¿Pacto entre gobernantes oaxaqueños por 2006? Por favor…

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+ Falta de visión, no arreglos, razón de impunidad

 

Se equivoca Azael Santiago Chepi, dirigente de la Sección 22 del SNTE, cuando asegura que podría haber un pacto entre el Anterior y el Actual Mandatario, para dejar impunes los delitos relacionados con el conflicto magisterial y popular de 2006. Más que por arreglos, la falta de justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos en aquel episodio viene de la falta de visión de quienes prometieron hacer una revisión exhaustiva de los acontecimientos, y castigar a todos aquellos que resultaran con responsabilidad. ¿A qué nos referimos?

Como bien lo recordamos los oaxaqueños, el conflicto magisterial de 2006 fue un hecho sin precedentes en la vida pública de la entidad. En aquel entonces, los profesores de la Sección 22, y diversas organizaciones de lucha social —junto con gran parte del grupo político que hoy gobierna la entidad—, signaron un pacto para derrocar al gobernador Ulises Ruiz.

Durante el conflicto, hubo una contienda permanente de defensa y ataque, tanto de los grupos inconformes, como del gobierno estatal. Éste último, en diversos momentos ordenó actos inaceptables (como los rondines de la llamada Caravana de la Muerte, en la que más de una persona perdió la vida, así como una lista inmensa de actos de represión selectiva).

Pero también, diversos grupos que encabezaban la insurgencia magisterial y popular, cometieron actos abiertamente constitutivos de delitos en contra de la población civil, que bajo ninguna circunstancia pueden ser justificados bajo el argumento de que fueron dentro de la lucha popular, o por ser “prevenciones” a actos de represión y persecución por parte de agentes gubernamentales. El común denominador, por esos acontecimientos, es el ataque sistemático mutuo, y el sometimiento al pueblo oaxaqueño a “medidas de seguridad” o de “legalidad”, en realidad inaceptables para el Estado de Derecho.

Cuando terminaron los enfrentamientos, y las fuerzas federales llegaron a la entidad a restablecer el orden, los grupos inconformes (entiéndase la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y la Sección 22 del SNTE), perdieron una oportunidad inmejorable para exigir que instancias estatales, nacionales e internacionales independientes, hicieran una verdadera evaluación de lo ocurrido, y contribuyeran a un verdadero proceso de deslinde de responsabilidades.

Lejos de ello, prefirieron la autoflagelación, a través de la denuncia de abusos a través de organismos afines a ellos, que si bien sí hablaban de hechos ciertos cometidos en contra de la 22 y la APPO, también contribuían a minimizar, negar y ocultar hechos de violencia, abusos y ataques que cometían integrantes de los grupos que encabezaban el movimiento popular.

El resultado de todo eso, fue la entrega de esa oportunidad a la administración del entonces gobernador Ruiz. Éste, hábil como era, aprovechó el momento para prometer justicia (cosa que nadie creía), y encabezar las supuestas investigaciones al respecto. Queda claro que respecto a ello, el gobierno estatal se constituía en juez y parte de unos acontecimientos de los que él mismo era corresponsable.

Frente a ello, sería ridículo pensar que en algún momento tuvo ánimo de hacer justicia. Y lo que siempre fue evidente, es que sus agentes lo único que hicieron (desde la Procuraduría General de Justicia, y desde el Poder Judicial del Estado) fue enredar las investigaciones, desviar las líneas de investigación, y justificar y exculpar a todos aquellos personajes que habían ocupado cargos de primer nivel en la administración que pudieran tener motivos para ser perseguidos.

Esa fue la “justicia” que el gobierno de Ruiz procuró a Oaxaca. Y fue la razón por la cual el gobierno actual prometió iniciar verdaderas investigaciones para dar con los verdaderos responsables de la represión y los ataques a la población, y castigarlos conforme a las leyes vigentes para dar justicia a los afectados.

 

¿Y LA JUSTICIA?

La administración estatal, hasta ahora no ha tenido verdadera voluntad para hacer justicia. Y no, no se trata de que haya pactado, o de que ésta se trate de una gran confabulación con sus adversarios y enemigos políticos. En realidad, lo que le ha faltado al gobierno actual, es una verdadera visión de Estado para entender este problema, y enfrentarlo con las herramientas posibles para hacer justicia.

Por ejemplo, de nada sirve que se haya creado en la Procuraduría una fiscalía para la investigación de los hechos relevantes del pasado, si este esfuerzo no viene dotado de las herramientas indispensables, los recursos y el personal adecuado para ello. Según se sabe, lo único que hizo la PGJE fue reorientar a algunos de sus agentes del ministerio público y secretarios ministeriales para este tema. Pero queda claro que ellos no son personas especializadas en la materia ni tienen especialización ni incumbencia con los delitos que están investigando.

Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. De él, hasta ahora tampoco se ha notado hasta hoy un esfuerzo serio y articulado por contribuir a generar las condiciones de colaboración para que esas investigaciones se lleven a cabo. No se trata de que esa “coadyuvancia” consista en la creación de juzgados de consigna, ni mucho menos que en la PGJE se establezcan fiscales de acusación irracional.

Más bien, de lo que esto debiera tratarse, es de esfuerzos institucionales coordinados para poder llegar a resultados aceptables. Hoy, todo lo que se hace son esfuerzos aislados, y más bien ceñidos al ámbito de las apariencias y de lo políticamente correcto. Por eso, hoy todos los resultados que pudieran tener esas investigaciones, y esas demandas de justicia, más bien se encuentran cuestionados y son poco creíbles. Tendrían credibilidad, sin embargo, si el esfuerzo fuera sistemático, y si la visión de la indagación fuera de verdad un asunto de Estado, y no una cuestión para quedar bien con ciertos grupos, y para aparentar el cambio.

 

OPORTUNIDAD VISIBLE

Todavía existe una enorme oportunidad. Sólo falta que los grupos que se duelen por esos acontecimientos, tengan la voluntad de exigir no sólo investigaciones, sino dar pautas para ellas. Y sobre todo, que estén dispuestos a asumir la parte de responsabilidad que les derive de ellas. El 2006 no fue un conflicto en el que el gobierno fue el malo y la resistencia fue el bando de los buenos. La población resintió agravios de todos. Y esa debiera ser la ruta de una auténtica investigación de Estado relativa al conflicto del 2006.

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