+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Comisión de la Verdad: que la busque de verdad

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+ ¿Qué verdad querrán contar quienes gobiernan?

 

La creación de una Comisión de la Verdad, por parte del Gobierno del Estado, el Congreso local, u organizaciones civiles de veras comprometidas con el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?

En efecto, desde el momento mismo en que se desarrollaba el conflicto magisterial hace cinco años, diversos grupos se pronunciaban por la creación de instancias públicas dedicadas ex profeso a investigar todo lo que entonces ocurría. Sin embargo, la primera muestra de indisposición al respecto, de las mismas partes interesadas, se dio con la forma misma en que se resolvió la paz de Oaxaca. Y sólo quien no recuerda aquellos episodios, podría afirmar hoy que hubo pacificación del clima social, sólo a partir de la represión.

El conflicto magisterial y popular tuvo su origen, clímax y repliegue en concordancia precisa con diversos acontecimientos. La represión policiaca ocurrida el 14 de junio de 2006, atizó los ánimos beligerantes de diversos grupos que ya tenían razones previas para estar en contra del gobierno estatal. La Sección 22, por su parte, se levantó en revuelta por la razón natural de haber sido la directamente golpeada por la represión. Y todos abonaban al derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz, antes de que éste cumpliera dos años de mandato, y por tanto se pudiera cumplir el mandato constitucional de que el nuevo gobernador fuese nombrado por un congreso de mayoría afín al repudiado gobernante.

En aquellos momentos, todos los grupos beligerantes le apostaban a que el conflicto se resolviera antes del mes de diciembre de 2006. Por eso, el conflicto tuvo sus momentos críticos en los meses previos a aquella fecha, y por esa razón se cruzó estratégicamente con el momento de la elección presidencial. Sólo que, al acercarse el final del año, el gobierno federal ofreció arreglos particulares a la Sección 22, y a algunos otros grupos, y entonces sólo utilizaron la represión contra líderes icónicos, como Flavio Sosa Villavicencio.

¿Cuál fue el arreglo? Con los grupos de más ascendencia, como la 22, el arreglo fue eminentemente económico. Les otorgaron la rezonificación, el reembolso íntegro de los salarios no pagados durante el conflicto, y la restitución de todos los directivos del IEEPO impuestos por el sindicato. Y una vez desmontado el magisterio, correspondió al gobierno estatal operar el acuerdo con los grupos que quedaban.

El arreglo fue simple: aunque cada uno mantuvo sus posiciones discursivas, en realidad lo que hubo fueron múltiples y recíprocas concesiones. Aunque no se reconocían el gobierno y las organizaciones beligerantes, todos reanudaron el diálogo y los “acuerdos” —que muchas veces eran económicos.

Por eso, todas las investigaciones judiciales surgidas durante el conflicto fueron congeladas. Sólo se le dio curso a algunas, de carga eminentemente política, que sin embargo fueron poco sustentables y muy identificadas como persecuciones de tipo político. Y por tanto, en todo lo demás se premió la impunidad, no sólo respecto a los crímenes que se habían cometido desde el Gobierno del Estado, sino también innumerables hechos que fueron denunciados por ciudadanos, y de los que podrían haber sido responsables integrantes de los grupos que encabezaron la revuelta.

 

VERDAD A SECAS

Establecer una auténtica Comisión de la Verdad, o una efectiva Fiscalía Investigadora de los Crímenes del Pasado, necesariamente habría de implicar la revisión de todos los crímenes. Porque contrario a lo que se piensa, el conflicto de 2006 estuvo lejos de ser una simple batalla entre “el pueblo bueno” y “el gobierno malo”. Lejos de la polarización de ideas y percepciones, queda claro que en medio del conflicto entre representantes de dos intereses distintos, se quedó una sociedad que, al final, fue víctima de todas las afectaciones jurídicas y quebrantos económicos.

Hoy, cuando el anterior régimen de partido hegemónico cayó en Oaxaca, podría ser una especie de iniciativa “políticamente correcta”, pero muy poco seria, la del supuesto seguimiento a los crímenes del pasado, que en realidad a lo que pudiera dedicarse fuera sólo a investigar a ex funcionarios, integrar averiguaciones por los delitos que sólo ellos cometieron, y perseguirlos hasta el final para que paguen por sus crímenes, pero sin tocar los hechos posiblemente constitutivos de delitos, que sin duda también se cometieron desde ciertos sectores del movimiento magisterial y popular.

Ver esta cuestión modo distinto, significaría necesariamente parcializar la visión, y justificar que, en aras de un movimiento popular y de un supuesto ánimo democrático, se cometieron actos violentos por parte del “pueblo”, que pudieran ser convalidables en aras de la búsqueda de un supuesto “interés de la mayoría”.

Y no. No se trata de justificar a quienes entonces actuaron desde el poder. Pero se trata de continuar polarizando aquellos episodios tan cargados de matices y aristas distintas, para únicamente verlo desde la visión monocromática de los buenos y los malos, que a lo único que lleva es a justamente continuar escondiendo la verdad, y seguir privilegiando las visiones parciales que buscan venganza a partir del disfraz de la justicia.

Ir tras la verdad significaría hacer un ejercicio realmente serio, y legitimado, de revisión y recapitulación respecto a lo ocurrido, incluyendo los ilícitos y los excesos cometidos por unos y por otros. El problema es que varios de esos grupos participantes hoy son parte del gobierno, o al menos figuran como aliados de éste. ¿Y la administración estatal estará dispuesta a también sentar a sus aliados en el banquillo de los acusados, y sostener lo que haya que sostener (investigaciones judiciales, señalamientos, etcétera) para verdaderamente llegar a la justicia que se anhela?

 

PANORAMA TURBIO

Queda claro que eso último es lo que enturbia las posibilidades de conocer la verdad. Y ojalá que si desde la sociedad civil se emprende esa misión, el objetivo fuera privilegiar las indagaciones objetivas, y no crear figuras loables sólo para santificar a algunos, y satanizar a sus contrarios.

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