+ Distinguir y atender la ley no debe ser una obstinación
Cuando existe un problema, el camino lógico debiera apuntar a resolverlo, y no a enredarlo más. Sin embargo, esa secuencia de pensamiento no siempre se lleva a cabo. Y habría que considerar si lo que lleva a enredar un problema aparentemente sencillo, es o no un factor que vale la pena, como para correr el riesgo. Porque eso es lo que hoy parece que sigue sin ponderarse, en el conflicto existente entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y sus trabajadores de base.
Éste, en un principio, se aparece como un problema simple. Tal y como lo comentábamos ayer en este espacio, el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal, establece, como una posibilidad meramente potestativa, la relativa a que los trabajadores de base puedan participar de los exámenes de control de confianza cuando éstos desempeñen funciones directamente relacionadas con las instituciones de seguridad pública.
De hecho, textualmente, el noveno transitorio de dicha norma, dice lo siguiente: “los empleados de base que laboren actualmente en las Instituciones de Seguridad Pública, podrán participar en las evaluaciones de control de confianza para su permanencia, sujetándose al régimen administrativo que esta ley establece. Se instruye a la Secretaría de Administración y de Seguridad Pública, para determinar los procedimientos para resolver la reubicación del personal de base que no se sometan a la nueva Ley, respetando los derechos laborales adquiridos.”
La simpleza aparente del problema radica en dos cuestiones fundamentales: primera, que la disposición no obliga a los trabajadores de base a la realización de “las evaluaciones de control de confianza” para su permanencia en las instituciones de seguridad; pero que, en el supuesto de que éstos no deseen realizar dichos exámenes, ni quieran sujetarse al régimen administrativo que dicha norma establece, entonces serán reubicados sin menoscabo de seguirles respetando sus derechos adquiridos.
En ese sentido, quedó claro desde el primer momento, que lo necesario para armonizar esos dos supuestos habría de radicar en una minuciosa tarea de concertación entre el gobierno estatal y el sindicato de burócratas, pero que finalmente unos y otros tendrían que sujetarse a ciertas disposiciones sin deponer todas sus posiciones, pero tampoco aferrándose a no ceder ningún espacio para la implementación de las normas relacionadas con la seguridad pública.
Queda claro que eso no ocurrió. Los trabajadores de base se empecinaron en no ser movidos de las áreas donde laboran —y para ello iniciaron protestas— sin antes exigir que se aclarara con toda precisión, si tareas administrativas que ellos realizan son verdaderamente prioritarias para la seguridad pública, e incluso sin pedir con exactitud que el mismo gobierno estatal hiciera una especie de catálogo en el que determinara qué trabajadores de base sí debían, o someterse a las pruebas de confiabilidad, o ser reubicados; y quiénes, por la naturaleza de sus funciones, podrían seguir desempeñando sus funciones de la manera que siempre lo han realizado. El problema es que, para dar respuesta a esa inconformidad, el gobierno estatal parece estar actuando, en sus distintas áreas, de manera descoordinada, y en gran medida de forma claramente contradictoria. Veamos si no.
PARA NINGÚN LADO
Ante lo dispuesto en el noveno transitorio de la ley mencionada, y la inconformidad de los empleados de base de la SSPE, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado emitió un acuerdo administrativo en el que, según, pretenden establecerse los lineamientos para la reubicación del personal de base, pero en el que, al final, de manera contradictoria, y hasta ilegal, terminan resolviendo que no existe posibilidad de reubicación, pasando justamente por encima de lo que establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal.
Más allá del estricto contenido de la ley, queda claro que tal acuerdo fue motivado, y determinado, por el acuerdo político que tomó la administración estatal con el sindicato de burócratas, para tratar de garantizar, de ese modo, que los basificados de esa Secretaría no serán movidos de sus centros de trabajo.
Otro problema, sin embargo, nace de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Esto porque el primer empecinado en que to-dos los empleados de esa dependencia, incluyendo los de base, sean sometidos a los exámenes de control de confianza, es el propio secretario Marco Tulio López Escamilla.
Y aunque su intención no parece del todo mala, queda claro que el tratar de resolver un problema de una naturaleza tan singular como éste, a partir de criterios intransigentes, falsamente legalistas, y claramente homogeneizadores, lo único que hace es alejar la posibilidad de una solución consensada, en la que, en efecto, los trabajadores basificados que sí realizan funciones importantes para la seguridad pública pasen necesariamente por el control de confianza, o sean reubicados; pero que quienes no tienen ninguna relación con esas tareas puedan continuar desempeñando sus labores en los sitios y en las condiciones de las que habitualmente han gozado.
Queda claro, estando frente a todo esto, que cuando se acusa la descoordinación de dependencias, y que ciertos funcionarios toman decisiones importantes sólo basados en criterios particulares, no se está tan alejado de la realidad. Queda claro también que, en este caso, dos dependencias del mismo ámbito de gobierno están apuntando hacia rutas distintas.
Y por eso un problema que no parece tener mayor complicación que el de la búsqueda de un buen acuerdo, termine siendo una verdadera afrenta en la que unos y otros se niegan a hacer recíprocas concesiones, a cambio de recibir beneficios mutuos, en aras de no provocar un problema que finalmente no incida en la SSPE o en Administración, sino en la seguridad de todos los oaxaqueños.
CUENTA REGRESIVA
Es lo que debíamos comenzar a llevar los oaxaqueños frente al Primer Informe de Gobierno del gobernador Gabino Cué. Veremos cómo de aquí hasta que llegue ese día, se incrementará el número de protestas, marchas e inestabilidad de grupos de lucha social que pretenden hacer presencia. Es, digamos, algo “natural”, aunque sin duda inadmisible, de nuestra florida gobernabilidad estatal. Y todos dicen que frente a la “tradición” no hay para dónde moverse.
