+ Que promesas sean más que buenas intenciones
El Gobierno del Estado hoy paga el costo, en relación al transporte público, de haber cerrado los ojos cuando aún tenía tiempo, y de haber decidido sostener el nido de corrupción denominado Coordinación de Transporte. En efecto, hoy a nadie le debiera sorprender que los transportistas —y grupos de lucha social— de nuevo estén haciendo presión para recibir concesiones, y tampoco que existan señalamientos fundados, en el sentido de que servidores públicos podrían estar traficando con permisos provisionales, e incluso concesiones, para “regularizar” al transporte pirata.
El problema es muy simple: la administración actual, desde el principio decidió ir contra los actos de corrupción de sus antecesores en el rubro del transporte público. Hicieron las investigaciones, integraron los expedientes respectivos, y finalmente presentaron denuncias penales en contra de los involucrados. Sin embargo, más allá del mero acto de inquisición y persecución entre regímenes de gobierno, fue siempre claro que lo que hizo —o aparentó, o simuló— esta administración fue tratar de construir un edificio moderno sobre unos cimientos podridos.
A lo largo de toda la administración pasada, y desde la previa a aquella, se sabía perfectamente que la oficina encargada de la regulación al transporte público, era un nido de corrupción. Al iniciar el gobierno de Ulises Ruiz, éste trató de darle una apariencia de revisión y saneamiento, al desaparecer la Secretaría del Transporte, y convertirla en una Coordinación que se encontrara bajo el control de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante el cambio de denominación, la corrupción siguió siendo la misma. Hacer pública la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos y firmas, así como los actos que demostraban el tráfico de concesiones, por parte de la entonces titular de Setran, Aurora López Acevedo, y varios de sus funcionarios, sirvió para legitimar la transformación de la dependencia a Coordinación de Transporte.
Sólo que, entonces como ahora, ésta se edificó sobre bases corruptas. El nuevo Titular (Gonzalo Ruiz Cerón) y sus funcionarios, de inmediato fueron señalados por continuar las prácticas indebidas. No obstante las acusaciones, el gobierno estatal calló por completo y decidió no iniciar investigación alguna al respecto, y mucho menos integrar expedientes judiciales a sus propios funcionarios. Tanto la reiteración de los señalamientos, como la existencia misma de irregularidades, fueron las bases para iniciar las acciones legales que sí emprendió la actual administración.
Sin embargo, Cotran —con el nuevo gobierno, ahora en manos del perredista Pedro Silva— siguió tal y como estaba, como cuando se operaba a plenitud la corrupción por la que justamente acusaron penalmente a Ruiz Cerón. Por eso, desde siempre fue previsible que sólo sería cuestión de tiempo que afloraran las acusaciones, las presiones y los visos de corrupción. La única posibilidad de que esto no sucediera, radicaba en la posible pulcritud y honestidad a toda prueba de los actuales funcionarios. Pero de acuerdo a los hechos, y a los antecedentes, queda claro que esto es mucho pedir para quienes llegaron a manejar esa área estratégica del gobierno estatal.
TODO SIGUE IGUAL
En junio pasado, mientras muchos festinaban el ajuste de cuentas que constituía la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón, en este espacio advertíamos lo siguiente: “la detención de Ruiz Cerón es una formidable demostración de que este gobierno no tolerará la impunidad, y castigará a los corruptos. Independientemente de cualquier motivación política, esa señal podría ser plausible y reconocible… aunque sólo como un simple destello de eficacia o de buena intención, pero no como una muestra de querer arreglar de fondo el problema. ¿Por qué?
“Porque más allá del golpe contundente que significa la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón (…) en realidad el gobierno estatal sigue teniendo en sus manos, y en total discrecionalidad, el tentador negocio de las concesiones y la regulación del transporte público, e incluso ahora en condiciones mucho menos claras que antes.
Así, si el gobierno estatal se ufana de haber detenido a Ruiz Cerón (…), también debía reconocer que en Cotran tienen una caja llena de tentaciones de corrupción que siguen vigentes, y que fácilmente podrían alcanzar a los mismos funcionarios de la administración actual.”
Y, frente a todo eso, nos preguntamos: “¿el Gobierno del Estado ha mostrado disposición para abrir al escrutinio público, y a una total transparencia y posibilidad de fiscalización, los procesos a través de los cuales se otorgan concesiones y se regula el transporte? ¿qué ha cambiado en el aspecto legal de entonces a ahora, como para corroborar que esos actos de corrupción por los que hoy un individuo se encuentra en prisión, y por los que se quebrantó el orden público al que pertenece el asunto del transporte público, no se van a volver a repetir?”
Quedó claro entonces, como ahora, que nada cambió. Y como nada ha sido modificado sustancialmente —más allá de las meras declaraciones de buenas intenciones— entonces los oaxaqueños, y el gobierno, tendremos que estar preparados para seguir padeciendo el vía crucis que significa todo lo relativo al transporte público, a las presiones de los chantajistas luchadores sociales, y a las posibles tentaciones de funcionarios que pretenden hacer de su paso por el gobierno estatal, el momento para asegurar un futuro que no consiguieron en base al trabajo.
Las meras soluciones policiacas, como la que ingenuamente propone el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, serán siempre insuficientes y tortuosas. Ante cada acto de aplicación habrá protestas y caos, como el que hemos vivido en estos últimos días. Y, sin duda, no habrá ni policías ni operativos suficientes para poder acabar, sólo con acciones policiacas, un problema que tiene una motivación fundamentalmente política y de corrupción en la esfera administrativa (y que por tanto debe ser atacada principalmente en ese ámbito).
¿REMEDIO A LA VISTA?
Se necesita un remedio integral. Pero ojalá haya la visión, el talento y la capacidad suficientes como para lograr un reordenamiento efectivo, y la clarificación total de cada uno de los procesos que hoy desarrolla, en la opacidad y discrecionalidad, la Coordinación de Transporte de un gobierno que realmente ha cambiado muy, pero muy poco.