+ Temas públicos, dominados por la partidocracia
Qué grave resulta el hecho de que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se diga la garante de los intereses ciudadanos, pero siempre termine resolviendo sus asuntos en base a cesiones recíprocas, equiparables al reparto de un botín. Aunque se supone que éstos son los tiempos del cambio —y que ese cambio de actitud corresponde no sólo al Ejecutivo del Estado, sino a todos los actores de la vida pública—, hoy es evidente que desde ahí todos le apuestan al gatopardismo, y al desaliento simulado a la verdadera participación ciudadana en los asuntos públicos.
La mejor prueba de ello se encuentra en la conformación de los órganos autónomos estatales, en los que están tratando de transformar todo… para que nada cambie. Desde siempre, siendo representantes de las fuerzas de oposición, los partidos que hoy gobiernan no dejaron un solo momento posible para criticar la cooptación que había hecho el entonces Gobernador del Estado, de los órganos públicos que, por su naturaleza, debían estar conformados por ciudadanos especializados en las materias respectivas, y no por políticos que sirvieran a grupos e intereses políticos.
No faltaba razón para la crítica. Todos esos órganos estatales tenían la calidad de “autónomos” sólo en las disposiciones jurídicas que les daban origen, pero no en la realidad. Y aunque la declaratoria de autonomía es un imperativo que la ley establece para todos los involucrados (por la razón de que éstos representan los nuevos contrapesos para el control del poder), todos asumían esos espacios como satélites del gobierno estatal en turno, y por eso prevalecían los criterios políticos por encima del de la calidad moral, la experiencia y la preparación profesional de sus integrantes.
Desde esa perspectiva, era válida, desde todas las visiones posibles, la crítica al poder por negarse a conceder esos espacios a la ciudadanía, y por entregarlos a personas que más bien parecían agentes del régimen colonizando esos supuestos espacios, que no debían estar sometidos a los designios del Jefe Político en turno.
De hecho, fue esa la razón por la que, una vez que el ahora grupo gobernante llegó al poder por la vía de los comicios, de inmediato dispuso que una de sus primeras decisiones sería la de reformar los órganos autónomos para eliminar de ellos a los personajes que estaban ahí por decisión política, y por sumisión al Jefe Político del régimen anterior, para supuestamente dar paso a una integración verdaderamente democrática y apegada a los principios que buscaba salvaguardar la Constitución, cuando los concibió como parte de la estructura del Estado.
Y el solo repaso a los nombres de quienes integraban esos órganos durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, daba las pautas suficientes para legitimar la urgencia y la importancia de hacer esos cambios. Y como todos —los partidos ganadores, y el gran derrotado también— prometían que habría un fomento real a la democracia, entonces pocas fueron las voces que realmente se opusieron a que los órganos autónomos fueran no sólo reintegrados, sino que incluso fueran modificados en sus alcances, atribuciones y estructura orgánica.
El problema es que el resultado no pasaría, ni de lejos, cualquier prueba de verdadero avance democrático. Sólo se dio el cambio de personajes, pero no de prácticas. Y esos órganos autónomos, que debían quedar en manos independientes y especializadas —pero sobre todo lo primero—, finalmente fueron groseramente entregados en base a cuotas e intereses, y no a las promesas hechas inicialmente.
Y, lo más grave, es que con ello están demostrando que la participación de los ciudadanos es una simulación. ¿O cómo podrían explicar que la autonomía de esos órganos fue puesta, a través de negociaciones, en las manos de los partidos políticos?
DEMOCRACIA COOPTADA
En términos verdaderamente serios, ningún partido político en la entidad podría hoy explicar, con honestidad y certeza, cómo es que procuraron la democracia en esos órganos que hoy están como desde antes de que llegara el “cambio” a Oaxaca. En realidad es grave que eso pase hoy, porque lo que está quedando claro es que la pluralidad decidida por los ciudadanos para el Congreso, no está siendo retribuida a través de un verdadero compromiso para que éstos pudieran tener más influencia y poder real dentro de los asuntos del Estado.
¿Cómo podrán explicar los diputados, por ejemplo, que en todos los procesos de elección de integrantes de órganos, en los que se supone que se emiten convocatorias públicas y pueden participar todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos que establecen tanto la convocatoria como la ley respectiva, se ha decidido y “consensado” desde tiempo antes de la elección, y que incluso esas decisiones pactadas son filtradas a los medios informativos desde horas o días antes de que ocurra la elección?
¿Cómo podrán explicar, en ese mismo sentido, que a los ciudadanos que por un deseo real de servir a la sociedad, y por cumplir con todos los requisitos de experiencia, conocimiento y formación profesional requerido, ni siquiera son tomados en cuenta y, aún peor, son usados como comparsa para legitimar los acuerdos que ellos ya han tomado a favor de personajes que quién sabe si cumplen con la ley, pero sí tuvieron la capacidad o la suerte de ser objeto de negociación entre los partidos?
Incluso, ¿cómo podrían explicar todas las versiones que corren respecto a la forma en cómo negocian ellos, y cómo permiten que el grupo gobernante los “convenza” de decisiones que les favorecen a ellos directamente (a través de dádivas económicas, canonjías políticas o “cemento”), pero que quién sabe qué tan benéficas o dañosas son para la sociedad?
SIMULACIÓN RIESGOSA
El problema es que esta democracia simulada, sólo está alejando a quienes se supone que debería estar alentando. Los ciudadanos, aún con este cambio —que más de uno nos quiere vender, ilusa y hasta groseramente, como una “transición”—, siguen estando marginados de los asuntos públicos. Así lo reiteró la forma en que fueron electos los subauditores de la ASE, hace dos días. Y se supone que la esencia de cualquier cambio democrático, radica justamente en hacer más legítimo, transparente y equilibrado al poder, y no en sólo cambiar los “equilibrios” y las formas tradicionales de la cooptación entre grupos. Algo verdaderamente riesgoso y lamentable.
