Tenencia vehicular: qué bien que gobierno rectifica

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+ Elevar la recaudación, pero con posibilidades reales

 

Cuando a principios de año se hicieron los primeros señalamientos, respecto al error en que incurría el gobierno estatal en su insistencia sobre el cobro de la tenencia vehicular en las mismas condiciones y montos de siempre, más de uno supuso que los señalamientos, y la inconformidad, tenían algún tinte o trasfondo político o partidista.

Hoy, cuando la recaudación estatal presenta serios problemas por la falta de contribuyentes, y cuando existen además innumerables alternativas para regularizar la situación tributaria de los vehículos de motor, es positivo que la administración estatal reconozca su error y comience a tomar medidas para evitar que los oaxaqueños emplaquen sus vehículos en otras entidades federativas.

En un primer momento debe quedar claro que, contrario a lo que asegura la Secretaría de Finanzas, el hecho de que un contribuyente oaxaqueño emplaque su vehículo de motor en otra entidad federativa, no constituye violación alguna a la ley. Si bien es cierto que es un principio constitucional que todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir, de manera proporcional y equitativa, al sostenimiento del gasto público tanto de la Federación, y la entidad federativa y municipio en el que residimos, también es cierto que la autorización para la emisión y portación de placas de circulación la otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esencialmente, esa es la razón por la que, independientemente del estado emisor de las placas de circulación, todas las placas son válidas para todos los vehículos automotores de particulares, en todo el territorio nacional, siempre que hayan cumplido con los requisitos que exige la ley.

En ese sentido, hasta hace apenas unos años, la discusión sobre la validez de las placas de circulación, y la emisión de las mismas, era prácticamente inexistente, dado que para poder portar las láminas identificadoras, todos los contribuyentes debían pagar un impuesto federal. Esto hacía que, independientemente de que las placas se tramitaran en Chiapas o en Baja California, de todos modos todos tuviéramos que pagar, como requisito previo, la misma cantidad de dinero por concepto de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y que por tanto todos estuviéramos sujetos a la misma norma.

No obstante, la abrogación de la Ley sobre la Tenencia Vehicular en el ámbito federal, abrió de inmediato el abanico de las posibilidades de no pago a favor del contribuyente. Esto porque aún cuando existen entidades federativas —como Oaxaca— en las que el impuesto (ya estatalizado) subsiste, en otras éste fue derogado.

Así, en estados como Puebla, Tlaxcala y próximamente el Estado de México, el requisito previo para obtener las placas de circulación fue eliminado, dando completa libertad para que cualquier persona pudiera emplacar su vehículo —y regularizar automáticamente su situación fiscal— en ese territorio, y hacerse con ello ajeno a las maniobras de los gobiernos estatales por continuar cobrando altos impuestos vehiculares.

Se sobreentiende que cada ciudadano debe emplacar sus vehículos en su lugar de residencia. No obstante, y por un principio de simple lógica y conocimiento de la realidad de nuestro país, indica que antes que eso el contribuyente siempre buscará pagar menos, o cuando menos hacerlo con las mayores facilidades posibles. Y es que aunque eso último (la facilidad en el pago) parece un requisito paternalista, en realidad en un estado como Oaxaca ello resulta ser determinante.

 

PAGAR, UNA TORTURA

Independientemente de cualquier discusión respecto a si este impuesto prevalece o debe ser eliminado en Oaxaca, alguno de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas debería darse una vuelta, cualquier día, por las oficinas de recaudación, Tránsito del Estado, y demás instancias involucradas en el proceso de emplacamiento de un vehículo, para darse cuenta lo complicado, poco accesible, y hasta tortuoso que resulta ese pago.

El primero de los obstáculos con los que se encuentra el contribuyente, radica en las constantes fallas que tiene el sistema interno de la Secretaría de Finanzas, para determinar las cantidades que deben pagar no sólo quienes van a realizar trámites de emplacamiento, sino cualquier otro contribuyente que debe pagar impuestos o los derechos de algún otro trámite ante instancias oficiales. Cualquier ciudadano debe esperar por lo menos una hora —cuando tiene suerte— para poder ser atendido por un funcionario que le proporcione los documentos, la línea de captura y los formatos para luego acudir a una institución bancaria a realizar los pagos correspondientes.

Independientemente del monto del pago realizado por concepto de tenencia, luego el contribuyente debe pasar por un nada sencillo trámite burocrático ante la Dirección de Tránsito del Estado, para que finalmente ésta le otorgue el registro al vehículo, le tome las calcas a los elementos de identificación, y le proporcione las placas, el engomado y los hologramas que acrediten que el procedimiento fue llevado a cabo conforme a lo que marca la ley.

En Oaxaca todo esto resulta ser un trámite poco accesible para el contribuyente. Y toda esta situación se agrava mucho más —para las arcas estatales—, cuando frente a ese procedimiento larguísimo y enfadoso para los particulares, aparecen gestores que ofrecen —y cumplen— realizar ellos todo ese trámite en otra entidad federativa, a un costo mucho menor (incluyendo, lógicamente, los honorarios del gestor) que el que debía pagarse a la Secretaría de Finanzas, y evitando vueltas y mohínas a los contribuyentes locales que prefieren pagar antes que pasar por ese vía crucis.

Es cierto que lo ideal sería que todos pagaran en Oaxaca lo que les corresponde. Sin embargo, como ese es un idealismo lejísimos de poder ser realizado, lo único que le queda a la Secretaría de Finanzas es idear las formas adecuadas no sólo para hacer económicamente más accesible el impuesto a los particulares, sino también (y esos sí son anhelos) que pudieran darle un destino específico a esos recursos, que abrieran verdaderos programas de regularización, y que pudieran hacer más simples los trámites para pagar.

 

¿MUCHO PEDIR?

Más que de fórmulas mágicas, este parece ser un asunto de imaginación y sensibilidad, que si lo lleva a cabo correctamente la administración estatal, para 2012 puede contar con muchos más recursos, de captación propia, que los que tiene ahora. Habrá que ver si hay capacidad para hacerlo.

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