mario Mendoza Flores, y el dirigente de la CNOP, Jorge Toledo Luis.

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