+ Oaxaca, mal referente para normalistas de Guerrero
La impunidad se construye, y se reitera, a partir de la negación de la autoridad para aplicar la ley, y para cumplir con las atribuciones que ella le establece. Cuando un ciudadano, o grupo de ciudadanos, ve que ante cierta conducta prohibida por la ley, no hay respuesta de la autoridad, entonces asume que, cuando sea y donde sea, puede volver a realizar el acto sin que ocurra la consecuencia coercitiva prevista por la misma ley.
Eso es lo que ocurre en el caso de la toma de radiodifusoras por parte de grupos inconformes con alguna acción oficial, que inició en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006, y que se convirtió no sólo en un mal precedente, sino en el punto de referencia para que ese tipo de acciones se reiteren.
Apenas el pasado martes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa —que fyeron objeto de un acto de represión ante un bloqueo en la Autopista del Sol, que culminó con el asesinato a tiros de dos normalistas que protestaban— irrumpieron en varias estaciones radiofónicas de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para insistir en su demanda de juicio político contra del gobernador de aquella entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y en el esclarecimiento del crimen de dos de sus compañeros.
Según los reportes de la Agencia Proceso, alrededor de las 12:40 horas del pasado 3 de enero, los normalistas tomaron de manera simultánea las cabinas radiofónicas de las empresas ABC y Radiorama, así como las instalaciones de Radio Universidad. Para llevar a cabo esas acciones, quedó perfectamente claro que los estudiantes contaron con el apoyo de normalistas de Chihuahua, Saltillo y Oaxaca, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y, en su mensaje, los normalistas exigieron justicia para las tres víctimas del fatal desalojo y criticaron que el gobernador guerrerense haga uso político de la muerte de Rivas Cámara para deslindar su responsabilidad en la ejecución de los dos estudiantes.
Todo esto, en términos generales, es una casi exacta reproducción de lo que ocurrió en Oaxaca hace casi seis años, cuando profesores y normalistas de la Sección 22 del SNTE, en diversos momentos tomaron instalaciones de diversas radiodifusoras locales para difundir sus consignas. Sin embargo, el caso de Oaxaca fue aún más grave porque en la última toma de instalaciones éstos se apoderaron de la mayoría de las estaciones radiofónicas y de la televisora del gobierno estatal, durante más de tres meses, y las utilizaron de forma permanentemente no sólo para emitir sus proclamas, sino también para incitar a la población a participar en la revuelta social que entonces ocurría.
Tanto las características de estas tomas, como la consecuencia legal que esto ha tenido, es inédita no sólo para México, sino bien podría serlo para el mundo. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros aquí podríamos ver como algo relativamente “normal” que grupos inconformes se apoderaran de señales de telecomunicación propiedad del Estado (por eso las estaciones de radio operan a partir de concesiones o permisos) para difundir cierta información, lo cierto es que ello además de constituir un delito es una de esas acciones que difícilmente un Estado sólido podría darse el lujo de permitir a sus ciudadanos.
¿Por qué? Porque digan lo que digan, de un factor como ese puede depender una parte importantísima de la gobernabilidad y el orden social. Y la consecuencia de permitir libremente que una señal radiofónica permanezca en manos de personas que no buscan una transmisión responsable, es la que vimos en Oaxaca durante el conflicto magisterial, y es la misma que podríamos ver en cualquier otro momento, si aquí mismo, o en otra entidad, se recrudece la inconformidad social y la autoridad insiste en minimizar el problema para no enfrentarlo ni aplicar la ley.
DATOS DUROS
A propósito de este tema, rescatamos algunos datos publicados en la edición 73, del mes de noviembre de 2006, en la revista etcétera, a propósito de cómo se veía —desde entonces y desde otras sociedades en la que habían vivido álgidos conflictos armados en años recientes—, el inédito caso de la toma deliberada de instalaciones radiofónicas por grupos de manifestantes.
Para Carlos Chamorro —asentábamos en aquel reporte titulado “Oaxaca, la suma de todos los males”—, director del semanario Confidencial, con sede en Managua, Nicaragua, la situación que prevalece en Oaxaca en relación con la toma de estaciones radiofónicas es inédita. En entrevista vía telefónica aseguró que durante los más de diez años que duró la guerrilla en ese país, jamás se retuvo una estación radiofónica por más de una hora.
“‘A lo mucho eran entre 30 o 40 minutos los que los rebeldes ocupaban la señal para lanzar sus proclamas, y luego las liberaban. Además –dijo– jamás hubo enfrentamientos con los directivos, la policía o las autoridades. Lo que comentas que sucede en tu ciudad es algo que no tiene comparación en todo el mundo. Ni en el caso de El Salvador ni en mi país ocurrió algo así’.
“Francisco Valencia, director del diario Co Latino, considerado un decano de la prensa salvadoreña, se mostró sorprendido después de enterarse que dos meses después de haber sido ocupadas, al menos una radiodifusora sigue en poder de los inconformes, y sobre todo porque no se trata de un conflicto bélico, sino que sólo es un “movimiento social”. “Es increíble que las autoridades no hayan intervenido para recuperar las instalaciones de radio. Hasta donde sé, el conflicto empezó con los mentores y luego se creó la famosa APPO; pero creía que, como aquí en El Salvador, la o las estaciones se tomaban sólo para emitir mensajes y luego liberarlas.
“Sin embargo, según lo que comentas, en Oaxaca transmiten las 24 horas del día desde la estación que mantienen ocupada como instrumento de instrucción, comunicación e incitación a la revuelta, a la violencia por medio de arengas y consigas en contra de la administración pública. Es inconcebible que las autoridades no hayan hecho algo… también son culpables por complicidad u omisión”, sentencia el periodista salvadoreño.
ANTECEDENTES DE IMPUNIDAD
Aquí en Oaxaca, y en Guerrero, se transmitió libremente todo lo que se quiso, sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo. En ese escenario, es innecesaria la violencia. El problema es que el Estado se resiste a actuar como es su obligación.
