+ Violencia e impunidad, amargo presente
Nuestra historia nacional está llena de capítulos lamentables. Sin embargo, los mexicanos poco nos detenemos a pensar en cómo se verá nuestra realidad actual dentro de algunas décadas, cuando nuestros hijos o nietos volteen a los revisar los anales de la historia y vean este tiempo que nos tocó vivir, hoy, a nosotros. Sin duda, la percepción que tendrán de este presente —independientemente de lo que pase mañana— será horrible. Hoy, los dos problemas fundamentales de nuestra sociedad se llaman violencia e impunidad. Y no parece haber, hasta hoy, ni fórmula ni persona capaz de terminar con ellos.
El jueves pasado, en un artículo publicado en el periódico El Universal, el constitucionalista Miguel Carbonell daba cuenta de los niveles actuales de violencia. Decía, por ejemplo que “los llamados delitos de alto impacto, tales como el secuestro, el homicidio, la extorsión, el robo violento de vehículos y la violación, siguen imparables. La ciudadanía tiene miedo incluso de presentar una denuncia. Según datos del INEGI, 92 por ciento de los delitos que se cometen en México no son denunciados”.
Ante tal afirmación, el doctor Carbonell ofrecía algunas cifras. “En 2007 hubo 25 mil homicidios en México; en 2008 hubo 28 mil 18; en 2009 hubo 31 mil 545 y en 2010 llegamos a un máximo histórico de 35 mil 53, cifra que supera con creces a los poco más de 25 mil fallecidos durante la primera Guerra del Golfo, ocurrida en 1990-1991.
“Esto significa —continuaba— que en México se cometen 96 homicidios diarios; cuatro por hora; uno cada 15 minutos. Organizaciones de la sociedad civil reportan que cada día hay en el país entre cinco y 10 eventos de violencia —que no se denuncian—relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Tan sólo en 2006 —año que se tiene monitoreado— mil 326 menores de edad murieron en eventos relacionados con el combate al narcotráfico”.
Tal panorama nos deja brutalmente en claro el nivel de violencia que prevalece en México. Aquí, por una guerra fáctica —no declarada, no conducida en contra de un enemigo legítimo, y no respaldada suficientemente por leyes de la materia, pero sí ocurre todos los días— han muerto más personas que las que pudieron haber perecido en otros eventos sí denominados formalmente guerras, y regidos por formas específicas.
Quizá, en descargo de lo anterior, podríamos pensar que el resultado es un nivel también sin precedentes de aplicación de la ley. No obstante, el mismo doctor Carbonell nos proporciona otra respuesta brutal: la ley no se está aplicando en la forma que pudiera esperarse, ni se está castigando como debiera a quienes son los responsables de toda esa violencia y muerte antes descrita.
En este sentido, Carbonell señala lo siguiente: “Según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal (…), entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 los juzgados federales de distrito sólo han dictado 735 sentencias de última instancia por delitos de delincuencia organizada. En otras palabras, tenemos un gran despliegue publicitario, con muchos detenidos, pero muy pocos sentenciados.”
Y abundaba: “Las investigaciones contra la delincuencia organizada no son muy veloces que digamos; en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón se nos informó que el tiempo promedio de tramitación de una averiguación previa por parte de la PGR fue de 269 días en 2006, 151 días en 207 y 2008; 172 días en 2009 y 153 días en 2010. ¿Qué es lo que sucede en esos intervalos? ¿Qué tanta intensidad despliegan los agentes del Ministerio Público en la realización de sus investigaciones? ¿Cómo funciona la tramitación de las mismas, como para justificar periodos tan prolongados?
Y por si eso no fuera poco, el Investigador de la UNAM proporciona otro dato sobre la eficiencia en realidad ficticia de quienes encabezan la lucha anticrimen y dicen estar haciendo todo por proteger a la ciudadanía y aplicar la ley: “El porcentaje de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia negadas por jueces federales ha ido en aumento de forma preocupante. Esa cifra fue de 25% en 2008, 33% en 2009 y 38% en 2010. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué causas y razones se niegan las órdenes? ¿Qué es lo que contienen las averiguaciones previas que los jueces no tienen elementos para expedir los mandamientos que les solicitan?”
HISTORIA ABERRANTE
Ante tal situación, preguntémonos: ¿cómo pasaremos, o cómo hemos pasado ya a la historia? Queda claro que nada ni nadie borrará ni esos índices de violencia, como tampoco esa abominable falta de capacidad por parte de la autoridad para cumplir con su trabajo.
El problema, en todo esto, es que el blanco, y las víctimas de todos esos fallos —porque tanto la violencia como la impunidad y la corrupción, son duramente castigados por la ley, aunque hoy la autoridad no tenga capacidad o voluntad para hacerla valer— son ciudadanos que, en su mayoría, son parte de esas cifras por haber quedado simplemente en medio de los hechos que luego se convierten en estadísticas impunes.
Es por eso que, sobre este asunto, el también constitucionalista Diego Valadés sostiene, a través de su cuenta de Twitter, que la violencia de los últimos años dejará una cicatriz perenne en la sociedad mexicana; que las autoridades han desarrollado una capacidad asombrosa para determinar que un homicidio es un “ajuste de cuentas”; que éstos no son excluyentes de responsabilidad; pero que, con el pretexto de que se trata de ‘ajustes de cuentas’, millares de homicidios han ido quedando sin investigar.”
Y, en ese sentido, Valadés lanza un disparo certero que alguien, alguna autoridad, tendrá forzosamente que atender en el futuro: “No importa qué partido gane la presidencia: nadie podrá decretar que los homicidios perpetrados entre 2006 y 2012 quedarán sin investigar”. ¿De verdad habrá alguien con voluntad de hacerlo, al menos en el futuro cercano? Queda claro que aunque no quiera, tendrá el deber y la presión social de hacerlo.
¿OTRA NACIÓN?
Ante tal realidad, cómo nos verán dentro de algunos años. Seguro que nuestros hijos, o nietos, pensarán que qué bien que no les tocó vivir en estos tiempos tan aciagos. Y seguro que será así, que pensarán eso porque ellos viven en mejores condiciones. Queremos pensar eso… porque la otra opción, es que ellos vivan en una nación distinta, ante el desmoronamiento —por esas causas— de nuestra democracia, de nuestras instituciones, y sistema de gobierno.
