+ El Gobierno debe acostumbrarse a respetar la ley
En el sector público de Oaxaca, ha sido común aquel viejo adagio relativo a que “suerte te dé Dios, hijo, que el saber nada te vale”; pero si este gobierno que encabeza Gabino Cué Monteagudo se dice garante de la legalidad y el orden, y asegura que uno de sus proyectos es profesionalizar la administración pública, debe comenzar por acostumbrarse a respetar la ley.
Hace apenas unas semanas, ellos enviaron al Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el que incorrectamente establecieron los requisitos que debía cubrir todo aquel que ocupara un cargo en el gabinete estatal. Y el caso de la ahora ya ratificada secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias demostró que, demás de no respetar la ley, el mismo gobierno cayó en la trampa de su ley.
En primer término, habría que tomar como punto de referencia la legislación federal que rige el gabinete de gobierno en el que se auxilia el Titular del Poder Ejecutivo Federal, para poder comprender de mejor modo algunos errores cometidos en esta nueva legislación sobre esa materia.
En ese sentido, el artículo 91 de la Constitución General de la República, establece que para ser secretario del despacho únicamente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. Al revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uno puede darse cuenta que ésta ni siquiera establece requisitos o condicionantes para integrar el gabinete de gobierno del Presidente de la República, para evitar una redundancia o, aún peor, una contradicción.
Eso se funda en dos razones: primera, en la jerarquía normativa, que establece que la Constitución de la República es la máxima norma jurídica en el país, y que todos los demás ordenamientos inferiores, lógicamente deben estar de acuerdo con lo que ella establece. En ese sentido, un simple asunto de lógica jurídica nos llevará a entender que siempre una ley ordinaria debe concordar con la norma constitucional, y que cuando existe diferendo entre una y otra, es la ley ordinaria la que debe ser ajustada a la Constitución, porque ésta es la fuente de la que emana el orden jurídico nacional.
Y la segunda razón es no menos importante: en México, el sistema republicano de gobierno se encuentra estructurado de tal modo que el Presidente de la República es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y por tanto él es quien encabeza en el orden superior, como figura única, a la administración pública federal. En razón de ello, todos los que integran el gobierno son simples colaboradores del Presidente que —salvo excepciones relacionadas con asuntos de Estado, como la economía, la diplomacia, el manejo presupuestal y las fuerzas armadas— son nombrados y removidos libremente por éste.
¿Para qué remontarnos a todo esto? Para poder comprender que, técnicamente, la nueva legislación administrativa del gobierno en Oaxaca está mal planteada. Las reformas para exigir la comprobación de estudios profesionales a los integrantes del gabinete debieron partir del Texto Constitucional local, para luego ser solamente reglamentadas en una ley ordinaria.
Pero resulta que aquí, contra toda lógica, una ley inferior contradice a una superior con posibilidades de prevalecer por su forma de aplicación práctica; y que, en razón de ello, se generó un problema no sólo legal, sino también político, en el que las fuerzas de oposición en el Congreso del Estado exhibieron a la administración de Cué por el incumplimiento de los requisitos que ellos mismos plantearon para la designación de su Secretaria General de Gobierno; pero en el que, el principal error fue cometido desde el mismo gobierno, que no encontró un modo claro de manejar este asunto desde ninguna perspectiva posible.
PRESAS DE SÍ MISMOS
Es incuestionable el hecho de que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo pretenda comenzar un proceso de profesionalización de la administración pública estatal. De hecho, es saludable que exista esta perspectiva, para que poco a poco se vayan desincorporando de todas las estructuras institucionales los individuos que no cuentan con el perfil profesional necesario para las actividades que realizan.
En la concepción teórica de la administración pública, se supone que el Titular del Poder Ejecutivo tiene dependencias de apoyo a su cargo, porque éste ni es todólogo ni puede estar y decidir en todas las áreas del gobierno; pero por eso mismo, la concepción teórico-política de la administración pública indica que los colaboradores del Presidente o Gobernador, según sea el caso, deben ser aquellas personas que tengan algún grado de especialización técnica o profesional en el ramo que el Mandatario —su jefe— les encarga, además de la experiencia que le permita cumplir eficazmente con los fines no sólo del gobierno, sino del Estado. Al final, el criterio que unifica el trabajo de todos los funcionarios, es el del fin último del Estado, que tiene que ver esencialmente con la búsqueda y obtención del bien común.
Sin embargo, lo que es no sólo lamentable, sino inadmisible, es que sea desde el mismo gobierno en donde se fomenten este tipo de evasiones a la ley. Aunque es imposible de erradicar por completo, se supone que la profesionalización de la administración pública tiene como objeto disminuir el nepotismo, el amiguismo y las demás prácticas en las que prevalecen los criterios afectivos o de interés particular, por encima de las necesidades generales. Se supone, también, que esto era lo que buscaba el nuevo gobierno con sus reformas legales. Pero hoy, con sus decisiones, hoy lo que queda claro es que únicamente pretendieron simular un avance, pero decidieron sobre lo mismo de siempre.
Así, lo que queda claro es que prevalecerá el mismo adagio de antaño: Suerte ya les dio Dios a los nuevos funcionarios, por haber sido nombrados y ratificados sin satisfacer los requisitos legales; y suerte les siga dando para que desempeñen sus labores con eficiencia. Porque el saber, quedó demostrado, nada les vale.
CONDOLENCIAS
Desde este espacio enviamos un abrazo fraterno y solidario a nuestra apreciada amiga, la periodista María de los Ángeles Nivón, por el fallecimiento de su señor padre, don Fernando Nivón Ramos. El autor de este espacio se une al dolor que embarga a la familia, y eleva oraciones por su pronta resignación. Descanse en paz.
