+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Migración: preocupación fue momentánea

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+ Gobierno sin estrategias… un año después

Hace un año, la bomba de la transmigración de centroamericanos por territorio estatal —y los abusos de que éstos son objetos—le explotó en las manos a un novato gobierno de Oaxaca, que apenas si supo cómo reaccionar ante los ojos del país. En aquel entonces, quedó claro no sólo que era en la entidad donde se cometían más abusos contra transmigrantes, sino también que el gobierno estatal se había resistido a tomar cualquier medida para reconocer y frenar esos abusos. Ante el ruido mediático y la exigencia de respuestas, el gobierno estatal aseguró que emprendería acciones. Pero tal parece que están esperando una nueva masacre, o un nuevo escándalo —nacional o internacional— para verdaderamente asumir el problema no como una molestia, sino como un auténtico asunto de Estado.
En efecto, desde hace décadas el flujo migratorio desde el sur del continente americano es simplemente imparable. Todas las estrategias que han tomado tanto Estados Unidos de Norteamérica, como los países centroamericanos, para frenar la migración de sus nacionales hacia nuestro vecino del norte, han fracasado en la misma medida que no se ha podido entender que, a estas alturas, la migración ya no es sólo un asunto de necesidad económica o de supervivencia, sino un auténtico tema cultural y de costumbre. En varios países centroamericanos, los jóvenes no conciben otro futuro, ni un motivo de mayor orgullo, que el de tomar la ruta del norte y superar con éxito el cruce tanto del territorio mexicano, como de la frontera que divide a éste con los Estados Unidos.
En este sentido, México para los centroamericanos es un reto pero también un infierno. Históricamente, aquí han sido objeto de todo tipo de abusos, que se han ido acentuando en la misma medida que el crimen organizado ha tomado control de territorios, zonas de tráfico de estupefacientes, o de los mercados ilegales en los que ellos intervienen —entre ellos la prostitución, el narcomenudeo, la trata de personas, y la conformación de grupos de sicarios—. Sin embargo, antes los transmigrantes que pasaban por nuestro territorio, ya eran objeto de abusos por parte de corporaciones policiacas, del Ejército y de las autoridades federales encargadas del control migratorio.
Todo eso ocurría, hace años, desde la frontera sur ubicada en Chiapas. No obstante, el gobierno de aquella entidad federativa lleva por lo menos una década atendiendo el problema y atajando los rubros en los que se abusaba de los transmigrantes.
En ese sentido, hoy el gobierno chiapaneco tiene al asunto como uno de los de más alta prioridad, y para ello ha tomado diversas medidas para proteger el paso de los transmigrantes, e impedir que éstos sean objeto de abusos por parte de autoridades policiacas y civiles; para que el Ejército actúe en el marco de sus atribuciones; y también para atajar las posibilidades de que los transmigrantes sean objeto de criminales organizados.
Paulatinamente, han venido disminuyendo el índice de abusos denunciados en territorio chiapaneco. El problema es que esto en ningún sentido significa que los abusos dejen de cometerse. Lo único que en realidad ocurre, es que la presencia de criminales, de policías y autoridades migratorias abusivas, y de personas que con toda impunidad vejan, roban, secuestran, violan, extorsionan y matan a transmigrantes, se trasladó hacia la siguiente entidad federativa. Y esa entidad federativa, se llama Oaxaca.

INFIERNO OAXAQUEÑO
Recapitulemos un poco: ¿Por qué explotó el problema transmigratorio el año pasado en Oaxaca? Haciendo memoria rápida, podemos traer a la memoria de que, en diciembre del 2010, el padre Alejandro Solalinde Guerra, director de la Casa del Migrante “Hermanos en el camino”, denunció que integrantes de un grupo criminal habían perpetrado un secuestro masivo de centroamericanos, a los cuales habían bajado del tren denominado “La Bestia” en la comunidad de Chahuites, en territorio oaxaqueño.
El presbítero, además de denunciar públicamente los hechos, dio protección a algunos transmigrantes que lograron escapar del secuestro. A los pocos días de ocurrido ese primer hecho, denunció que integrantes de ese grupo criminal hacían actos de hostigamiento en contra de su albergue, y luego denunció que uno de sus principales colaboradores había sido retenido y brutalmente golpeado por quienes lo hostigaban. Todos esos hechos, por su misma naturaleza y gravedad, llamaron la atención de la prensa nacional e internacional. Y entonces todo se combinó con otros hechos como la matanza de San Fernando (Tamaulipas) y otras, en las que migrantes habían sido masacrados con toda impunidad por criminales.
Todo esto le generó a Oaxaca un cuestionamiento por su marcado desdén y olvido del tema transmigratorio. Hasta entonces, el gobierno de nuestra entidad no había tomado acciones concretas y, al contrario, elementos estatales y municipales de varias comunidades de la región istmeña eran constantemente denunciados por extorsionar a los transmigrantes. Cuando todo ello ocurrió, el entonces recién asumido gobierno de Gabino Cué prometió tomar acciones concretas, y dar la más alta prioridad al asunto.
Sin embargo, lo que hoy puede verse es que el problema fue dejado de lado tan pronto la atención viró hacia otros temas. Es decir, independientemente de los operativos y acciones que tomaron en aquellos momentos, hoy no se aprecia que existan medidas o instancias concretas encargadas de atender el asunto o de elevar el nivel de atención del gobierno estatal, a su sola idea —bastante demagógica, por no ser concreta— de “preservar” el Estado de Derecho.

TEMA A LA DERIVA
Por eso, ojalá que el gobierno estatal dejara de ver el tema como un asunto federal, que no es de su competencia, y le diera la importancia y prioridad que merece. ¿Apoco querrán esperar a que haya otra denuncia como la de diciembre pasado, o hechos aún más grave —porque con los transmigrantes a la deriva, todo puede pasar— para tomar cartas en el asunto? Si no pueden atender temas como estos, ¿entonces para qué existen ya, y se plantean crear nuevas instancias de protección a los derechos humanos? ¿Sólo para hacer declaraciones y armar cursitos que sólo sirven para justificar el gasto y la existencia misma de las “coordinaciones”, pero que, objetivamente, no sirven casi para nada? Ojalá ya dejen de simular y tomen medidas concretas.
almargen@tiempoenlinea.com.mx

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