+ Corrupción de S-22, ¿esa sí se pasará por alto?
No debiera sorprender que alguna de las próximas aprehensiones que ejecutara la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios de la administración anterior, fuera por asuntos relacionados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esa dependencia es una de las que guarda mayores secretos y oscuridades con hedor a corrupción. La pregunta de fondo, sin embargo, radica en si el Gobierno del Estado perseguirá sólo a los ex funcionarios, o también a quienes desde las trincheras magisteriales hacen y deshacen a su antojo innumerables actos de corrupción relacionados con el presupuesto, la situación laboral y las prestaciones de los trabajadores de la educación.
En efecto, al ser el IEEPO una de las instancias estatales con mayor presupuesto y número de trabajadores activos, fácilmente puede preverse que sea una de las más problemáticas. Esa percepción toma fuerza cuando se sabe que ahí no sólo han confluido servidores públicos que posiblemente han realizado desvíos o actos de corrupción, sino también funcionarios impulsados y protegidos desde el sindicato magisterial, que podrían haber hecho tanto o más que los nombrados por el grupo gobernante en turno.
Hasta el momento, se sabe que la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo le sigue la pista a varias cuestiones relacionadas con el manejo presupuestal de ese Instituto, y que podría estar ahora mismo integrando, o consignando ante un juez, sendas averiguaciones previas en contra de quienes posiblemente cometieron actos indebidos en el manejo de los recursos humanos, el presupuesto destinado a salarios, y ciertos rubros de las millonarias adquisiciones de bienes y recursos materiales que cada año realiza para dotarse, y para dotar a las 13 mil escuelas de educación básica en la entidad, de los implementos necesarios para la realización de sus actividades.
Hablando en abstracto de los desfalcos presuntamente hallados en esa instancia, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán reconocía ayer, en una entrevista concedida al periódico Noticias, que en las auditorías que hasta el momento ha realizado la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, han encontrado más de 700 millones de pesos utilizados irregularmente.
Todo esto, además, del manejo discrecional de la nómina de trabajadores. “las nóminas que recibieron al inicio de la administración carecen de elementos mínimos de control, por lo que a esta altura no saben todavía la cifra de trabajadores que pudieran estar recibiendo salarios sin devengarlos”, señalaba Vásquez Guzmán.
Y es que, en efecto, los problemas y la posible corrupción del IEEPO son del mismo tamaño de la misma institución. Sin embargo, es también cierto que al tratar de revisar ciertos rubros, tanto la dirección del Instituto, como la Contraloría del Gobierno del Estado, necesariamente tendrán que pasar por la revisión de ciertos asuntos que no están en manos de funcionarios leales al régimen gobernante, sino al sindicato magisterial.
¿Qué asuntos son esos? Y sobre todo, ¿Cómo impactarían no sólo en la legalidad, sino también en la gobernabilidad e incluso en la congruencia y la voluntad por la ley del gobierno estatal? El asunto, sin duda, es mucho más complejo de lo que hasta ahora parece.
OTRA CAJA NEGRA
Sin duda, el IEEPO implica tantas o más tentaciones que las provocadas por el manejo y las potencialidades de corrupción, relacionadas con el transporte concesionado. Esto porque, además del volumen de sus recursos económicos y trabajadores, muchos de sus procesos continúan siendo oscuros y sujetos no al orden administrativo, sino a las necesidades políticas del régimen en turno.
Es posible que parte de los 700 millones de pesos presuntamente utilizados de forma irregular por la administración anterior, hayan ido a parar a gastos electorales o al bolsillo de funcionarios corruptos que inflaron precios, que inscribieron en la nómina a trabajadores fantasma para cobrar ellos su salario, o que traficaron con los innumerables servicios y atribuciones que el Instituto tiene respecto a los trabajadores de la educación.
No obstante, en una dependencia como el IEEPO, el sindicato magisterial tiene un amplio margen de maniobra, y es de todos sabido que ellos no son ajenos a los manejos excesivos, irregulares, e incluso corruptos. En ese sentido, ¿no ha sido nota recurrente en medios informativos de la capital del país, que sólo en Oaxaca existen unos 10 mil trabajadores de la educación “asignados a tareas sindicales”, que posiblemente cobran sin trabajar?
Esa sólo podría ser la primera fase de un asunto mucho mayor. Institucionalizadamente, el sindicato magisterial tiene en sus manos el otorgamiento de prácticamente todas las prestaciones sociales y salariales a que tienen derecho los trabajadores de la educación. Y también, institucionalizadamente, se ha vuelto costumbre que esos derechos sean no otorgados sino traficados, y que éstos sean entregados no en base a las necesidades y méritos laborales reales, sino a los favores y disciplina demostrados a la causa sindical.
Por eso, un verdadero proceso de saneamiento tendría que ir encaminado no sólo a perseguir y castigar a los ex funcionarios estatales corruptos, sino también a quienes “institucionalizadamente” trafican con los servicios prestados con el Instituto, y hacen de ellos parte central de una maquinaria coactiva que limita, y exige disciplina o castigo, a los trabajadores de la educación para demostrar obediencia a los mandatos de su sindicato.
Si paulatinamente el IEEPO desmantela esos vicios, a la par de perseguir a quienes abusaron de sus atribuciones, entonces todo este proceso estará verdaderamente encaminado a la justicia, a la transparencia y al combate a la corrupción. Empero, si se persigue a unos y se deja intactos a los otros, entonces todo será parte de la cacería de brujas que, hasta ahora, los opositores al régimen tanto acusan.
BARBAS A REMOJAR
La “rumorología” impulsada desde “fuentes confiables”, asegura que la lista de ex funcionarios a quienes ya se les libró orden de aprehensión, o está en proceso de ello ocurra, tiene alrededor de veinte nombres. Habrá que ver de qué modo impacta esto en la estabilidad política entre partidos, y sobre todo si son verdaderamente sólidas las acusaciones y los procesos judiciales que se instauran. Pero mientras varios, varios de verdad, ya comenzaron a tomar las precauciones legales (o de huída) debidas.
