+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Gasto 2011: todos afirman sin sustentar dichos

Date:

 

+ Es momento de aclarar, de cara a la sociedad

 

Desde hace meses, los diputados federales del PRI por Oaxaca, insisten en que el Gobierno del Estado tiene serios problemas para ejercer el gasto federal autorizado para el presente año, y que eso, irremediablemente impactará en un subejercicio en el presupuesto que, según dicen, podría ser de proporciones escalofriantes.

Frente a ello, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal reitera su afirmación de que el gasto corriente se ejerce sin problemas, y que son irreales los señalamientos respecto a la imposibilidad de ejercer el gasto. Ante tantos dimes y diretes, y opiniones tan politizadas y poco claras, es necesario que quede perfectamente constatado todo lo relativo al gasto público del presente año. Pues esto, aunque no lo parezca, es un asunto de seguridad y de interés general para toda la ciudadanía que tiene derecho a saber cómo, en qué, y a qué ritmo se gastan los recursos que se obtienen por los impuestos que paga.

En efecto, prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca han convertido casi en lugar común, la afirmación de que el gasto federal asignado a la entidad para el presente año, no se está ejerciendo como corresponde. Para ello, se han apoyado fundamentalmente de señalamientos verbales, aunque en algunos casos más han aprovechado las fricciones que se han generado entre algunas delegaciones federales y dependencias estatales, para utilizar sus cifras y montos como probanza de las tardanzas en el ejercicio presupuestal.

Del mismo modo, en todas las ocasiones posibles, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha tratado de salir al paso asegurando todo lo contrario. Sólo en esta última ocasión, aseguró a TIEMPO sobre ese asunto que “las finanzas públicas estatales van a un ritmo adecuado pues hay un uso correcto del recurso y hasta la fecha se han aplicado alrededor del 70 por ciento de los 58 mil millones de pesos de presupuesto con el que cuenta la entidad para este año”. Y aunque no sería natural, ni digno, ni propio, que aceptara una demora excesiva en el ejercicio del gasto, queda claro que sus palabras no son del todo creíbles, desde el momento que sus dichos se sustentan… sólo con sus propias palabras.

En primer término, queda claro que en medio de este asunto existe un predecible interés político desde ambos frentes. Al ser opositores el grupo de diputados y el gobierno estatal, es natural que existan críticas y señalamientos sobre las ineficiencias de unos y otros.

Esta disputa, de hecho, no es más que una prolongación de aquella vieja polémica sobre quién había sido el verdadero responsable de haber conseguido el “presupuesto histórico” que hoy tiene la entidad: si habían sido los buenos oficios del equipo financiero del entonces gobernador electo Gabino Cué; o si habían sido los —preocupados y sensibles— diputados federales del PRI por la entidad.

No obstante lo anterior, queda claro que más allá de las acostumbradas disputas políticas entre ambos grupos, este asunto sí alcanza a ser percibido por otros grupos que no necesariamente responden al interés de los legisladores federales de oposición, ni tampoco a los del gobierno estatal.

Y está a la vista, que más allá del gobierno estatal que niega todo, y de los diputados que afirman asimismo de forma absoluta, está una ciudadanía que sí percibe, y resiente, el hecho de que ahora está habiendo mayor lentitud en el ejercicio del gasto público, que es determinante para dinamizar toda la economía estatal.

 

PROBAR LOS DICHOS

Por todo lo anterior, y en vista de que el ejercicio presupuestal se encuentra ya cerca de concluirse, es necesario que si ambos grupos continúan aferrados a sus mismas posiciones, ahora sí tengan la capacidad de corroborar con datos fehacientes sus dichos.

Es decir, si el gobierno estatal asegura haber ya gastado —correctamente— el 70 por ciento del presupuesto, es necesario que muestre los elementos de prueba que tiene para ello. Y del mismo modo, si los diputados federales priistas afirman lo contrario, es necesario que se alleguen, y den toda la publicidad posible, a la información relativa a la demora excesiva en el ejercicio, que irremediablemente haría incurrir al gobierno estatal en un subejercicio al final del año.

Unos y otros podrían afirmar, ante tal señalamiento, que ni ninguno tiene obligación de corroborar, previamente, los dichos que han sostenido frente a toda la sociedad oaxaqueña. Sin embargo, en una sociedad verdaderamente democrática —como en la que, de uno u otro modo ambos grupos aseguran que vivimos—, no debiera ser ningún chiste, y tampoco un mero asunto de golpeteo político, el hecho de que oficialistas y opositores litiguen únicamente en los medios, y ambos sin pruebas, un asunto tan delicado como lo es la estabilidad en la gestión y destino del gasto público.

Hasta ahora, ese ha sido uno de los temas más recurrentes de crítica por parte del principal partido opositor al Gobierno del Estado. Y queda claro que independientemente de que la demora en el ejercicio del gasto público sea o no de la magnitud que aseguran los legisladores, lo cierto es que si ellos han sido tan insistentes en el tema es porque, en efecto, algo de ello sí es real. El problema es que el gobierno estatal simplemente ha apostado a que crean en su palabra, sin haber aportado otro tipo de elementos para reforzar y hacer fehacientes sus dichos.

Por todo eso, lo ideal sería que el gobierno estatal abriera, espontáneamente, todos sus archivos para desmentir, ya, a quienes los acusan del subejercicio. No hacerlo —cuando el ejercicio 2011 está ya tan avanzado, y cuando existen más voces aparte de las de los diputados, que concuerdan en la versión—, equivale a darles la razón, y con ello reafirmar, independientemente de que sea o cierto o no, que el gobierno estatal no tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos (o a sus adversarios).

 

¿ASPIRACIONES POLÍTICAS?

Estamos por en el último tramo del año, y el grupo gobernante en Oaxaca se acerca al proceso electoral sin definir, y sin dar fuerza, a los que pretenderán ser sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Personajes justamente como Gerardo Cajiga, debieran aprovechar su relación con aspirantes presidenciales, para enrolarse en el bullicio electoral. ¿A poco no aprovechará para ello, su amistad personal con el “delfín” presidencial panista, Ernesto Cordero Arroyo? ¿Serán capaces de no hacerlo? Serán capaces… ¿?

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