+ Discutir usos y costumbres… pero sin quebrantarlos
La emboscada ocurrida el pasado sábado en Santiago Choapan, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la que murieron a tiros 10 personas y otra docena resultaron heridas, debe constituir uno de los llamados más urgentes de los últimos años, a todos aquellos que tienen injerencia en el Poder Público para que inicien una discusión seria en torno al sistema de Usos y Costumbres. Empero, contrario a lo que se piensa, ese replanteamiento no debe consistir ni en la partidización de las comunidades indígenas, y mucho menos en la desaparición del sistema de derecho consuetudinario para la elección de autoridades. ¿Entonces qué debe discutirse?
Queda claro que, en su situación actual, el sistema de elección por usos y costumbres genera un número importante de problemas. Sin embargo, es necesario preguntarnos también, con toda seriedad, por qué ocurren esos conflictos y, sobre todo, cuál sería el escenario actual de Oaxaca si en los 570 ayuntamientos del Estado, las autoridades municipales fueran electas a través del sistema de partidos políticos.
Vayamos primero al segundo de éstos cuestionamientos. Queda claro, en ese sentido, que aunque hoy son varios los conflictos postelectorales en comunidades indígenas —que se aparecen como auténticos focos rojos para la gobernabilidad, la paz y el orden—, en buena medida éstos han sido provocados no porque los habitantes de los pueblos no tengan la capacidad de ponerse de acuerdo para elegir a sus concejales, sino más bien porque existen otros vicios que, anidados y manipulados, generan una serie de problemas que luego resultan en confrontaciones, conflictos, ingobernabilidad… y hasta matanzas. ¿De qué hablamos?
De que, durante años, los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres fueron el escenario propicio para la injerencia de representantes políticos que trataban de tomar el “control político” de esas zonas que debían ser eminentemente apartidistas; y de que, también durante largo tiempo, dirigentes partidistas, funcionarios públicos y “empresarios” voraces, vieron a esas comunidades (a sus presupuestos) como una auténtica caja chica de la cual podrían servirse. Veamos el asunto punto por punto.
Muchos de los conflictos que hoy prevalecen alrededor de las comunidades regidas por los usos y costumbres, tienen como cuestión de fondo la intervención de representantes de partidos o grupos políticos, que intentan asaltar y/o “colonizar” a las autoridades municipales electas a través del derecho consuetudinario, para poder hacer trabajo proselitista no con miras a procesos electorales municipales, sino para poder conseguir clientela electoral para los comicios de diputados locales, legisladores federales, Gobernador y Presidente de la República.
Queda claro que ese ingrediente —nunca reconocido por los gobernantes en turno, pues sus respectivos partidos incurren en esas mismas prácticas— provoca recurrentes problemas de inestabilidad, ya que para lograr tales fines electorales se da la recurrente colusión de autoridades estatales con municipales, y a través de ésta se permiten, fomentan y hasta obligan los fraudes en contra de las arcas municipales.
Por eso es recurrente que en esos municipios, funcionarios, agentes partidistas y hasta particulares, se aprovechen de las ansias económicas o la ignorancia de las autoridades municipales, para efectuar auténticos robos de recursos públicos, que luego dejan descontenta a la población y generan más problemas de los que ya tienen.
“CONTROL POLÍTICO”
Ahora bien, ante la pregunta específica de por qué existen estos conflictos, es necesario ampliar el horizonte. Es claro que ahora más que nunca, los partidos, los grupos de poder, los operadores políticos y también las organizaciones sociales, deben comenzar a actuar con un mayor grado de responsabilidad. Los tiempos del control hegemónico se terminaron. Y quienes tradicionalmente militaron en las fuerzas de oposición, ahora resulta que tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar el Estado.
No es raro que, ante los hechos de Santiago Choapan, la secretaria General de Gobierno exigiera tanto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como a diversos actores políticos —entre ellos algunos profundamente enquistados hoy en las estructuras estatales, como el diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio, y su “operador”, César Mateos Benítez—, “asumir su responsabilidad”.
No es raro, porque tampoco resultaría extraño que, en efecto, éstos y otros grupos políticos —también priistas— tuvieran metidas las manos en la región, y particularmente en ese conflicto. Sin embargo, si nada de eso es extraordinario, ¿por qué entonces lanzar señalamientos de este tipo, que sólo enrarecen las relaciones entre los grupos de poder?
La respuesta no se encuentra en la presencia de esos grupos, sino en la posible actuación de los mismos, en el contexto particular de comunidades que no se rigen por el sistema de partidos políticos. En palabras sencillas: no es lo mismo hacer política partidista en las comunidades que sí aceptan ese sistema, que tratar de hacerlo en otras en las que, basadas en sus reglas de derecho consuetudinario, sólo asimilan la presencia partidista como sinónimo de división y conflicto.
Por todo eso, los encargados del control de la gobernabilidad en Oaxaca hoy tienen no sólo el reto de encontrar la paz en esa y otras comunidades que tienen conflictos por problemas postelectorales: también debe hallar la forma de controlar a los grupos sociales que hoy les son afines, para que éstos —y todos— no sigan siendo un factor de inestabilidad y controversia en esas comunidades.
Esos mismos actores y organizaciones, deben comenzar a entender con responsabilidad que ya no son parte de la oposición, y que ahora más que nunca las decisiones que tomen serán trascendentes para la paz y la vida en esas zonas en las que, según los hechos y el poco valor que se le da a la estabilidad social, pareciera que la vida no vale nada.
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
Es hasta ocioso buscar culpables en relación al caso Choapan. Falló gravemente la Secretaría General de Gobierno, como también la de Seguridad Pública, por no atender las previsiones de lo que podía ocurrir en la zona. Incurrió en eso mismo el IEEPC por no tener la sensibilidad suficiente para entender la circunstancia. ¿Y los grupos y actores políticos directamente involucrados saldrán incólumes? Sólo eso faltaría.
