Es un paso importante que el gobernador Gabino Cué Monteagudo anuncie que no habrá más bonos extraordinarios para los trabajadores de primer nivel en el Gobierno del Estado, durante su administración.
Aunque Oaxaca es una entidad carente de recursos económicos en abundancia, ya se había convertido en una práctica común la relativa a que los funcionarios de responsabilidad gozaran de sobresueldos discrecionales, que no sólo atentaban contra el principio de austeridad del servicio público, sino que también vulneraban gravemente el basamento de la transparencia y la rendición de cuentas que debe sustentar a todo gobierno democrático.
Particularmente, la administración del gobernador Ulises Ruiz hizo de los bonos discrecionales una práctica común, que de nuevo convirtió en un atractivo negocio el ocupar un cargo de responsabilidad en el Gobierno del Estado.
Aunque los sobresueldos habían sido reducidos paulatinamente hasta ser eliminados en anteriores administraciones, en el sexenio 2004-2010 buena parte de los secretarios de despacho, directores, coordinadores y demás empleados superiores del gobierno estatal, recibían habitualmente cantidades importantes de dinero por concepto de bonos extraordinarios, gestionados discrecionalmente a través de nóminas confidenciales autorizadas desde el más alto nivel.
En la mayoría de los casos, sin embargo, esos sobresueldos no compensaban el desempeño demostrado en la gestión pública, los resultados obtenidos en las responsabilidades encomendadas, y ni siquiera correspondían a criterios claros, sino simplemente a la decisión particular del gobernante para otorgarlos.
Toda la discrecionalidad que rodeaba a esos bonos —que eran ampliamente conocidos a nivel interno en las instancias administrativas desde donde se gestionaban para los funcionarios de primer nivel—, quedaba en evidencia cuando un ciudadano común pretendía saber, a través de los derechos que le otorga la Ley de Acceso a la Información Pública, a cuánto ascendía el salario neto que mensualmente percibía un funcionario a nivel de secretario o director general.
La respuesta, dada desde las mismas oficinas públicas, siempre fue la misma: remitían al ciudadano al tabulador oficial de salarios puesto a disposición del público como información de oficio; y en razón de ello nunca se dio cuenta —porque no iban a poner en evidencia esos sobresueldos— de los bonos o sobresueldos extraordinarios que éstos recibían a partir de nóminas confidenciales. De una manera poco ética, evadieron cumplir con uno de los principios fundamentales que, se supone, determinan hoy a todo gobierno democrático.
Así, cuando de manera expresa se cuestionaba sobre esos sobresueldos, siempre existían negativas, evasivas o retos para que fuera el ciudadano quien demostrara que, en efecto, se otorgaban esas retribuciones.
Esto demostró largamente que aún cuando un gobierno pudiere autodenominarse como austero y transparente, en realidad mucho de todo esto tiene que ver no sólo con las disposiciones de ley o con la voluntad de transmitir verdades completas al ciudadano que pregunta cuánto ganan los funcionarios; sobre todo, tiene que ver con la verdadera disposición de no otorgar beneficios económicos desmedidos a quienes en realidad deberían ajustarse al monto de su salario.
INEQUIDAD SALARIAL
Por si todo eso fuera poco, el otorgamiento de esos bonos extraordinarios también rompió con un principio de equidad y justicia para los empleados de nivel jerárquico medio que, sin temor a equivocarnos, en la última década han sido quienes, salarial y laboralmente, han sido más castigados. Habría que comenzar a poner atención a ese sector de los empleados públicos a los que se les debe mucho más que salarios justos.
Hablamos, particularmente, de los empleados denominados como “mandos medios” y trabajadores de confianza. Son todos los que se encuentran en medio, entre los funcionarios de responsabilidad —que integran la jerarquía más alta de servidores públicos locales, y que van desde secretarios de despacho, hasta directores de área—, y los trabajadores de base, que tienen asegurado un salario y la pertenencia a un sindicato, y que por tanto se encuentran más allá de todo vaivén político o cambio de administración en el gobierno estatal.
¿Por qué poner atención particularmente en ellos? Porque éstos han sido reiteradamente castigados salarialmente. Si se revisa con detalle, éstos han tenido menores incrementos salariales que el resto de los trabajadores. Si bien, ganan más que un empleado de base, también es cierto que sus responsabilidades están potencializadas de manera importante.
Esos empleados, hacen el trabajo que por la presión, la premura o el nivel de especialización requerido, no hacen los basificados. Y son exactamente esas mismas razones, las que hacen que los mandos superiores les deleguen a ellos muchas de las tareas que generalmente no realiza un director de área, coordinador, subsecretario, o secretario de despacho. Son, por tanto, quienes más trabajan de entre todos los empleados del gobierno estatal.
A éstos nadie les ha hecho justicia salarial y, por el contrario, lo que ha ocurrido es que el mismo gobierno estatal ha venido abaratando y degradando esas plazas que debían ser de particular importancia. Hoy, por ejemplo, un empleado de nivel Jefe de Unidad —que carga con responsabilidades importantísimas—, no gana más de 15 mil pesos mensuales; pero el nivel jerárquico inmediato superior, el de Director de Área, gana por lo menos el doble de ese salario. Pero las disparidades, en realidad, son visibles al revisar innumerables ejemplos que existen en el tabulador oficial de salarios de los empleados de confianza.
¿HACER JUSTICIA?
Sería saludable ir acortando esas brechas salariales que hoy existen entre los mismos empleados públicos. No se puede exigir un altísimo grado de eficiencia, ni preparación académica de primera, cuando los salarios no corresponden a las responsabilidades encomendadas. El gobierno estatal, sin embargo, sí lo ha hecho a lo largo de muchos años por insensibilidad, por conveniencia y, en el fondo, porque se aprovecha de la necesidad de trabajo de miles de profesionistas, que prefieren la explotación gubernamental en puestos de confianza, a ser parte de aquella masa amorfa, y masiva, llamada desempleo.
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