Entrega-recepción: freno y ancla para funcionarios

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+ No aceptar renuncias: para certeza política de la transición

Acostumbrados a la frase del refranero cómplice por excelencia, respecto a que “chinto tapa a chinto”, nadie en la Administración Pública Estatal se esperaba que, de buenas a primeras, el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo anunciara que una vez asumido el cargo, no aceptará la renuncia de ningún servidor público, hasta que no se complete el proceso de entrega-recepción en cada una de las dependencias gubernamentales estatales. Esto, que para efectos de legalidad no es sino un mero engaño, en realidad parece tener otros efectos, más bien encaminados a iniciar lo relativo al ajuste de cuentas entre los dos regímenes de gobierno.

En un primer momento, esto podría parecer algo así como el mundo al revés. Era de esperarse que, ante la derrota del gobierno priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a manos de su más añejo adversario político en Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, lo primero que ocurriría luego de la transmisión de poderes, sería una limpia total tanto de funcionarios corruptos, como de todos aquellos que por su frivolidad o excesos fueron repudiados por la sociedad oaxaqueña.

De hecho, al utilizar esa lógica fue que apenas unos días después de ocurrida la jornada electoral, inició una escalada de rumores y especulaciones respecto a los posibles cientos, o miles, de despedidos que habría una vez que se diera el cambio de gobierno. La administración del gobernador Ruiz, particularmente, tomó una actitud de profunda ingratitud y revanchismo sin sentido, suspendiendo los estímulos económicos y demás prestaciones extraordinarias que habían recibido los trabajadores de niveles de mandos medios y superiores, apenas un mes después de la jornada comicial.

En ese sentido, los pocos empleados del gobierno estatal que cuando menos alcanzaron a recibir una explicación sobre esa suspensión, drástica e injustificada, de sus compensaciones salariales, supieron que ésta había sido motivada por el enojo en su contra que prevalecía en el primer círculo del gobierno local, por haber sido la burocracia estatal la responsable de que la estructura electoral del PRI fallara, y que ese fue el punto clave de la derrota tricolor.

Así, mientras acusaciones de ese tipo abundaban del lado oficial, también se temían las acciones de las fuerzas de oposición, una vez que asumieran sus cargos. Pronto el gobierno de Gabino Cué anunció que los secretarios y directores generales de su administración, evaluarían el desempeño y las funciones de cada empleado de confianza, para valorar su permanencia o no en su cargo. Esto destensó, momentáneamente, una situación que luego volvió a tornarse álgida, cuando el gobierno electo comenzó a exigir el inicio del proceso de entrega-recepción.

¿Por qué? Porque la alta burocracia estatal nuevamente delegó las tareas más pesadas del proceso de cambio de gobierno, en esa burocracia de nivel medio, a quien apenas uno o dos meses antes habían comenzado a vapulear y despreciar, pero ahora nuevamente le cargaban la mano. Suponía toda esa alta burocracia, erróneamente, que a partir de mañana 1 de diciembre, el gobierno de Cué simplemente les pediría no volverse a aparecer en sus oficinas ni tener injerencia o responsabilidad alguna en las tareas de gobierno. Era, de hecho, lo que ellos suponían y querían que ocurriera.

Sólo que a éstos, por muy distintas razones, pero en base a un fundamento y lógica legal muy sencillos, les indicaron lo mismo que a la burocracia de mediano nivel: “Te vas cuando yo te diga, no cuando tú lo decidas”.

 

RENUNCIA, ¿INOPERANTE?

Cualquier conocedor promedio del derecho, sabe que la renuncia es un acto jurídico unilateral, a través del cual el titular de un derecho determinado dimite del mismo, sin una contraprestación específica. Si esto es así, y si los secretarios de gobierno, directores y demás integrantes de la burocracia estatal, tienen la calidad de empleados públicos, ¿entonces por qué la decisión de no aceptar sus respectivas renuncias?

La renuncia, es uno de esos actos jurídicos que engañosamente se conocen como “personalísimos”. Esto, porque al ser unilaterales, se supone que no requieren la autorización de su contraparte, es decir, del patrón, para abandonar los mismos. El “truco” que, en todo esto, habrá de aplicar el gobierno de Gabino Cué, es que los funcionarios de su administración ni siquiera darán por recibidos esos documentos; y si sí lo hacen, no los harán efectivos.

Empero, podría oponerse una cuestión más: la administración para la que ellos fueron contratados, termina hoy 30 de noviembre. La cuestión que se opone, en ese sentido, es que quien termina su mandato es sólo el Gobernador Constitucional del Estado; sus colaboradores pueden seguir teniendo esa calidad, en tanto no exista un cese o renuncia de por medio.

Todo esto parece demasiado enredado, y en realidad todo este embrollo tiene mucho de falaz, y otro poco de apariencia. Falaz porque más allá de los recovecos jurídicos, la renuncia tiene alcances muy amplios, que rebasan la sola potestad de quien la recibe. Y el asunto tiene también bastante de apariencias, porque lo que está tratando de hacer el gobierno de Gabino Cué, es comenzar a generar una perspectiva sobre la revisión escrupulosa, sobre la “auditoría al régimen anterior”, y sobre lo que, en términos llanos, se entiende como el “ajuste de cuentas”.

Además, por razón de la Constitución local, y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios salientes continúan teniendo responsabilidad administrativa y penal, por un periodo no menor a un año luego del momento en que hubieren concluido sus funciones.

Sin embargo, al sujetar a esa decisión a los funcionarios salientes, políticamente los hace sujetos de escarnio, revisión y señalamiento, independientemente de las cuestiones legales que correspondan. A través de acciones como esa, buscará comenzar a legitimarse con la sociedad y a hacer valer aquello de que “ni perdón ni olvido”.

REVISIÓN REAL

Aunque, en todo eso, falta ver si de verdad ocurre un proceso escrupuloso de revisión a cada uno de los funcionarios salientes, o simplemente se trata de apariencias y de conseguirse unos cuantos chivos expiatorios. El gobierno estatal, como quiera que sea, necesita seguir funcionando. E, inescrupulosos como son, a ver si no más de uno de ellos lo toma como la oportunidad de cobrar algunas quincenas más.

Twitter: @aortizromero

 

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