+ Proteger DH’s, por encima de cualquier polémica
Cuando en el mes de diciembre del año pasado, el sacerdote católico y director de la casa del migrante “Hermanos en el camino”, ubicada en Ciudad Ixtepec, Alejandro Solalinde Guerra, denunció que habían ocurrido por lo menos dos secuestros masivos de migrantes centroamericanos, el gobierno de Oaxaca —entonces recién asumido por la administración actual— se quedó prácticamente inmóvil ante una avalancha de críticas y de evidencias de inmovilismo que, si bien no eran del todo su responsabilidad, sí ponían en evidencia la falta de criterios y políticas encaminadas a defender los derechos de los transmigrantes.
A partir de diversas evidencias, plenamente estudiadas y documentadas, se sabe que la transmigración está lejos de ser un proceso social nuevo en México. De hecho, año con año, y desde hace décadas, llegan a la frontera de Chiapas, decenas de miles de ciudadanos de varias naciones centro y sudamericanas que pretenden cruzar nuestro país en aras de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace décadas se sabe de estos procesos de migración, y también se conocen perfectamente los abusos que, tanto autoridades como grupos criminales, cometen en su contra mientras se encuentran en territorio nacional.
Frente a todo eso, durante años la justificación del gobierno federal para no evitar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que cometían tanto agentes federales, como policías y corporaciones locales, y grupos criminales, contra los transmigrantes, era que como éstos se introducían al territorio nacional de forma ilegal, entonces el Estado no podía hacerse cargo de ellos, ni de su seguridad ni de la tutela de sus garantías fundamentales. A partir de este criterio legalista, erróneo y decimonónico, todas las autoridades levantaban los hombros para hacerse ajenas a la corrupción y los abusos que estaban a la vista, y de muchos de los cuales también ellas eran parte a través de las redes de trata y tráfico de personas.
Sin embargo, queda claro que más allá de las justificaciones siempre estuvo la realidad y sus sucesos implacables. El recrudecimiento de la guerra que libra el Estado mexicano contra los criminales, y la “diversificación” de actividades delictivas que éstos realizan para sostenerse, provocaron que ese rubro totalmente desprotegido y olvidado por la tutela del Estado se convirtiera en uno de los preferidos de los criminales.
Así fue como las bandas criminales pasaron de ser transportadoras de sustancias prohibidas, para también convertirse en secuestradores, asaltantes y extorsionadores. Y su mercado más fértil fueron los migrantes, a quienes lo mismo podían extorsionar y matar, que enrolar en sus filas, o convertirlos en “dealers” o guardias, y a las mujeres prostituirlas, esclavizarlas, o hacerlas tratantes de personas. Como el Estado no se hacía cargo de ellos, y legalmente “no existían”, entonces eran los elementos perfectos para las actividades que ellos realizaban.
Sin embargo, a la par de todo esto se encontraba la mirada de la ciudadanía que era testigo de esos abusos; además, de decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales que se preocuparon por la defensa de los derechos fundamentales de los transmigrantes, e incluso por la sensibilidad de algunos gobiernos que decidieron no seguir cruzándose de brazos y hacer algo verdaderamente importante para procurar las condiciones mínimas de vida y seguridad para quienes pretenden llegar a los Estados Unidos.
GOBIERNOS INMÓVILES
Así fue como en diciembre, una denuncia de particulares sobre el secuestro de un grupo de migrantes en el municipio de Chahuites, Oaxaca, motivó la alerta de los medios de información nacionales e internacionales. Cuando eso ocurrió, y todos se toparon tanto con el gobierno federal, como con el estatal, se dieron cuenta que ni uno ni otro estaban preparados para el reto que significaba garantizar las condiciones mínimas de seguridad de aquellos seres humanos que, aunque ilegales en México, tienen también la calidad de personas, y por tanto la protección de las leyes nacionales, y diversos tratados internacionales signados por México.
Fue a partir de las denuncias del padre Alejandro Solalinde, que el gobierno federal inició un proceso paulatino de depuración de agentes del Instituto Nacional de Migración, y reforzó los patrullajes en los puntos más importantes de tráfico de migrantes, no sólo para capturar y deportar a los ilegales, sino también para evitar que éstos fueran presa de los grupos criminales.
El gobierno de Oaxaca, por su parte, disimuladamente tuvo que reconocer en diciembre pasado que hasta entonces no existía ningún tipo de política o preocupación oficial, de la pasada administración, por atender un problema que en gran medida estaba haciendo crisis en territorio oaxaqueño, y del que también podrían haber sido parte agentes de corporaciones policiacas estatales o municipales de los territorios involucrados.
Frente a eso, el Gobierno de Oaxaca se comprometió, también en diciembre pasado, a reforzar tanto las medidas de seguridad para los transmigrantes, así como a establecer mejores condiciones para que éstos pudieran tener acceso a la procuración de justicia en caso de ser objeto de abusos. Incluso, se tenía la expectativa de que el gobierno entrante habría de reforzar la política social para brindar cierto tipo de atención a todas aquellas que estaban de paso por nuestro territorio, pero que, aún así, y en ese lapso, son también problema de nuestro gobierno y nuestra ciudadanía.
Hoy, cuando nuevamente existen denuncias de que en la zona de Medias Aguas, en Veracruz, ocurrió un secuestro masivo de transmigrantes, el gobierno de Oaxaca reitera su preocupación, aunque también debiera informar qué medidas sustanciales ha tomado para tratar de disminuir la incidencia delictiva en contra de los transmigrantes.
HACER MÁS
Eso es lo que deberían hacer. De nada sirve, para ningún gobierno o actor político, el irse a tomar la foto con las personas afectadas por cierto problema —como para que la ciudadanía crea que sí existe algún tipo de preocupación oficial por lo que ocurre—, pero que a las primeras de cambio todos se olviden del asunto, y esperen a que todo haga crisis para volver a acordarse de él. Aquí, con sensibilidad, debiera haber más atención a este asunto que todo el tiempo, y por diversas circunstancias, lastima a quienes van buscando una mejor calidad de vida que la que tienen en sus países de origen.
