Poderes: ninguno está a la altura del reto

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Sólo han (medio) atendido temas urgentes

 

A los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, debiera preocuparles, y en serio, su inactividad, su proclividad a secundar las decisiones oficiales, y su falta de resultados tangibles a favor de la democracia y el buen gobierno en Oaxaca. A pesar de que en este año se hicieron reformas importantes a la Constitución, esto en ningún sentido significa —o debe hacerse creer, deliberadamente— que por sí solas las modificaciones legales sean suficientes para cambiar la delirante situación en la que se encuentra el gobierno y la sociedad oaxaqueña.

En efecto, cuando están a punto de cumplir su primer año de ejercicio legislativo, los diputados estatales bien pueden decir que cumplieron el “papel histórico” que les tocó desempeñar, únicamente por la reforma constitucional que aprobaron en abril pasado.

No obstante, más allá de cualquier posición políticamente correcta, o de los intentos de justificación y exaltación por parte de sus panegiristas de siempre, lo cierto es que ésta Legislatura llega a su primer corte de caja en medio de una lista interminable de faltantes, omisiones y decisiones lamentables, que ponen en duda no sólo su capacidad de interlocución o de diálogo civilizado, sino incluso la independencia que debieran tener del poder gubernamental y de la clase gobernante.

Contrario a lo que pudiera creerse, la cirugía mayor que le realizaron a la Constitución Política del Estado no significa el “gran logro” que seguramente pretende vender el Congreso local. No es así, porque hasta hoy ninguno de sus grandes postulados se ha cumplido, y dicha reforma ni siquiera ha sido defendida o legitimada por sus impulsores. Parece contradictorio, pero tanto el Gobierno del Estado como el Congreso local se han reído a carcajadas del cambio constitucional que ellos mismos decretaron. Veamos si no.

La modificación constitucional llevada a cabo en abril pasado, se supone que reorientó los equilibrios entre poderes. Acotó al Ejecutivo, dispuso la modificación de la organización interna del Poder Judicial; amplió los márgenes del Legislativo en el control de los demás poderes, y —se supone— transformó los órganos autónomos, como garantes alternos de nuestra democracia.

Sin embargo, hasta hoy todo eso parece haber quedado en simples acciones declarativas de buenas intenciones. Ninguna de las acciones hasta ahora emprendidas —además de las omisiones— ha cumplido con las expectativas verdaderamente democráticas con las que fueron concebidas.

Hoy es el día en que, por ejemplo, no se ha legislado nada respecto a los órganos e instancias del Poder Judicial que se crearon y transformaron; la renovación de los órganos autónomos hasta ahora ha sido un verdadero desastre. Y nada se sabe respecto a las normas secundarias que hacen falta para materializar los principios (los mecanismos de democracia directa, por citar un caso) ya plasmados en la Constitución estatal, pero que siguen durmiendo el sueño de los justos.

Hoy los diputados no pueden decir que sólo con eso su tarea está cumplida. Si bien es cierto que la labor primordial que les encomendó la voluntad popular tiene que ver con la creación de leyes, también es cierto que las circunstancias actuales le imponen también la necesidad de su participación en la conformación de los órganos del Estado, y en el control al Poder Ejecutivo. Y en eso, sin duda, los diputados tendrán una amplia calificación reprobatoria.

 

SÓLO VAN POR LO URGENTE

Es lamentable que, hasta ahora, los diputados —y el mismo Gobierno del Estado— sólo tengan capacidad para resolver (y eso no significa que de la forma correcta) los asuntos urgentes del Estado. No logran identificar que más allá de lo urgente, se encuentra lo importante. Y que en todos esos asuntos debieran también estar poniendo atención para evitar cuestionamientos y conflictos en el corto y mediano plazo.

Todos manifiestan beneplácito, por ejemplo, porque el Congreso ha logrado ponerse de acuerdo. Sin embargo, esa alegría no debía traducirse en nada más, porque eso justamente (tener la capacidad para ponerse de acuerdo) es lo mínimo que deberían poder hacer, para verdaderamente resolver los problemas de la entidad.

Incluso, cada diputado, o la Cámara en su conjunto, atiborran sus respectivos informes de labores con interminables cifras sobre reuniones, foros, consultas, puntos de acuerdo propuestos, iniciativas presentadas e intervenciones en tribuna, pero nunca pueden decir con verdadera claridad, qué resultado se obtiene de todo eso en beneficio de la mayoría de la población.

Por eso, más allá del blof y de las posiciones que halagan el “reformismo” de la actual legislatura —como si con el solo hecho de cambiar una ley, se modificara inmediatamente todo el contexto y la realidad—, lo que debiera verse, y evaluarse, es qué resultado tangible y medible tiene hoy el trabajo legislativo. Una reforma cosmética, enunciativa y declarativa, que es ignorada y desestimada hasta por quienes la llevaron a cabo, sirve lo mismo que nada para una entidad en la que lo único que tiene capacidad de cambiar es la norma, pero no las formas políticas que determinan su cumplimiento.

Así, hablando en plata, ¿qué avance para la democracia significa la atropellada y cuestionada renovación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana?; del mismo modo, ¿qué beneficio real tuvo la también polémica y poco clara —y ampliamente influenciada desde el Gobierno del Estado— designación del nuevo Auditor Superior del Estado?

Del mismo modo, ¿dónde están aquellos grandes cambios que prometieron al marco legal para democratizar al poder? Éste último, sigue ejerciéndose en un marco de autoritarismo, no sólo por la voluntad del Gobernante, sino también por la sumisión de los diputados, que deberían servir como contrapeso, y no convalidadores oficiosos, de los caprichos o conveniencias del Titular del Poder Ejecutivo.

 

TODO SIGUE IGUAL

Al final, la actuación y el papel “histórico” que tanto se endilgaron ellos mismos, se reduce a nada cuando todo se intenta revisar a la luz de datos objetivos. Por eso, ojalá que a los diputados les sirva de algo el reconocimiento que están haciendo sobre sus insuficiencias. Ojalá que el tiempo que les resta no siga siendo sinónimo de simulación, de sumisión y de incapacidad de por lo menos explicar cuál es el fondo de las decisiones que toman.

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