Velaria: Ese no es el negocio que se debe indagar

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Aunque pareciera que no tienen relación, varias decisiones del gobierno estatal parecen estar concatenadas para dilatar asuntos sobre los cuales ya debía haber investigaciones en curso y, a la par de ellos, mantener entretenida a la población con otros temas sobre los cuales tampoco parece haber voluntad real de esclarecimiento, pero que sí aparentan la revisión de lo hecho en el sexenio anterior.

Veamos tres posturas gubernamentales aparentemente sin relación entre sí. Y para no perder el orden, vayamos por orden cronológico. La primera de ellas, fue la declaración hecha en noviembre pasado por el entonces Gobernador Electo, en el sentido de que una de las primeras acciones de su gobierno, sería la revisión de los esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios, a través de los cuales la administración del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz construyó los complejos denominados Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

Incluso, en los primeros días del mes de enero, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández reiteró que se llevaría a cabo una investigación para establecer la forma en cómo fueron contratadas esas obras, y si todos los lineamientos de la obra se apegaban a los requerimientos del gobierno estatal. La sospecha que dejaban ver ambos personajes, era la relativa a que funcionarios de la anterior administración pudieran haberse visto beneficiados a través de la firma de un contrato descomunalmente ventajoso para los particulares.

Por otro lado, la segunda de esas posturas oficiales, es la declaración hecha apenas la semana pasada por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Gerardo Cajiga Estrada, sobre el monto de 550 millones de pesos, que sólo en 2011 habrán de destinarse de las arcas estatales para pagar las anualidades respectivas de los Proyectos de Prestación de Servicios a través de los cuales se construyó Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa.

El motivo de esa declaración, contrario a lo que parece, no era la denuncia moral o social respecto a un pago oneroso que podría servir para cubrir otras necesidades más apremiantes de miles de oaxaqueños que viven en condiciones de pobreza. No.

Esa revelación del secretario Cajiga Estrada, más bien estaba encaminada, con toda claridad, primero, a seguir dando argumentos de justificación respecto a la decisión de continuar cobrando —ya como gravamen estatal— el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos; y, segundo, para de algún modo hacer de esa declaración un cierto tipo de “reproche” a la sociedad oaxaqueña, por haber optado por un gobierno corrupto durante los seis años anteriores. En el fondo era algo así como “si tú votaste por ese gobierno que malgastó recursos, ahora tú eres el responsable de pagar por sus tropelías”.

La tercera de las posturas que ahora se reseñan en este espacio, tienen que ver con el anuncio hecho el pasado domingo por el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra López, de que el Gobierno del Estado había dado por terminada anticipadamente, la relación contractual con la empresa española Isolux, que estaba encargada de construir la velaria del Auditorio Guelaguetza.

Al hacer dicho anuncio, el secretario Salvatierra López aseguró que otras empresas tenían mayor capacidad técnica, y menor costo, que la empresa inicialmente contratada. En eso fundamentaba la decisión de rescindir el contrato a Isolux y encargar la terminación de la velaria a una empresa de origen mexicano denominada Lonas Lorenzo.

¿VAN TRAS LA VERDAD?

Aparentemente, esas tres cuestiones nada tienen que ver entre sí. De un tiempo a la fecha, es prácticamente nada lo que se ha dicho desde la nueva administración del Gobierno del Estado, sobre el avance en las investigaciones sobre la contratación de los Proyectos de Prestación de Servicios que fueron utilizados para construir los complejos de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial.

De hecho, las únicas coordenadas que conoce la sociedad oaxaqueña sobre esos contratos, que constituyen verdaderos esquemas ventajosos en los que presuntamente sí se encuentran involucrados ex funcionarios del Gobierno del Estado, son las que se han dado a través de la prensa.

Este espacio, en particular, en septiembre de 2007 reveló cuál fue la ruta que siguió el gobierno estatal para construir Ciudad Administrativa a través de contratos ventajosos y empresarios “amigos”, cómo fueron inflados los costos, y cómo tuvieron participación directa varios personajes que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la administración estatal.

Ahora bien, ¿alguien ha reparado en la cantidad de dinero que el Secretario de Finanzas está aceptando pagar por los esquemas PPS? Si él expresamente aseguró que sólo en 2011 se pagarán 550 millones de pesos, y esos contratos tienen una duración no menor a 15 años, entonces al final las arcas estatales estarán pagando alrededor de 8 mil millones de pesos. Es cuestión de hacer una multiplicación simple, para obtener ese resultado escalofriante para un estado pobre como el nuestro.

Frente a todo esto, ¿de verdad el gobierno estatal tiene voluntad para indagar, e ir al fondo sobre la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial? ¿De verdad tiene la intención tan firme como dice, para ir tras los ex funcionarios que se enriquecieron al aprovecharse de sus cargos?

Si todo esto es cierto, ¿entonces por qué las investigaciones sobre ese posible desfalco —que sería el más grande del que se tenga registro que ha ocurrido en Oaxaca—, se encuentran en un silencio inmóvil, que ya hasta parece cómplice?

Así, es positivo que hayan revocado el contrato ventajoso relativo a la velaria. No obstante, ese es apenas un desfalco mínimo comparado con lo que podrían restituir a las arcas estatales con el esclarecimiento de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Más bien, parece que de nuevo nos están entreteniendo a los oaxaqueños, mientras nos intentan cambiar oro por simples espejos.

PULSO POLÍTICO

Quedó claro que el edil citadino Luis Ugartechea, está aún lejos de tener el oficio requerido para actuar políticamente a su favor, dentro de la demarcación que gobierna. La configuración de las agencias municipales, da un pulso exacto sobre la presencia e incidencia que tienen las fuerzas políticas en la capital. Pronto sabremos, con datos duros, este primer ejercicio político, que huele raro. Abundaremos.