+ Opacidad y contubernio: disyuntiva presupuestal
Tanto el STAUO, como la Rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, e incluso el Gobierno del Estado, se han esmerado en los últimos años por sólo administrar el problema de los millonarios recursos económicos para la retabulación salarial de los profesores universitarios, que sorprendentemente se encuentran “perdidos”.
Es claro que hasta ahora, todos los actores y grupos involucrados han tenido una voraz voluntad por no resolver ese tema de fondo, ya que para todos resulta más conveniente sobrellevarlo y manipularlo de acuerdo a sus intereses, que verdaderamente abordarlo y resolverlo. En razón de ello, puede afirmarse que en el tratamiento que le dé el gobierno de Gabino Cué Monteagudo a este asunto, dará una muestra contundente de si verdaderamente tiene voluntad de cambio, o si en el fondo su vocación es aparentar mucho para que nada cambie.
¿Por qué asegurar lo anterior? Porque aún cuando pareciera que el gobierno estatal y la administración universitaria nada tienen que ver, en realidad esta es una percepción diametralmente equivocada. En primer término, el gobierno interactúa intensamente con la Universidad, en temas como los conflictos sociales, las posibles acciones de inestabilidad, el porrismo, y todos los asuntos que recurrentemente atiende la Secretaría General de Gobierno.
Pero junto a ello —en una relación mucho más discreta—, el Gobierno del Estado también tiene mucho que ver con la administración universitaria, debido a que los recursos económicos que le transfieren a la Universidad tanto las arcas locales, como las federales, necesariamente pasan por las cuentas bancarias del gobierno estatal. Y ahí es donde justamente se encuentra la colusión y el quid de este conflicto económico, laboral y político, que tanto la Rectoría de la UABJO, como el STAUO, y el Gobierno del Estado, se han resistido a resolver.
¿En qué consiste ese conflicto? En que desde hace algunos años, el Sindicato de Trabajadores Académicos ha reclamado que se les hagan efectivos diversos beneficios económicos a sus agremiados (quienes trabajan frente a grupo) que la Federación ha venido disponiendo no sólo para la UABJO, sino para todas las universidades públicas del país.
En particular, los integrantes del STAUO aseguran que ellos reciben un salario de menos de 40 pesos por hora/clase, cuando a nivel nacional la retabulación y nivelación salarial para esos trabajadores universitarios dispone que se debe percibir alrededor de 270 pesos por cada hora efectiva de clase impartida.
El asunto no es menor: en diversas ocasiones, los trabajadores académicos han demostrado con pruebas documentales, que cada año el presupuesto de la UABJO dispuesto desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, incluye millonarios recursos económicos para otorgar ese beneficio salarial a los trabajadores académicos.
Sólo que a pesar de todas sus denuncias, de las pruebas presentadas, y de las conminaciones tanto al rector Rafael Torres Valdez, como a la anterior administración del gobierno estatal, para que ambos expliquen en dónde y cómo fueron aplicados esos recursos que nunca se han reflejado en el bolsillo de los profesores universitarios, lo único que han encontrado son oídos sordos, evasivas, promesas incumplidas y, por si fuera poco, compromisos que luego se revelan como auténticas tomaduras de pelo, que ellos han creído a pie juntillas hasta que nuevamente se asumen como defraudados.
CAJA DE PANDORA
No obstante, aunque pudiera creerse que este es un asunto de reciente aparición, en realidad las transferencias de recursos federales destinadas a la retabulación salarial de los trabajadores académicos de la UABJO han ocurrido por lo menos durante diez años seguidos, sin que hasta ahora se sepa del destino de esos recursos.
En ese sentido, es evidente que la Rectoría de la Universidad nunca ha reportado esos recursos; que el gobierno estatal ha hecho mutis al respecto, como si nada tuviera que ver en ese asunto. Y que los académicos universitarios siguen recibiendo salarios no sólo insuficientes, sino indignos para quienes imparten cátedra universitaria.
¿Por qué asegurar, entonces, que la forma en cómo aborde este asunto la administración del gobernador Cué, dará cuenta de cuánta voluntad real de cambio tiene para Oaxaca? La respuesta es simple: porque en la medida que el gobierno estatal decida seguir siendo cómplice de la corrupción universitaria, y que asimismo decida seguir sosteniendo sus propios actos de corrupción y malversación de fondos relacionados con las millonarias transferencias relacionadas con la retabulación salarial, entonces podremos ver que los cambios prometidos —un combate frontal a la corrupción, entre ellos—, fueron sólo cosméticos.
Por un lado, la administración del rector Torres Valdez tendría que explicar con puntualidad no sólo qué han hecho ellos con esos recursos, sino también qué han hecho al menos los últimos tres rectores respecto a ese asunto. Al guardar silencio, Torres es cómplice de los ex Rectores, respecto a las posibles malversaciones que hubiesen ocurrido en ese rubro por lo menos en la última década.
Pero eso mismo debe también explicarlo el gobierno estatal. Cuando menos, en los seis años que Ulises Ruiz gobernó la entidad, nunca hubo disposición a entablar un diálogo serio y honesto sobre ese asunto, en el que la administración estatal también explicara cuál fue el paso por las arcas estatales de esos recursos provenientes de la Federación; a quién y cómo fueron entregados, para qué fueron utilizados; y cuál fue el paradero final de eso que tenía que ser de beneficio para los profesores universitarios.
ACCIONES CLARAS
En ese sentido, sería deseable que el STAUO también clarificara sus objetivos y dejara de intercambiar oro por espejos. No se trata de paralizar la Universidad indefinidamente; pero sí de trazar una ruta a través de la cual le pudieran dar seguimiento permanente a un asunto que les sería de gran beneficio. Hasta ahora, ondear la bandera de la retabulación sólo para conseguir su revisión salarial anual, equivale a abaratarla y degradarla, y a que la sociedad considere que ese es sólo un pretexto para sostener sus chantajes. Y es claro que por la corrupción, por las complicidades que cada vez son más difíciles de esconder, y por el trasfondo real de ese asunto, nadie debería tomarlo como el mero capricho de un sindicato. Mucho menos el Gobierno del Estado.
