+ Empleados de confianza: todos, indefensos
Motivados por la intención de no cometer excesos que ofendan a la ciudadanía, la semana pasada el pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas constitucionales para establecer un tope de salarios máximos para los funcionarios de la Administración Pública del Estado. Al margen de tal medida, que lo mismo puede ser real que simples apariencias, es claro que antes de eso, las dos primeras tareas que debió haber emprendido el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, tienen que ver con la revisión a fondo de los salarios que perciben todos los trabajadores del Poder Ejecutivo local, así como la valoración real —es decir, más allá de las simples fobias partidistas— de la labor que desempeñan los trabajadores de confianza del gobierno estatal.
¿Por qué decir, en primer término, que los topes máximos de salario bien pueden ser una manifestación real de voluntad, que una simple vacilada? Las razones, más allá del autoengaño, siempre han estado a la vista: desde que entró en vigor la Ley Estatal de Acceso a la Información, hace más de dos años, todas las dependencias del gobierno central, e instituciones descentralizadas, se vieron en la obligación de publicar los tabuladores de salario. Con ello, según, se hizo público el monto que percibía cada empleado —desde el más modesto oficial administrativo, hasta el Gobernador del Estado— por concepto de salario.
Según se preveía, esto terminaría con la opacidad y las dudas respecto a los montos estratosféricos de dinero que percibían los secretarios de gobierno y demás empleados superiores en la administración estatal. Lo cierto es que todo fue un engaño. ¿Alguien en su sano juicio podía creer que, tal como aparecía en los portales de transparencia, los titulares de las diversas secretarías, direcciones, coordinaciones y demás, percibieran los 77 mil pesos que ahí se decía que ganaban mensualmente? Esa misma duda, era la que siempre quedaba respecto al Gobernador del Estado, y sobre las percepciones de todos los empleados de responsabilidad en Oaxaca.
La duda no partía precisamente de lo que pudiera establecerse en el portal de transparencia de las instituciones, sino en el hecho de que era a todas luces perceptible que una cosa era lo que formalmente ganaran, y otra muy distinta las prestaciones o sobresueldos discrecionales, o confidenciales, que se les otorgaban y que, eso sí, constituía una ofensa no sólo para el pueblo de Oaxaca, sino también para todos los demás niveles de la administración estatal que tienen salarios verdaderamente indignos.
Así, un Secretario del gobierno estatal, podía ganar nominalmente 77 mil pesos, pero multiplicar su salario gracias a esos bonos discrecionales —que no constituyen sueldo, y que aparecía en las nóminas confidenciales que siempre han existido en la administración estatal— y demás prestaciones que se otorgaban a su favor, e incluso por los tristemente célebres “gastos de representación” a través de los cuales pueden cubrir, con gasto al erario, una serie de gastos no prioritarios que bien podrían cubrir con su salario.
Por esa razón, en realidad el tema de fondo no se encuentra en establecer los montos de salario máximo, sino de hacerlos una realidad. Es cierto que los salarios estratosféricos de los empleados públicos, son siempre ofensivos para un pueblo tan desprovisto económicamente como el nuestro.
Pero también lo es que ante una voluntad no por ajustar las percepciones a un marco firme, sino por simplemente “quedar bien”, ese establecimiento de los salarios máximos bien puede ser un engaño. Es decir, pueden ser una verdadera farsa si continúan existiendo los privilegios discrecionales y confidenciales, que son los que hacen ricos a funcionarios que ganan más de lo que deberían aunque sus salarios nominales siguen siendo exactamente los mismos.
Incluso, una medida que debía venir aparejada a esas disposiciones, es el reforzamiento de la vigilancia y la fiscalización tanto de la misma Contraloría del Gobierno del Estado, como de las instancias superiores de revisión y auditoría del Congreso del Estado. Vigílenles las manos. ¿O a poco creen que ex funcionarios tan indeseables como Bulmaro Rito Salinas, Miguel Ángel Ortega Habib, y muchos otros, se hicieron inmensamente ricos por tener sueldos elevados o prestaciones de privilegio? ¡Por favor!
LOS DESPROTEGIDOS
Sin embargo, algo que sensible y verdaderamente debía hacer el gobierno de Gabino Cué es revalorizar, y redignificar el trabajo y el salario de los trabajadores de confianza. Son ellos los que en buena medida hacen el trabajo duro y constante en la administración estatal, a pesar de que en los últimos años son a quienes más se les ha castigado salarialmente, y a los que ahora se les pretende despedir, masivamente, de sus respectivos empleos.
Vayamos por partes. Desde hace varios años, se han venido haciendo ajustes salariales dispares. Es decir, cuando se hace la revisión salarial de los empleados de base del gobierno estatal, sólo se les incrementa el sueldo a ellos, mas no a los empleados de confianza. Éstos, hace años que no reciben un verdadero incremento de salario.
Y al contrario: en cada ajuste económico o “medida de austeridad” políticamente correcta que se ha dispuesto en el gobierno estatal, es a los trabajadores de confianza a quienes más se les ha venido disminuyendo el salario. Ante cada epidemia, emergencia económica, desastre natural, o lo que sea, se disponían “ahorros” que sólo afectaban a los trabajadores de menor nivel. Sólo en el último año, se dispuso un ajuste del diez por ciento a los salarios que, inicialmente, prometió ser devuelto al final de la administración, pero que nunca sucedió.
¿Cómo querer tener trabajadores de calidad, con sueldos de tercera? Es cierto que en Oaxaca el gobierno es el primer y principal empleador. Pero eso no debía darles pauta para seguir castigando y desacreditando salarialmente a todos esos trabajadores que debían tener un salario digno. Sólo aquí puede ocurrir que un empleado de base, gana más que un Jefe de Departamento.
INSENSIBLES
Contradiciendo las indicaciones del gobernador Cué, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, y el subsecretario Juan José Bermúdez, preparan ya el primer recorte de personal de confianza para este 31 de diciembre; y otro para finales del próximo mes de febrero. Prometieron cambio; pero sólo están demostrando insensibilidad y soberbia.
