Esquemas PPS: un error satanizarlos

+ Corrupción, cuestionamiento de fondo

Sería un error satanizar, o descalificar indiscriminadamente esquemas de construcción de obra pública como los Proyectos de Prestación de Servicios, popularmente conocidos como “PPS”. Aunque en Oaxaca existen al menos dos monumentales experiencias amargas sobre ellos, es necesario distinguir si tales cuestionamientos surgen del esquema de construcción en sí mismo, o de la forma en que fueron concretados por el Gobierno del Estado.

De entrada, es necesario señalar que formas de construcción de obra pública como los PPS o los Pidiregas fueron creadas hace algunos años por el gobierno federal, motivados por la necesidad de sortear las adversidades e insuficiencias presupuestales propias de un país como el nuestro, y la urgencia de realizar obras prioritarias para el desarrollo nacional.

A través de esos esquemas, empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y el mismo gobierno federal, han podido realizar carreteras, autopistas, hidroeléctricas, presas, centrales eléctricas y obras de infraestructura, que de haberlas ejecutado con el solo dinero del presupuesto federal, habrían tardado años, o décadas, en concluirse.

¿Cómo funciona dicho esquema? A grandes rasgos, la particularidad de los PPS y Pidiregas, radica en que particulares dueños de grandes capitales económicos, y que cuentan con la tecnología, técnica e infraestructura necesaria, contratan con el gobierno federal la realización de una obra determinada.

Así, el particular construye la obra hasta su conclusión, y al estar terminada realiza un tipo de “arriendo” al gobierno federal durante un tiempo determinado. Dentro de esa temporalidad —que pueden ser diez, quince o veinte años, según lo estipulado— el particular se encarga de la operación de la obra, y a cambio el gobierno federal le paga una cantidad determinada, en una calidad equiparable a la de un arrendatario.

Al concluir dicho periodo, el particular habrá recuperado su inversión junto con las ganancias respectivas, entrega la administración del bien al sector público, y entonces el gobierno federal consolida la propiedad de la obra para seguirla ejecutando por sí mismo.

Eso fue lo que se hizo —aparentemente— en Oaxaca con la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, las cuales ejecutó el Gobierno del Estado a través de particulares que suministraron los recursos económicos necesarios para la construcción, que ejecutaron materialmente la obra hasta su conclusión, y que hasta la fecha administran los inmuebles a cambio de una cantidad de dinero que el Gobierno del Estado le paga anualmente a los constructores de la obra.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Oaxaca para el presente año, el gobierno estatal destinó más de 270 millones de pesos para cubrir los compromisos adquiridos con los contratos PPS.

Hasta ahí, todo parece “normal”. Y es así porque en realidad los cuestionamientos de fondo sobre la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial no nacen en sí mismos del esquema PPS, sino de las sospechas de corrupción, de tráfico de influencias y de favoritismos que pesan sobre los funcionarios de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que presuntamente habrían manipulado dicho esquema para hacer de esas obras un enorme y fraudulento negocio del que ellos mismos habrían salido beneficiados.

ADEFESIOS PÚBLICOS

Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial fueron construidas por particulares contratados por el Gobierno del Estado, a un costo determinado, que las arcas estatales habrán de cubrir durante un periodo no menor a quince años.

Sólo que, en realidad, nadie sabe con exactitud quiénes son esos particulares, a quiénes representan, y quiénes podrían ser los “empresarios” reales que serían los beneficiarios de las ganancias reportadas por ese negocio.

Asimismo, nadie sabe con exactitud cuánto costó cada obra, si el costo que los particulares cobraron al Gobierno fue mediamente justo o si fue exagerado; y si desde el mismo gobierno permitieron deliberada, o voluntariamente, que esos particulares se excedieran en el cobro para obtener ganancias desproporcionadas, de la ejecución de esas obras que podrían haber costado mucho menos dinero del finalmente erogado.

Ese es el quid de todo este asunto. En Oaxaca todas las disposiciones legales referentes a la “regulación” de la contratación de esquemas PPS, están hechas para dar amplias facultades discrecionales al Gobernador del Estado, para que los contrate fuera de toda regulación o vigilancia por parte de otras instancias, tales como el Congreso del Estado o el órgano superior de fiscalización estatal.

Esa es la razón por la que ahora mismo la sociedad oaxaqueña desconoce cómo fueron contratadas las obras de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, quiénes fueron los constructores, cuánto cobraron por ello, y qué tipo de relaciones económicas o de contubernio sostenían entre ellos, para hacer de ese esquema un descomunal negocio que está generando quebrantos económicos continuos al presupuesto estatal.

Todo eso es lo que, de entrada, debe explicar el gobierno estatal a la sociedad oaxaqueña. La administración del gobernador Cué tendrá que establecer con puntualidad todas las incógnitas que existen respecto a la construcción de esos dos complejos administrativos, y despejar todas las dudas sobre los fraudes que presumiblemente realizaron servidores públicos coludidos con particulares, para incrementar los costos reportados y obtener beneficios económicos a partir de ello.

En ese punto, es donde se debería centrar la discusión sobre la posible aplicación del gobierno de Gabino Cué de esquemas PPS para la construcción de obras urgentes. Los Proyectos de Prestación de Servicios o son malos en sí mismos. Lo que hace falta es que, de cara a la sociedad, se replanteen todas las normas referentes a la contratación y regulación de ese esquema, y exista total pulcritud y transparencia a la hora de llevar a cabo la contratación de nuevas obras.

¿REPETIR ESQUEMAS?

El Gobierno del Estado tiene ese compromiso: hacer transparentes y claras todas las decisiones que tome para la construcción de obra pública en todos los sentidos. La experiencia indica que todo lo objetivo puede ser aparentemente pulcro, pero lo subjetivo ser una porquería. Deben iniciar por hacer público, siempre, todo lo relativo a la realización de obras. Ello dará legitimidad al gobierno, y evitará que un puñado de constructores se enriquezca a costa del presupuesto.