+ Cué y funcionarios deben identificar al adversario
Uno de los primeros anuncios que hizo Gabino Cué Monteagudo como gobernador electo de Oaxaca, en el mes de julio pasado, fue que una vez que asumiera su cargo, no habría despido masivo de funcionarios de mandos medios y superiores en el Gobierno del Estado. El entonces gobernante recién electo, dijo que se valoraría el desempeño, las funciones y el perfil de cada funcionario de confianza, para determinar si reunía los requisitos de honradez y eficiencia que eran indispensables para la administración pública, y en función de ello les fuera aceptada su renuncia o fuesen ratificados. Qué lejos parecen estar quedando aquellas palabras.
Tal parece que desde el cuatro de julio pasado, los empleados de confianza de niveles medios en el Gobierno del Estado, vienen pagando buena parte de los platos rotos de las batallas electorales. Apenas habían pasado unas semanas de los comicios, cuando la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz determinó sin previo aviso que a todos los servidores públicos que ocuparan cargos de mandos medios —a partir de jefes de departamento y hasta subdirectores de área en todas las dependencias estatales— les fueran retiradas cualquier tipo de compensaciones extraordinarias que recibieran por su desempeño.
La explicación formal de esa decisión, se centró en los ajustes normales del cierre del sexenio. Pero en más de una ocasión, aquellos empleados que reclamaron por el recorte salarial y alcanzaron a recibir una escueta explicación, supieron que eso se había determinado en base a dos razones: primera, por los desajustes presupuestales que no podían ser compuestos, cuadrados ni remediados en la Secretaría de Finanzas; y segunda, que se había decidido hacer ajustes presupuestales justamente a costillas de esa burocracia, porque se consideraba que su deficiente participación en las estructuras electorales del PRI había contribuido de manera importante a la derrota sufrida en los comicios recientes.
Quienes desde el PRI determinaron esos ajustes, lo hicieron para seguir —como siempre— engañándose solos, y echándole la culpa a otros por los errores que ellos habían cometido. Desde hace una década, esa burocracia de confianza del gobierno estatal, fue siempre manipulada y coaccionada, a través de los métodos más viles de la política (como las promesas de permanencia en su empleo, y la coacción sobre el despido para quien no participara), para que fuera parte de las estructuras electorales del tricolor.
Usando argumentos como el de la “participación voluntaria”, varias manos se dedicaron permanentemente a presionar a esos burócratas para que, además de su trabajo en la administración estatal, fueran parte del trabajo electoral, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la propuesta, con la ideología o con los candidatos que propusiera el Revolucionario Institucional.
El pago real a esos servicios, fue el que comenzó a padecer ese sector de la burocracia estatal luego del cuatro de julio: parte de la derrota se la achacaron a ellos. La alta burocracia determinó una cuota de responsabilidad política sobre los jefes de departamento, unidad y de direcciones de área, y se fueron en su contra no sólo para comenzar a “ahorrar” dinero que seguramente no se quedó en las arcas estatales sino en manos de terceros; esencialmente lo hizo para expiar sus propias culpas sobre los errores de campaña que se cometieron, y que fueron más allá del mero trabajo territorial que de sí era insuficiente para ganar los comicios.
PROMESA INCUMPLIDA
Unos días después de haber ganado los comicios, Gabino Cué hizo tales declaraciones respecto a la burocracia estatal, justamente porque los mandos superiores de la Administración saliente dejaron correr el rumor de que el nuevo gobierno despediría, en automático, a todos los trabajadores de confianza y contrataría sólo a personas que no tuvieran ninguna liga con la administración del entonces gobernador Ruiz o con el priismo.
Los empleados de mandos medios, ante tales versiones, se aterrorizaron ante tal posibilidad. La incertidumbre llevó a varios grupos a tratar de generar verdaderos actos de agitación, en aras de tener alguna seguridad de que al menos habría alguna posibilidad de mantenerse en su empleo. Por eso, el entonces Gobernador Electo dijo que antes de despedir al personal había una evaluación escrupulosa de su desempeño.
No obstante, parece que todas esas declaraciones hoy se están convirtiendo en promesas incumplidas. Sin tomar en cuenta que esos empleados de confianza son los que fundamentalmente hacen funcionar al gobierno, que tienen salarios ridículos para un empleado sobre quien recaen fuertes responsabilidades (Un jefe de departamento gana 12 mil pesos mensuales, frente a un director de área que gana más de 35 mil) y que en los últimos años han sido los recurrentemente castigados por las disminuciones salariales, los despidos masivos ya iniciaron.
Para muestra un botón: en la recién creada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que encabeza el panista Alfredo Ahuja, desde el pasado viernes 47 empleados con nivel de jefes de unidad fueron notificados de su separación inmediata de sus respectivos empleos. Sin considerar ninguna evaluación, ésos trabajadores serán echados a la calle por indicación de la Secretaría de Administración.
En realidad, todo indica que este ajuste tiene su origen en la avidez por “limpiar al gobierno de priistas” y, evidentemente, por disponer de esas plazas. Las manos de Benjamín Robles Montoya están presentes para atajar a José Zorrilla. Y, dicen, su próximo objetivo es tratar de disminuir, a través de esas mismas medidas, a la secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro Arias.
No entienden que sus adversarios políticos o de partido, no están en la burocracia. La mayoría de esos empleados que hoy están a punto de perder su trabajo, con toda seguridad, lo único que quieren y necesitan, es trabajar para sostener a sus familias. Y si antes fueron coaccionados, ahora serán despedidos.
REPROBADOS POR FALTAS
El fin de semana, el portal de noticias Animal Político (http://tinyurl.com/2c8rlnm) presentó la lista de los diputados federales con más inasistencias a las sesiones legislativas. ¿Quiénes creen la encabezan? ¡Acertaron! Los diputados del PRI por Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Leyva y Jorge Franco Vargas, con ocho y 10 faltas, respectivamente. ¿Y les descontaron sus inasistencias? Jajajá. Por favor.
