Comisión de la Verdad: que la busque de verdad

+ ¿Qué verdad querrán contar quienes gobiernan?

La creación de una Comisión de la Verdad, por parte del Gobierno del Estado, el Congreso local, u organizaciones civiles de veras comprometidas con el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?

En efecto, desde el momento mismo en que se desarrollaba el conflicto magisterial hace cinco años, diversos grupos se pronunciaban por la creación de instancias públicas dedicadas ex profeso a investigar todo lo que entonces ocurría. Sin embargo, la primera muestra de indisposición al respecto, de las mismas partes interesadas, se dio con la forma misma en que se resolvió la paz de Oaxaca. Y sólo quien no recuerda aquellos episodios, podría afirmar hoy que hubo pacificación del clima social, sólo a partir de la represión.

El conflicto magisterial y popular tuvo su origen, clímax y repliegue en concordancia precisa con diversos acontecimientos. La represión policiaca ocurrida el 14 de junio de 2006, atizó los ánimos beligerantes de diversos grupos que ya tenían razones previas para estar en contra del gobierno estatal. La Sección 22, por su parte, se levantó en revuelta por la razón natural de haber sido la directamente golpeada por la represión. Y todos abonaban al derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz, antes de que éste cumpliera dos años de mandato, y por tanto se pudiera cumplir el mandato constitucional de que el nuevo gobernador fuese nombrado por un congreso de mayoría afín al repudiado gobernante.

En aquellos momentos, todos los grupos beligerantes le apostaban a que el conflicto se resolviera antes del mes de diciembre de 2006. Por eso, el conflicto tuvo sus momentos críticos en los meses previos a aquella fecha, y por esa razón se cruzó estratégicamente con el momento de la elección presidencial. Sólo que, al acercarse el final del año, el gobierno federal ofreció arreglos particulares a la Sección 22, y a algunos otros grupos, y entonces sólo utilizaron la represión contra líderes icónicos, como Flavio Sosa Villavicencio.

¿Cuál fue el arreglo? Con los grupos de más ascendencia, como la 22, el arreglo fue eminentemente económico. Les otorgaron la rezonificación, el reembolso íntegro de los salarios no pagados durante el conflicto, y la restitución de todos los directivos del IEEPO impuestos por el sindicato. Y una vez desmontado el magisterio, correspondió al gobierno estatal operar el acuerdo con los grupos que quedaban.

El arreglo fue simple: aunque cada uno mantuvo sus posiciones discursivas, en realidad lo que hubo fueron múltiples y recíprocas concesiones. Aunque no se reconocían el gobierno y las organizaciones beligerantes, todos reanudaron el diálogo y los “acuerdos” —que muchas veces eran económicos.

Por eso, todas las investigaciones judiciales surgidas durante el conflicto fueron congeladas. Sólo se le dio curso a algunas, de carga eminentemente política, que sin embargo fueron poco sustentables y muy identificadas como persecuciones de tipo político. Y por tanto, en todo lo demás se premió la impunidad, no sólo respecto a los crímenes que se habían cometido desde el Gobierno del Estado, sino también innumerables hechos que fueron denunciados por ciudadanos, y de los que podrían haber sido responsables integrantes de los grupos que encabezaron la revuelta.

VERDAD A SECAS

Establecer una auténtica Comisión de la Verdad, o una efectiva Fiscalía Investigadora de los Crímenes del Pasado, necesariamente habría de implicar la revisión de todos los crímenes. Porque contrario a lo que se piensa, el conflicto de 2006 estuvo lejos de ser una simple batalla entre “el pueblo bueno” y “el gobierno malo”. Lejos de la polarización de ideas y percepciones, queda claro que en medio del conflicto entre representantes de dos intereses distintos, se quedó una sociedad que, al final, fue víctima de todas las afectaciones jurídicas y quebrantos económicos.

Hoy, cuando el anterior régimen de partido hegemónico cayó en Oaxaca, podría ser una especie de iniciativa “políticamente correcta”, pero muy poco seria, la del supuesto seguimiento a los crímenes del pasado, que en realidad a lo que pudiera dedicarse fuera sólo a investigar a ex funcionarios, integrar averiguaciones por los delitos que sólo ellos cometieron, y perseguirlos hasta el final para que paguen por sus crímenes, pero sin tocar los hechos posiblemente constitutivos de delitos, que sin duda también se cometieron desde ciertos sectores del movimiento magisterial y popular.

Ver esta cuestión modo distinto, significaría necesariamente parcializar la visión, y justificar que, en aras de un movimiento popular y de un supuesto ánimo democrático, se cometieron actos violentos por parte del “pueblo”, que pudieran ser convalidables en aras de la búsqueda de un supuesto “interés de la mayoría”.

Y no. No se trata de justificar a quienes entonces actuaron desde el poder. Pero se trata de continuar polarizando aquellos episodios tan cargados de matices y aristas distintas, para únicamente verlo desde la visión monocromática de los buenos y los malos, que a lo único que lleva es a justamente continuar escondiendo la verdad, y seguir privilegiando las visiones parciales que buscan venganza a partir del disfraz de la justicia.

Ir tras la verdad significaría hacer un ejercicio realmente serio, y legitimado, de revisión y recapitulación respecto a lo ocurrido, incluyendo los ilícitos y los excesos cometidos por unos y por otros. El problema es que varios de esos grupos participantes hoy son parte del gobierno, o al menos figuran como aliados de éste. ¿Y la administración estatal estará dispuesta a también sentar a sus aliados en el banquillo de los acusados, y sostener lo que haya que sostener (investigaciones judiciales, señalamientos, etcétera) para verdaderamente llegar a la justicia que se anhela?

PANORAMA TURBIO

Queda claro que eso último es lo que enturbia las posibilidades de conocer la verdad. Y ojalá que si desde la sociedad civil se emprende esa misión, el objetivo fuera privilegiar las indagaciones objetivas, y no crear figuras loables sólo para santificar a algunos, y satanizar a sus contrarios.